Historia de dos relatos

Parafraseando a Dickens nuestra sociedad se ha dividido en dos relatos, uno proveniente de posiciones a favor del actual gobierno y otro provenientes de posiciones antagónicas, ambos construyen una realidad según sus propios intereses o visiones, ambos no describen la realidad la relatan. Una prueba más que evidente de esto puede verse en los párrafos iniciales de la Historia de dos Ciudades: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.”

No creo que alguien pueda expresarlo mejor, el maniqueísmo dialéctico del oficialismo y la oposición nos muestran dos mundos distintos, y no nos dan opción de vivir en otro. Esta construcción condiciona el surgimiento de propuestas alternativas que son rápidamente asimiladas a las posiciones dominantes perdiendo su identidad, lo que les resta posibilidades de adhesión popular.

Un hecho adicional lo genera la pugna electoral, que se ha adaptado a las teorías sociológicas del “justo medio” (tendencias de las mayorías a apartarse de posiciones radicalizadas) o como mejor o expresa Jorge Asís, la posición “aire y sol”. Vemos, como en función de esto, los relatos divergen en función de las adhesiones a uno u otra posición; y convergen cuando elaboran una propuesta electoral. Creo que esta es la causa principal de la falta de una presencia plural en la escena política, hecho al que se le suma la capacidad de ciertos dirigentes del partido justicialismo para presentarse como oposición a quienes gobiernan y son del propio partido.

Me surgen dudas: ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué la realidad no es analizada tal cual es, sino en función de un relato? ¿Cómo puede sostenerse una dirigencia que cambia de oficialismo a oposición del mismo partido? ¿Por qué no se establece una opción opositora que no surja de las filas del peronismo (más bien de alguno de los “ismos” que se asocian la peronismo)?…. Y siguen las dudas.

                

Las mentiras que se dicen sobre la seguridad

Como dice el refrán “no hay verdades absolutas pero si mentiras evidentes”, lo cual puede verificarse con los dichos y los hechos de los últimos tiempos, exacerbados por la proximidad del acto eleccionario.

Empecemos por aquellos que proclaman tener un plan y solo dicen obviedades tales como aumentar los efectivos policiales. Primera mentira: la cantidad de policías no garantiza la seguridad, solo la mayor o menor cobertura zonas de vigilancia y la evidencia de su inefectividad es que los delincuentes buscarán siempre sectores con menor vigilancia para cometer sus delitos, sin considerar que existen sobradas evidencias sobre “zonas liberadas” por policías en connivencia con delincuentes.

Otra consigna que enarbolan los políticos en campaña es el endurecimiento de las penas por distinto tipo de delito, los cual incluso lleva  a algunos impresentables a proponer la pena de muerte. No hay mentira más evidente que esta, ya que distintos estudios de criminalística no han demostrado que aumentando las penas se disminuye la cantidad de delitos. Pero es interesante en este punto destacar que muchos creen que la seguridad se consigue castigando y no previniendo. Como postule en mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” el castigo de un delito supone que el delito se cometió y por lo tanto ya se produjo un daño. Se puede agregar que la tasa de esclarecimiento y condena de delitos no supera el 10%, así que prometer un castigo cuya probabilidad de aplicación es menor a 0.1, no tiene mayor impacto en la población de delincuentes. Además, en la sicología del delincuente debe considerarse que este supone que podrá delinquir sin ser descubierto y condenado (lo que las estadísticas demuestran) y por ello no es la pena lo que puede hacerlo desistir.            

También se habla de terminar con “la puerta giratoria” por la que muchos delincuentes son liberados luego de ser capturados. Es interesante que nadie apunte al análisis de por qué se produce la excarcelación de los delincuentes detenidos, si es por incumplimiento de los procedimientos legales o por inconsistencia de la prueba, esto nos remite a la preparación del personal policial y de la fiscalía, que tipo de formación y capacitación poseen los cuadros policiales, que formación específica poseen los fiscales, cuántos de ellos tienen estudios de criminalística. Hablar de jueces garantistas puede hacerse si se puede afirmar a ciencia cierta que la investigación y acusación de un delito se realizó por personal idóneo que cumplió con todos los requerimientos necesarios para que el presunto delincuente sea condenado (nuevamente la estadística pone esto en duda).

