Scioli parece querer armar un INDEC de la inseguridad

Días atrás el gobernador Daniel Scioli, dio una conferencia de prensa donde expuso los resultados de las medidas adoptadas en materia de seguridad y justicia, los resultados que señaló fueron:

- 18.000 procedimientos realizados
- 13.000 delitos esclarecidos
- 164 enfrentamientos
- 35 delincuentes abatidos
- reducción de asaltos (de 4300 a 3400)
- 1500 armas secuestradas
- 15.000 personas puestas a disposición de la justicia
- 1.500 procedimientos contra narcotráfico
- 123 operativos contra motochorros
- 333 aprehendidos en los operativos anteriores
- 121 motos expropiadas
- 73 armas incautadas

Si analizamos estos números fríamente, podemos ver que se creó un nuevo INDEC de la inseguridad, con números que sirven para armar un discurso pero no para cambiar una realidad que este gobierno provincial no puede controlar.

Hagamos un análisis matemático y político de las cifras que dio el gobernador

1.- Los 18.000 procedimientos realizados en 45 días son 400 operativos por día, si calculamos la fuerza policial según el número dado por el ministro en 40.000 efectivos operativos, se utilizó solo el 10% de la capacidad disponible en al fuerza policial para realizar operativos. El número ahora no parece tan grande en relación a la capacidad disponible.

2.- Los 13.000 delitos esclarecidos son solo el 2% del total de delitos denunciados en 2013, según los datos dados por la procuración de la suprema corte de la provincia (casi 695.000), si se proyectase esa tendencia al resto del año tendíamos solo un 16% de los delitos denunciados esclarecidos. Pero como se denuncia la mitad de los delitos cometidos (en una aproximación my optimista) 

3.- Respecto a los enfrentamientos y delincuentes abatidos, son datos que no se debe analizar ya que el enfrentamiento con un delincuente es algo que no debe buscarse, sino que ocurre, y no puede indicárselo como algo bueno, pues es el fracaso del verdadero objetivo que debe ser reducir y aprehender a un delincuente; y no enfrentarlo y abatirlo. Esto solo pone de manifiesto un costado facistoide de las políticas de seguridad que se están llevando a cabo.

4.- Respecto a la reducción de asaltos no se indicó como se obtuvo ese indicador, ya que debería tomarse un período mas largo de tiempo y una estadística completa de delitos, para ver si hay una fenómeno temporal, un desplazamiento de la modalidad delictiva o una efectiva reducción del delito señalado.

5.- Las 15.000 personas puestas a disposición de la justicia, no se indica si fue por delitos cometidos en este año, el año anterior, si registraban pedido de captura, si están en calidad de imputados o de sindicados. Esto también me llevaría a preguntarme si hay capacidad carcelaria para esa cantidad de detenidos, o si solo declararon y quedaron el libertad. También podría podría pensarse con mala leche que se arrearon perejiles para crear número, pero no hay suficiente información para saber a que obedecen los arrestos, por otra parte la cantidad total de imputados que reporta la procuración de la provincia respecto del total de las denuncias de delito  mantendría las proporciones entre delitos esclarecidos (los 13.000) y los imputados (15.000).

6.- Respecto a la cantidad de armas secuestradas (1.500) en 18.000 operativos arroja un arma secuestrada cada 12 operativos. O se realizaron muchos operativos contra delitos menores o su eficacia para hallar armas es muy baja. Lo mismo puede concluirse respecto a la cantidad de detenidos, solo un arma por cada 10 detenidos a disposición de la justicia (esto último me lleva a reforzar mi suposición sobre el arreo de perejiles).

7.- Los 1.500 operativos contra el narcotráfico, no reportan traficantes detenidos de cierta importancia, ni responsables de las estructuras de narco-lavado de dinero; por lo que parece que su eficacia fue baja para obtener resultados de alto impacto en las estructuras delictivas, incluso dada la relevancia de este tipo de delito, solo 8 de cada 100 operativos se realizaron contra este tipo de delito, y por los resultados mostrados la mayoría deben haberse hecho contra vendedores callejeros (nuevamente perejiles).

8.- Respecto a los operativos contra moto chorros fueron menos del 1% del total de operativos realizados a pesar de ser los mas sencillos de realizar, sus resultados deberían contrastarse contra la cantidad de personas identificadas y vehículos inspeccionados. Por otro lado las detenciones en estos operativos son solo 1 de cada 50 detenidos y 1 de cada 20 armas secuestradas; también llama la atención que se secuestraron 121 motos y se detuvo a 333 personas, 3 personas por moto. Este último dato puede no ser claro ya que no hay muchos detalles de los números.

En síntesis, los operativos realizados en función de la capacidad operativa existente no fue de la magnitud que parecería frente a una emergencia de seguridad, el número de delitos esclarecidos y personas detenidas no aumentó significativamente respecto de valores históricos. Se pone de manifiesto una dinámica represiva mas que preventiva y se pretende justificar la falta de resultados con números que no resisten un análisis detallado. Queda además, el hecho de presentar como resultado el número de delincuentes abatidos, algo mas próximo a los linchamientos que a la generación de un clima de seguridad ciudadana.                  

