Propuesta 1

Hace tiempo que analizo diversos temas políticos, creo que para compensar tanta pálida se debería proponer algo, algo concreto que apunte a mejorar la situación existente en nuestro país, no espero cobrar derechos de autor, ni obtener reconocimiento público pues las ideas que compartimos ya no nos pertenecen y pueden ser usadas por quien las recoja. Lo éticamente deshonesto es atribuirse la autoría, y peor aún, es desvirtuar su sentido o cambiar su forma para afirmar la supuesta autoría, afectando a los resultados que podría obtenerse con la idea original.

Esta primera propuesta tiene que ver con la justicia, o más bien, con quienes desempeñan cargos en el poder judicial. Debo repetir lo que ya he expresado en varios artículos, la policía y la administración de justicia no hacen a la seguridad, ya que intervienen cuando el hecho que causa inseguridad (cualquier delito) ya fue cometido y solo pueden hallar al culpable y aplicarle la condena que las leyes establecen par ale delito cometido.

Mi propuesta se basa en la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que no deberían gozar de libertad en virtud de estar procesadas, gozando de privilegios de excarcelación o libertad condicional. El hecho que personas en esa situación cometan delitos no debiera afectar a los institutos establecidos para que una persona que cometió un delito se reintegre a la sociedad, pero sí, debe establecerse que responsabilidad tienen los magistrados, fiscales, auxiliares o peritos intervinientes en procesos judiciales de tipo penal. La propuesta no es crear una caza de brujas sobre funcionarios que aplican en la forma más benigna las potestades que le permite la ley. Pero que se sujete a la ley no implica que pueda cometer una mala praxis, y no en el sentido de incumplimiento de deberes de funcionario público, sino en el ejercicio de un acto profesional. Así como a un médico  a quien se le muere un paciente, no pude ser imputado de homicidio por el ejercicio de su profesión de médico, si puede ser imputado de mal praxis, cosa que ocurre en la mayoría de las profesiones. Así, si una persona liberada del cumplimiento de una condena que comete un delito, pude suponerse que quienes lo liberaron cometieron un error, que pude no ser punible legalmente, si podría haber cometido una mala praxis.

Hasta donde he investigado, no existe la mala praxis en el sistema de administración de justicia, la cual permitiría deslindar responsabilidades, ya que un juez que otorga una excarcelación lo hace en función de informes de auxiliares y peritos en los que debe confiar. Si quienes auxilian al juez incurren en una mala praxis (sin suponer la existencia de dolo), el juez debe responder por el liberado y es a él a quienes apunta la opinión pública. Esto otorga impunidad a quienes cometen la mala praxis, ya que el cumplimiento de los pasos procesales otorga legalidad al hecho, pero no garantiza el adecuado desempeño profesional de quienes intervienen.                 

Si, por ejemplo, la Corte Suprema podría habilitar una dependencia que inicie una investigación sobre el desempeño profesional de los magistrados auxiliares o peritos, en cada caso de delito cometido por un liberado. Así no solo se delimitarían responsabilidades profesionales, sino que existiría un historial de casos que podrían definir conductas de los participantes en el otorgamiento de beneficios para quienes cumplen una condena.

Al fin y al cabo sería un mecanismo similar al que ocurre en un hospital cada vez que fallece un paciente durante un procedimiento médico. Si los médicos, a quienes se les confía la vida y la salud de las personas se someten a examen de  su proceder profesional, por qué no deberían hacerlo los magistrados, funcionarios y peritos a quienes se les confía la libertad y guarda de personas que purgan condenas por delitos cometidos.

La educación perdida

De todas las batallas que di en mi vida y perdí (que no fueron pocas), la que todavía me causa dolor haber perdido es la que se dio en el Congreso Pedagógico Nacional que se desarrolló entre 1984 y 1988, donde se presentaron y discutieron muchas cosas, la mayoría coyunturales, pero la fundamental, y que originó la constante pérdida de calidad educativa que hoy notamos, fue la definición sobre la importancia del contenido y el método  de la enseñanza. Quienes creíamos que el contenido decía ser más importante que el método perdimos, y cualquiera podría decir que es algo intrascendente y hasta que no teníamos razón. Las pruebas de que teníamos razón es la calidad actual del conocimiento de los alumnos que terminan el ciclo de educación obligatoria y su relación con lo anterior podemos analizarlo.

Quienes hemos transitado más de 30 años de trayectoria docente (cuesta arriba o cuesta abajo) podemos hacer algunas conclusiones, que con distintos matices, son más o menos las siguientes: el conocimiento no se trasmite, se adquiere; nadie puede enseñar más de lo que sabe; el ejercicio de la función docente esta inexorablemente ligado a la ejemplaridad; no puede haber una buena relación docente-alumno sin coherencia; las condiciones afectivas, ambientales, sociales y económicas son condicionantes del desempeño del alumno; el entorno de la comunidad educativa no puede reemplazar al aprendizaje familiar en todo aquello que no sea instrucción (el alumno no se educa en la escuela, se instruye o se forma, ya que el proceso educativo se lleva en una dimensión que supera a la escolaridad) y por último, que le proceso institucional educativo requiere de una articulación entre docentes, autoridades escolares, recursos, planificación y políticas educativas (admito que se podría agregar mucho más, pero estos elementos creo que son los menos controversiales y sobre los que cualquier docente más o menos coincidiría). A esta síntesis le puse el nombre de “el principio Petrona”, la recordada cocinera decía que de una olla no salía nada mejor que lo que se le ponía, curiosamente este principio es totalmente aplicable a la educación.

