Mucha gente confunde
estos dos conceptos, definamos estado como la estructura burocrática
y de planta permanente que garantiza el cumplimiento de los derechos
y obligaciones de un país (me gustaría mas decir nación, pero este
concepto está muy devaluado por quienes tendrían que enaltecerlo, y
esa es otra discusión); y gobierno es una organización política
que dirige al estado por un período de tiempo limitado y de planta
transitoria (ya que cumplido su período de gobierno los funcionarios
políticos son reemplazados por los pertenecientes al nuevo
gobierno). Estas definiciones que la mayoría de los politólogos o
demás amanuenses de las “ciencias” (¿?) sociales me discutiría,
está hecha en función de un concepto de ingeniería (disciplina
proveniente de las ciencias exactas, y por lo tanto practicante del
método científico formulado por Descartes), donde interesa
describir la función, el alcance y los recursos. Para cualquier
inquietud sobre el planteo de discusiones sobre esto los remito a la
muy extensa bibliografía sobre sistemas y organizaciones, ya que
desde tiempos inmemoriales la ingeniería planteó la forma de
organización del trabajo y no lo ha hecho nada mal, considerando que
pasamos de vivir en chozas, curarnos con rezos y brebajes,
comunicarnos por señales de humo y comer lo que se cazaba, a la
actual civilización (les recordaría a algunos escépticos que la
ingeniería solo interviene en la producción y no en la
distribución)
Dejando de lado este
planteo epistemológico, volvamos al tema de estado y gobierno, los
gobiernos conducen a la estructura del estado, y cuando la conducción
de alguno de sus componentes altera su naturaleza original el
gobierno reemplaza al estado y sus roles se confunden. Cuando los
gobiernos no conducen y solo administran, el estado impone su
burocracia sobre las políticas que pretenda implementar un gobierno.
Esta es una tensión ineludible de entre las políticas de gobierno
(particulares de un partido político) y las políticas de estado (en
teoría las establecidas por consensos de mayorías parlamentarias).
Cuando una mayoría circunstancial establece políticas de estado sin
consensos el estado desaparece como expresión de continuidad entre
distintos gobiernos, debilitando su propia naturaleza, y lo que es
peor, restando presencia ante la ciudadanía. Por otra parte un
gobierno sin poder y sin capacidad de negociación queda sometido a
una presencia burocrática que limita su capacidad de realizar su
propuesta política. El estado eclipsa al gobierno y este pierde
legitimidad.
Las restantes
instituciones esenciales del estado, el poder legislativo y el
judicial, en un país republicano con un sistema presidencialista,
tienen menor participación en el estado de la “cosa pública”.
Los legisladores, que si bien cuentan con representación popular que
respalda su función, rara vez surgen de la forma prevista en la
constitución, sino que obtienen su postulación, nominación y hasta
incluso su cargo, en virtud de su cercanía a referentes políticos o
su obsecuencia con los mismos. Similarmente hay jueces, suelen llegar
al ejercicio de su cargo por cercanías a distintos factores de poder
(aquí no necesariamente influye el poder político, sino también
corporaciones profesionales, religiosas, económicas, etc.).
Así, en un escenario
donde los gobiernos presentan mas legitimidad de origen que los
restantes miembros de los otros poderes del estado (por si hay que
aclararlo, a un presidente se lo elije en forma directa, los
legisladores surgen de listan sobre las cuales no hay elección
directa, y los jueces surgen muchas veces por la influencia de algún
factor de poder, de allí que el ejecutivo muestre una mayor
legitimidad ante el pueblo), no es extraño que se tienten con
ejercer su poder sin tener mucha consideración con el resto de los
poderes, así se subordina el dictado de leyes o el cumplimiento de
sentencias al criterio presidencialista.
La historia nos muestra
muchos ejemplos de esto, así el aumento de las atribuciones que
logra un presidente lo hace a costa de la pérdida de poder de los
restantes componentes del estado, así la burocracia estatal cede
lugar a funcionarios gubernamentales que lo colonizan con miembros de
su grupo político. El riesgo que se corre, es la “feudalización”
de sectores del estado. Entonces, desaparece el control cruzado de
poderes que consagra nuestra constitución y el “funcionario
político” se convierte en amo y señor del sector gubernamental a
su cargo. Este es el primer paso hacia la corrupción, e incluso al
delito de acción pública (algo que ya debe haberse erradicado de la
legislación vigente por la misma influencia de la que hablamos).
También debe
reconocerse, que no se llega a este estado d cosas sin la
participación necesaria de la oposición política al gobierno, ya
sea por acción u omisión. Por acción cuando pretende participar de
un gobierno de distinto signo político, bajo la forma de alianzas,
adhesiones o la mera negociación; y por omisión, cuando no genera
una opción política alternativa que sea atractiva (o la menos vista
como viable) para la mayoría de la ciudadanía. Lo peor es que así
se legitima al grupo político en el gobierno.
Por último, el gobierno
fracasa inevitablemente, ya que la falta de controles lleva a la
pérdida de rumbo, que se expresa en un primer momento como
contradicciones (entre la ideología declamada y las acciones de
gobierno) y finalmente con el fracaso de las políticas implementadas
(la corrección de las acciones emprendidas son la garantía de éxito
de la implementación de una política). La principal consecuencia de
su fracaso es la deslegitimación de la ideología declamada, por el
fracaso del gobierno. Un ejemplo histórico, es el fracaso del
gobierno comunista ruso, por el cual se consideró fracasadas las
teorías marxistas (aunque la distancia entre las propuestas de Marx
y las llevadas a cabo por los gobiernos rusos , eran enormes).
Valen todas las analogías
que se quieran plantear en los gobiernos argentinos de los últimos
30 años, es un buen ejemplo de practica política.
