¿Qué quedó de las elecciones?

Parece que hubiera sido hace mucho tiempo y apenas pasó un mes, las elecciones parecieron cambiar algo que no cambió nada. El gobierno aprovechó el resultado para reajustar su gestión política que mantiene el mismo rumbo y la oposición agitó un resultado favorable, que más que favorable para ella era desfavorable para el gobierno. Así el escenario político se convirtió en algo parecido a una pelea de box, donde el campeón mantiene el centro del ring y el retador gira en torno a él haciendo fintas, pero sin acertar ningún golpe contundente.

¿Cuál fue la conclusión más importante de estas elecciones? ¿Qué ganó la oposición? ¿Que perdió el gobierno? ¿Qué resurgió la Izquierda, Carrió, Solanas o alguna fuerza provincial? En realidad los resultados numéricos pueden sintetizarse como una expresión del desgaste de algunas gestiones de gobierno, la reafirmación de otras gestiones o la irrupción de nuevas opciones que despertaron la adhesión de los votantes. Pero la conclusión más importante fue la consolidación de los poderes políticos territoriales (municipales o provinciales) frente a las estructuras y superestructuras políticas.

Veamos el detalle de esta conclusión, en la capital federal el PRO y UNEM representaron una clase media burguesa de centro derecha o liberal que soporta al PRO y una burguesía liberal progresista que apoyó a UNEM, los votos obtenidos por la izquierda y otras expresiones políticas minoritarias representan sectores con posiciones un poco más radicalizadas de las dos anteriores. La proporción de votantes del FPV estuvo soportada en un proletariado urbano minoritario.

En la provincia de Buenos Aires el proyecto del Frente Renovador se soportó en una alianza de intendentes que aportaron el caudal principal de votos, los votos del FPV también respondieron a los liderazgos territoriales de los intendentes que adhirieron. De las restantes fuerzas, el radicalismo exhibió la adhesión de una clase media urbana minoritaria, los partidos de izquierda captaron a sectores progresistas desilusionados de los partidos tradicionales, los partidos locales lograron una importante participación y otras expresiones no lograron más que sumar mínimas expresiones de descontento. Los resultados de otras provincias se encuadran en el mismo análisis que ratifica el carácter territorial del resultado electoral vinculado a fuerzas políticas locales.

La necesidad del FPV de encontrar a un referente para las próximas elecciones enfrenta a distintos representantes territoriales provinciales algunos con poder propio (los gobernadores del interior) y otros surgidos de la superestructura política (funcionarios o gobernadores sin poder territorial propio como Scioli). La lucha de poder se centra entonces entre la articulación de la representación territorial con representación propia y la superestructura política que subordine a los representantes territoriales. Hasta ahora se subordinó y/o condicionó a la representación territorial mediante la obra pública, los ATN, y medidas de apoyo social, pero el nuevo escenario colocó la balanza del poder en los territorios. El FPV había preferido no desarrollar con fuerza propia el poder territorial y hacerlo mediante cooptación de referentes territoriales, los cuales adherían al proyecto del gobierno. Así la transversalidad, entendida como la construcción de una alternativa de fuerzas políticas progresistas con independencia de su origen político, se convirtió en una cooptación de fuerzas políticas territoriales subordinadas a una superestructura política liderada por el gobierno.

Estas elecciones demostraron que la superestructura política no puede enfrentar a una estructura territorial coordinada, al cual necesita generar liderazgos que le permitan plantear una alternativa viable para 2015. Este último párrafo me genera un “deja vouz” de viejas discusiones de la década del setenta, donde curiosamente quienes dicen representar los cuestionamientos de aquella juventud peronista de izquierda han puesto en práctica lo que se criticaba como estructura “pejotista” y los barones del conurbano bonaerense se han agrupado presentando una alternativa territorial unificada que se aproxima más a las propuestas de la juventud setentista del peronismo.

Este enfrentamiento no solo plantea la disputa del poder entre los dos grupos sino también amenazas adicionales a cada grupo; la superestructura enfrenta el reclamo por la  participación en el poder por parte de los representantes territoriales y de la designación autónoma de representantes en las legislaturas provinciales y nacionales: las alianzas territoriales responden y son estimuladas por viejos representantes de la superestructura que no tienen representación territorial propia, pero que no pueden liderar un proceso eleccionario, requiriéndose el surgimiento de nuevos referentes para las próximas elecciones, construcción que dada la dimensión nacional de las elecciones plantea la duda sobre la posibilidad de compatibilizar grandes grupos de personas en una estructura más horizontal.

Quienes puedan resolver simultáneamente la confrontación externa y las internas, podrá presentar una alternativa viable en 2015.

Historia de dos relatos

Parafraseando a Dickens nuestra sociedad se ha dividido en dos relatos, uno proveniente de posiciones a favor del actual gobierno y otro provenientes de posiciones antagónicas, ambos construyen una realidad según sus propios intereses o visiones, ambos no describen la realidad la relatan. Una prueba más que evidente de esto puede verse en los párrafos iniciales de la Historia de dos Ciudades: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.”

No creo que alguien pueda expresarlo mejor, el maniqueísmo dialéctico del oficialismo y la oposición nos muestran dos mundos distintos, y no nos dan opción de vivir en otro. Esta construcción condiciona el surgimiento de propuestas alternativas que son rápidamente asimiladas a las posiciones dominantes perdiendo su identidad, lo que les resta posibilidades de adhesión popular.

Un hecho adicional lo genera la pugna electoral, que se ha adaptado a las teorías sociológicas del “justo medio” (tendencias de las mayorías a apartarse de posiciones radicalizadas) o como mejor o expresa Jorge Asís, la posición “aire y sol”. Vemos, como en función de esto, los relatos divergen en función de las adhesiones a uno u otra posición; y convergen cuando elaboran una propuesta electoral. Creo que esta es la causa principal de la falta de una presencia plural en la escena política, hecho al que se le suma la capacidad de ciertos dirigentes del partido justicialismo para presentarse como oposición a quienes gobiernan y son del propio partido.

Me surgen dudas: ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué la realidad no es analizada tal cual es, sino en función de un relato? ¿Cómo puede sostenerse una dirigencia que cambia de oficialismo a oposición del mismo partido? ¿Por qué no se establece una opción opositora que no surja de las filas del peronismo (más bien de alguno de los “ismos” que se asocian la peronismo)?…. Y siguen las dudas.

                

Las mentiras que se dicen sobre la seguridad

Como dice el refrán “no hay verdades absolutas pero si mentiras evidentes”, lo cual puede verificarse con los dichos y los hechos de los últimos tiempos, exacerbados por la proximidad del acto eleccionario.

Empecemos por aquellos que proclaman tener un plan y solo dicen obviedades tales como aumentar los efectivos policiales. Primera mentira: la cantidad de policías no garantiza la seguridad, solo la mayor o menor cobertura zonas de vigilancia y la evidencia de su inefectividad es que los delincuentes buscarán siempre sectores con menor vigilancia para cometer sus delitos, sin considerar que existen sobradas evidencias sobre “zonas liberadas” por policías en connivencia con delincuentes.

Otra consigna que enarbolan los políticos en campaña es el endurecimiento de las penas por distinto tipo de delito, los cual incluso lleva  a algunos impresentables a proponer la pena de muerte. No hay mentira más evidente que esta, ya que distintos estudios de criminalística no han demostrado que aumentando las penas se disminuye la cantidad de delitos. Pero es interesante en este punto destacar que muchos creen que la seguridad se consigue castigando y no previniendo. Como postule en mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” el castigo de un delito supone que el delito se cometió y por lo tanto ya se produjo un daño. Se puede agregar que la tasa de esclarecimiento y condena de delitos no supera el 10%, así que prometer un castigo cuya probabilidad de aplicación es menor a 0.1, no tiene mayor impacto en la población de delincuentes. Además, en la sicología del delincuente debe considerarse que este supone que podrá delinquir sin ser descubierto y condenado (lo que las estadísticas demuestran) y por ello no es la pena lo que puede hacerlo desistir.            

También se habla de terminar con “la puerta giratoria” por la que muchos delincuentes son liberados luego de ser capturados. Es interesante que nadie apunte al análisis de por qué se produce la excarcelación de los delincuentes detenidos, si es por incumplimiento de los procedimientos legales o por inconsistencia de la prueba, esto nos remite a la preparación del personal policial y de la fiscalía, que tipo de formación y capacitación poseen los cuadros policiales, que formación específica poseen los fiscales, cuántos de ellos tienen estudios de criminalística. Hablar de jueces garantistas puede hacerse si se puede afirmar a ciencia cierta que la investigación y acusación de un delito se realizó por personal idóneo que cumplió con todos los requerimientos necesarios para que el presunto delincuente sea condenado (nuevamente la estadística pone esto en duda).

