En época de elecciones muchos políticos y economistas pregonan
planes y soluciones, muchos hacen buenos diagnósticos, otros tienen
propuestas interesantes, pero en conjunto crean mas confusión que la
que ya tiene la mayoría de los argentinos. Así, para contribuir a
poner en claro las ideas podemos hacer una categorización de
diagnósticos y propuestas, ya que generalmente van en coincidencia.
El
primer diagnóstico surge del análisis monetarista (que abreva en
las teorías que van de Hayek a Friedman, aquí expresado en las
histriónicas exposiciones de Milei) donde se pone el eje en los
desajustes existentes en el valor de la moneda por el manejo de la
emisión monetaria por parte del estado, también señalan los
problemas del gasto público y el tamaño del estado. Sus soluciones
se resumen en achicar el gasto público y el estado, desregular toda
actividad económica y liberar todo a la iniciativa privada. Es lo
que se llama neoliberalismo o liberalismo a secas.
Otro
diagnóstico surge de los análisis desarrollistas que se dividen en
dos vertientes, una keynesiana y otra con toques mas liberales; se
basan en poner el eje en la falta de productividad como base del
déficit fiscal y de la balanza de pagos, por ello las soluciones
propuestas apuntan a inducir el aumento de la productividad a costa
de un déficit fiscal inicial que luego sería corregido por la mayor
actividad económica (keynesianos puros) o mediante un fuerte plan de
incentivos a las inversiones extrajeras que generen actividad
económica a costa de un déficit de balanza de pagos que no solo se
compensaría, sino que puede financiarse a largo plazo. Las distintas
alternativas de este grupo se diferencian en la reducción o no del
gasto público no destinado a obras de infraestructura. Acá hay que
incluir a las políticas económicas llevadas a cabo (muy mal) por el
gobierno de Macri, quién financió el déficit fiscal con crédito
exterior y no logró inversiones que llevaran a un nivel
de actividad tal que cerrara el déficit fiscal y de la balanza de
pagos, tampoco pudo lograr un nivel de reducción del gasto público
que redujera el impacto impositivo en los sectores productivos.
Un
tercer diagnóstico proviene del enfoque institucionalista (aquí hay
visiones económicas y políticas), que culpan de todo a la falta de
funcionamiento de las instituciones del estado, ello provoca
ineficiencias operativas que generan el déficit fiscal y
desincentivan a la inversión productiva (aquí la frase mas
escuchada es: “falta de instituciones”).
A
esto hay que agregar los distintos análisis heterodoxos, desde los
estatismos nacionalistas hasta el marxismo clásico, donde se
plantean cuestiones sobre la extranjerización de las empresas
productivas, redistribución de la renta, nacionalizaciones y otras
yerbas que forma parte del folclore político y económico (donde
también se debate si la economía depende o no de la política).
Ante
esto podemos hacer algunas conclusiones para empezar a pensar la
economía argentina y es que no podemos tener una economía que
crezca sin tener superabit fiscal y una balanza de pagos positiva,
para lo cual debemos exportar mas de lo que importamos y recaudar mas
de lo que gastamos. Empecemos con lo menos complicado, la balanza de
pagos, exportamos principalmente productos primarios con algo de
valor agregado, obtenemos ingresos por turismo y servicios de
software entre los principales e importamos insumos, bienes de
capital y bienes de consumo; también gastamos en turismo. Además a
la balanza hay que agregar salida y entrada de capitales, los que
ingresan como inversión extranjera directa o como créditos (para
financiar inversiones locales o gasto corriente), la salida se
produce por remesas de recuperación de inversiones, pago de créditos
o envío de capitales al exterior. Independiente de que política
económica se proponga no podemos tener mas salidas de capital que
ingresos, e incluso debería no considerarse como ingreso a los
créditos que no se apliquen a inversiones productivas o de
infraestructura.
La
parte del déficit fiscal es mas difícil de poner en contexto, ya
que los ingresos son por medio de impuestos, los cuales tienen dos
fuentes principales: particulares y empresas. Los particulares
contribuyen con los impuestos a los bienes personales, los impuestos
al consumo y recientemente a sus ingresos (el impuesto al salario
elevado), mientras que mas empresas pagan impuestos de naturaleza
fiscal (tasas, sellos, etc.), impuesto al valor agregado (IVA),
impuestos a los bienes e impuestos a las ganancias. Debe señalarse
que a diferencia de los particulares, las empresas trasladan sus
impuestos a los precios de sus productos, y por ende, son los
particulares quienes son la fuente de aporte de la carga impositiva.
El gasto podemos dividirlo entre obra pública, gastos del estado
(administración pública, salud, defensa, seguridad y educación) y
gasto social (jubilaciones, pensiones y subsidios). El problema aquí
es que los componentes del gasto e ingreso público están
vinculados entre sí y se vinculan con otros aspectos de la economía,
por lo cual, si variamos un componente los otros se verán afectados,
a diferencia de lo que ocurre con la balanza de pagos donde la
afectación es menor. Así un aumento del gasto público ocasionará
un aumento de los impuestos, que se trasladarán a los precios, que
hará que haya menor consumo, menor ingreso de las empresas y al
final, menor recaudación. Por el contrario, un menor gasto público
no necesariamente generaría menores impuestos, si los impuestos
bajaran no necesariamente harían bajar los precios, si bajarán los
precios no necesariamente aumentaría el consumo de bienes y por ende
no habría mayor actividad económica y no habría cambios en la
recaudación. Resumiendo, en la economía real es muy difícil lograr
circuitos virtuosos de menor gasto, menor carga impositiva, mayor
consumo y mayor actividad económica.
Pero
la base del problema, lo podemos ver en el siguiente gráfico, que
muestra la composición de la población argentina de aproximadamente
45 millones de personas, de las cuales solo 27 millones forman parte
de la población activa, de esta 15 millones esta sin empleo, 6
millones trabaja formalmente en el sector privado, 3 millones trabaja
formalmente en el sector público y 3 millones son trabajadores
informales (monotributo mediante). Si bien los números no son
exactos su aproximación nos permite ver la magnitud del problema:
solo el 20% de la población integra el sector productivo, ya que el
sector público no genera bienes económicos, pudiendo este ser menor
ya que parte del sector informal integra el sector publico.
El
gasto social que cubre a mas de 73% de la población debe financiarse
con el aporte del 27% restante (cada persona que trabaja debe aportar
para cubrir os requerimientos de otras 2 personas) y la productividad
del 20% de la población debe cubrir al 80% restante, ya que el
sector público no produce bienes económicos.
Planteado
así el problema, mas que economistas y políticos necesitamos a
Mandrake.
