¿Cuantas mas Micaelas se necesitan para que algo cambie?

El trágico hecho del asesinato de Micaela Ortega, desnuda por lo impactante del tema, las falencias que existen en la seguridad de todos los argentinos. He leído críticas a la familia, a la policía y a la justicia, pero creo que no puede analizarse el hecho sin considerar que la falta de seguridad, que permitió que este crimen se cometiera, nos involucra a todos. Como primer paso me eximo de analizar la conducta de la familia por respeto a su sufrimiento y dolor, ya que estar mas de 30 días con una hija desaparecida y luego tener que soportar su pérdida, es algo no imaginable y que debe respetarse.

En este caso el primer elemento a considerar es que no podemos sedar de señalar que la tecnología y las redes sociales generan un espacio de comunicación que nos vincula con todo lo que existe en nuestra sociedad, lo mejor y lo peor. Este contacto no tiene forma de control por dos motivos, el desconocimiento y la falta de mecanismos de regulación. Hoy casi todos las personas desde los 6 años hasta mas de 90 pueden acceder a una computadora, una tablet o un teléfono celular, y desde él ingresar a una red social, donde todos se comunican y relacionan con todos. Entre ese universos de personas que acceden están todo tipo de delincuentes, desde estafadores hasta ladrones, asesinos y pedófilos, las redes sociales no tienen mecanismos de verificación sobre la identidad de la persona que se registra en una red social, mas si esta busca utilizarla para delinquir. Como sociedad no exigimos a nuestros representantes que se establezcan mecanismos de verificación de identidades, de acceso y protección de menores; pero también no nos informamos y preparamos para que nuestros hijos puedan utilizar esta tecnología sin riesgos para ellos. Ningún padre le daría su auto a un hijo para que haga uso de él, si antes no aprendió a manejar; pero permitimos que nuestros hijos menores abran una cuenta en una red social, sin enseñarle como debe manejarse, cuales son los riesgos que enfrenta y como actual ante ellos.

El segundo elemento en este aspecto que debe considerarse es el rol de la escuela, se les dio netebooks a los chicos en las escuelas se promovió el uso de redes sociales como parte de un proceso de introducción al uso de las nuevas tecnologías, pero me pregunto¿Cuantos docentes hablaron de los riesgos y los cuidados que debían tener? ¿Hubo docentes que en pos de permitir a que chicos pudieran acceder a las redes sociales les enseñaron a hacer trampas para abrir una cuenta que por su edad no podían abrir? En la misma línea de análisis ¿Que capacitación recibieron los docentes sobre los riesgos que enfrentarían sus alumnos cuando accedieran a Internet y las redes sociales? ¿Que capacitación recibieron para enseñarles a los niños los riesgos a que se enfrentaban y como actuar ante ellos? Y por último ¿Como se preparó a los padres para que supieran como actuar frente el uso que darían los niños a estas nuevas tecnologías?

Tenemos entonces, un niño frente a una computadora conectado a Internet y con acceso a una o varias redes sociales, con padres que no han tenido preparación para velar por la seguridad de sus hijos, con docentes que tampoco prepararon a sus alumnos para que usen las nuevas tecnologías sin exponerse a los riesgos que ellas conllevan y tenemos una multitud de criminales frente a ese niño que usa maravillado su computadora conectada a Internet y a una red social.

El actor ausente en esto es el estado, un estado que no regula las redes sociales, no para ejercer censura, sino para garantizar la seguridad de quienes las usan (no solo se pueden leer casos de pedofilia, sino también pishing, bulling, etc.). Ese estado tampoco ejerce una vigilancia pro-activa de ciberdelincuentes, limitándose a perseguir hackers, o delitos de fraude bancario; ignorando, por ejemplo, la trata de personas que se publicita en forma explícita en la red.

Es el mismo estado, que por medio de su policía suele desestimar denuncias por presuponer conductas. Los casos de violencia de género que terminan en femicidios; los casos de intento de violación que se descartan suponiendo una conducta provocativa por parte de la víctima, hasta que esta es finalmente violada o e produce una violación por parte del denunciado; la desaparición de personas sin mediar circunstancias que supongan un secuestro extorsivo (como el caso de Micaela); y otros mas que haría demasiado extenso su enumeración.

También es es mismo estado donde su poder judicial, permite la excarcelación de reclusos cumpliendo con requisitos que se demuestran inútiles para re-insertar una persona con una condena cumplida o por cumplirse. De no ser así, y suponiendo que los requisitos son suficientes para garantizar una re-inserción social del recluso, debería examinarse la conducta de quienes deben intervienen el el proceso de liberación o liberación anticipada, ya que los hechos demuestran que varios liberados con informes favorables del servicio penitenciario, de asistentes sociales y de psicólogos, han vuelto a delinquir incluso en períodos de prueba o evaluación. Todo esto sin considerar que quienes violan los términos de su libertad condicional, difícilmente son buscados en forma intensiva y solo caen en alguna redada ocasional.

Finalmente tenemos potenciales victimas sin capacidad de defensa y posibles victimarios no perseguidos y controlados. Esta situación analizada se produjo en el caso Micaela, pero las condiciones que desataron esta tragedia no se han suprimido y solo es cuestión de tiempo para que tengamos que lamentar otro caso similar.

Costos políticos

Este primer período del gobierno de Mauricio Macri, si por algo se ha caracterizado es por los costos políticos. Dicho esto se supondría que un costo político es algo que se paga cuando se debe tomar una medida de gobierno que es necesaria pero impopular o que daña determinados intereses que una administración dice defender, pero no es este el caso.