El problema de la imputabilidad de los menores pone en evidencia el desconocimiento de la realidad de quienes proponen políticas de prevención del delito (no las llamemos políticas de seguridad, porque no lo son, la seguridad tiene una dimensión mucho mayor). La delincuencia juvenil pone en evidencia un problema social de marginación, falta de educación, problemas sociales y económicos; por ello se busca proponer una solución fácil que conforma a la mentalidad pacata de muchos “preocupados” por la inseguridad, encarcelando al delincuente juvenil o proponer dejarlo libre dada su condición de menor: De lo poco que coincido con el Dr. Zaffaroni es que para condenar a un menor se lo debe juzgar antes con los mismo derechos que a un adulto, liberarlo o condenarlo sin juicio supone prejuzgamiento, suprimiendo así el derecho a la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero antes de optar por una de las propuestas se debería contar con instituciones que garanticen el cumplimiento de la condena y su reinserción, la asistencia a adicciones, la ayuda social a familias por problemas (no darle plata, sino educación, salud y condiciones de desarrollo). Hasta tanto un estado que no puede darle la contención a un menor para que este pueda desarrollarse como persona, no puede ponerlo preso.

Las cámaras de seguridad han solucionado varios problemas, el de los vendedores de cámaras en primer lugar, pero no el de la población, las cámaras por si mismas no garantizan nada, solo el registro de los hechos. Se han producido innumerables hechos de inseguridad con la presencia de las cámaras que no se han podido prevenir. Lo cierto es que un manejo inteligente de la tecnología sigue ausente de las propuestas políticas.

Podemos citar otras “perlitas”: un gobierno preocupado por la inseguridad que sub ejecuta el presupuesto de seguridad, señalar que existen cuatro mil delincuentes sin indicar como se obtuvo esa cifra (¿acaso le pidieron al INDEC que investigara?), utilizar gendarmes y prefectos para tareas de vigilancia en zonas donde supuestamente funcionan cámaras de seguridad, forzar la formación de policías en plazos mucho menores que los necesarios para una capacitación eficaz, preocuparse por policías con parte médico y no por el estado físico y la sobrecarga de horas “extras” que cumplen policías asignados a funciones operativas, y se podría seguir enumerando.

Como conclusión podemos verificar que existen “mentiras evidentes” en el tema de seguridad, la pregunta que surge es ¿hasta cuándo seguirán improvisando?

Seguridad ¿Qué seguridad?

Parecería que hay algo que nunca cambia en las políticas de seguridad: que siempre cambian. El cambio en sí mismo no está mal, cuando responde a un cambio en las condiciones económicas, sociales, tecnológicas o culturales; pero cuando el cambio se debe a que no se sabe qué hacer se parece más a un descontrol que a una acción de respuesta.

En el caso de las medidas tomadas en la provincia de Buenos Aires, la alternancia entre políticas de seguridad garantistas y políticas represivas muestra descarnadamente la incapacidad de la dirigencia política para solucionar un problema que la misma clase política creó. Las condiciones económicas, sociales y culturales no se crearon espontáneamente fue el resultado de políticas mal formuladas y de políticas correctamente formuladas pero mal implementadas.

El principal problemas es creer que seguridad y prevención del delito es la misma cosa, cuando una es solo una parte de la otra, si existen políticas de seguridad bien formuladas e implementadas la prevención del delito se daría naturalmente, sin necesidad de personajes providenciales ni de recurrir al auxilio de instituciones cuyo fin no es la prevención del delito urbano.

La implementación de políticas de seguridad debe, necesariamente, incluir su dimensión o mejor dicho el ámbito de aplicación de la política formulada. Así si vemos que una formulación política de prevención del delito debe partir de un diagnóstico de la realidad, diagnóstico, que no puede realizarse sin considerar los siguientes factores: cantidad y características de la población de delincuentes, modalidades delictivas territoriales, recursos de prevención, recursos de represión, tecnologías disponibles, situación de las instituciones involucradas (policía, ministerio público, administración de justicia, sistema penitenciario, sistema de asistencia social y medios de difusión pública), la caracterización cultural de la población en los distintos territorios, situación social del territorio involucrado y situación ambiental.

Para muestra basten algunos botones, el primero es la información sobre cuantos delincuentes hay y en que modalidades se estructuran, la segunda es que tipo de vinculaciones establecen las distintas modalidades delictivas con el resto de la sociedad. Esto requiere una estructura de información que debe ser alimentada por servicios de información de prevención del delito y que no debe estar vinculada a las instituciones policiacas.

Otra característica que no se incluye comúnmente en el análisis es la dimensión territorial, la conformación urbana, las vías de comunicación, la circulación de la gente, la distribución de la población. Todo esto debe correlacionarse con el accionar delictivo, para analizar las modalidades territoriales del delito, a saber: inteligencia previa, acceso de los medios para cometer delito, acceso a lugar del hecho,  desarrollo del delito, escape del lugar del hecho, distribución y comercialización del botín. Este es el verdadero mapa del  delito y no una representación mapeada y superpuesta de delitos cometidos.

El diseño de una estrategia de prevención supone acciones que interrumpan el desarrollo de las actividades delictivas, detectar las fuentes de inteligencia de los delincuentes, impedirles obtener información, identificar a quienes pueden realizar inteligencia criminal y actuar en consecuencia, impedir el acceso a los medios necesarios para realizar el delito, vigilar y controlar las vías de acceso y escape de los delitos, dificultar la consumación de delitos con escaso riesgo para los delincuentes y disponer recurso para una detección rápida de cualquier delito que se cometa.  

De todos los que hablan de seguridad es muy probable que pocos incursionen en estos temas, prefieren culpar a quien gobierna, o a quienes critican, ya sea oficialismo u oposición el eje del discurso sobre la seguridad  es encontrar culpas, principalmente en el otro. Así se toman acciones reactivas, olvidándose que el delito es un fenómeno dinámico y  complejo, cuyos actores se encuentran inmersos en distintos estratos sociales, que han desarrollado una red de vínculos de tipo personal, económico, político y social; dando como resultado una “Hidra de mil cabezas”, que solo puede terminársela si se cortan de una vez todas ellas.

Mientras tanto cuando hablan de seguridad, o como debiera decirse, de prevención del delito me sigo preguntando ¿Qué seguridad?

"I have a nightmare"

Martin Luther King dijo que tenía un sueño, “I have a dream”. No le dieron ningún premio Novel, lo mataron por luchar por ese sueño, pero ese sueño hiso posible cambiar la historia de los derechos civiles en EEUU. Ahora Barak Obama,  al que si le dieron un premio Novel de la Paz, quiere embarcar a los EEUU en otra guerra bajo el eufemismo de represalia por actos contrarios a los acuerdos internacionales sobre el uso de armas químicas. Las muertes que causará su acción, lejos de terminar una guerra civil que ya causó 100.000 víctimas fatales, creará condiciones para el aumento de las acciones bélicas en la región.

Tengo que decir que me equivoqué con Obama, creí que un representante de la principal minoría de EEUU representando al partido demócrata podría romper la larga tradición de los presidentes americanos, de embarcar su país en acciones bélicas. De sus promesas electorales no cumplió ninguna, Las tropas americanas siguen en Irak y Afganistán, y la prisión de Guantánamo continúa con un régimen vergonzoso de torturas a prisioneros. Podemos agregar la vigencia de la ley Patriota que suprime los derechos de los ciudadanos americanos (y de cualquier otra parte del mundo) con la sola mención de la lucha contra el terrorismo y el espionaje de correos y uso Internet en su propio territorio y en otros países.

La última suposición que me hacía sobre Obama se refería a su capacidad, pero el análisis de sus acciones en este caso muestra que también me equivoqué. El anuncio de una represalia armada contra Siria por el supuesto ataque del gobierno a un territorio hostil empleando armas químicas, sin la debida verificación de los hechos por parte organismos internacionales, el arrogarse el derecho a actuar unilateralmente contra otros país sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU (organismo internacional que puede autorizar acciones de represalia contra  algún país que viole acuerdos internacionales sobre uso de armas no convencionales). La necesidad de consultar al propio congreso de EEUU al no contar con el apoyo de la ONU, la negación del parlamento inglés a apoyar a EEUU en una acción bélica. La tensión que provoca con Rusia y China, aliados del gobierno de Siria. Las presiones de organismos internacionales e incluso de la Iglesia católica y otros credos para buscar soluciones pacíficas. Frente a ese panorama Obama insiste en el uso de acciones bélicas que inevitablemente causaran víctimas inocentes como las que dice defender, ignora que los intereses que propugnan por una acción bélica son los mismos que decían que había armas químicas en Irak, terroristas islámicos en Afganistán y que generaron un festín de contratos militares y civiles que terminaron pagando los pueblos masacrados, invadidos y reducidos a la miseria.

Quiero pensar que es por la incapacidad de Obama de manejar una crisis intensificada  por el mismo, lo que lo llevó a la actual situación, donde si actúa con una acción bélica puede generar un conflicto que puede escalar a niveles insospechados y si no actúa, se tomaría esto como un gesto de debilidad. Su accionar ya generó una división en las posiciones de distintos países, debilitó la capacidad de la ONU de mediar en el conflicto, suprimió las presiones diplomáticas como primera alternativa diplomática de negociación y condicioné la posibilidad de estabilizar los conflictos en la región de Medio Oriente.