  

                           

Tecnología mal empleada

No es nuevo decir que soy un crítico de como se implementan las políticas a nivel nacional, provincial y municipal, sobre todo por las contradicciones que generan con las mismas formulaciones políticas. Para poner en claro esto, analizamos algunos casos.

El proyecto de reforma del código penal en primer lugar es un claro ejemplo de contradicciones, se declama desde la conducción política que no debe estigmatizarse la pobreza, que debe respetarse la voluntad de la ciudadanía y que el objetivo de una condena a reclusión es lograr la re inserción del condenado mediante el cumplimiento de la condena y su preparación para tener mas oportunidades cuando termine su condena. En primer lugar el proyecto del código enuncia las propuestas recibidas y las analiza, pero formula un proyecto que difiere sustancialmente de las propuestas recibidas, erigiéndose en el producto de una élite jurídica que solo debate en claustros universitarios de vinculados al estudio del derecho. Esto deja la impresión que el proyecto de reforma del código penal fue realizado ignorando el interés de distintos grupos de ciudadanos vinculados al tema, se formuló de acuerdo a criterios no debatidos previamente por representantes de las distintas expresiones políticas del país, siendo que el código afectará a todos los ciudadanos y deberá ser aprobado por los legisladores representantes de las distintas expresiones políticas. Otra contradicción surge entre la formulación política de no criminalizar la pobreza y la fundamentación del criterio sobre la no criminalización del delito, ya que las condiciones de exclusión en que se crió el criminal fueron las causales que lo llevaron a cometer el delito y no una decisión personalísima, con lo cual reconoce explícitamente que es la pobreza la que lo lleva a delinquir (restaría preguntarse si el caso Robledo Puch obedece a esos postulados). Por último, parecería que el sistema carcelario es algo ajeno al poder judicial y los juzgados de ejecución penal fueran organismos abstractos que no intervienen en las condiciones en que un condenado cumple su pena. Mas aún, proponer que el sistema carcelario no cumple la función de resocializar al reo, obligaría a reformular el funcionamiento de los juzgados de ejecución penal y no suprimir la penalización del delito, algo que escapa a la competencia judicial y es algo político, no jurídico; sobre todo no asumiendo su competencia en materia de ejecución penal. Esto no tiene por objeto discutir el proyecto de reforma del código penal (algo que estamos haciendo en el blog: http://insepu.blogspot.com.ar/2014/04/analisis-de-la-reforma-al-codigo-penal.html ) sino poner evidencia las contradicciones que existen entre las líneas políticas formuladas desde el gobierno y las acciones supuestamente “técnicas” que apoya o promueve.

Podemos ahora analizar algo mas “técnicamente duro”, en materia de seguridad se propone que los motociclistas usen un chaleco identificatorio con el número de la patente y también se les prohíbe circular por ciertas calles (céntricas), las mismas propuestas surgen de los gobiernos provincial, CABA y varios municipios. Quienes propugnan tales medidas para “garantizar la seguridad” cometen no solo errores procedimentales sino que entran en contradicción con las políticas que dicen pretender implementar. Dediquemos algunos párrafos a los errores procedimentales, el primero prohibir la circulación de motos o forzar una identificación de quienes conducen genera mas problemas a quienes no cometen delitos, ya que el delincuente copiará el número de algún cadete, poniendo en serios problemas al trabajador y dándole un nivel de impunidad adicional (para quienes argumenten que se puede perseguir mejor al delincuente por el chaleco y su número, basta que el delincuente use una chaleco arriba de otro, se saque el chaleco con el que cometió el ilícito y se quede con el que lleva abajo, que hasta puede ser legal). Tampoco que circule un solo conductor por moto evitaría cierto tipo de delitos que requiere huir los mas rápido posible, dos delincuentes puestos en combinación actuarían uno cometiendo el ilícito y el otro como apoyo, dejándole el vehículo a su disposición para que huya (incluso puede pretender que se lo robó y dar detalles que confundan a la policía). Por último, evitar que se cometan cierto tipo de delitos en un determinado sector (micro centro , o áreas urbanas) no evita que se cometan en otros sectores (áreas peri urbanas). Se podrían detallar mas errores sobre esta propuesta, pero volvamos a la contradicción, el uso de motos para cometer ciertos ilícitos se basa en que no hay control real sobre las motos que circulan, ya que si hubiera un control efectivo nadie cometería un delito con su moto o una moto registrada a su nombre y circular con una moto robada o adulterada, no sería posible. Es la falta de control sobre las motos lo que genera que se la use con fines delictivos, pretendiendo solucionar ese problema con nuevo control, que no resulta útil como preventivo y que no garantiza que no se sigan usando con el mismo propósito. La evidente contradicción surge al proponer un control por parte de las autoridades, que han fallado previamente en los controles que hubieran evitado el problema.