Veamos cronológicamente, se empezó con un grupo de DNU que buscaban solucionar algunos problemas heredados de la gestión anterior, lamentablemente también se pretendió utilizar este mecanismo para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Las necesidades eran en algunos casos reales, en algunos casos el mecanismo de los DNU eran apropiados, en otros evidentemente no. La falta de criterio para discernir el uso de este mecanismo originó el primer costo político de la gestión Macri, sobre todo por confundir lo legal, lo ético y lo políticamente oportuno.

Sobre llovido mojado cuando salieron los ajustes tarifarios, necesarios pero que dieron en la línea de flotación de la gente de ingresos medios, y sin anestesia. Nadie cuestionó la necesidad de los ajustes, pero se aplicaron solo respetando una tarifa social, que demás hay que solicitarla cuando se supone que se creó en el gobierno una oficina de modernización que bien podría cruzar la información del ANSES y los titulares de las facturas para aplicar automáticamente el subsidio. El impacto de un ajuste aplicado sin ningún gradualismo provocó otro costo político innecesario, sobre todo porque coincidió con los subsidios otorgados a sectores agropecuarios y mineros.

Las medidas que se tomaron para evitar la pérdida de reservas no incluyo solo la unificación del mercado cambiario provocando una devaluación sobre ciertas áreas del 40% (aclaremos que el valor de las mercaderías importadas, con insumos a valor dólar o que tienen mercados donde se venden en dólares ya habían producido su ajuste a fines de 2015, solo algunos pocos sectores no tomaron las previsiones del caso; de todos modos la excusa de la devaluación la utilizaron las mayoría de los sectores empresarios para volver a ajustar precios y obtener nuevas ganancias); sino que elevó la tasa de interés del Banco Central a mas del 30%, con la consiguiente elevación de los costos del capital de trabajo de las mayoría de las empresas que se endeudan en la plaza local. El costo de estas medidas fue el ajuste empresario vía reducción de personal (algo que también influyó fue la caida de la demanda en cerca del 10% expresado en bienes) y la falta de inversión de los pequeños empresarios (solo aquellos que puedan esperan una rentabilidad superior al 40% se arriegarán y lo mas probable es que tampoco lo hagan frente a una inconsistencia política que esta manifestando el gobierno). Un costo que debería haberse evitado utilizando manteniendo un cierto déficit fiscal para aplicarlo a proyectos de obra pública que implicasen uso de mano de obra intensivo y creando lineas promocionales de crédito de fácil y rápido acceso a Pymes y Micros.

El tema del impuesto a las ganancias fue otra medida mal tomada que generó un innecesario costo político, ya que no se elevó el monto mínimo aplicable para el pago del impuesto, sino que se agregaron ítems deducibles para algunos, pero que incluyeron a otros, de modo que no varió significativamente la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto, lo mismo que el mentado “costo” de esta medida, que se compensó con el aporte de quienes quedaron incluidos en el pago del impuesto. Además, los valores de la supuesta rebaja en la alícuota no se actualizan hasta el año próximo, lo que si harán los salarios, paritarias mediante, e ingresarán muchos de los hasta ahora eximidos del pago. Esto podría haberse hecho mucho mejor si se hubiera creado un cronograma de reducciones en las alícuotas del impuesto y en los montos mínimos para quedar incluidos en el pago de ganancias, hasta eliminar este impuesto y reemplazarlo por un impuesto a los altos ingresos, ya que el salario no es ganancia.

En el área de seguridad, la fuga de los hermanos Lanatta dejo al descubierto la falta del control del manejo operativo que tienen las actuales autoridades designadas en ese ministerio. También el desconocimiento sobre las “internas” que imperan en las distintas fuerzas bajo el control del área de seguridad. Los sucesivos intentos de mostrar control sobre las fuerzas de seguridad, operativos exitosos contra el narcotráfico y el crimen organizado, no superan la media de otros gobiernos. Sobre todo, si se hace los mismo que se venía haciendo y que no dio resultado, no puede esperarse tener éxito.

Entre los papelones del ministro Aguad sorprendiéndose por una tecnología que debería conocer, del rabino devenido en Ambientalista por voluntad presidencial y no por su conocimiento del tema, la titular de la oficina anti-corrupción cuestionando una decisión de la Corte para mostrar el contrato entre YPF y Chevrón, y varios casos similares que no me vienen a la memoria, este gobierno ha opacado algunos éxitos de su gestión por las malas decisiones de muchos de sus funcionarios. Pero el costo político de estos errores no solo se debe a la mala gestión de algunos funcionarios, sino a dos factores muy importantes, El primero es priorizar la gestión por sobre la política, algo muy común en una empresa (vean mi artículo anterior sobre “El estado empresario”), pero demasiado riesgoso en la administración pública. El segundo es considerar que los aspectos legales son condición necesaria y suficiente para cumplir con una necesaria ética política, la legalidad es necesaria pero no suficiente, “La mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino parecerlo”, una frase de Séneca sobre la que Macri debería reflexionar.

El estado empresario

Sin que sea peyorativo, estamos transitando una etapa en que la administración del estado adquiere las características de la administración de una empresa, si partimos de esta premisa, quizás podamos entender como actúa este gobierno.

Cada administración del estado tiene su impronta, por ejemplo el FPV desarrollo un estilo de administración que podemos llamar estado feudo, donde el gobierno considera que él es el estado y se confunde estado con gobierno (aquí un humorista político usaría algún ejemplo basado en el “derecho de pernada”). Este estilo no concibe una convivencia son la oposición y al igual que los viejos señores feudales declaran el guerra a todo aquel que discuta o ponga en duda su autoridad. Su economía se subordina a “su política”, pues no entienden que la subordinación de la economía a la política solo se da en el supuesto de racionalidad de los actores (los actores económicos y los políticos). Un fenómeno inverso se da en el fundamentalismo económico donde los economistas creen que la política debe subordinarse a su forma de ver la economía, el problema es que hay mas formas de ver la economía que economistas (en el mejor de los casos el economista Chen a sintetizado las posturas económicas en ocho, sin descartar que cada una de ellas tiene distintas variantes). En esta forma de ver el estado la razón de ser del gobierno se justifica de distintas maneras: la institucional, la popular, la republicana, la democrática, u otra forma de idealizar su legitimación. El FPV tomo las banderas del PJ de izquierda y se justificó en el apoyo popular, aunque degeneró en un populismo prebendario (daría para otro artículo analizar las diferencias entre gobierno popular y gobierno populista).