Si Obama creó esta pesadilla (por eso “I have a nightmare”) por responder a otros intereses que no fueran la idiotez de sus asesores y su propia incapacidad, debería ser repudiado por toda la humanidad.

Nunca es triste la verdad…

Así dice el poeta catalán y agrega “lo que no tiene es remedio”, estas últimas elecciones han mostrado que el FPV perdió poder territorial, y eso en el peronismo real (el de las fieras políticas no lo animales políticos) es el principio del fin, la pérdida de poder frente a quienes detentan esa representación. Pero yo discrepo con las opiniones que señalan que el gobierno enfrenta una crisis terminal (un gobierno peronista sin el poder del respaldo popular es cartón pintado, incluso se podría generalizar a cualquier gobierno pensando en los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa). En realidad pienso que el FPV tiene 2 meses, no para hacer campaña, sino para producir hechos políticos desde el gobierno que reviertan la base del voto ciudadano en las PASO.

Sin hacer un exhaustivo análisis de los resultados del 11A como ha dado en llamarse, puede resumirse que hay una desaprobación de la gestión de gobierno, basado en dos causas principales: económicas y de falta de seguridad. Sobre estas causas hay varios hechos que exacerban la bronca de la gente: no asumir públicamente los problemas, los hechos de corrupción (que pueden no ser todos los denunciados, pero que los hay, los hay) que son negados y hasta protegidos los culpables, la falta de funcionarios realmente comprometidos con la ideología expresada (nadie cree que Boudou y otros sean peronistas de izquierda, dejando de lado muchos que son peronistas, pero más bien de derecha), la inoperancia e incompetencia de muchos funcionarios, la negación del aumento del delito como fuente de preocupación por la inseguridad y sobre todo el discurso autista sobre los problemas existentes y la reivindicación de cualquier medida acertada o errada.

Creo, que sin mayor profundidad en el análisis puede darse una receta que revertiría la actitud del electorado en octubre próximo. La primera medida es suprimir todo discurso oficial y “oficioso” sobre la situación del país y sobre la oposición al gobierno (esto incluye a los discursos presidenciales, los cuales deberían ser breves y específicos, tres minutos máximos y sin referencias adicionales al tema objeto del discurso). La segunda medida es la remoción de funcionarios conflictivos, sospechados de corrupción o inoperantes (los resultados reales cantan la inoperancia de la mayoría), no sería necesario todos pero con un 50% a elección por peor imagen sería suficiente. La tercer medida el promulgar las leyes que se reclaman en forma mayoritaria y que incluso la oposición utiliza como argumento, entre las que se pueden citar: universalización de las asignaciones familiares, eliminación de ganancias para la cuarta categoría y sustitución por un impuesto al ingreso extraordinario (salarios superiores a 3 o 4 salarios mínimos), creación de un impuesto a las rentas financieras, impulso de leyes ambientales como la de glaciares y bosques, recuperación de una ley federal de educación que involucre al gobierno nacional en la educación pública y el impulso a la educación técnica, la sanción de una ley de seguridad pública nacional (ver http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/08/la-propuesta-que-falta.html), la promoción de juicios de residencia a todos los funcionarios políticos del poder ejecutivo nacional, provincial y municipales, lo mismo que a funcionarios   judiciales y miembros del poder legislativo (algo propuesto en parte en http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/07/propuesta-1.html), podría avanzarse sobre la reforma del código civil, en lo referente a algunos temas no controversiales y varios más, la imaginación es el límite y la incapacidad de quienes tengan que formularlos el principal obstáculo.

De cumplirse estas tres medidas, creo que le FPV recuperaría la credibilidad pública en su capacidad de gestión y le renovaría la confianza con su voto. No creo que con campañas políticas clásicas (recorridas, chori paneadas, publicidad, etc.) pueda revertirse la tendencia de las PASO. La vieja política, la de los popes de conurbano o la superestructura del PJ, recomendaría más publicidad, mas ataque a los rivales, guerra territorial sobre la miseria de la gente más necesitada y promesas de todo tipo, la historia nos muestra que no sirve, pero su discurso suele convencer al poder de turno que evitará su inevitable declinación.

Una última consideración la reservo a mi aparente contradicción, entre esta forma de apoyo al FPV y mis críticas hacia el gobierno. Creo haber dejado siempre en claro que en lo único que coincido con este gobierno es en su discurso, su formulación de la política (aunque vaga e incoherente) y no en su forma de implementación, su estrategia y su criterio ético. También me he manifestado en contra de la superestructura del PJ bonaerense, el cual encontró en el candidato Masa a un “gerente político”, útil para la recuperación de un poder perdido en las elecciones del 2005. Mis diferencias con el FPV son de tipo estratégico y ético, no ideológicas y mis diferencias con los candidatos del viejo “pejotismo”, reciclados en el Frente Renovador, son ideológicas. Por ello, aspiro a que el FPV culmine su ciclo histórico con una renovación que permita superar sus contradicciones y que esto de de en el marco y los plazos constitucionales, porque no veo en la vieja estructura del PJ bonaerense la intención de esperar a 2015.

La propuesta que falta

En tiempo de elecciones, los actuales candidatos han tratado de demostrar capacidad de gestión, lo que en realidad, más que hablar bien de ellos, habla de la poca capacidad de hacer política. Si alguien tiene una responsabilidad de gobierno, lo que se debe hacer es política, no gestión, la gestión es algo subordinado a la política. La política decide que se debe hacer de forma realista, eficaz y con los recursos necesarios, la gestión lleva a adelante las decisiones  políticas. Quien se propone como administrador, como gestor dice que solo puede llevar adelante políticas de otros, es un mero subalterno de quien detenta el verdadero poder, el poder de decir que se hace.

Así, para gestionar o administrar, solo se necesita poseer conocimientos técnicos y algo de experiencia, pero para hacer política, o sea, para decidir qué hacer se necesita una ideología que permita la confluencia de las distintas medidas políticas para la construcción del modelo político deseado. Si tomamos este criterio para analizar las propuestas de los candidatos a estas próximas elecciones, no debemos tomar cada propuesta en forma individual, sino en su conjunto y ver si configuran un modelo político, o un conjunto de slogans “marketineros”  propuestos por asesores de imagen, sociólogos y publicistas.

El segundo paso para analizar las propuestas es ver como se propone implementar las decisiones políticas, así puede verse si se dispone de una estrategia que permita llevar a la práctica las políticas propuestas. Esto es lo que se llama estrategia y debe indicar tres cosas: como se utilizan los recursos, quien debe llevar adelante las medidas y cuáles son los resultados esperados en forma objetiva. Las propuestas “marquetineras” tiene dos formas de presentar su estrategia: en forma vaga (total nadie analiza y lo importante es el slogan o la foto) o en forma de propuesta detallada (los grupos técnicos tiene por objeto llevar muchas hojas con datos, estadísticas, propuestas similares o pero aún un “corte y pegue”; de forma que se cumpla con el viejo dicho de que la mejor manera de esconder un elefante es en una manada de elefantes y la mejor manera de presentar algo que no dice nada es hacer un “estudio detallado”).

Podemos hacer un contraejemplo, tomemos un tema caliente, la seguridad. Parece que recién ahora muchos políticos descubrieron que la seguridad tiene una dimensión mucho mayor que la prevención del delito, y su influencia es notable. Así que para plantear como sería una política de seguridad plantearemos una.

La política de seguridad debe incluir seis aspectos específicos y tres aspectos vinculares. Los aspectos específicos son: la seguridad de las personas y sus bienes, la seguridad vial, la seguridad sanitaria, la seguridad social y la seguridad ambiental. Los aspectos vinculares son: el marco normativo, el marco institucional y el marco instrumental.

La primera propuesta es definir a la seguridad como de competencia nacional, no puede haber distintos marcos normativos, ya que las víctimas y los victimarios de las mismas trasgresiones son independientes del contexto geográfico donde se cometa (en criollo, un robo debe ser prevenido, investigado, enjuiciado, condenado, cumplida la condena, asistida las víctimas y resguardados los derechos constitucionales del ladrón y la víctima, del mimo modo independientemente del territorio en donde se cometió el robo). Debe establecerse una separación entre violación a la seguridad pública y contravención. Por ejemplo, pude argumentarse que el robo es una violación a la seguridad pública, ya que implica violencia contra una persona o sus bienes; mientas que el hurto solo es una violación del derecho de propiedad sin ejercer violencia contra las personas o sus bienes. Estas categorías definirían el ámbito de la competencia nacional.    