El problema de la imputabilidad de los menores pone en evidencia el desconocimiento de la realidad de quienes proponen políticas de prevención del delito (no las llamemos políticas de seguridad, porque no lo son, la seguridad tiene una dimensión mucho mayor). La delincuencia juvenil pone en evidencia un problema social de marginación, falta de educación, problemas sociales y económicos; por ello se busca proponer una solución fácil que conforma a la mentalidad pacata de muchos “preocupados” por la inseguridad, encarcelando al delincuente juvenil o proponer dejarlo libre dada su condición de menor: De lo poco que coincido con el Dr. Zaffaroni es que para condenar a un menor se lo debe juzgar antes con los mismo derechos que a un adulto, liberarlo o condenarlo sin juicio supone prejuzgamiento, suprimiendo así el derecho a la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero antes de optar por una de las propuestas se debería contar con instituciones que garanticen el cumplimiento de la condena y su reinserción, la asistencia a adicciones, la ayuda social a familias por problemas (no darle plata, sino educación, salud y condiciones de desarrollo). Hasta tanto un estado que no puede darle la contención a un menor para que este pueda desarrollarse como persona, no puede ponerlo preso.

Las cámaras de seguridad han solucionado varios problemas, el de los vendedores de cámaras en primer lugar, pero no el de la población, las cámaras por si mismas no garantizan nada, solo el registro de los hechos. Se han producido innumerables hechos de inseguridad con la presencia de las cámaras que no se han podido prevenir. Lo cierto es que un manejo inteligente de la tecnología sigue ausente de las propuestas políticas.

Podemos citar otras “perlitas”: un gobierno preocupado por la inseguridad que sub ejecuta el presupuesto de seguridad, señalar que existen cuatro mil delincuentes sin indicar como se obtuvo esa cifra (¿acaso le pidieron al INDEC que investigara?), utilizar gendarmes y prefectos para tareas de vigilancia en zonas donde supuestamente funcionan cámaras de seguridad, forzar la formación de policías en plazos mucho menores que los necesarios para una capacitación eficaz, preocuparse por policías con parte médico y no por el estado físico y la sobrecarga de horas “extras” que cumplen policías asignados a funciones operativas, y se podría seguir enumerando.

Como conclusión podemos verificar que existen “mentiras evidentes” en el tema de seguridad, la pregunta que surge es ¿hasta cuándo seguirán improvisando?

Seguridad ¿Qué seguridad?

Parecería que hay algo que nunca cambia en las políticas de seguridad: que siempre cambian. El cambio en sí mismo no está mal, cuando responde a un cambio en las condiciones económicas, sociales, tecnológicas o culturales; pero cuando el cambio se debe a que no se sabe qué hacer se parece más a un descontrol que a una acción de respuesta.

En el caso de las medidas tomadas en la provincia de Buenos Aires, la alternancia entre políticas de seguridad garantistas y políticas represivas muestra descarnadamente la incapacidad de la dirigencia política para solucionar un problema que la misma clase política creó. Las condiciones económicas, sociales y culturales no se crearon espontáneamente fue el resultado de políticas mal formuladas y de políticas correctamente formuladas pero mal implementadas.

El principal problemas es creer que seguridad y prevención del delito es la misma cosa, cuando una es solo una parte de la otra, si existen políticas de seguridad bien formuladas e implementadas la prevención del delito se daría naturalmente, sin necesidad de personajes providenciales ni de recurrir al auxilio de instituciones cuyo fin no es la prevención del delito urbano.

