Los problemas económicos de la falta de seguridad

Desearía no tener que seguir escribiendo sobre la mal llamada “seguridad”, desearía que no fuese necesario que yo o nadie mas tuviera que escribir sobre los problemas que ocasiona el aumento de la delincuencia y la falta de políticas eficaces para combatirla. Asumiendo que no consideramos el verdadero y amplio sentido de la seguridad y nos restringimos a analizar solo los problemas derivados del aumento de todo tipo de delitos.
Uno de los problemas que ocasiona la falta de seguridad es económico. Un hecho delictivo ocasiona un daño por el bien objeto del delito en caso de robo, o por la perdida de una vida cuando hay un crimen o por lesiones y la pérdida, temporal o permanente de la capacidad de trabajo. Este primer indicador económico no agota el perjuicio económico, ya que existen costos indirectos como ser: el costo de procesos judiciales (ya que muchos particulares damnificados optan por participar en el proceso a través de un patrocinio letrado), pérdida de días de trabajo para realizar trámites judiciales como: identificación de sospechosos, ratificación de denuncias judiciales, etc., también el costo de reposición de bienes, atención de personas lesionadas y varios otros, que pueden llegar a igualar el valor del daño causado por el delito en forma directa. Un último perjuicio es causado por la sobrecarga del trabajo del sistema policial y judicial, y el perjuicio en el sistema productivo regional. Este aspecto debe dividirse en dos grandes áreas, el área pública y el área privada. El aumento de los hechos delictivos supera actualmente al aumento del personal policial y judicial, dedicado a trabajar en dichas tareas, por lo tanto se generan sobrecarga de trabajo, con la consabida pérdida de eficacia y eficiencia de ambos organismos del estado. En el ámbito privado el delito ocasiona disminución de la productividad por ausencia de personal, o necesidad de reemplazo del mismo, también el mapa del delito afecta proyectos de inversión en algunos sectores mas castigados por el aumento de la delincuencia y suele afectar también el valor de las propiedades.
Para intentar un cálculo aproximado de estos perjuicios usaremos la información suministrada por la Oficina de Estadística del Ministerio Público de Buenos Aires, organismo dirigido por el procurador Esteban Righi, que informan que en 2004 las fiscalías porteñas ingresaron 199.989 expedientes por distintos delitos; en 2005 la cifra se elevó a 219.934, en 2006 fueron 224.348 procesos. En 2008 se han registrado hasta el momento (ya que no todos los hechos denunciados han sido volcados en el sistema de estadística): 185 homicidios simples, 1.958 muertes dudosas, 2.500 lesiones dolosas, 615 abusos, 216 violaciones, 967 hechos de privación ilegal de libertad, 120 apremios ilegales, 1.210 hurtos simples, 57.995 robos simples, 21.000 robos con armas, 7 robos seguidos de muerte y 11 secuestros extorsivos, entre otros delitos. Tomamos estos datos como representativos de 1/3 de la población del país, y así para establecer datos tentativos tendremos para nuestro análisis (considerando solo aquellos hechos en que es más sencillo de evaluar el perjuicio económico): 6429 muertes dudosas y homicidios, 7500 lesiones dolosas, 240636 distintos hechos de robo y hurto.
Usaremos el valor base del seguro de vida para estimar el valor vida (por más que sea una animalada desde cualquier otro punto de vista, pero esto al solo efecto de tomar un valor de referencia que tenga algún asidero) que oscila en los $ 300.000. Una lesión promedio tiene un costo de $ 30.000 (valor del seguro por accidente, para asimilarlo a algún valor ya establecido) y podemos tomar que en promedio un delito contra la propiedad causa un perjuicio promedio directo de $ 2.000 (este valor ponderado de analizar 100 denuncias por robo). El monto del perjuicio directo estimado para el año 2008 rondaría los 2.635 millones de pesos, el cual se elevaría al doble calculando los costos indirectos, o sea 3.270 millones de pesos. Si tomamos un subsidio universal para familias en situación de riesgo de $ 1300 mensuales se podría subsidiar a casi 200.000 familias con lo cual la reducción de la tasa de delito social (el que se comete por causas, o a consecuencia, de la situación social de la persona) sería indudablemente sustancial. El importe del primer año, no sería superior al 2% de las reservas existentes en el banco central, y se podría financiar los años subsiguientes con aportes de las compañías de seguro (que verían muy disminuida su tasa de siniestralidad), obras sociales (los tratamientos de las lesiones en su mayoría se cubren por estas obras sociales), seguros de salud, asociaciones de comerciantes, industrias, etc., que tributarían en función de los ahorros que tendrían, por la disminución de los hechos delictivos.
Esta propuesta, parecería ser, económicamente de base cero, ya financiamos la reducción del delito con el ahorro que se produce por la reducción del mismo. Pero existe un primer beneficio adicional, que surge por la reducción de la sobrecarga del sistema policial y judicial, ya que un total de 254 mil hechos requerirán, casi 2 millones y medio de horas/policiales y casi el mismo monto de horas/judiciales (estimando un promedio de 10 horas por causa), mas costos de traslados, papelería e insumos de investigación y pericias, este ahorro equivale a casi mil personas que trabajen en cada área a jornada completa durante un año. El último beneficio, es en definitiva el más difícil de medir, ya que se produce por aumento de productividad, por mejora de las condiciones para radicar comercios o actividades financieras y por revalorización de propiedades.
Esta primera aproximación al estudio de las consecuencias económicas del aumento del delito y sus posibles soluciones estructurales, está siendo investigada por el Grupo de Estudios de la Gestión del Estado del cual formo parte y que próximamente publicará en congresos y revistas de la especialidad, trabajos con mayor objetividad técnica y precisión, que la expuesta brevemente aquí, pero que demuestran que es posible pensar con criterios técnicos, otras soluciones diferentes al aumento de la capacidad preventiva o represiva del delito, metodología que ha demostrado ser ineficaz, tanto desde el punto de vista del análisis técnico como de las experiencias registradas en publicaciones internacionales de la especialidad.