En el marco instituciones tendríamos para cada aspecto de la seguridad tres instituciones intervinientes (o policías si se quiere) una de prevención, una de investigación y una de ejecución. La primera dependiente de autoridades territoriales, la segunda dependiente del ministerio público y la tercera dependiente del poder judicial. Un aspecto estratégico sobre estas instituciones es que su organización no debe ser jerárquica sino funcional y dependiente de órganos colegiados en varias instancias de su estructura vertical, estos órganos colegiados deben ser integrados por representantes de las fuerzas políticas con representación territorial y coordinados por miembros de las instituciones. La dependencia directa solo se reserva para aspectos operacionales. Estas tres instituciones en los seis aspectos de la seguridad llevan a dieciocho organizaciones de jurisdicción nacional y a distintas competencias para cada organización.  

El marco instrumental debe definir los ámbitos específicos de cada institución de seguridad, la formación de recurso humanos, la definición de sus organigramas ajustados a los principios estratégicos enunciados, sus mecanismos de control, los recursos de infraestructura necesarios y los cambios de infraestructura requeridos en función de la evolución de la tecnología y las necesidades de la sociedad.

Este es un esbozo de una política de seguridad, quizás un poco aburrida, no muy espectacular, pero dudo que pueda llevarse a cabo otra política eficaz, detalles habría muchísimos, pero hablaríamos de detalles de la implementación de la política y no de formulación de una política de seguridad.

Propuesta 1

Hace tiempo que analizo diversos temas políticos, creo que para compensar tanta pálida se debería proponer algo, algo concreto que apunte a mejorar la situación existente en nuestro país, no espero cobrar derechos de autor, ni obtener reconocimiento público pues las ideas que compartimos ya no nos pertenecen y pueden ser usadas por quien las recoja. Lo éticamente deshonesto es atribuirse la autoría, y peor aún, es desvirtuar su sentido o cambiar su forma para afirmar la supuesta autoría, afectando a los resultados que podría obtenerse con la idea original.

Esta primera propuesta tiene que ver con la justicia, o más bien, con quienes desempeñan cargos en el poder judicial. Debo repetir lo que ya he expresado en varios artículos, la policía y la administración de justicia no hacen a la seguridad, ya que intervienen cuando el hecho que causa inseguridad (cualquier delito) ya fue cometido y solo pueden hallar al culpable y aplicarle la condena que las leyes establecen par ale delito cometido.

Mi propuesta se basa en la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que no deberían gozar de libertad en virtud de estar procesadas, gozando de privilegios de excarcelación o libertad condicional. El hecho que personas en esa situación cometan delitos no debiera afectar a los institutos establecidos para que una persona que cometió un delito se reintegre a la sociedad, pero sí, debe establecerse que responsabilidad tienen los magistrados, fiscales, auxiliares o peritos intervinientes en procesos judiciales de tipo penal. La propuesta no es crear una caza de brujas sobre funcionarios que aplican en la forma más benigna las potestades que le permite la ley. Pero que se sujete a la ley no implica que pueda cometer una mala praxis, y no en el sentido de incumplimiento de deberes de funcionario público, sino en el ejercicio de un acto profesional. Así como a un médico  a quien se le muere un paciente, no pude ser imputado de homicidio por el ejercicio de su profesión de médico, si puede ser imputado de mal praxis, cosa que ocurre en la mayoría de las profesiones. Así, si una persona liberada del cumplimiento de una condena que comete un delito, pude suponerse que quienes lo liberaron cometieron un error, que pude no ser punible legalmente, si podría haber cometido una mala praxis.

Hasta donde he investigado, no existe la mala praxis en el sistema de administración de justicia, la cual permitiría deslindar responsabilidades, ya que un juez que otorga una excarcelación lo hace en función de informes de auxiliares y peritos en los que debe confiar. Si quienes auxilian al juez incurren en una mala praxis (sin suponer la existencia de dolo), el juez debe responder por el liberado y es a él a quienes apunta la opinión pública. Esto otorga impunidad a quienes cometen la mala praxis, ya que el cumplimiento de los pasos procesales otorga legalidad al hecho, pero no garantiza el adecuado desempeño profesional de quienes intervienen.                 

Si, por ejemplo, la Corte Suprema podría habilitar una dependencia que inicie una investigación sobre el desempeño profesional de los magistrados auxiliares o peritos, en cada caso de delito cometido por un liberado. Así no solo se delimitarían responsabilidades profesionales, sino que existiría un historial de casos que podrían definir conductas de los participantes en el otorgamiento de beneficios para quienes cumplen una condena.

Al fin y al cabo sería un mecanismo similar al que ocurre en un hospital cada vez que fallece un paciente durante un procedimiento médico. Si los médicos, a quienes se les confía la vida y la salud de las personas se someten a examen de  su proceder profesional, por qué no deberían hacerlo los magistrados, funcionarios y peritos a quienes se les confía la libertad y guarda de personas que purgan condenas por delitos cometidos.

La educación perdida

De todas las batallas que di en mi vida y perdí (que no fueron pocas), la que todavía me causa dolor haber perdido es la que se dio en el Congreso Pedagógico Nacional que se desarrolló entre 1984 y 1988, donde se presentaron y discutieron muchas cosas, la mayoría coyunturales, pero la fundamental, y que originó la constante pérdida de calidad educativa que hoy notamos, fue la definición sobre la importancia del contenido y el método  de la enseñanza. Quienes creíamos que el contenido decía ser más importante que el método perdimos, y cualquiera podría decir que es algo intrascendente y hasta que no teníamos razón. Las pruebas de que teníamos razón es la calidad actual del conocimiento de los alumnos que terminan el ciclo de educación obligatoria y su relación con lo anterior podemos analizarlo.

Quienes hemos transitado más de 30 años de trayectoria docente (cuesta arriba o cuesta abajo) podemos hacer algunas conclusiones, que con distintos matices, son más o menos las siguientes: el conocimiento no se trasmite, se adquiere; nadie puede enseñar más de lo que sabe; el ejercicio de la función docente esta inexorablemente ligado a la ejemplaridad; no puede haber una buena relación docente-alumno sin coherencia; las condiciones afectivas, ambientales, sociales y económicas son condicionantes del desempeño del alumno; el entorno de la comunidad educativa no puede reemplazar al aprendizaje familiar en todo aquello que no sea instrucción (el alumno no se educa en la escuela, se instruye o se forma, ya que el proceso educativo se lleva en una dimensión que supera a la escolaridad) y por último, que le proceso institucional educativo requiere de una articulación entre docentes, autoridades escolares, recursos, planificación y políticas educativas (admito que se podría agregar mucho más, pero estos elementos creo que son los menos controversiales y sobre los que cualquier docente más o menos coincidiría). A esta síntesis le puse el nombre de “el principio Petrona”, la recordada cocinera decía que de una olla no salía nada mejor que lo que se le ponía, curiosamente este principio es totalmente aplicable a la educación.

Analizando cada elemento de la síntesis propuesta veamos como influyó la política trazada en el congreso pedagógico de 1884-1888 en el aspecto conocimiento método. Si admitimos que el conocimiento se adquiere, el rol del docente es el de guía y no el de “implantador” del conocimiento, por lo tanto el método no puede ser más importante que el conocimiento pues lo fundamental es saber a dónde se lo debe conducir (conocimiento) y después como conducirlo (método). En el mismo sentido, el límite del conocimiento al que se puede guiar a un alumno es función del conocimiento del docente y no del método que emplee. La ejemplaridad consolida el proceso de enseñanza, ya que quien tenga faltas de ortografía o gramaticales, no puede enseñar escribir correctamente; quien no sepa realizar correctamente cálculos matemáticos no puede enseñar matemática. Este proceso de ejemplaridad se liga con el grado de conocimiento adquirido por el docente y que se refleja en el nivel educativo que este obtuvo. Esta ejemplaridad se relaciona también con la conducta del docente: corrección, aspecto puntualidad, asistencia, etc.

La coherencia del docente puede tener varias aristas, pero centrándonos en la transmisión de saberes, el grado de conocimiento que demuestre el docente frente a sus alumnos le permite tener autoridad para evaluar el grado de conocimiento que adquirió el alumno, el método es en este caso instrumental y no esencial.

La relación docente y entorno del alumno, está directamente vinculado a como la sociedad percibe el rol del docente, y el  “prestigio social” del docente. En ese plano en una sociedad donde el cambio tecnológico y el aumento del nivel general de conocimientos requeridos por la demanda de trabajo hacen que el título básico de la mayoría de los docentes de nivel inicial y medio (maestro o profesor) no tenga reconocimiento social.

A nivel institucional, la educación funcionó estos últimos años como campo de experimentación de diversos proyectos pedagógicos (se cambió la forma y contenidos de la educación inicial y media, varias veces), la descentralización educativa originó una disparidad geográfica en la conformación de los formatos y contenidos educativos, la eliminación de la educación técnica nacional y su reemplazo por orientaciones técnicas provinciales cambiaron sus perfiles educativos, la utilización de la escuela primaria como ámbito de contención social (como los comedores escolares) desvirtuaron la percepción social del rol de la escuela como generadora de conocimiento e igualadora de oportunidades, y la falta de mayor profesionalización de la carrera docente alteraron las relaciones jerárquicas en las instituciones educativas (muchas veces el personal directivo posee niveles de formación inferiores que muchos docentes).