La implementación de políticas de seguridad debe, necesariamente, incluir su dimensión o mejor dicho el ámbito de aplicación de la política formulada. Así si vemos que una formulación política de prevención del delito debe partir de un diagnóstico de la realidad, diagnóstico, que no puede realizarse sin considerar los siguientes factores: cantidad y características de la población de delincuentes, modalidades delictivas territoriales, recursos de prevención, recursos de represión, tecnologías disponibles, situación de las instituciones involucradas (policía, ministerio público, administración de justicia, sistema penitenciario, sistema de asistencia social y medios de difusión pública), la caracterización cultural de la población en los distintos territorios, situación social del territorio involucrado y situación ambiental.

Para muestra basten algunos botones, el primero es la información sobre cuantos delincuentes hay y en que modalidades se estructuran, la segunda es que tipo de vinculaciones establecen las distintas modalidades delictivas con el resto de la sociedad. Esto requiere una estructura de información que debe ser alimentada por servicios de información de prevención del delito y que no debe estar vinculada a las instituciones policiacas.

Otra característica que no se incluye comúnmente en el análisis es la dimensión territorial, la conformación urbana, las vías de comunicación, la circulación de la gente, la distribución de la población. Todo esto debe correlacionarse con el accionar delictivo, para analizar las modalidades territoriales del delito, a saber: inteligencia previa, acceso de los medios para cometer delito, acceso a lugar del hecho,  desarrollo del delito, escape del lugar del hecho, distribución y comercialización del botín. Este es el verdadero mapa del  delito y no una representación mapeada y superpuesta de delitos cometidos.

El diseño de una estrategia de prevención supone acciones que interrumpan el desarrollo de las actividades delictivas, detectar las fuentes de inteligencia de los delincuentes, impedirles obtener información, identificar a quienes pueden realizar inteligencia criminal y actuar en consecuencia, impedir el acceso a los medios necesarios para realizar el delito, vigilar y controlar las vías de acceso y escape de los delitos, dificultar la consumación de delitos con escaso riesgo para los delincuentes y disponer recurso para una detección rápida de cualquier delito que se cometa.  

De todos los que hablan de seguridad es muy probable que pocos incursionen en estos temas, prefieren culpar a quien gobierna, o a quienes critican, ya sea oficialismo u oposición el eje del discurso sobre la seguridad  es encontrar culpas, principalmente en el otro. Así se toman acciones reactivas, olvidándose que el delito es un fenómeno dinámico y  complejo, cuyos actores se encuentran inmersos en distintos estratos sociales, que han desarrollado una red de vínculos de tipo personal, económico, político y social; dando como resultado una “Hidra de mil cabezas”, que solo puede terminársela si se cortan de una vez todas ellas.

Mientras tanto cuando hablan de seguridad, o como debiera decirse, de prevención del delito me sigo preguntando ¿Qué seguridad?

"I have a nightmare"

Martin Luther King dijo que tenía un sueño, “I have a dream”. No le dieron ningún premio Novel, lo mataron por luchar por ese sueño, pero ese sueño hiso posible cambiar la historia de los derechos civiles en EEUU. Ahora Barak Obama,  al que si le dieron un premio Novel de la Paz, quiere embarcar a los EEUU en otra guerra bajo el eufemismo de represalia por actos contrarios a los acuerdos internacionales sobre el uso de armas químicas. Las muertes que causará su acción, lejos de terminar una guerra civil que ya causó 100.000 víctimas fatales, creará condiciones para el aumento de las acciones bélicas en la región.

Tengo que decir que me equivoqué con Obama, creí que un representante de la principal minoría de EEUU representando al partido demócrata podría romper la larga tradición de los presidentes americanos, de embarcar su país en acciones bélicas. De sus promesas electorales no cumplió ninguna, Las tropas americanas siguen en Irak y Afganistán, y la prisión de Guantánamo continúa con un régimen vergonzoso de torturas a prisioneros. Podemos agregar la vigencia de la ley Patriota que suprime los derechos de los ciudadanos americanos (y de cualquier otra parte del mundo) con la sola mención de la lucha contra el terrorismo y el espionaje de correos y uso Internet en su propio territorio y en otros países.

