El trágico
hecho del asesinato de Micaela Ortega, desnuda por lo impactante del
tema, las falencias que existen en la seguridad de todos los
argentinos. He leído críticas a la familia, a la policía y a la
justicia, pero creo que no puede analizarse el hecho sin considerar
que la falta de seguridad, que permitió que este crimen se
cometiera, nos involucra a todos. Como primer paso me eximo de
analizar la conducta de la familia por respeto a su sufrimiento y
dolor, ya que estar mas de 30 días con una hija desaparecida y luego
tener que soportar su pérdida, es algo no imaginable y que debe
respetarse.
En este caso
el primer elemento a considerar es que no podemos sedar de señalar
que la tecnología y las redes sociales generan un espacio de
comunicación que nos vincula con todo lo que existe en nuestra
sociedad, lo mejor y lo peor. Este contacto no tiene forma de control
por dos motivos, el desconocimiento y la falta de mecanismos de
regulación. Hoy casi todos las personas desde los 6 años hasta mas
de 90 pueden acceder a una computadora, una tablet o un teléfono
celular, y desde él ingresar a una red social, donde todos se
comunican y relacionan con todos. Entre ese universos de personas que
acceden están todo tipo de delincuentes, desde estafadores hasta
ladrones, asesinos y pedófilos, las redes sociales no tienen
mecanismos de verificación sobre la identidad de la persona que se
registra en una red social, mas si esta busca utilizarla para
delinquir. Como sociedad no exigimos a nuestros representantes que se
establezcan mecanismos de verificación de identidades, de acceso y
protección de menores; pero también no nos informamos y preparamos
para que nuestros hijos puedan utilizar esta tecnología sin riesgos
para ellos. Ningún padre le daría su auto a un hijo para que haga
uso de él, si antes no aprendió a manejar; pero permitimos que
nuestros hijos menores abran una cuenta en una red social, sin
enseñarle como debe manejarse, cuales son los riesgos que enfrenta y
como actual ante ellos.
El segundo
elemento en este aspecto que debe considerarse es el rol de la
escuela, se les dio netebooks a los chicos en las escuelas se
promovió el uso de redes sociales como parte de un proceso de
introducción al uso de las nuevas tecnologías, pero me
pregunto¿Cuantos docentes hablaron de los riesgos y los cuidados que
debían tener? ¿Hubo docentes que en pos de permitir a que chicos
pudieran acceder a las redes sociales les enseñaron a hacer trampas
para abrir una cuenta que por su edad no podían abrir? En la misma
línea de análisis ¿Que capacitación recibieron los docentes sobre
los riesgos que enfrentarían sus alumnos cuando accedieran a
Internet y las redes sociales? ¿Que capacitación recibieron para
enseñarles a los niños los riesgos a que se enfrentaban y como
actuar ante ellos? Y por último ¿Como se preparó a los padres para
que supieran como actuar frente el uso que darían los niños a estas
nuevas tecnologías?
Tenemos
entonces, un niño frente a una computadora conectado a Internet y
con acceso a una o varias redes sociales, con padres que no han
tenido preparación para velar por la seguridad de sus hijos, con
docentes que tampoco prepararon a sus alumnos para que usen las
nuevas tecnologías sin exponerse a los riesgos que ellas conllevan y
tenemos una multitud de criminales frente a ese niño que usa
maravillado su computadora conectada a Internet y a una red social.
El actor
ausente en esto es el estado, un estado que no regula las redes
sociales, no para ejercer censura, sino para garantizar la seguridad
de quienes las usan (no solo se pueden leer casos de pedofilia, sino
también pishing, bulling, etc.). Ese estado tampoco ejerce una
vigilancia pro-activa de ciberdelincuentes, limitándose a perseguir
hackers, o delitos de fraude bancario; ignorando, por ejemplo, la
trata de personas que se publicita en forma explícita en la red.
Es el mismo
estado, que por medio de su policía suele desestimar denuncias por
presuponer conductas. Los casos de violencia de género que terminan
en femicidios; los casos de intento de violación que se descartan
suponiendo una conducta provocativa por parte de la víctima, hasta
que esta es finalmente violada o e produce una violación por parte
del denunciado; la desaparición de personas sin mediar
circunstancias que supongan un secuestro extorsivo (como el caso de
Micaela); y otros mas que haría demasiado extenso su enumeración.
También es
es mismo estado donde su poder judicial, permite la excarcelación de
reclusos cumpliendo con requisitos que se demuestran inútiles para
re-insertar una persona con una condena cumplida o por cumplirse. De
no ser así, y suponiendo que los requisitos son suficientes para
garantizar una re-inserción social del recluso, debería examinarse
la conducta de quienes deben intervienen el el proceso de liberación
o liberación anticipada, ya que los hechos demuestran que varios
liberados con informes favorables del servicio penitenciario, de
asistentes sociales y de psicólogos, han vuelto a delinquir incluso
en períodos de prueba o evaluación. Todo esto sin considerar que
quienes violan los términos de su libertad condicional, difícilmente
son buscados en forma intensiva y solo caen en alguna redada
ocasional.
Finalmente
tenemos potenciales victimas sin capacidad de defensa y posibles
victimarios no perseguidos y controlados. Esta situación analizada
se produjo en el caso Micaela, pero las condiciones que desataron
esta tragedia no se han suprimido y solo es cuestión de tiempo para
que tengamos que lamentar otro caso similar.