La Alianza tuvo un estilo “estado levemente institucional”, ya que pretendió retornar a la forma de gobierno que tuvo el gobierno de Alfonsin, pero su debilidad política de origen lo llevó a convertirse en una borrosa copia. El menemismo llevo a cabo una administración tipo “estado feudal pseudo liberal”, donde el personalismo feudal, se conjugó con políticas económicas neo liberales que le dieron a la administración de Menem un tono de sainete post moderno. A nadie le cabe la menor duda que el gobierno de Alfonsín tuvo un estilo “estado institucional democrático”, quizás tan enfocado en llevar a cabo el afianzamiento democrático, que descuidó fatalmente la economía.

Volviendo al tema original, el estado empresarial, esto no se produce al designar en puestos claves del gobierno a CEOs de grandes empresas, sino en la impronta política que le dio el presidente Macri a su administración. En una empresa si las cosas no van bien, lo primero que se acomoda son los grandes números, no los empleados, Es mas, si el problema que existe no es de naturaleza administrativa, sino operativa, un CEO no interviene en forma directa sino que genera un control administrativo y posteriormente produce los cambios en la conducción operativa de la empresa. Estas dos características explican las conductas del gobierno en sus primeros días.

Las primeras medidas del gobierno respecto al pago de los juicios iniciados por acreedores que no aceptaron la re-negociación de la deuda (los famosos “buitres”), los ajustes de tarifas a valores que respondan a sus respectivas estructuras de costo y la unificación del mercado de cambio (podemos discutir si fue un sinceramiento o una devaluación), se asemejan a medidas que tomaría un empresario al hacerse cargo de una empresa que funciona mal. La primer analogía: poner a la empresa sujeto de crédito es algo que expresaron varios dirigentes del PRO, respecto a la necesidad de terminar con la situación de default de la deuda externa del país, por lo que no es necesario ningún análisis.

La segunda, el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, es lo que ocurre cuando cualquier empresa re-calcula y actualiza sus costos trasladándolos al precio de sus productos o servicios; debemos tener en cuenta que un empresario protege su “core bussiness” privilegiándolos respecto de actividades anexas (por ejemplo, una empresa que produce leche también puede producir quesos y yogur, pero su objetivo siempre será producir leche y subordinará a esto el resto de sus actividades). Se debería aclarar aquí que parte de la concepción liberal clásica del estado (que parcialmente comparte este gobierno) es que sus funciones principales son; seguridad, salud y educación; esto se completaría con desarrollo y promoción social en la visión que postula Cambiemos. De modo, que los servicios públicos deben ser soportados por sus usuarios y los subsidios que mantenían bajas sus tarifas redirigirse a financiar sectores mas vulnerables, Como ejemplo de ello las palabras de la vicepresidente Michetti, el aumento del alcance de las asignaciones familiares y las tarifas sociales son evidente prueba de ello.

El fin del cepo cambiario puede verse como una devaluación o una unificación del valor del dólar, independientemente del análisis económico (que favorece a la posición del gobierno) esta medida es análoga al proceso de saneamiento financiero de cualquier empresa donde los valores contables se ajustan a la realidad del funcionamiento diario de la empresa. Si los valores con que se asientan las operaciones en un balance no son reales, la administración de la empresa no tiene la información exacta de como está funcionando. En este sentido el fin del cepo al dólar y la necesidad de un INDEC que de valores reales, son parte de una necesidad, tanto en la empresa como en el estado, para poder administrar en forma realista las medidas económicas que se tomen.

Otras medidas que ha tomado el gobierno se pueden analizar y llegar a analogías similares, tal sería el caso de los despidos de personal contratado en el estado, la racionalización del gasto, la quita de subsidios, etc. Ahora bien, un estado empresario prioriza su funcionamiento por sobre su personal, aunque sabe (algo que ignoran las viejas posiciones marxistas) que sin una fuerte dotación de capital humano no puede sobrevivir en un mundo globalizado, competitivo y altamente tecnificado. Lo único que sucede es que primero se arreglan los números, después los papeles y al final el personal. Por ahora el gobierno está arreglando los números, luego veremos.

Voto electrónico, el debate que se viene (Parte 2)

En la primera parte resumí el trabajo realizado por las organizaciones que componen la red SER FISCAL y postulé que solo un sistema basado en software libre puede garantizar la absoluta transparencia de los comicios. Para ello no solo se debe contemplar el acto comicial sino todo el sistema en su conjunto.