Si se analiza el funcionamiento institucional de la educación inicial y media, podemos ver a través de sus normas de funcionamiento como se internalizó el resultado de priorizar el método sobre el contenido. En primer, existe una priorización de la formación pedagógico sobre la especialización del docente que hace que en la provincia de Buenos Aires, un docente con 3 años de formación terciaria con orientación sea preferido a un docente con formación universitaria de post grado sin formación pedagógica; tampoco se equipara la antigüedad docente en otros ámbitos con la formación pedagógica (un docente universitario con el máximo título de postgrado y antigüedad docente universitaria no califica para desempeñar cargos dentro del personal directivo de una institución educativa provincial). Para acreditación de formación docente no se discrimina entre un antecedente de un instituto privado no oficial y el realizado en el área de postgrado de una universidad. Esto conduce a algunos sinsentidos como el caso en el que una profesora de ciencias naturales tendría prioridad ante un medico sanitarista para enseñar higiene, o una profesora de matemáticas tendría prioridad frente a un doctor en matemáticas. Un hecho adicional es que los docentes de nivel inicial y medio, durante su carrera frente a alumnos no tienen ningún escalafón que distinga entre un docente en formación, un docente formado y un docente con antigüedad, lo que refleja que se le otorga la misma responsabilidad y funciones a un docente sin experiencia que otro con sobrada antigüedad. Podría seguirse argumentando sobre estos aspectos, pero un artículo debe resumir o presentar algunos aspectos significativos que ejemplifiquen y resuman el análisis.                      

Por último los, resultados de la pérdida de nivel educativo se pueden verificar con los resultados de las evaluaciones en los exámenes de ingreso a las universidades, en las dificultades que tienen muchas empresas en encontrar mano de obra calificada y en  pruebas internacionales de evaluación de la calidad educativa como son las evaluaciones PISA. Las dos primeras aportan información general del nivel de conocimientos con que se egresa de la educación media, pero la evaluación PISA es un indicador del nivel de quienes cursan el nivel medio y analiza tres áreas básicas del conocimiento: lectura, matemáticas y ciencias.  PISA se orienta a la evaluación del sistema educativo y no a medir el rendimiento de procesos educativos particulares, es decir, no apunta a proporcionar información individualizada sobre alumnos o centros educativos. De más esta decir que Argentina calificó en la evaluación 2012 en el lugar 58  de los 65 participantes. En un país progresista esto sería motivo más que suficiente para que todos los responsables del sistema educativo pusieran la renuncia a disposición de las autoridades y no intentaran disimular el fracaso de políticas basadas en el principio que se generó en el congreso pedagógico de 1884-1888.

La solución es simple y surge naturalmente de este análisis, jerarquizar la función docente priorizando el acceso de aquellos docente mejor formados, restringir el acceso a puestos directivos de quienes no cuenten con antecedentes y títulos mínimos (por ejemplo 15 años de docencia y un postgrado universitario). Asignar a la parte pedagógica el rol de instrumento en la implementación de estrategias docentes y no es de formador de políticas educativas. Esto quizás no sea suficiente, pero sin lugar a dudas es absolutamente necesario.

Que el caballo tire del carro

Poner las ideas en su justo orden requiere un ordenamiento jerárquico de las ideas, cuales son las más importantes y a partir de ellas subordinar unas a otras, de modo que exista algo que llamamos coherencia y que pretendemos tener. Algunas ideas tienen más trascendencia cuando de ellas se derivan acciones, que no solo nos afectan a nosotros sino a otras personas. Las ideas políticas son, por ello, las que más trascendencia tienen.

En la política converge como como guía rectora de su pensamiento la ideología. Sin esto la formulación de una idea política carece de contenido, es una propuesta vacía. Por ejemplo, proponer el autoabastecimiento de alguna materia prima esencial para el desarrollo industrial sin una ideología que lo sustente  puede significar tanto el desarrollo de una actividad extractiva por parte del estado, como el subsidio a una empresa privada o la concesión de dicha área económica a una empresa extranjera. Esta disparidad instrumental sobre la misma formulación política, nos obliga a replantearnos la forma de pensar las ideas políticas. La regla de ordenamiento sería: ideología, política, estrategia e instrumentación, a partir de allí, desde el origen hasta su realización se podría decir que existe coherencia.              

La existencia de una coherencia de inherente a la instauración de una política en el gobierno de un país,  nos lleva a proponer usarla como un instrumento para medir el tiempo del proceso histórico de esa idea política. Recordemos a Hegel, quien planteaba un ciclo donde la idea dominante (tesis) era contrastada por una idea antagónica (antítesis) y cuando las contradicciones agotan la idea dominante surge una nueva idea dominante producto de las anteriores (síntesis). La coherencia, o la falta de ella es la medida en que se ponen de manifiesto las contradicciones que aceleran en fin de un proceso histórico (la idea dominante). El tiempo cronológico establecido institucionalmente para medir la duración de los gobiernos (expresión de una idea política dominante), no expresa este proceso, a lo sumo lo limita o condiciona (por ello la interrupción de estos ciclos condujo tarde o temprano a la vuelta de los mismos, pero ya desdibujados por la alteración cronológica de estos procesos). Si pensamos en nuestra propia historia la interrupción de los gobiernos de Irigoyen en el 30 y de Perón en el 55, son prueba de ello.

Es importante señalar que el criterio de ordenamiento establece una división entre un dominio metafísico u otro físico. La ideología supone una síntesis subjetiva de un conjunto de valores morales o éticos aplicados al devenir de la sociedad y de las personas, estos valores son esencialmente metafísicos; mientras que su formulación a aspectos específicos de la organización social institucional pertenece al dominio físico. Esta formulación lleva al planteamiento estratégico que viabilice su implementación en medidas concretas, esto supone aplicar ciertas restricciones que alineen la estrategia y la política. Por último, la instrumentación de la estrategia de una formulación política vincula las restricciones previas con las que plantea la realidad, esto obliga a una doble restricción: la planteada por la necesidad de coherencia ideología, política y estratégica; y la impuesta por la realidad de donde se aplicarán las medidas propuestas. Dado que lo expuesto, no es de cumplimiento obligatorio podemos tener una serie de combinaciones que es interesante analizar.    

En primer lugar podríamos tener una formulación política sin ideología que la sustente, en cuyo caso la falta de articulación acortará la duración cronológica del ciclo histórico, también la articulación estratégico e instrumental generarían una dispersión de la efectividad de una política general (en las empresas privadas esto se llama  falta de “empowerment” y por ello se desarrollan estrategias de comunicación y alineamiento con la política de la empresa).

En segundo lugar podríamos tener una política alineada con la ideología, pero no articulada con la estrategia e implementación, en cuyo caso la dispersión en los resultados que se pueden obtener, llegándose a producir resultados contrarios a los deseados. Un caso particular es la ausencia de contenido ideológico y político, muy común en propuestas basadas en el concepto de “buena administración” o “aspectos técnicos”, como conceptos que reemplazan la política, los resultados son los mismos.

Quedaría como ejercicio que se clasifiquen las actuales propuestas en este tiempo electoral y juzguemos que resultados pueden esperarse de ellos.

Humor político en los años de la gripe A

Siempre hubo humor, creo que si se busca en estudios históricos, el humor estuvo desde el origen mismo del hombre. Quizás nació para hacer soportable el fracaso, para que un hecho desafortunado aportara algo gracioso. Pero el humor político no nace de hechos graciosos, sino de contradicciones grotescas.

El grotesco mostró siempre como se deformaba una creencia establecida en la sociedad, o en un sector de ella, hasta llegar a una contradicción tan flagrante que su sola enunciación causaba gracia. Hoy el grotesco se explota en la comercialización del humor como “stand up”, género underground resurgido con famoso Lenny Bruce (mas por la película que interpretara Dustin Hoffman y dirigiera Bob Fosse), o quizás fuera iniciado por el recordado (por los que estudiamos en un secundario que si bien no educaba, al menos enseñaba) “mester de juglaría”.

A quienes nos recitaron los monólogos de Parravichini, de “mordisquito” Discépolo (que internet ha resucitado, sin censuras), a quienes tuvimos el privilegio de haber visto (haciéndolos pasar por mayores) a Adolfo Stray, Marrone, Bores y tantos otros, quienes nos aventuramos en sótanos del “off Corrientes” y San Telmo viendo a Gasalla, Perciavalle, Pinti y otros que no vieron después la fama, sabemos que el humor tiene una dimensión política surgida del grotesco.