Citemos por último otros ejemplos, como son: el uso de radares para el control de la velocidad en áreas urbanas o peri urbanas donde deben ser los semáforos quienes deben regular la velocidad, el uso de cámaras de seguridad para detectar delitos y no tener un mecanismo de intervención policial rápido que permita evitar la consumación del delito, la saturación de un territorio con presencia policial que por aptitud del personal (falta de capacitación, sobre exigencia horaria, medios técnicos, etc.) y procedimientos que estimulen su intervención (suspensiones ante lesiones o muerte del delincuente, falta de estímulos por intervención, riesgos personales y familiares por intervenir ante ciertos criminales, pobre cobertura en caso de lesiones permanentes o muerte, etc.), medios de apoyo como armas, elementos de protección (cascos, chalecos) y vehículos que no cuentan con soporte (muchos de estos elementos deben ser adquiridos por los policías) y el mantenimiento de los mismos (faltan armeros, mecánicos, etc.).

Creo que podríamos hacer una gran lista de ejemplos, pero lo esencial que surge es la permanente contradicción entre la política formulada y su implementación, esto no reconoce ideología, la incapacidad de articular política con estrategia y táctica es transversal a izquierdas y derechas, a niveles nacionales, provinciales o municipales; parafraseando a Discépolo “los inútiles nos han alcanzado”

¡No tienen vergüenza!

Ayer ocurrió una nueva tragedia que costó la vida de 8 personas, esto muestra hasta donde las causas de la inseguridad se centran en una la falta de presencia del estado, algo declamado hasta el hartazgo pero nunca concretado en la realidad. El hecho podrá ser doloso o culposo, pero los hechos previos a la tragedia, exponen la ausencia de la asistencia que el estado debería haber brindado.

Como primer aspecto, había una mujer a cargo de 5 hijos que no estaba cubierta por la asignación universal por hijo, la falta de asistencia no era ignorada por quienes asistían a los niños, la mayor de las criaturas tenía 13 años y la menor 3 años, concurrían a una escuela y había algunos no documentados. Durante ese tiempo, la interacción con personas que podían y/o debían llevar una asistencia por parte de distintos organismos del estado no se realizó.  Maestros, profesores, asistentes sociales, policías, fiscalías, etc. no vieron, o mejor dicho ignoraron, lo que pasaba en esa familia, y lo peor es que no hay mecanismos instrumentales para que esto vuelva a pasar.

Hubo antecedentes de violencia familiar que no fue debidamente atendida, e incluso fue ignorada, según manifestaron algunos vecinos, incluso hubo denuncias al 911, queda en evidencia la falta de protocolos de control en el sistema de emergencias (que en realidad funciona mas como “call center” que como auxilio, control y auditoría de emergencias de seguridad) y la inutilidad de los protocolos de intervención policial para problemas complejos. También se evidenció la inutilidad de los procedimientos jurídicos para contener un problema de violencia de género, ya que varios testimonios señalan que la mujer habría presentado denuncias tanto en sede policial como judicial. La demora de los procedimientos jurídicos, que solo operan como registros burocráticos y no como articulador de procedimientos sociales y policiales que operen sobre el problema.

La escuela donde asistían los niños no efectuó las denuncias pertinentes por los problemas que evidenciaban los menores, a pesar que deberían contar con asistentes sociales que articulasen con los programas municipales, provinciales y nacionales cuando detecten casos de esta naturaleza. La función de las escuelas quedó reducida, en este caso, a brindar una alimentación insuficiente (a lo sumo 2 de las 4 comidas diarias), una instrucción deficiente (no por este caso en particular sino por los resultados de las evaluaciones que se realizan) y una contención nula, ya que los menores o no tuvieron la confianza en los educadores para contarles el problema que atravesaban o estos los ignoraron.

El sistema de salud no registró los nacimientos de varios de ellos, uno de los niños era discapacitado y nadie efectuó los trámites para otorgarle una pensión y la asistencia que por ley le hubiera correspondido. Es impensable imaginar que la mujer o sus hijos no haya concurrido a algún centro de salud o sala médica, donde no se registró su situación y no se dio intervención a los  sistemas de asistencia social.                         

El municipio no tenía registrado el asentamiento donde vivía la mujer con sus hijos en condiciones mas que precarias, no había un control de condiciones de habitabilidad que vinculara las condiciones precarias de la vivienda con planes de asistencia social, no había vinculación entre los centros de ayuda social donde concurría la familia para buscar comida y asistentes sociales que analizaran los distintos casos y buscaran soluciones a cada problema.

Pero una vez ocurrida la tragedia, todos los políticos responsables de la ausencia del estado se sintieron muy preocupados, se sacaron fotos con cara compungida y prometieron que esto no quedaría impune, suponiendo sin ninguna investigación, que estaban en presencia de un hecho doloso. Esta suposición políticamente les conviene mas, ya que se desvía la atención hacia el presunto culpable, ocultando la culpa que es exclusivamente de ellos ¡No tienen vergüenza!