Para un mejor análisis de la contribución de la tecnología, se debe detallar como se podría mejorar cada etapa del proceso electoral donde intervienen o podrían intervenir elementos tecnológicos. El proceso electoral se divide en cuatro etapas y en cada etapa se cumplen distintas tareas, en cada una de ellas se puede analizar la participación de la tecnología y como se puede mejorar. Este análisis es el siguiente:

I.- Etapa preelectoral

1. Confección de padrones provisorios: las Tics aportarían elementos para simplificar su

• La integración de las bases de datos de los registros de las personas, sobre todo a partir de las obtenidas con los nuevos documentos de identidad, que aporta datos biométricos.
• La integración con las bases de datos del ANSES, que permitiría depurar por fallecimientos de personas, situación de empleo (para disponer de datos actualizados en la designación de autoridades de mesa), domicilio laboral (personas que tienen registrado un domicilio en una localidad y trabajan en otra muy distante).
• Integración con bases de datos de los partidos políticos (a los efectos de no designar
  a un afiliado a un partido como autoridad de mesa).
• Incorporación del correo electrónico en el padrón para uso de las autoridades electorales.
• Preselección de candidatos a autoridades de mesa, a fin de elaborar un listado público y que las personas puedan excusarse con anticipación.
• ncorporar un padrón digital al que se le agreguen datos biométricos para una identificación efectiva del votante, y quienes, pueden ser elegidos autoridades electorales.
• Publicación en un sitio web del padrón para que los ciudadanos tengan conocimiento de cómo figuran y puedan solicitar cambios (excusarse de ser autoridad electoral, cambio de domicilio).
• A partir de la incorporación de los datos biométricos se pueden generar terminales de autogestión para la modificación de datos del padrón.

2. Designación de autoridades de mesa: las designación realizada con el auxilio de los

instrumentos propuestos en el inciso anterior permitiría:

• Elegir autoridades mediante un algoritmo computacional público, de código abierto y auditable; aplicado a la base de datos donde ya estarían preseleccionados las potenciales autoridades electorales.
• Utilizar el correo electrónico para una primera notificación, pudiendo la autoridad designada concurrir a los terminales de auto-gestión para confirmar o solicitar su excusación.

3. Distribución de citaciones a autoridades de mesa: las utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Las autoridades que fueron notificadas y aceptaron o se excusaron, no se incluirán en la notificación lo que reduciría y simplificaría el proceso de notificación tradicional.
• El uso de los terminales de auto gestión, permitiría usarlos para los trámites de excusación y confirmación de la aceptación de la designación, lo que simplificaría la gestión de notificación y aseguraría con mayor certeza la concurrencia de las autoridades designadas.

4. Envío de materiales a Secretarías electorales: las utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• La utilización de envío electrónico de datos.
• El control ciudadano de los trámites realizados si el proceso se comunica mediante su publicación en una página web (situación similar a la que se realiza con muchos trámites públicos)

5. Aprobación de modelos de Boletas: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• La comunicación entre las autoridades electorales y los partidos políticos por acceso web y realizar estos trámites en forma digital.
• Los modelos se pueden publicar en una página web de modo de estar disponibles para que cualquier ciudadano consulte.

6. Franquicia de distribución de boletas: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría que esto no fuese necesario.

7. Impresión de padrones definitivos: las utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Contar con padrones digitales e impresos, lo que reduciría en mucho los costos de
  gráfica.
• Los padrones deberían dividirse en dos clases, uno público con información reducida que permita al votante y a cualquier ciudadano consultar donde vota, si puede ser autoridad de mesa o si fue designado como autoridad. Y un padrón reservado conteniendo la información completa de los votantes (incluyendo los datos biométricos) que solo debe circular cifrado y protegido con un sistema de doble clave (similar al mecanismo utilizado por las transacciones de bitcoins).

8. Envío de padrones a Secretarías Electorales: las utilización de los instrumentos propuestos

en los incisos anteriores permitiría:

• La utilización de envío electrónico de datos.
• Los padrones cifrados estarían solo disponibles para su uso por un número restringido de personas, todas identificadas las que dispondrán de una clave personalizada que las identifique cada vez que accedan a los datos.

9. Distribución de financiamiento de campaña: la utilización de los instrumentos propuestos en

los incisos anteriores permitiría:

• Publicar en un sitio web el mecanismo de otorgamiento de los fondos y la forma de aplicación de los partidos, poniendo a disposición de los ciudadanos la aplicación de los fondos públicos.

10. Distribución de espacios de Radio y TV: las utilización de los instrumentos propuestos en

los incisos anteriores permitiría:

• Publicar en un sitio web el mecanismo de otorgamiento de los espacios y la forma de utilizarán estos espacios por parte de los partidos, poniendo a disposición de los ciudadanos como se distribuye y utiliza el espacio publicitario.

11. Aprobación de pantallas de carga del recuento provisional: la utilización de los instrumentos

propuestos en los incisos anteriores permitiría:

 Usar para la carga del recuento, un software público, de código abierto y auditable.

12. Cierre del software de recuento provisional: la utilización de los instrumentos propuestos en

los incisos anteriores permitiría que esto no sea necesario.

13. Deposito del software de recuento provisional: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría que esto no sea necesario.

14. Custodia de establecimientos de votación: las utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Incluir sistemas de video vigilancia en la parte interna de los establecimientos (correspondiente a FFAA y de seguridad), combinados con las cámaras que posean los municipios (policías provinciales). Se podría generar un centro de vigilancia electoral que centralice y coordine el uso de estas cámaras.

15. Entrega de materiales y documentación electoral: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría que esto se realice de una manera totalmente distinta, en cuanto a tiempos y seguridad.

II.- Etapa Electoral

16 . Presentación de autoridades de mesa: la utilización de los instrumentos propuestos

permitiría:

• La identificación de autoridades mediante sensores biométricos.
• La autenticación de los sistemas de uso en las mesas mediante sensores biométricos.
• El acceso a auditoria y verificación de sistemas también por sensores biométricos.
• El uso de un sistema informático en lugar del sistema basado en papel para el control de emisión de voto y registro del mismo.

17 . Presentación de Fiscales de Mesa: la utilización de los instrumentos propuestos permitiría:

• La identificación de fiscales mediante sensores biométricos
• La autenticación de los sistemas computacionales para su uso en las mesas mediante sensores biométricos.
• El acceso a auditoria y verificación de sistemas también por sensores biométricos.