Como pareciera que es redundante hablar de grotesco político, se habla de humor político (creo que no hablar de grotesco político es una autocensura de quienes cultivan ese género) y tiene muchas vertientes. Está el humor político “neutro”, donde el humorista utiliza  características de personajes vinculados al quehacer político, el humor se basa en alguna característica física, de conducta,  o de personalidad; la neutralidad de este humos es que no va más allá del chiste, el espectador se ríe de un hecho más que del personaje y requiere solo prestar atención. El humor político “tendencioso” utiliza los mismos instrumentos que el anterior, pero persigue la finalidad de predisponer el humor social; el chiste humilla, denigra y predispone, al espectador se le envía un mensaje o meta mensaje donde reafirma su creencia o se la replantea. El verdadero humor político es el que surge del grotesco, tiene un alto contenido ideológico, suele utilizar al humor “neutro”, para amenizarlo, para hacerlo “más digerible” (ya que la crítica social que contiene suele molestar), y se cuida de utilizar el humor “tendencioso” ya que rebaja el nivel de la crítica que expone (quienes hacen un humor político ideologizado, no politizado o partidista, lo utilizan, pero en el mismo sentido que utilizan el humor “neutro”). Este humor requiere un espectador que pueda ver la realidad sin parcialidades, con cierto sentido autocrítico y muchas veces con un nivel de conocimientos que le permitan ver no solo el mensaje sino el meta mensaje del grotesco.

En nuestra realidad política, vemos todos los días el humor neutro de los que tienen que vivir del oficio de humorista y ocupan un lugar dentro de una estructura de medios que establece líneas editoriales oficialistas u opositoras. También vemos quienes se prestan a realizar un humor “tendencioso” para ocupar un lugar en cualquiera de dichos medios. Lo que está cada día más ausente es el verdadero humor político, aquel que expone el grotesco de las contradicciones y conlleva un contenido ideológico no partidista.

Estos humoristas, no nacieron de un repollo, sino de la miseria en que se ha sumergido a quienes profesan ideologías antes que consignas partidarias, personas que creyeron  y hasta militaron por esas ideas (creo que nunca lo hicieron por personajes), personas que fueron profundamente decepcionadas al ver el grotesco de las contradicciones en que han ido cayendo las diferentes expresiones políticas y rescataron el humor de esas contradicciones para poder expresar, en parte, su ideología (piensen desde este punto de vista los monólogos de Pinti en Salsa Criolla).

Así, que no es raro no ver verdadero humor político, ya que la desideologización de la política expone el grotesco de las contradicciones en una forma tan palmaria que la simple lectura de los diarios es un acto de humor político.

¿Elecciones? Yo PASO

El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, parece que las cúpulas políticas se lo toman muy a pecho, y cualquiera sea el futuro de las próximas reformas constitucionales esa parte del texto fundacional permanecerá intocable.

Aclarado esto, parece que la actual dirigencia política, fiel al principio constitucional deliberó y eligió quien representaría al pueblo, sin que el pueblo participe, ya que solo  puede ratificar o cambiar el orden de lo decidido por las cúpulas dirigenciales, esta es la finalidad de las PASO.

En este ciclo histórico la dirigencia política no surge a partir de una representación directa de la gente, el viejo lema político (al menos en los partidos de raíz popular) “el dirigente surge de la gente”, es reemplazado cada vez más por “el dirigente surge de los medios”, sino lean a Sartori y su “Homus Videns”. Pero los argentinos no podemos dejar de ser originales y le agregamos algunos condimentos, como ser, la dirigencia política elige a la dirigencia política, según estos criterios: a) Tiene que ser alguien muy allegado a los dirigentes (si es pariente mejor) b) Como puede ser que a) no sea suficiente para conseguir algunos votos más (y como hay lugar en las listas para los propios), tiene que tener buena imagen pública aunque no sepa nada de política (ideal para estos casos artistas, deportistas, mediáticos, etc.) y c) Si no se puede con a) ni con b) lograr una oferta electoral con posibilidades, se  busca a alguien de otro partido. Si alguien duda de este análisis, lo invito a leer en detalle las últimas listas de candidatos a las PASO.

Desde una militancia medianamente coherente y más comprometida con las ideas que con las personas, no puede dejar de verse el deterioro que tiene la calidad de la dirigencia política. Ni pensar que alguien podría pegarse un tiro porque se traicionaron los ideales que se representaba, como Alem, Ingenieros, Favaloro y otros. Tampoco podemos pensar en ejemplos de honestidad como Ramón Carrillo, Scalabrini Ortiz, Ilia y…. (o no son muy conocidos, o yo no los conozco, o habrá tan pocos?). Este deterioro es consistente con el surgimiento de una súper estructura de dirigencia política, que se reproduce a si misma mediante los criterios antes expuestos (se podría agregar algún capítulo argentino a las críticas de Sarte a algunas dirigencias políticas francesas).

El anterior mecanismo de elección de dirigentes, lejos de ser buenos, mas por las prácticas de los políticos que por sus mecanismos, permitía una construcción de abajo hacia arriba, donde la representación se escalaba en local, regional (o provincial) y nacional. Si tomamos el radicalismo o el peronismo, los comités barriales y las unidades básicas eran la base de una pirámide de dirigentes (que se eligieran por representación, por prestigio o a los tiros es otra cosa). Esa representación permitía al dirigente una capacidad de negociación (por representación, prestigio o tiros) sobre la que se construía una dirigencia política que se plebiscitaba electoralmente. De esta forma un dirigente surgía desde su propio ámbito geográfico y esa era su fuente de legitimidad (por representatividad, prestigio o fuerza).

Ese sistema, imperfecto, fue una superación del sistema de representación caudillista donde la construcción del poder era obtenida mediante la delegación del resto de la población por reconocimiento, ignorancia, admiración o sometimiento. Esto sin analizar a los caudillos en forma particular, ni cuestionar las circunstancias y el contexto histórico del que surgieron. Pero es cuanto menos cuestionable, que el actual sistema de surgimiento de los dirigentes políticos sea una evolución positiva respecto del anterior.

Actualmente el sistema de las PASO, es una alternativa que a primera vista parecería ser progresista en su enunciación pero no lo es en su implementación, ya que agrupa en las elecciones locales a las listas provinciales y nacionales, no las separa, siendo por lo tanto las listas con representación local en los grandes espacios políticos, las más perjudicadas sino logran el apoyo o la “bendición” de la dirigencia nacional que ocupa el mayor espacio y logra la mayor repercusión en los medios de comunicación (lo llaman “tracción”). Por otra parte requiere que los candidatos locales dispongan de fondos y medios (locales, espacios publicitarios, etc.), los cuales suelen estar en mayor disposición para los “bendecidos”. Con lo cual, la posibilidad de lograr una representación diversa, termina siendo una restricción para los candidatos, más que una oportunidad de lograr mayor nivel de presencia de postulaciones.    

Por ello no me siento representado por la actual clase dirigente política, porque surgió por la decisión de la misma dirigencia, mediante criterios que no respetan una legítima representación de origen (cualquiera sea) y una construcción piramidal basada en acuerdos (y no en intereses) que superen las disidencias naturales del espacio.

Mis libros -5-

Este libro reúne los elementos que permiten  formular un análisis de la influencia de la tecnología en el desarrollo económico. El enfoque se basa en la formulación de políticas y su evaluación previa, mediante la utilización de criterios Schumpeterianos.   

Mis libros -4-

Este libro recoge una recopilación de la teoría del análisis de Entrada Salida, usada para estudiar la composición de los entramados industriales y como estos impactan en la economía e incluso en el medio ambiente     

Mis libros -3-

Este libro parte de una compilación de parte del material que utilicé en mi tesis de maestría y donde analizo la estructura, funcionamiento y resultados de la universidad argentina en relación a la producción de tecnología y contribución al desarrollo nacional.

Mis libros -2-

Este libro contiene el desarrollo de un modelo de computación para aplicarse al estudio de las relaciones inter-industriales. Esta es una manera las simple de evaluar políticas tecnológicas o de desarrollo industrial.

Mis Libros -1-

Este libro trata el tema de la seguridad desde la óptica del funcionamiento de las instituciones tratando de definir muchas cosas que no se dicen cuando se habla de seguridad y proponiendo una metodología de trabajo e incluso dando un ejemplo de como se implementa un sistemas de atención de emergencias.

Capuletos, Mostescos y Polichinelas

El país se dividió entre los que están a favor, los que están en contra y los que no tienen idea donde están, se armó un drama de Capuletos y Motescos, con la participación cómica e  innecesaria de varios Polichinelas. Ni Sheakesperare, ni Moliere pudieron imaginar semejante “melange”, los kirchneristas cual Capuletos no pueden ni ver a los anti K, cofradía Montesca integrada por parte del PJ, partidos de izquierda, corporaciones agrarias, periodísticas y judiciales, que retribuyen igual antipatía. La nota de color la dan quienes desde ambos espacios ensayan posturas grotescas, los Polichinelas, que atacando o defendiendo, solo causan risa a cualquier analista desapasionado.

