Costos políticos

Este primer período del gobierno de Mauricio Macri, si por algo se ha caracterizado es por los costos políticos. Dicho esto se supondría que un costo político es algo que se paga cuando se debe tomar una medida de gobierno que es necesaria pero impopular o que daña determinados intereses que una administración dice defender, pero no es este el caso.

Veamos cronológicamente, se empezó con un grupo de DNU que buscaban solucionar algunos problemas heredados de la gestión anterior, lamentablemente también se pretendió utilizar este mecanismo para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Las necesidades eran en algunos casos reales, en algunos casos el mecanismo de los DNU eran apropiados, en otros evidentemente no. La falta de criterio para discernir el uso de este mecanismo originó el primer costo político de la gestión Macri, sobre todo por confundir lo legal, lo ético y lo políticamente oportuno.

Sobre llovido mojado cuando salieron los ajustes tarifarios, necesarios pero que dieron en la línea de flotación de la gente de ingresos medios, y sin anestesia. Nadie cuestionó la necesidad de los ajustes, pero se aplicaron solo respetando una tarifa social, que demás hay que solicitarla cuando se supone que se creó en el gobierno una oficina de modernización que bien podría cruzar la información del ANSES y los titulares de las facturas para aplicar automáticamente el subsidio. El impacto de un ajuste aplicado sin ningún gradualismo provocó otro costo político innecesario, sobre todo porque coincidió con los subsidios otorgados a sectores agropecuarios y mineros.

Las medidas que se tomaron para evitar la pérdida de reservas no incluyo solo la unificación del mercado cambiario provocando una devaluación sobre ciertas áreas del 40% (aclaremos que el valor de las mercaderías importadas, con insumos a valor dólar o que tienen mercados donde se venden en dólares ya habían producido su ajuste a fines de 2015, solo algunos pocos sectores no tomaron las previsiones del caso; de todos modos la excusa de la devaluación la utilizaron las mayoría de los sectores empresarios para volver a ajustar precios y obtener nuevas ganancias); sino que elevó la tasa de interés del Banco Central a mas del 30%, con la consiguiente elevación de los costos del capital de trabajo de las mayoría de las empresas que se endeudan en la plaza local. El costo de estas medidas fue el ajuste empresario vía reducción de personal (algo que también influyó fue la caida de la demanda en cerca del 10% expresado en bienes) y la falta de inversión de los pequeños empresarios (solo aquellos que puedan esperan una rentabilidad superior al 40% se arriegarán y lo mas probable es que tampoco lo hagan frente a una inconsistencia política que esta manifestando el gobierno). Un costo que debería haberse evitado utilizando manteniendo un cierto déficit fiscal para aplicarlo a proyectos de obra pública que implicasen uso de mano de obra intensivo y creando lineas promocionales de crédito de fácil y rápido acceso a Pymes y Micros.

El tema del impuesto a las ganancias fue otra medida mal tomada que generó un innecesario costo político, ya que no se elevó el monto mínimo aplicable para el pago del impuesto, sino que se agregaron ítems deducibles para algunos, pero que incluyeron a otros, de modo que no varió significativamente la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto, lo mismo que el mentado “costo” de esta medida, que se compensó con el aporte de quienes quedaron incluidos en el pago del impuesto. Además, los valores de la supuesta rebaja en la alícuota no se actualizan hasta el año próximo, lo que si harán los salarios, paritarias mediante, e ingresarán muchos de los hasta ahora eximidos del pago. Esto podría haberse hecho mucho mejor si se hubiera creado un cronograma de reducciones en las alícuotas del impuesto y en los montos mínimos para quedar incluidos en el pago de ganancias, hasta eliminar este impuesto y reemplazarlo por un impuesto a los altos ingresos, ya que el salario no es ganancia.

En el área de seguridad, la fuga de los hermanos Lanatta dejo al descubierto la falta del control del manejo operativo que tienen las actuales autoridades designadas en ese ministerio. También el desconocimiento sobre las “internas” que imperan en las distintas fuerzas bajo el control del área de seguridad. Los sucesivos intentos de mostrar control sobre las fuerzas de seguridad, operativos exitosos contra el narcotráfico y el crimen organizado, no superan la media de otros gobiernos. Sobre todo, si se hace los mismo que se venía haciendo y que no dio resultado, no puede esperarse tener éxito.

Entre los papelones del ministro Aguad sorprendiéndose por una tecnología que debería conocer, del rabino devenido en Ambientalista por voluntad presidencial y no por su conocimiento del tema, la titular de la oficina anti-corrupción cuestionando una decisión de la Corte para mostrar el contrato entre YPF y Chevrón, y varios casos similares que no me vienen a la memoria, este gobierno ha opacado algunos éxitos de su gestión por las malas decisiones de muchos de sus funcionarios. Pero el costo político de estos errores no solo se debe a la mala gestión de algunos funcionarios, sino a dos factores muy importantes, El primero es priorizar la gestión por sobre la política, algo muy común en una empresa (vean mi artículo anterior sobre “El estado empresario”), pero demasiado riesgoso en la administración pública. El segundo es considerar que los aspectos legales son condición necesaria y suficiente para cumplir con una necesaria ética política, la legalidad es necesaria pero no suficiente, “La mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino parecerlo”, una frase de Séneca sobre la que Macri debería reflexionar.

El estado empresario

Sin que sea peyorativo, estamos transitando una etapa en que la administración del estado adquiere las características de la administración de una empresa, si partimos de esta premisa, quizás podamos entender como actúa este gobierno.