18 . Constitución Mesa, armado de urna, acondicionamiento del cuarto oscuro: la utilización de

los instrumentos propuestos permitiría:

• El reemplazo del sistema de voto actual por una máquina de voto electrónico, por lo tanto, en esta tarea solo se verificaría el funcionamiento y se realizaría los controles que realicen las autoridades y los fiscales.
• La máquina de voto electrónico, cualquiera sea su modalidad (emisión y almacenamiento de voto, impresión de voto, sistema mixto de votación e impresión, etc.) se activa con los datos biométricos de las autoridades de mesa y los fiscales.

19 . Identificación de los electores: la utilización de los instrumentos propuestos permitiría:

• La identificación de los electores mediante sensores biométricos.
• La publicación en tiempo real en una página web de la cantidad de votantes por mesa.

20 . Control de Boletas en cuarto oscuro: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores eliminaría esta tarea, pudiendo solo controlarse el normal funcionamiento de los equipos de voto electrónico.

21 . Utilización de boletas de contingencia: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores eliminaría esta tarea.

22 . Escrutinio de mesa: la utilización de los instrumentos propuestos permitiría:

• Un doble o triple sistema de verificación (conteo de la máquina de voto electrónico, conteo de voto impreso y conteo de impresión testigo en la máquina de voto electrónico).
• La definición de un procedimiento ágil y rápido de recuento y verificación.

23 . Confección y suscripción de acta certificados y telegramas: la utilización de los instrumentos propuestos permitiría:

• La confección de un acta digital encriptado y su respaldo en un documento impreso.
• El envío del acta digital desde la propia mesa de votación

24 . Colocación de telegrama en sobre funda: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea se aplique solo al respaldo impreso del acta de la mesa electoral.

25 . Repliegue de materiales y documentación: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores implicaría que esta tarea se aplicaría a los equipos y sistemas utilizados en el acto electoral.

26 . Custodia del repliegue de materiales y documentación: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores implicaría que esta tarea se aplicaría a los equipos y sistemas utilizados en el acto electoral.

III.- Etapa Postelectoral

27 . Llegada de telegrama a Centro de Digitalización Documental (CDD): la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Una validación on line por parte de las autoridades y fiscales de mesa del acta, en CDD que actuaría como un nodo intermedio entre la mesa y el CPD.
• Distribuir copias de las actas a los centros de cómputos de los partidos participantes de los comicios.
• Adicionalmente este trámite (no el resultado) podría volcarse en una página web.

28 . Apertura de sobre funda en la CDD: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores restringiría esta tarea a una tarea de verificación de los datos del acta digital con la copia impresa.

29 . Escaneo del telegrama en CDD: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores solo se utilizaría como respaldo digital de la copia impresa del acta.

30 . Entrega electrónica del telegrama al Centro de Gestiona de Datos (CGD): la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea no fuera necesaria.

31 . Seguimiento on line del estado de la carga del telegrama en la CGD: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea no fuera necesaria.

32 . Seguimiento on line del estado de la carga del telegrama en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD): la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea no fuera necesaria ya que sería parte de un proceso ya iniciado anteriormente.

33 . Publicación on line de la imagen escaneada de cada telegrama: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea no fuera necesaria.

34 . Depósito del software para su verificación: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea no fuera necesaria.

IV.- Escrutinio Definitivo

35 . Detección de irregularidades en los cómputos provisorios: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Tener registro de cualquier irregularidad en el propio sistema (discrepancias entre el recuento y el resultado de las máquinas de voto electrónico, problemas detectados en las verificaciones de equipos, etc.).

36 . Control formal de actas: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Un control múltiple, ya que se puede auditar la máquina de voto electrónico, los comprobantes impresos o los comprobantes internos de la máquina, las actas digitales y los respaldos impresos.

37 . Resolución de votos observados e impugnados: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea no fuera necesaria, ya que sería resuelta en el inciso anterior.

38 . Escrutinio por mesa: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores permitiría:

• Realizar el escrutinio definitivo mediante programas que interpreten las actas digitales, la copia impresa y la copia de la máquina de voto electrónico.

39 . Ingreso de datos al sistema de Escrutinio definitivo: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea la realizara automáticamente el ítem anterior.

40 . Aplicación del Sistema Electoral: la utilización de los instrumentos propuestos en los incisos anteriores haría que esta tarea se realice por la aplicación de un algoritmo computarizado, sujeto a aprobación de las autoridades electorales.

Una última e inevitable consideración es que esta propuesta se formula como un punto de partida para una discusión mas amplia que permita obtener el mejor sistema posible que garantice en el futuro elecciones trasparentes y sin proscripciones.

Voto electrónico, el debate que se viene (Parte 1)

Este tema marca un poco mis diferencias con el PRO, la opinión generalizada en el gobierno, es que debería implantarse el mismo sistema que en Brasil, hasta incluso adquirir o alquilar los equipos que allí se utilizan. En mi opinión, reducir el problema del actual sistema electoral a la emisión y recuento de los votos, es simplificar demasiado el problema. Por ello es interesante un trabajo realizado por las organizaciones que componen la red SER FISCAL, cuyo resumen realicé como parte de una propuesta que presenté ante los miembros de la red; y que estoy enviando a quien me lo pida al mail opinion.politica.argentina@gmail.com .