Analizando cada elemento de la síntesis propuesta veamos como influyó la política trazada en el congreso pedagógico de 1884-1888 en el aspecto conocimiento método. Si admitimos que el conocimiento se adquiere, el rol del docente es el de guía y no el de “implantador” del conocimiento, por lo tanto el método no puede ser más importante que el conocimiento pues lo fundamental es saber a dónde se lo debe conducir (conocimiento) y después como conducirlo (método). En el mismo sentido, el límite del conocimiento al que se puede guiar a un alumno es función del conocimiento del docente y no del método que emplee. La ejemplaridad consolida el proceso de enseñanza, ya que quien tenga faltas de ortografía o gramaticales, no puede enseñar escribir correctamente; quien no sepa realizar correctamente cálculos matemáticos no puede enseñar matemática. Este proceso de ejemplaridad se liga con el grado de conocimiento adquirido por el docente y que se refleja en el nivel educativo que este obtuvo. Esta ejemplaridad se relaciona también con la conducta del docente: corrección, aspecto puntualidad, asistencia, etc.

La coherencia del docente puede tener varias aristas, pero centrándonos en la transmisión de saberes, el grado de conocimiento que demuestre el docente frente a sus alumnos le permite tener autoridad para evaluar el grado de conocimiento que adquirió el alumno, el método es en este caso instrumental y no esencial.

La relación docente y entorno del alumno, está directamente vinculado a como la sociedad percibe el rol del docente, y el  “prestigio social” del docente. En ese plano en una sociedad donde el cambio tecnológico y el aumento del nivel general de conocimientos requeridos por la demanda de trabajo hacen que el título básico de la mayoría de los docentes de nivel inicial y medio (maestro o profesor) no tenga reconocimiento social.

A nivel institucional, la educación funcionó estos últimos años como campo de experimentación de diversos proyectos pedagógicos (se cambió la forma y contenidos de la educación inicial y media, varias veces), la descentralización educativa originó una disparidad geográfica en la conformación de los formatos y contenidos educativos, la eliminación de la educación técnica nacional y su reemplazo por orientaciones técnicas provinciales cambiaron sus perfiles educativos, la utilización de la escuela primaria como ámbito de contención social (como los comedores escolares) desvirtuaron la percepción social del rol de la escuela como generadora de conocimiento e igualadora de oportunidades, y la falta de mayor profesionalización de la carrera docente alteraron las relaciones jerárquicas en las instituciones educativas (muchas veces el personal directivo posee niveles de formación inferiores que muchos docentes).

Si se analiza el funcionamiento institucional de la educación inicial y media, podemos ver a través de sus normas de funcionamiento como se internalizó el resultado de priorizar el método sobre el contenido. En primer, existe una priorización de la formación pedagógico sobre la especialización del docente que hace que en la provincia de Buenos Aires, un docente con 3 años de formación terciaria con orientación sea preferido a un docente con formación universitaria de post grado sin formación pedagógica; tampoco se equipara la antigüedad docente en otros ámbitos con la formación pedagógica (un docente universitario con el máximo título de postgrado y antigüedad docente universitaria no califica para desempeñar cargos dentro del personal directivo de una institución educativa provincial). Para acreditación de formación docente no se discrimina entre un antecedente de un instituto privado no oficial y el realizado en el área de postgrado de una universidad. Esto conduce a algunos sinsentidos como el caso en el que una profesora de ciencias naturales tendría prioridad ante un medico sanitarista para enseñar higiene, o una profesora de matemáticas tendría prioridad frente a un doctor en matemáticas. Un hecho adicional es que los docentes de nivel inicial y medio, durante su carrera frente a alumnos no tienen ningún escalafón que distinga entre un docente en formación, un docente formado y un docente con antigüedad, lo que refleja que se le otorga la misma responsabilidad y funciones a un docente sin experiencia que otro con sobrada antigüedad. Podría seguirse argumentando sobre estos aspectos, pero un artículo debe resumir o presentar algunos aspectos significativos que ejemplifiquen y resuman el análisis.                      

Por último los, resultados de la pérdida de nivel educativo se pueden verificar con los resultados de las evaluaciones en los exámenes de ingreso a las universidades, en las dificultades que tienen muchas empresas en encontrar mano de obra calificada y en  pruebas internacionales de evaluación de la calidad educativa como son las evaluaciones PISA. Las dos primeras aportan información general del nivel de conocimientos con que se egresa de la educación media, pero la evaluación PISA es un indicador del nivel de quienes cursan el nivel medio y analiza tres áreas básicas del conocimiento: lectura, matemáticas y ciencias.  PISA se orienta a la evaluación del sistema educativo y no a medir el rendimiento de procesos educativos particulares, es decir, no apunta a proporcionar información individualizada sobre alumnos o centros educativos. De más esta decir que Argentina calificó en la evaluación 2012 en el lugar 58  de los 65 participantes. En un país progresista esto sería motivo más que suficiente para que todos los responsables del sistema educativo pusieran la renuncia a disposición de las autoridades y no intentaran disimular el fracaso de políticas basadas en el principio que se generó en el congreso pedagógico de 1884-1888.