Los Capuletos, perdón los kirchneristas, consideran que la legitimación electoral del ejercicio de la administración del poder ejecutivo, sumada a la mayoría parlamentaria también obtenida por vía del voto legitiman cualquier proyecto, esté o no previsto en el orden institucional vigente. Orden institucional que se altera por agrupar a dos poderes del estado, el ejecutivo y el legislativo, forzando a que el poder judicial cuya función es arbitrar entre ambos poderes para garantizar el orden constitucional. Este orden pensado para equilibrar las fuerzas progresistas que se encarnan en el poder ejecutivo con las fuerzas más conservadoras representadas en el poder legislativo, quedando el poder judicial como árbitro de esta confrontación. El sistema pensado para una representación parlamentaria diversa donde a lo sumo algún partido político acumulaba la primera minoría, esta minoría forzaba a la negociación de las iniciativas sobre algún proyecto, esto generalmente obligaba a la reformulación de partes del proyecto que debía cumplir el requisito final de constitucionalidad.

La oposición Montesca es un variopinto de partidos o agrupaciones políticas y grupos de poder que al no tener cabida en la discusión que debería canalizarse en un debate legislativo que conduzca a una regulación de las iniciativas de gobierno, recurre a debatir frente a la opinión pública e iniciar la vía judicial del reclamo.

Debemos establecer dos cosas frente a esto, la aspiración del kirchnerismo o de cualquier partido político, a ocupar todos los espacios que prevé la constitución por medios democráticos es lícita, como también el reclamo del resto de los partidos políticos a ejercer la regulación del poder del partido gobernante. Esta regulación permite que los grupos de poder estén representados por ciertos partidos políticos afines y ellos canalicen la regulación legislativa de las iniciativas de gobierno que afecte intereses sectoriales.

En este orden de cosas el actual desequilibrio de poderes tiene como causas la falta de representación de la dirigencia de muchos partidos políticos que no les permite obtener una representación parlamentaria significativa, con lo que los grupos de poder pierden la intermediación política y deben asumir la representación de sus intereses utilizando los medios a su alcance y confrontando fuera de las instituciones constitucionales.

El traslado de las pujas de poder entre estos grupos y el gobierno, genera distintos tipos de conflictos y lleva a que se traslade la disputa a los medios de comunicación, a sectores económicos, a disputas judiciales, etc. Como esta disputa cae fuera del ámbito legislativo, los partidos opositores son solo espectadores privilegiados, o peor aún el coro que apoya a alguno de los sectores en disputa.

El grave problema es que esta disputa no se encuentra enmarcada en los códigos de convivencia que poseen los órganos legislativos y así se generan pasiones que han divido al país en posiciones irreductibles, que incluso van más allá de toda racionalidad esperable. También debe establecerse la legitimidad de la disputa, solo que al no estar regulada, tampoco lo están los límites de las mismas. Existen razones en nuestra historia reciente que suprimió el debate como forma de construcción de los apoyos que requiere cualquier proyecto político.

Dentro de este escenario existen personas de ambos bandos que se extralimitan o trasgreden los límites éticos o legales en la disputa. La dinámica que finalmente adoptó la disputa proporciona apoyo a estas personas, que deberían ser juzgadas social o legalmente y recibir su correspondiente castigo. Estas personas gozan de una impunidad inaudita, solo justificable por el nivel alcanzado en el conflicto de las partes.

Pero en este indeseable escenario, la nota de color la ponen los desubicados, aquellos para los cuales el kirchnerismo es la quintaesencia del mal, la reencarnación del tercer Reich,  el “Faccio” italiano de Mussolini, la Cuba de Castro, la Venezuela de Chavez, etc. etc. no dudan en elaborar teorías más dignas de haber nacido fruto del ácido lisérgico que de una investigación o un análisis serio. En contraposición, cualquiera que no coincida o aún apoye a las iniciativas oficiales es un representante del mal, el enemigo público, el eje de todos los males. Este es los territorios de los Polichinelas, cómicos sin vocación, ridículos a uno y otro lado de las posiciones políticas, irreflexivos, inimputables y desubicados. La única lástima es que ya no dan ni risa ni pena, solo nos dejan una honda sensación de decepción.

Democracia, reglas de juego y crisis de poder (Nota 2)

Establecimos en la anterior nota que los cambios en las relaciones de poder institucional producían cambios en las normas “formales” que regían dichas relaciones de poder y que actualmente existe una crisis de representatividad o resuelta que cuestiona tanto las normas actuales como su reforma.

Es entonces en las causas y consecuencias de la crisis de representatividad que surgió en 2001, desde donde se puede comenzar el análisis de los actuales cambios que alteran el equilibrio de las relaciones de poder institucional. Antes de iniciar dicho análisis debe establecerse que en un contexto internacional, la actual forma de expresión del orden  capitalista ha atravesado, y repite cíclicamente, varias etapas: creación (tecnológica o de demanda), apropiación (de la plusvalía de la creación), acumulación (prolongación en el tiempo de la apropiación), agotamiento (utilización de la tecnología y la demanda residual) y crisis (destrucción de la creación frente a la aparición de una nueva tecnología a el cambio de la demanda). Esta descripción Schumpeteriana puede condimentarse con la fabricación de “burbujas en la fase de agotamiento, cuya función el maximizar la ganancia de los capitalistas financieros (que actúan como carroñeros de la pitanza capitalista) y que agudizan las crisis posteriores (para quienes creen que las burbujas son un invento de Wall Street en la reciente crisis global, les recomiendo leer sobre la crisis europeas de 1890).

Una última consideración sobre estos ciclos económicos del capitalismo es la relación entre política y economía, ya que muchos suponen que la política determina el funcionamiento de la economía (lo cual sería cierto en un sistema no capitalista). Como postulado del marco teórico del análisis que propongo, la política actúa como catalizador o inhibidor de las fases del ciclo descripto (quizás de profundizarse esta consideración podrían hacerse coincidir los ciclos de Kondratiev y la teoría de Schumpeter).

Volviendo al análisis de la crisis argentina, los golpes militares que se instalaron desde la caída de Perón hasta 1983 crearon condiciones de creación, apropiación y acumulación (la creación de una actividad económica no necesariamente responde a procesos productivos que generan riqueza distribuible, sino al inicio de actividades económicas que beneficien a algunos grupos de poder económico). En particular el último gobierno militar puso en crisis a vastos sectores del sistema productivo nacional y creó las condiciones de un sistema importador-financiero, cuya crisis se intentó disimular con la guerra de Malvinas, siendo esta crisis la causa fundamental de la salida de la dictadura militar.

Quedaron establecidos varios actores que participaban de la puja por una cuota de poder: los sectores económicos nacionales, los sectores económicos trasnacionales, la representación política de la sociedad, los sectores sociales (donde debe incluirse al sindicalismo, sectores religiosos y organizaciones de distinto tipo: ecologistas, humanitarias, etc.) y los sectores culturales (estos de mínima representación pero de gran visibilidad pública que debe incluir a la educación pública y privada). Aquí los medios de comunicación hacen visible la lucha de cada sector por sus cuotas de poder.         

El inicio del mayor período con vigencia del sistema democrático se inicia en 1983, donde el retorno a la vida democrática establece un tácito acuerdo sobre las nuevas relaciones de poder, la debilidad de la representación política frente a sectores sociales y económicos va planteando un nuevo desequilibrio dentro de un ciclo de baja creación que se proyecta sobre los ciclos siguientes y la crisis desatada por la falta de incentivos a la creación de actividades económicas provoca la salida anticipada de Alfonsín, sin que se quiebre el orden institucional.

El inicio del gobierno de Menem fue errático, hasta la instauración de la convertibilidad y el privatización de las empresas del estado, lo que generó una fuerte fase de creación, apropiación y acumulación sin el ciclo de agotamiento en el horizonte cercano. Esto le permite a Menem consolidar su proyecto de reelección, reforma de la Constitución mediante. Aquí el desequilibrio de poder a favor de la representación política con el apoyo de los sectores económicos trasnacionales, permite consagrar constitucionalmente, una nueva relación de poder entre los sectores institucionales.

El deterioro de las condiciones de acumulación, por efecto de los desajustes de las variables macroeconómicas en la etapa final del gobierno de Menem (altas tasas de interés, desajuste de la balanza de pagos, déficit fiscal y aumento del endeudamiento público), genera una crisis que explota en el gobierno de De la Rua, debido al mantenimiento de las condiciones macroeconómicas del gobierno de Menem.

Esta crisis provocada por la falta de capacidad de la representación política para superar los ciclos de crisis y el perjuicio que sobre vastos sectores sociales se provocó en los ciclos de apropiación y acumulación, explota en diciembre de 2001. En esta crisis, los sectores sociales plantean una nueva distribución de poder mediante el recambio de quienes detentan la representación política y una nueva recomposición institucional que otorgue mayor participación directa de los sectores sociales (las asambleas barriales y populares, fueron la expresión más representativa de este reclamo).