Un resumen de dichos problemas es el siguiente:

• El sistema de boletas partidarias impresas por los partidos políticos genera una gran desigualdad entre los partidos con grandes recursos económicos y los partidos con pocos recursos económicos. Esto se pone de manifiesto, cuando se roban boletas de los partidos en los cuartos de votación y los partidos pequeños carecen de recursos (fiscales y mas boletas para reponer) para afrontar los problemas que surjan en la elección.
• La complejidad de boletas sábanas con alianzas entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales, conspira para que elegir una opción independiente que no se integre en una lista sábana, sea algo sencillo.
• El sistema de recuento de los votos emitidos en las distintas categorías, se hace en forma manual, sin un procedimiento establecido y regulado; esto genera demoras, interferencias y equívocos accidentales o intencionados.
• Como todo sistema pensado para que se actúe sin malicia, el actual sistema fué vulnerado por actos maliciosos que buscaron beneficio propio o de un sector, o solo entorpecer u obstruir en acto comicial.
• Los sistemas de contralor, no actúan en forma independiente de los partidos o intereses en pugna durante la elección. Además, hoy no es posible auditar todos y cada uno de los pasos que integran el proceso, desde su inicio hasta su fin. Esta capacidad de auditoria está limitada a determinados aspectos de la elección y a determinadas personas, impidiendo el acceso a organizaciones de la sociedad civil.
• Existe en el actual sistema, un proceso de digitalización, transmisión de datos y carga provisional de datos, que se realiza en forma electrónica, mediante software propietario con una capacidad de auditoria restringida, ya que los equipo y programas de digitalización de actas de escrutinio, de transmisión electrónica de dichas imágenes digitalizadas y el proceso de carga de las actas, se fiscalizan por observación y simulacros previos, pero sin intervención directa de los fiscales.

Esta lista no agota los problemas existentes en el actual sistema electoral. Ante esto se han realizado varias propuestas y experiencias en distintas partes del país, las cuales pueden ageuparse en las siguientes categorías:

• Propuestas de naturaleza política, como ser las restricciones a alianzas múltiples entre distintas categorías electorales (las llamadas “colectoras”).
• Propuestas de naturaleza metodológica, como es el sistema de boleta única.
• Propuestas de naturaleza logística, como generación de recursos monetarios y publicitarios,
• Propuestas de naturaleza tecnológica, como sería el voto electrónico.

Es en esta última categoría se ha centralizado la propuesta en el sistema brasilero, sistema que está basado en el uso de programas propietarios. Estos programas están sujetos a la ley de propiedad intelectual y no se permite tener acceso público irrestricto al código fuente del programa (el código es la forma en que trabaja el programa, expresado en un lenguaje de programación). Esto solo debería bastar para que no sea viable la opción ya que se utiliza un instrumento electoral, cuyo funcionamiento detallado se desconoce. Además si se permitiera tener acceso a dicho código a veedores de los partidos políticos, no hay mecanismos que garanticen que sea ese código el que se instala en cada máquina electoral.

De todos modos, no puede ignorarse que una solución tecnológica debería contemplar todos los aspectos del acto electoral y no solo la emisión y recuento del voto. Pero esto es parte de un siguiente artículo.

Seguridad: Sin imaginación en el poder

A pesar de mis esfuerzos para no cerrarme en mi postura, desde el área de seguridad del gobierno me empujan a ponerme nuevamente en contra de sus medidas. Sin dejar de reconocer que los cortes de calles, avenidas, autopistas y cualquier otra forma de protesta que lesione los derechos de circulación, de propiedad pública o privada (muchas protestas no están exentas de actos de vandalismo, hurto y robo) y integridad física de las personas (se suele ejercer violencia contra quienes se quejan de la forma de protesta); el protocolo propuesta carece de una total falta de imaginación, en el sentido propuesto por este gobierno de ser innovador.

El protocolo propuesto puede ajustarse a las leyes vigentes, pero la legalidad de una medida no implica que sea justa o buena. Por ejemplo, ejecutar una garantía crediticia dejando a una familia sin su casa es legal, pero no es una medida ni justa ni buena. Por eso sostengo que este protocolo no es bueno, ni tampoco justo.

No es justo porque permite visibilizar la protesta de quienes tienen una estructura que les permite organizar actos que resulten tengan repercusión en una plaza y no a un grupo de vecinos que llevan días sin energía eléctrica y se juntan cuando vuelven del trabajo y cortan una calle para visibilizar su queja, ya que no existen otros canales efectivos para hacerlo, y cuando existen no suelen dar respuesta en tiempo y forma a los reclamos.

No es una buena medida, porque una protesta es el resultado de la ausencia de mecanismos de reclamo que tengan el suficiente grado de eficacia para que el reclamo no sea necesario y por ende al no tener justificación, su regulación tendría significado.

Tampoco la medida tiene sustento en el tiempo, ya que regula aspectos del artículo 194 del Código Penal, el cual puede ser derogado por el congreso, donde la Alianza Cambiemos no tiene el número de legisladores necesarios para impedir su derogación. Sin el artículo 194 el protocolo de actuación carece de legalidad y no podrá ponerse en práctica.

En resumen, estamos en presencia de una medida que no es justa, ni buena e incluso que podría quedar sin efecto, sin que el gobierno pudiera evitarlo. Algo mas que se debería señalar es la inoportunidad política de la medida, en un momento que el gobierno busca aunar consensos (con mas desaciertos que éxitos, en los últimos días), por ello buscar una solución al problema de las protestas y los cortes de calles, debería haber sido mas creativa.