La última suposición que me hacía sobre Obama se refería a su capacidad, pero el análisis de sus acciones en este caso muestra que también me equivoqué. El anuncio de una represalia armada contra Siria por el supuesto ataque del gobierno a un territorio hostil empleando armas químicas, sin la debida verificación de los hechos por parte organismos internacionales, el arrogarse el derecho a actuar unilateralmente contra otros país sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU (organismo internacional que puede autorizar acciones de represalia contra  algún país que viole acuerdos internacionales sobre uso de armas no convencionales). La necesidad de consultar al propio congreso de EEUU al no contar con el apoyo de la ONU, la negación del parlamento inglés a apoyar a EEUU en una acción bélica. La tensión que provoca con Rusia y China, aliados del gobierno de Siria. Las presiones de organismos internacionales e incluso de la Iglesia católica y otros credos para buscar soluciones pacíficas. Frente a ese panorama Obama insiste en el uso de acciones bélicas que inevitablemente causaran víctimas inocentes como las que dice defender, ignora que los intereses que propugnan por una acción bélica son los mismos que decían que había armas químicas en Irak, terroristas islámicos en Afganistán y que generaron un festín de contratos militares y civiles que terminaron pagando los pueblos masacrados, invadidos y reducidos a la miseria.

Quiero pensar que es por la incapacidad de Obama de manejar una crisis intensificada  por el mismo, lo que lo llevó a la actual situación, donde si actúa con una acción bélica puede generar un conflicto que puede escalar a niveles insospechados y si no actúa, se tomaría esto como un gesto de debilidad. Su accionar ya generó una división en las posiciones de distintos países, debilitó la capacidad de la ONU de mediar en el conflicto, suprimió las presiones diplomáticas como primera alternativa diplomática de negociación y condicioné la posibilidad de estabilizar los conflictos en la región de Medio Oriente.

Si Obama creó esta pesadilla (por eso “I have a nightmare”) por responder a otros intereses que no fueran la idiotez de sus asesores y su propia incapacidad, debería ser repudiado por toda la humanidad.

Nunca es triste la verdad…

Así dice el poeta catalán y agrega “lo que no tiene es remedio”, estas últimas elecciones han mostrado que el FPV perdió poder territorial, y eso en el peronismo real (el de las fieras políticas no lo animales políticos) es el principio del fin, la pérdida de poder frente a quienes detentan esa representación. Pero yo discrepo con las opiniones que señalan que el gobierno enfrenta una crisis terminal (un gobierno peronista sin el poder del respaldo popular es cartón pintado, incluso se podría generalizar a cualquier gobierno pensando en los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa). En realidad pienso que el FPV tiene 2 meses, no para hacer campaña, sino para producir hechos políticos desde el gobierno que reviertan la base del voto ciudadano en las PASO.

Sin hacer un exhaustivo análisis de los resultados del 11A como ha dado en llamarse, puede resumirse que hay una desaprobación de la gestión de gobierno, basado en dos causas principales: económicas y de falta de seguridad. Sobre estas causas hay varios hechos que exacerban la bronca de la gente: no asumir públicamente los problemas, los hechos de corrupción (que pueden no ser todos los denunciados, pero que los hay, los hay) que son negados y hasta protegidos los culpables, la falta de funcionarios realmente comprometidos con la ideología expresada (nadie cree que Boudou y otros sean peronistas de izquierda, dejando de lado muchos que son peronistas, pero más bien de derecha), la inoperancia e incompetencia de muchos funcionarios, la negación del aumento del delito como fuente de preocupación por la inseguridad y sobre todo el discurso autista sobre los problemas existentes y la reivindicación de cualquier medida acertada o errada.