La solución es simple y surge naturalmente de este análisis, jerarquizar la función docente priorizando el acceso de aquellos docente mejor formados, restringir el acceso a puestos directivos de quienes no cuenten con antecedentes y títulos mínimos (por ejemplo 15 años de docencia y un postgrado universitario). Asignar a la parte pedagógica el rol de instrumento en la implementación de estrategias docentes y no es de formador de políticas educativas. Esto quizás no sea suficiente, pero sin lugar a dudas es absolutamente necesario.

Que el caballo tire del carro

Poner las ideas en su justo orden requiere un ordenamiento jerárquico de las ideas, cuales son las más importantes y a partir de ellas subordinar unas a otras, de modo que exista algo que llamamos coherencia y que pretendemos tener. Algunas ideas tienen más trascendencia cuando de ellas se derivan acciones, que no solo nos afectan a nosotros sino a otras personas. Las ideas políticas son, por ello, las que más trascendencia tienen.

En la política converge como como guía rectora de su pensamiento la ideología. Sin esto la formulación de una idea política carece de contenido, es una propuesta vacía. Por ejemplo, proponer el autoabastecimiento de alguna materia prima esencial para el desarrollo industrial sin una ideología que lo sustente  puede significar tanto el desarrollo de una actividad extractiva por parte del estado, como el subsidio a una empresa privada o la concesión de dicha área económica a una empresa extranjera. Esta disparidad instrumental sobre la misma formulación política, nos obliga a replantearnos la forma de pensar las ideas políticas. La regla de ordenamiento sería: ideología, política, estrategia e instrumentación, a partir de allí, desde el origen hasta su realización se podría decir que existe coherencia.              

La existencia de una coherencia de inherente a la instauración de una política en el gobierno de un país,  nos lleva a proponer usarla como un instrumento para medir el tiempo del proceso histórico de esa idea política. Recordemos a Hegel, quien planteaba un ciclo donde la idea dominante (tesis) era contrastada por una idea antagónica (antítesis) y cuando las contradicciones agotan la idea dominante surge una nueva idea dominante producto de las anteriores (síntesis). La coherencia, o la falta de ella es la medida en que se ponen de manifiesto las contradicciones que aceleran en fin de un proceso histórico (la idea dominante). El tiempo cronológico establecido institucionalmente para medir la duración de los gobiernos (expresión de una idea política dominante), no expresa este proceso, a lo sumo lo limita o condiciona (por ello la interrupción de estos ciclos condujo tarde o temprano a la vuelta de los mismos, pero ya desdibujados por la alteración cronológica de estos procesos). Si pensamos en nuestra propia historia la interrupción de los gobiernos de Irigoyen en el 30 y de Perón en el 55, son prueba de ello.

Es importante señalar que el criterio de ordenamiento establece una división entre un dominio metafísico u otro físico. La ideología supone una síntesis subjetiva de un conjunto de valores morales o éticos aplicados al devenir de la sociedad y de las personas, estos valores son esencialmente metafísicos; mientras que su formulación a aspectos específicos de la organización social institucional pertenece al dominio físico. Esta formulación lleva al planteamiento estratégico que viabilice su implementación en medidas concretas, esto supone aplicar ciertas restricciones que alineen la estrategia y la política. Por último, la instrumentación de la estrategia de una formulación política vincula las restricciones previas con las que plantea la realidad, esto obliga a una doble restricción: la planteada por la necesidad de coherencia ideología, política y estratégica; y la impuesta por la realidad de donde se aplicarán las medidas propuestas. Dado que lo expuesto, no es de cumplimiento obligatorio podemos tener una serie de combinaciones que es interesante analizar.    

En primer lugar podríamos tener una formulación política sin ideología que la sustente, en cuyo caso la falta de articulación acortará la duración cronológica del ciclo histórico, también la articulación estratégico e instrumental generarían una dispersión de la efectividad de una política general (en las empresas privadas esto se llama  falta de “empowerment” y por ello se desarrollan estrategias de comunicación y alineamiento con la política de la empresa).

En segundo lugar podríamos tener una política alineada con la ideología, pero no articulada con la estrategia e implementación, en cuyo caso la dispersión en los resultados que se pueden obtener, llegándose a producir resultados contrarios a los deseados. Un caso particular es la ausencia de contenido ideológico y político, muy común en propuestas basadas en el concepto de “buena administración” o “aspectos técnicos”, como conceptos que reemplazan la política, los resultados son los mismos.

Quedaría como ejercicio que se clasifiquen las actuales propuestas en este tiempo electoral y juzguemos que resultados pueden esperarse de ellos.