Podemos proponer algunas alternativas con un poco mas de talento que el que fuera empleado por los autores del protocolo (un protocolo que emana cierto “tufillo autoritario”, mas propio del pensamiento policial represivo, que de una conducción política respetuosa de los derechos ciudadanos). Una primera medida sería obligar a presentar una demanda que fundamente la protesta, la cual debería de trámite sumario y obligara al estado a dar una solución a la demanda. Si la demanda no es satisfecha (48 horas) se habilita de oficio el reclamo público y la protesta. Este procedimiento debería ser público (por ejemplo estar disponible en un sitio Web) de modo que pueda ser consultado y difundido por los medios de comunicación. Las organizaciones o personas que iniciaron la demanda inscriben la protesta en un registro indicando lugar, fecha y duración; el estado designa a un funcionario mediador que negocie los términos de la protesta de forma tal que se garanticen los derechos de los manifestantes y del resto de los ciudadanos. La previsión del acto, permite la reorganización de la circulación vehicular para minimizar el impacto sobre los transeúntes, coordinar que carriles se cortan, definir un carril que permita la circulación y el mantenimiento de un carril de emergencia para ambulancias, bomberos u otras emergencias (caso de traslado de embarazadas, enfermos o accidentados en vehículos particulares, vehículos de servicios públicos que atiendan a una emergencia como caída de cables, fugas de gas, etc.). Recordemos que mientras exista un carril de circulación, no hay cercenamiento del derecho de circulación, mas si se garantiza que no se impide el paso de cualquier vehículo en situación de emergencia. La organización de la protesta debería garantizar que los participantes no concurran encapuchados y con palos u otro tipo de armas, en caso que esto ocurriera, las organización de la protesta debe denunciarlos, como así también la presencia de personas no deseadas por la organización de la protesta; así el personal policial interviniente queda habilitado para retirar e incluso detener a estas personas (por ejemplo por promoción de disturbios e iniciación a la violencia). En caso que los organizadores no los denuncien podrán ser pasibles de ser ellos mismos imputados como responsables de los delitos que estas personas cometan. En el caso de la prensa, la misma debería tomar conocimiento de los lugares seguros desde donde cubrir el hecho y en caso de ubicarse en otro lugar saber que riesgos puede correr. Todo esto deber ser registrado en vídeo, que sería prueba suficiente del accionar del personal del estado que intervenga. Cualquier otro uso de este material de video (presiones laborales, inclusión en listas de despido, etc.) que cause perjuicio a los manifestantes deberá sancionarse, tanto a quienes tengan responsabilidad de su guarda, como a quienes lo usen y no sean parte del estado (ejemplo, después de una protesta laboral se despiden a participantes identificados en estos vídeos, se deberá sancionar tanto a quienes registraron, almacenaron y son guarda del vídeo, como la empresa que produjo el despido).

En el caso de protestas espontánea se debería contar con una guardia de negociadores que informen a los manifestantes, sobre que requisitos deben cumplir. Se debería dar intervención a autoridades judiciales que supervisen el caso (los jueces deben cubrir una guardia y contar con un servicio vídeo conferencia). El no acuerdo con el negociador (que debería ser un funcionario judicial y no un policía) habilitaría el uso de la fuerza para restablecer la circulación y salvaguardar el orden público.

Esto, lejos de ser una propuesta, es un ejemplo de como se podría hacer algo distinto, e inclusive no me cabe dudas que abriendo un espacio de diálogo se obtendría una mejor medida. Pero también el protocolo tiene muchas fallas, por ejemplo no prevé cortes relámpagos de 10 a 15 minutos, cambiando de lugar (cuando lleguen las fuerzas policiales, la protesta cesó y se esta desconcentrando); también se puede solicitar permiso para una protesta por cualquier vía a la menor velocidad que permita las disposiciones de tránsito, como los vehículos concurren a una manifestación pueden exponer carteles o pancartas, y la vía de acceso a la manifestación puede extenderse por un gran tramo. También se podría manifestar en forma de petitorio público, transitando las aceras y manteniendo una distancia de un metro entre manifestante y manifestante, mientras se reparten volantes y folletos que expliquen el motivo de la protesta, de esta manera se puede lograr cubrir un gran área y generar un mayor impacto de difusión. Se puede usar la pausa de los semáforos en cascada para exhibir carteles y pancartas, caminado entre los autos detenidos, la extensión de la protesta, que no infringe ninguna ley podría extenderse a lo largo de la Avenida Libertador o 9 de julio. De este modo creo que queda claro que el protocolo, solo actúa frente a una forma de protesta estructurada y sin imaginación, siendo inútil frente a formas creativas de protesta.

Para terminar, quiero dejar constancia que esta crítica no esta dirigida hacia el gobierno, sino hacia medidas que lejos de ser efectivas traen un gran costo político al propio gobierno. Estas medidas y otras, no solo son ineficaces sino que conllevan un costo político innecesario en las actuales circunstancias donde se debería buscar “aire político” hasta que las medidas de fondo que proponen (aumento de la actividad económica, inversiones, etc.) muestren los resultados que dicen van a tener, y sobre esto habría mucho que decir, pero esa es otra historia.

Seguridad: No se obtienen resultados distintos aplicando el mismo método

Ya lo dije en mi artículo anterior, las políticas de seguridad no están funcionando, no por errores de gestión sino por la política que se aplica en este área. Un listado de mis diferencias con las políticas que veo, se están aplicando son:

• La utilización de un concepto de seguridad restringido a la prevención y represión del delito.
• La utilización de las instituciones policíacas y de seguridad existentes, como instrumentos de aplicación de las políticas de seguridad.
• La pretensión de re encausar instituciones con altos índices de corrupción y la complicidad con el delito, utilizando a las mismas personas.
• La consideración de los hechos que afectan la seguridad como fenómenos estáticos y aislados, cuando la evidencia empírica los muestra como dinámicos y con muchas vinculaciones.
• La no utilización de tecnología como parte del proceso de re estructuración institucional de las fuerzas de seguridad, y si para para cubrir las falencias operativas.