Creo, que sin mayor profundidad en el análisis puede darse una receta que revertiría la actitud del electorado en octubre próximo. La primera medida es suprimir todo discurso oficial y “oficioso” sobre la situación del país y sobre la oposición al gobierno (esto incluye a los discursos presidenciales, los cuales deberían ser breves y específicos, tres minutos máximos y sin referencias adicionales al tema objeto del discurso). La segunda medida es la remoción de funcionarios conflictivos, sospechados de corrupción o inoperantes (los resultados reales cantan la inoperancia de la mayoría), no sería necesario todos pero con un 50% a elección por peor imagen sería suficiente. La tercer medida el promulgar las leyes que se reclaman en forma mayoritaria y que incluso la oposición utiliza como argumento, entre las que se pueden citar: universalización de las asignaciones familiares, eliminación de ganancias para la cuarta categoría y sustitución por un impuesto al ingreso extraordinario (salarios superiores a 3 o 4 salarios mínimos), creación de un impuesto a las rentas financieras, impulso de leyes ambientales como la de glaciares y bosques, recuperación de una ley federal de educación que involucre al gobierno nacional en la educación pública y el impulso a la educación técnica, la sanción de una ley de seguridad pública nacional (ver http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/08/la-propuesta-que-falta.html), la promoción de juicios de residencia a todos los funcionarios políticos del poder ejecutivo nacional, provincial y municipales, lo mismo que a funcionarios   judiciales y miembros del poder legislativo (algo propuesto en parte en http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/07/propuesta-1.html), podría avanzarse sobre la reforma del código civil, en lo referente a algunos temas no controversiales y varios más, la imaginación es el límite y la incapacidad de quienes tengan que formularlos el principal obstáculo.

De cumplirse estas tres medidas, creo que le FPV recuperaría la credibilidad pública en su capacidad de gestión y le renovaría la confianza con su voto. No creo que con campañas políticas clásicas (recorridas, chori paneadas, publicidad, etc.) pueda revertirse la tendencia de las PASO. La vieja política, la de los popes de conurbano o la superestructura del PJ, recomendaría más publicidad, mas ataque a los rivales, guerra territorial sobre la miseria de la gente más necesitada y promesas de todo tipo, la historia nos muestra que no sirve, pero su discurso suele convencer al poder de turno que evitará su inevitable declinación.

Una última consideración la reservo a mi aparente contradicción, entre esta forma de apoyo al FPV y mis críticas hacia el gobierno. Creo haber dejado siempre en claro que en lo único que coincido con este gobierno es en su discurso, su formulación de la política (aunque vaga e incoherente) y no en su forma de implementación, su estrategia y su criterio ético. También me he manifestado en contra de la superestructura del PJ bonaerense, el cual encontró en el candidato Masa a un “gerente político”, útil para la recuperación de un poder perdido en las elecciones del 2005. Mis diferencias con el FPV son de tipo estratégico y ético, no ideológicas y mis diferencias con los candidatos del viejo “pejotismo”, reciclados en el Frente Renovador, son ideológicas. Por ello, aspiro a que el FPV culmine su ciclo histórico con una renovación que permita superar sus contradicciones y que esto de de en el marco y los plazos constitucionales, porque no veo en la vieja estructura del PJ bonaerense la intención de esperar a 2015.

La propuesta que falta

En tiempo de elecciones, los actuales candidatos han tratado de demostrar capacidad de gestión, lo que en realidad, más que hablar bien de ellos, habla de la poca capacidad de hacer política. Si alguien tiene una responsabilidad de gobierno, lo que se debe hacer es política, no gestión, la gestión es algo subordinado a la política. La política decide que se debe hacer de forma realista, eficaz y con los recursos necesarios, la gestión lleva a adelante las decisiones  políticas. Quien se propone como administrador, como gestor dice que solo puede llevar adelante políticas de otros, es un mero subalterno de quien detenta el verdadero poder, el poder de decir que se hace.

