Como dice el refrán “no hay verdades absolutas pero si mentiras
evidentes”, lo cual puede verificarse con los dichos y los hechos de los
últimos tiempos, exacerbados por la proximidad del acto eleccionario.
Empecemos por aquellos que proclaman tener un plan y solo dicen
obviedades tales como aumentar los efectivos policiales. Primera mentira: la
cantidad de policías no garantiza la seguridad, solo la mayor o menor cobertura
zonas de vigilancia y la evidencia de su inefectividad es que los delincuentes
buscarán siempre sectores con menor vigilancia para cometer sus delitos, sin
considerar que existen sobradas evidencias sobre “zonas liberadas” por policías
en connivencia con delincuentes.
Otra consigna que enarbolan los políticos en campaña es el
endurecimiento de las penas por distinto tipo de delito, los cual incluso
lleva a algunos impresentables a
proponer la pena de muerte. No hay mentira más evidente que esta, ya que distintos
estudios de criminalística no han demostrado que aumentando las penas se
disminuye la cantidad de delitos. Pero es interesante en este punto destacar
que muchos creen que la seguridad se consigue castigando y no previniendo. Como
postule en mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” el
castigo de un delito supone que el delito se cometió y por lo tanto ya se
produjo un daño. Se puede agregar que la tasa de esclarecimiento y condena de
delitos no supera el 10%, así que prometer un castigo cuya probabilidad de
aplicación es menor a 0.1, no tiene mayor impacto en la población de
delincuentes. Además, en la sicología del delincuente debe considerarse que este
supone que podrá delinquir sin ser descubierto y condenado (lo que las estadísticas
demuestran) y por ello no es la pena lo que puede hacerlo desistir.
También se habla de terminar con “la puerta giratoria” por la que
muchos delincuentes son liberados luego de ser capturados. Es interesante que
nadie apunte al análisis de por qué se produce la excarcelación de los
delincuentes detenidos, si es por incumplimiento de los procedimientos legales
o por inconsistencia de la prueba, esto nos remite a la preparación del
personal policial y de la fiscalía, que tipo de formación y capacitación poseen
los cuadros policiales, que formación específica poseen los fiscales, cuántos
de ellos tienen estudios de criminalística. Hablar de jueces garantistas puede
hacerse si se puede afirmar a ciencia cierta que la investigación y acusación
de un delito se realizó por personal idóneo que cumplió con todos los
requerimientos necesarios para que el presunto delincuente sea condenado
(nuevamente la estadística pone esto en duda).
El problema de la imputabilidad de los menores pone en evidencia el
desconocimiento de la realidad de quienes proponen políticas de prevención del
delito (no las llamemos políticas de seguridad, porque no lo son, la seguridad
tiene una dimensión mucho mayor). La delincuencia juvenil pone en evidencia un
problema social de marginación, falta de educación, problemas sociales y
económicos; por ello se busca proponer una solución fácil que conforma a la
mentalidad pacata de muchos “preocupados” por la inseguridad, encarcelando al
delincuente juvenil o proponer dejarlo libre dada su condición de menor: De lo
poco que coincido con el Dr. Zaffaroni es que para condenar a un menor se lo
debe juzgar antes con los mismo derechos que a un adulto, liberarlo o
condenarlo sin juicio supone prejuzgamiento, suprimiendo así el derecho a la
inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero antes de optar por una de
las propuestas se debería contar con instituciones que garanticen el
cumplimiento de la condena y su reinserción, la asistencia a adicciones, la
ayuda social a familias por problemas (no darle plata, sino educación, salud y
condiciones de desarrollo). Hasta tanto un estado que no puede darle la
contención a un menor para que este pueda desarrollarse como persona, no puede
ponerlo preso.
Las cámaras de seguridad han solucionado varios problemas, el de los vendedores
de cámaras en primer lugar, pero no el de la población, las cámaras por si
mismas no garantizan nada, solo el registro de los hechos. Se han producido innumerables
hechos de inseguridad con la presencia de las cámaras que no se han podido
prevenir. Lo cierto es que un manejo inteligente de la tecnología sigue ausente
de las propuestas políticas.
Podemos citar otras “perlitas”: un gobierno preocupado por la
inseguridad que sub ejecuta el presupuesto de seguridad, señalar que existen
cuatro mil delincuentes sin indicar como se obtuvo esa cifra (¿acaso le
pidieron al INDEC que investigara?), utilizar gendarmes y prefectos para tareas
de vigilancia en zonas donde supuestamente funcionan cámaras de seguridad,
forzar la formación de policías en plazos mucho menores que los necesarios para
una capacitación eficaz, preocuparse por policías con parte médico y no por el
estado físico y la sobrecarga de horas “extras” que cumplen policías asignados
a funciones operativas, y se podría seguir enumerando.
Como conclusión podemos verificar que existen “mentiras evidentes” en
el tema de seguridad, la pregunta que surge es ¿hasta cuándo seguirán
improvisando?