Paso a detallar el porque de mis diferencias, la primera surge sobre la consideración misma del concepto de seguridad, algo que se ve restringido solo al tema de delito, lo cual si bien es un gran problema, no puede aislarse de otros aspectos de la seguridad tomada en un sentido mas amplio. Ya he propuesto una definición del concepto de seguridad en mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” (http://www.amazon.ca/Seguridad-Desde-Optica-Las-Instituciones/dp/3847358634), como: “toda acción tomada para preservar la vida, la integridad y los bienes de las personas”. De ello surge que el delito se incluye, pero no exclusivamente en la definición de seguridad. Me permito dar un ejemplo, el transito ocasiona mas muertes, lesiones y posiblemente mas daño de bienes que los delitos violentos. Si bien podría desvincularse al tránsito de las políticas de prevención del delito, el control de vehículos y personas en la rutas, permitiría controlar si circulan a una velocidad excesiva y también que el vehículo no tiene orden de secuestro o se lo vincula a algún presunto delito, lo mismo que las personas que viajan en él.

Las instituciones que ejercen el poder de policía del estado están atravesadas por corrupción, complicidad con el delito, abuso de autoridad e incompetencia; también es cierto que no pude prescindirse de dichas instituciones para formular una política de seguridad. Por ello es necesario una reforma profunda de las instituciones y no solo medidas de orden organizacional o administrativo, es necesario reformular los roles de las personas en las instituciones, definir procedimientos que garanticen al personal su accionar en el marco del estado de derecho. Por ejemplo el uso de fuerza letal, un efectivo policial que en uso de sus facultades se enfrenta a un delincuente y lo mata, sufre un proceso de investigación largo e incierto; de contar con un procedimiento al cual se ciña al usar fuerza letal, el proceso de investigación podría ser sumario, sin afectar al efectivo y no generar en la fuerza la idea que es preferible no enfrentar a un delincuente antes que ser sumariado e investigado por un largo período de tiempo con perdida de salario y beneficios. Del mismo modo cualquier efectivo al que se le pruebe complicidad con cualquier delito debería enfrentar una condena de al menos el tres veces la prevista por el delito del cual fue cómplice.

También debe incluirse en las instituciones involucradas con la seguridad a los organismos judiciales donde pareciera que el solo hecho de tener un título de abogado habilita una persona para investigar cualquier delito. Así como se pretende que un policía tenga un muy buen nivel de instrucción, se debería exigir que el cuerpo de fiscales tenga una especialización de grado o postgrado en investigación de delitos, hasta incluso requerir especialización en las categorías de delitos donde actuará (penal, económico, etc.).

La consideración del delito como algo estático, lleva muchas veces a que las instituciones que deben actuar previniendo el delito, en realidad lo “corran de atrás”. Hay instrumentos que sirven para el diagnóstico de lo que ocurrido, pero no para realizar medidas que prevengan el accionar de los delincuentes (entre estos se debe señalar a los mapas del delito, que puede mostrar relaciones entre las características geográficas del delito, su evolución y utilizarlo para analizar la efectividad de las medidas de prevención tomadas anteriormente, las responsabilidades o posibles complicidades). Este concepto del delito como una foto, aísla las responsabilidades legislativas, judiciales y sociales. Si no se cuenta con un cuerpo normativo adecuado, donde la responsabilidad de un acto delictivo no recaiga solo sobre el delincuente que lo cometió, sino que debe incluirse a quienes aportaron información, logística, colaboración, encubrimiento y comercialización de los bienes mal habidos, como partícipes de una asociación ilícita con igual o mayor pena. Si no se cuenta con una administración de justicia, previsible, imparcial, rápida y eficaz, el castigo del delito y la reparación para la víctimas, mantendrá la sensación de inseguridad y no tendrá el efecto disuasorio para quienes pretendan transitar la senda del crimen. Por último, si la sociedad no entiende que el que vende algo robado es tan delincuente como el que lo robó, y quién compra algo robado también es un partícipe necesario del delito, será imposible eliminar el delito. Nuestra sociedad tiende a simpatizar con los delincuentes, y ver a las instituciones de seguridad como repulsivas, esto muchas veces producto de una mala actitud de las fuerzas policíacas, pero también de un avance de la desculturización de los sectores populares (la cultura también incluye la difusión de tradiciones de honestidad, laboriosidad, compromiso por los mas débiles, etc.).

Mi última discrepancia de esta breve lista (un análisis mas extenso excede la extensión de estos artículos) es la tecnología. Es impensable una política de seguridad no soportada en tecnología (la tecnología extiende los límites, limitaciones y capacidades de las fuerzas policíacas, pero no solo se debe limitar a ello), estas tecnologías deben estar integradas verticalmente y horizontalmente. Por ejemplo tomemos el sistema de comunicación policial este sistema debe permitir la comunicación entre todos los agentes en un área operativa (comunicación horizontal) y también con los distintos estratos superiores (comunicación vertical). Además todo sistema tecnológico debe dejar un registro auditable, para el ejemplo anterior, las comunicaciones deben estar grabadas de modo que pueda auditarse el accionar de los efectivos y las ordenes recibidas. De igual modo no puede pensarse en incorporar tecnología sin una adecuada logística de soporte (de nada sirve comprar el mejor sistema tecnológico, si no se dispone de los adecuados niveles de mantenimiento y de los stocks de repuestos necesarios para que la tecnología agote su vida útil funcionando correctamente). Por último, y más como una política mas general, debería utilizarse tecnologías abiertas (open source) no propietarias, dado el riesgo que ellas implican al utilizarse en áreas sensibles de la seguridad pública.

En síntesis las políticas aplicadas por el gobierno de Macri, en esencia hacen los mismo que han hecho los gobiernos anteriores (mas o menos prolijo) y no puede esperarse resultados distintos.