Así, para gestionar o administrar, solo se necesita poseer conocimientos técnicos y algo de experiencia, pero para hacer política, o sea, para decidir qué hacer se necesita una ideología que permita la confluencia de las distintas medidas políticas para la construcción del modelo político deseado. Si tomamos este criterio para analizar las propuestas de los candidatos a estas próximas elecciones, no debemos tomar cada propuesta en forma individual, sino en su conjunto y ver si configuran un modelo político, o un conjunto de slogans “marketineros”  propuestos por asesores de imagen, sociólogos y publicistas.

El segundo paso para analizar las propuestas es ver como se propone implementar las decisiones políticas, así puede verse si se dispone de una estrategia que permita llevar a la práctica las políticas propuestas. Esto es lo que se llama estrategia y debe indicar tres cosas: como se utilizan los recursos, quien debe llevar adelante las medidas y cuáles son los resultados esperados en forma objetiva. Las propuestas “marquetineras” tiene dos formas de presentar su estrategia: en forma vaga (total nadie analiza y lo importante es el slogan o la foto) o en forma de propuesta detallada (los grupos técnicos tiene por objeto llevar muchas hojas con datos, estadísticas, propuestas similares o pero aún un “corte y pegue”; de forma que se cumpla con el viejo dicho de que la mejor manera de esconder un elefante es en una manada de elefantes y la mejor manera de presentar algo que no dice nada es hacer un “estudio detallado”).

Podemos hacer un contraejemplo, tomemos un tema caliente, la seguridad. Parece que recién ahora muchos políticos descubrieron que la seguridad tiene una dimensión mucho mayor que la prevención del delito, y su influencia es notable. Así que para plantear como sería una política de seguridad plantearemos una.

La política de seguridad debe incluir seis aspectos específicos y tres aspectos vinculares. Los aspectos específicos son: la seguridad de las personas y sus bienes, la seguridad vial, la seguridad sanitaria, la seguridad social y la seguridad ambiental. Los aspectos vinculares son: el marco normativo, el marco institucional y el marco instrumental.

La primera propuesta es definir a la seguridad como de competencia nacional, no puede haber distintos marcos normativos, ya que las víctimas y los victimarios de las mismas trasgresiones son independientes del contexto geográfico donde se cometa (en criollo, un robo debe ser prevenido, investigado, enjuiciado, condenado, cumplida la condena, asistida las víctimas y resguardados los derechos constitucionales del ladrón y la víctima, del mimo modo independientemente del territorio en donde se cometió el robo). Debe establecerse una separación entre violación a la seguridad pública y contravención. Por ejemplo, pude argumentarse que el robo es una violación a la seguridad pública, ya que implica violencia contra una persona o sus bienes; mientas que el hurto solo es una violación del derecho de propiedad sin ejercer violencia contra las personas o sus bienes. Estas categorías definirían el ámbito de la competencia nacional.    

En el marco instituciones tendríamos para cada aspecto de la seguridad tres instituciones intervinientes (o policías si se quiere) una de prevención, una de investigación y una de ejecución. La primera dependiente de autoridades territoriales, la segunda dependiente del ministerio público y la tercera dependiente del poder judicial. Un aspecto estratégico sobre estas instituciones es que su organización no debe ser jerárquica sino funcional y dependiente de órganos colegiados en varias instancias de su estructura vertical, estos órganos colegiados deben ser integrados por representantes de las fuerzas políticas con representación territorial y coordinados por miembros de las instituciones. La dependencia directa solo se reserva para aspectos operacionales. Estas tres instituciones en los seis aspectos de la seguridad llevan a dieciocho organizaciones de jurisdicción nacional y a distintas competencias para cada organización.  

El marco instrumental debe definir los ámbitos específicos de cada institución de seguridad, la formación de recurso humanos, la definición de sus organigramas ajustados a los principios estratégicos enunciados, sus mecanismos de control, los recursos de infraestructura necesarios y los cambios de infraestructura requeridos en función de la evolución de la tecnología y las necesidades de la sociedad.