El nuevo ciclo iniciado en los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner volvió a generar un ciclo de creación mediante el mecanismo de sustitución de importaciones forzado mediante el tipo de cambio. Este nuevo período sostuvo el ciclo de acumulación mediante el estímulo de una demanda sostenida, pero las condiciones de comercialización internacional de los commodities argentinos, el aumento del déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza energética, sumado a las obligaciones de pago de la deuda externa, comenzaron a afectar los recursos destinados a sostener la demanda. La presión de los sectores sociales y de ciertos sectores económicos provocan el inicio del ciclo de  agotamiento previo a la crisis, lo que obliga al poder ejecutivo a acumular poder institucional para enfrentar el inminente ciclo de crisis, para ello su estratega es la acumulación de poder institucional y el control de la visibilidad de otros sectores mediante la injerencia en los medios de comunicación.

El planteo de un reordenamiento de las relaciones de poder institucional, la inminencia de un ciclo de crisis económico, el reclamo insatisfecho de los sectores sociales y las tensiones por el control de los medios de comunicación, establecen el contexto bajo el cual deben inscribirse los planteos de nuevas relaciones de poder institucional y las crisis que dan origen a este reordenamiento. 

Democracia, reglas de juego y crisis de poder (Nota 1)

Los proyectos de ley presentados por el FPV en el congreso ¿Qué representan? Las opiniones se dividen entre considerarlas una democratización del poder judicial, y un avance de un poder sobre otro; pero en esencia ¿las relaciones de poder institucionales son la expresión de del contexto histórico, social, económico y político o un marco desde donde se regula en funcionamiento de una sociedad?

Esta última pregunta me parece más interesante de responder en la marco de una construcción ideológica de la política, pues la primer pregunta solo tiene carácter coyuntural, cualquiera sea su trascendencia. Los recientes proyectos de ley representan un intento de cambio de las relaciones de los poderes institucionales, que puede establecerse, cambiarse o anularse ahora, o en años futuros; pero los principios a que estos obedecen son la raíz de una dinámica histórica que imperó en nuestro país desde la organización nacional.

No cabe duda que el marco de referencia fundacional de las relaciones de poder institucional fundamentales (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es la Constitución, la cual admite que puede ser cambiada y de este modo reformular la relaciones de poder existentes en cualquier momento. La condición es el acuerdo mayoritario de las representaciones políticas de la ciudadanía, por lo tanto la Constitución no impide que se alteren las relaciones de poder, sino que fija como se debe proceder para cambiarlas.

Partiendo de la premisa que la ley fundacional fija las relaciones de poder y como deben cambiarse, tenemos que analizar el rol que cumplen las instituciones en el proceso histórico y que actores son necesarios para ello. En este análisis de actores necesarios, surgen los partidos políticos, como representantes de las ideas e intereses de la sociedad, los cuales son los intermediarios imprescindibles, ya que según la propia Constitución, “el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”. Estas facultades delegadas a los partidos políticos se refieren al poder ejecutivo (gobierna) y al poder legislativo (delibera), pero nada dice del poder judicial. Por lo tanto la independencia del poder judicial no incluye ni excluye a los partidos políticos, dejando una zona gris por donde el proceso de designación y destitución por parte del consejo de la magistratura, de miembros del poder judicial permite la participación de los partidos políticos.

Estos elementos formales no aclaran la evolución histórica de las relaciones de poder institucional. El poder ejecutivo lo ejerce en forma temporal un partido político que desarrolla su acción de gobierno bajo dos controles: el control del interés general representado por el poder legislativo y el control de los acuerdos de poder preexistentes expresados por el poder judicial. Así el poder judicial representa una tendencia  conservadora frente a la tendencia progresista que debería tener el poder ejecutivo, siendo el rol del poder legislativo la regulación de estas tendencias.

Estos supuestos configuran lo que llamamos “la vida republicana”, que en esencia es el desarrollo sin alteraciones de las relaciones de poder institucional. Por lo tanto, las alteraciones suponen desequilibrios en las relaciones de poder existentes, esto sucede cuando el devenir del proceso histórico requiere avanzar sobre el “status quo” que obstaculiza un cambio hacia una nueva relación de poderes equilibrada, si este nuevo equilibrio genera mediante una adecuación consensuada, los cambios se llevan mediante los mecanismos previstos por la propia constitución. Si en cambio, la alteración de las relaciones de poder surge por una facción que no cuenta con el consenso necesario, forzosamente debe romperse el orden constitucional.

Surge así un nuevo actor, la facción, o grupo de poder que ejerce alguna representación de los poderes políticos, económicos o sociales (el religioso, si bien no debiera ser considerado, interviene por razones históricas, como parte de la expresión social), tengan estos representación institucional o no. La facción para poder provocar una alteración en las relaciones de poder institucional debe asumir unilateralmente, mediante la ruptura de del orden constitucional, el rol de decisor de la nueva relación de poder. Así, los golpes militares asumieron los roles de poder ejecutivo, legislativo e incluso judicial (el forma no directa, pero si indirecta) mediante el uso de la fuerza en representación de facciones económicas y sociales (como fueron en 1956 los grupos agroexportadores,  los representantes de corporaciones extranjeras, una burguesía medio alta y sectores religiosos). El quiebre institucional de 1989 (entrega anticipada de la representación del poder ejecutivo) mediante una crisis generada por una facción económica y otra política.

En 2001 se planteó la falta de representación de quienes integraban los partidos políticos, esa crisis, fue expresada por amplios sectores sociales frente a la falta de solución a distintos problemas económico y de administración del estado, los gobiernos surgidos a partir de esa crisis solucionaron en parte los problemas, pero no se solucionó la causa que los generaba, principalmente porque los representantes de los partidos políticos siguen siendo los mismos que generaron la crisis de 2001. La raíz de la crisis económica y social de 2001, sigue presente y la actual crisis institucional que algunos plantean por el intento de cambiar las relaciones de poder existentes, es solo la manifestación de la necesidad de una facción de contar con más poder para responder a los requerimientos de la evolución histórica de una crisis económica y social.              

La verdadera seguridad es “ex ante”

Cuando se habla de la seguridad en su amplio sentido, la dimensión de la prevención de catástrofes es un área de bajo impacto inmediato, a la que suele asignarse poca prioridad, y que, por sobre todo no da rédito político. El problema es cuando la catástrofe ocurre y la gente sufre las consecuencias de la faltad e previsión para mitigar los efectos de la catástrofe.

Algo debe dejarse bien establecido TODA CATÁSTROFE ES PREVISIBLE en cuanto a su dimensión y efecto, lo que varía es su probabilidad de ocurrencia y el momento en que esta ocurrirá. Los responsables de la seguridad pública dedican su tiempo a solucionar problemas de coyuntura y no dedican tiempo a prever las posibles contingencias y su dimensión. Solo esto explica la falta de una respuesta adecuada de las autoridades ante las recientes catástrofes ambientales ocurridas.

Se podría escribir muchísimas páginas sobre la evidencia de esta conducta, pero basta una lectura atenta a la crónica periodística para probar la falta de previsión y de planificación de una respuesta adecuada ante la ocurrencia de una catástrofe. En ese sentido se podría investigar que catástrofes están previstas en las distintas instancias de los organismos de Seguridad Pública, que dimensión se le asigna y que respuestas se prevén en cada caso.

Aunque sería muy fácil exponer y criticar las conductas actuales, creo que una contribución a la toma de conciencia es hacer una breve exposición de cómo se debería actuar en esta área de gobierno.

El primer paso es crear un órgano de emergencia ante catástrofes que nuclee a los principales actores que deben opinar e intervenir: representantes de las fuerzas políticas; de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están involucradas en la prevención,  atención y consecuencias de una catástrofe;  expertos en las distintas áreas y redes de voluntarios.

El segundo paso es establecer las posibles catástrofes, su probabilidad de ocurrencia y las distintas dimensiones de los problemas que surjan en cada caso. Por ejemplo, en caso de un accidente de aviación, estimar la cantidad de afectados los tipos de lesiones que pueden presentar, los afectos concurrentes como afectación de instalaciones, transito, posible afectación de servicios públicos (en caso que el avión caiga sobre una sub estación de energía).

El tercer paso, a partir del mapa de posibilidades y sus consecuencias, se debe dimensionar la magnitud y características de los recursos que deben intervenir. En este caso lo que seguramente ocurra es que quede en evidencia la falta de recursos con que cuentan las instituciones públicas que deben intervenir en esos casos, por ello se debe coordinar con instituciones no gubernamentales, otras instancias de las instituciones públicas y redes de voluntarios.

El cuarto paso es establecer el plan de alistamiento y convocatoria ante la emergencia, realizar simulacros periódicos, comunicar adecuadamente y educar al resto de la población para que sepa cómo actuar.                

Creo que esta breve síntesis para recordarles a los responsables de la seguridad pública que debe hacerse es mejor que reprocharle aquello que no han hecho y que ha costado vidas, daños materiales excesivos y la desconfianza de la población. La seguridad no comienza cuando ocurre un hecho, comienza antes cuando se planifica como evitarlo o como minimizar daños y atender de la mejor forma posible a las víctimas.