Cada administración del estado tiene su impronta, por ejemplo el FPV desarrollo un estilo de administración que podemos llamar estado feudo, donde el gobierno considera que él es el estado y se confunde estado con gobierno (aquí un humorista político usaría algún ejemplo basado en el “derecho de pernada”). Este estilo no concibe una convivencia son la oposición y al igual que los viejos señores feudales declaran el guerra a todo aquel que discuta o ponga en duda su autoridad. Su economía se subordina a “su política”, pues no entienden que la subordinación de la economía a la política solo se da en el supuesto de racionalidad de los actores (los actores económicos y los políticos). Un fenómeno inverso se da en el fundamentalismo económico donde los economistas creen que la política debe subordinarse a su forma de ver la economía, el problema es que hay mas formas de ver la economía que economistas (en el mejor de los casos el economista Chen a sintetizado las posturas económicas en ocho, sin descartar que cada una de ellas tiene distintas variantes). En esta forma de ver el estado la razón de ser del gobierno se justifica de distintas maneras: la institucional, la popular, la republicana, la democrática, u otra forma de idealizar su legitimación. El FPV tomo las banderas del PJ de izquierda y se justificó en el apoyo popular, aunque degeneró en un populismo prebendario (daría para otro artículo analizar las diferencias entre gobierno popular y gobierno populista).

La Alianza tuvo un estilo “estado levemente institucional”, ya que pretendió retornar a la forma de gobierno que tuvo el gobierno de Alfonsin, pero su debilidad política de origen lo llevó a convertirse en una borrosa copia. El menemismo llevo a cabo una administración tipo “estado feudal pseudo liberal”, donde el personalismo feudal, se conjugó con políticas económicas neo liberales que le dieron a la administración de Menem un tono de sainete post moderno. A nadie le cabe la menor duda que el gobierno de Alfonsín tuvo un estilo “estado institucional democrático”, quizás tan enfocado en llevar a cabo el afianzamiento democrático, que descuidó fatalmente la economía.

Volviendo al tema original, el estado empresarial, esto no se produce al designar en puestos claves del gobierno a CEOs de grandes empresas, sino en la impronta política que le dio el presidente Macri a su administración. En una empresa si las cosas no van bien, lo primero que se acomoda son los grandes números, no los empleados, Es mas, si el problema que existe no es de naturaleza administrativa, sino operativa, un CEO no interviene en forma directa sino que genera un control administrativo y posteriormente produce los cambios en la conducción operativa de la empresa. Estas dos características explican las conductas del gobierno en sus primeros días.

Las primeras medidas del gobierno respecto al pago de los juicios iniciados por acreedores que no aceptaron la re-negociación de la deuda (los famosos “buitres”), los ajustes de tarifas a valores que respondan a sus respectivas estructuras de costo y la unificación del mercado de cambio (podemos discutir si fue un sinceramiento o una devaluación), se asemejan a medidas que tomaría un empresario al hacerse cargo de una empresa que funciona mal. La primer analogía: poner a la empresa sujeto de crédito es algo que expresaron varios dirigentes del PRO, respecto a la necesidad de terminar con la situación de default de la deuda externa del país, por lo que no es necesario ningún análisis.

La segunda, el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, es lo que ocurre cuando cualquier empresa re-calcula y actualiza sus costos trasladándolos al precio de sus productos o servicios; debemos tener en cuenta que un empresario protege su “core bussiness” privilegiándolos respecto de actividades anexas (por ejemplo, una empresa que produce leche también puede producir quesos y yogur, pero su objetivo siempre será producir leche y subordinará a esto el resto de sus actividades). Se debería aclarar aquí que parte de la concepción liberal clásica del estado (que parcialmente comparte este gobierno) es que sus funciones principales son; seguridad, salud y educación; esto se completaría con desarrollo y promoción social en la visión que postula Cambiemos. De modo, que los servicios públicos deben ser soportados por sus usuarios y los subsidios que mantenían bajas sus tarifas redirigirse a financiar sectores mas vulnerables, Como ejemplo de ello las palabras de la vicepresidente Michetti, el aumento del alcance de las asignaciones familiares y las tarifas sociales son evidente prueba de ello.

El fin del cepo cambiario puede verse como una devaluación o una unificación del valor del dólar, independientemente del análisis económico (que favorece a la posición del gobierno) esta medida es análoga al proceso de saneamiento financiero de cualquier empresa donde los valores contables se ajustan a la realidad del funcionamiento diario de la empresa. Si los valores con que se asientan las operaciones en un balance no son reales, la administración de la empresa no tiene la información exacta de como está funcionando. En este sentido el fin del cepo al dólar y la necesidad de un INDEC que de valores reales, son parte de una necesidad, tanto en la empresa como en el estado, para poder administrar en forma realista las medidas económicas que se tomen.

Otras medidas que ha tomado el gobierno se pueden analizar y llegar a analogías similares, tal sería el caso de los despidos de personal contratado en el estado, la racionalización del gasto, la quita de subsidios, etc. Ahora bien, un estado empresario prioriza su funcionamiento por sobre su personal, aunque sabe (algo que ignoran las viejas posiciones marxistas) que sin una fuerte dotación de capital humano no puede sobrevivir en un mundo globalizado, competitivo y altamente tecnificado. Lo único que sucede es que primero se arreglan los números, después los papeles y al final el personal. Por ahora el gobierno está arreglando los números, luego veremos.