Este es un esbozo de una política de seguridad, quizás un poco aburrida, no muy espectacular, pero dudo que pueda llevarse a cabo otra política eficaz, detalles habría muchísimos, pero hablaríamos de detalles de la implementación de la política y no de formulación de una política de seguridad.

Propuesta 1

Hace tiempo que analizo diversos temas políticos, creo que para compensar tanta pálida se debería proponer algo, algo concreto que apunte a mejorar la situación existente en nuestro país, no espero cobrar derechos de autor, ni obtener reconocimiento público pues las ideas que compartimos ya no nos pertenecen y pueden ser usadas por quien las recoja. Lo éticamente deshonesto es atribuirse la autoría, y peor aún, es desvirtuar su sentido o cambiar su forma para afirmar la supuesta autoría, afectando a los resultados que podría obtenerse con la idea original.

Esta primera propuesta tiene que ver con la justicia, o más bien, con quienes desempeñan cargos en el poder judicial. Debo repetir lo que ya he expresado en varios artículos, la policía y la administración de justicia no hacen a la seguridad, ya que intervienen cuando el hecho que causa inseguridad (cualquier delito) ya fue cometido y solo pueden hallar al culpable y aplicarle la condena que las leyes establecen par ale delito cometido.

Mi propuesta se basa en la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que no deberían gozar de libertad en virtud de estar procesadas, gozando de privilegios de excarcelación o libertad condicional. El hecho que personas en esa situación cometan delitos no debiera afectar a los institutos establecidos para que una persona que cometió un delito se reintegre a la sociedad, pero sí, debe establecerse que responsabilidad tienen los magistrados, fiscales, auxiliares o peritos intervinientes en procesos judiciales de tipo penal. La propuesta no es crear una caza de brujas sobre funcionarios que aplican en la forma más benigna las potestades que le permite la ley. Pero que se sujete a la ley no implica que pueda cometer una mala praxis, y no en el sentido de incumplimiento de deberes de funcionario público, sino en el ejercicio de un acto profesional. Así como a un médico  a quien se le muere un paciente, no pude ser imputado de homicidio por el ejercicio de su profesión de médico, si puede ser imputado de mal praxis, cosa que ocurre en la mayoría de las profesiones. Así, si una persona liberada del cumplimiento de una condena que comete un delito, pude suponerse que quienes lo liberaron cometieron un error, que pude no ser punible legalmente, si podría haber cometido una mala praxis.

Hasta donde he investigado, no existe la mala praxis en el sistema de administración de justicia, la cual permitiría deslindar responsabilidades, ya que un juez que otorga una excarcelación lo hace en función de informes de auxiliares y peritos en los que debe confiar. Si quienes auxilian al juez incurren en una mala praxis (sin suponer la existencia de dolo), el juez debe responder por el liberado y es a él a quienes apunta la opinión pública. Esto otorga impunidad a quienes cometen la mala praxis, ya que el cumplimiento de los pasos procesales otorga legalidad al hecho, pero no garantiza el adecuado desempeño profesional de quienes intervienen.                 

Si, por ejemplo, la Corte Suprema podría habilitar una dependencia que inicie una investigación sobre el desempeño profesional de los magistrados auxiliares o peritos, en cada caso de delito cometido por un liberado. Así no solo se delimitarían responsabilidades profesionales, sino que existiría un historial de casos que podrían definir conductas de los participantes en el otorgamiento de beneficios para quienes cumplen una condena.

Al fin y al cabo sería un mecanismo similar al que ocurre en un hospital cada vez que fallece un paciente durante un procedimiento médico. Si los médicos, a quienes se les confía la vida y la salud de las personas se someten a examen de  su proceder profesional, por qué no deberían hacerlo los magistrados, funcionarios y peritos a quienes se les confía la libertad y guarda de personas que purgan condenas por delitos cometidos.