Tecnología mal empleada

No es nuevo decir que soy un crítico de como se implementan las políticas a nivel nacional, provincial y municipal, sobre todo por las contradicciones que generan con las mismas formulaciones políticas. Para poner en claro esto, analizamos algunos casos.

El proyecto de reforma del código penal en primer lugar es un claro ejemplo de contradicciones, se declama desde la conducción política que no debe estigmatizarse la pobreza, que debe respetarse la voluntad de la ciudadanía y que el objetivo de una condena a reclusión es lograr la re inserción del condenado mediante el cumplimiento de la condena y su preparación para tener mas oportunidades cuando termine su condena. En primer lugar el proyecto del código enuncia las propuestas recibidas y las analiza, pero formula un proyecto que difiere sustancialmente de las propuestas recibidas, erigiéndose en el producto de una élite jurídica que solo debate en claustros universitarios de vinculados al estudio del derecho. Esto deja la impresión que el proyecto de reforma del código penal fue realizado ignorando el interés de distintos grupos de ciudadanos vinculados al tema, se formuló de acuerdo a criterios no debatidos previamente por representantes de las distintas expresiones políticas del país, siendo que el código afectará a todos los ciudadanos y deberá ser aprobado por los legisladores representantes de las distintas expresiones políticas. Otra contradicción surge entre la formulación política de no criminalizar la pobreza y la fundamentación del criterio sobre la no criminalización del delito, ya que las condiciones de exclusión en que se crió el criminal fueron las causales que lo llevaron a cometer el delito y no una decisión personalísima, con lo cual reconoce explícitamente que es la pobreza la que lo lleva a delinquir (restaría preguntarse si el caso Robledo Puch obedece a esos postulados). Por último, parecería que el sistema carcelario es algo ajeno al poder judicial y los juzgados de ejecución penal fueran organismos abstractos que no intervienen en las condiciones en que un condenado cumple su pena. Mas aún, proponer que el sistema carcelario no cumple la función de resocializar al reo, obligaría a reformular el funcionamiento de los juzgados de ejecución penal y no suprimir la penalización del delito, algo que escapa a la competencia judicial y es algo político, no jurídico; sobre todo no asumiendo su competencia en materia de ejecución penal. Esto no tiene por objeto discutir el proyecto de reforma del código penal (algo que estamos haciendo en el blog: http://insepu.blogspot.com.ar/2014/04/analisis-de-la-reforma-al-codigo-penal.html ) sino poner evidencia las contradicciones que existen entre las líneas políticas formuladas desde el gobierno y las acciones supuestamente “técnicas” que apoya o promueve.

Podemos ahora analizar algo mas “técnicamente duro”, en materia de seguridad se propone que los motociclistas usen un chaleco identificatorio con el número de la patente y también se les prohíbe circular por ciertas calles (céntricas), las mismas propuestas surgen de los gobiernos provincial, CABA y varios municipios. Quienes propugnan tales medidas para “garantizar la seguridad” cometen no solo errores procedimentales sino que entran en contradicción con las políticas que dicen pretender implementar. Dediquemos algunos párrafos a los errores procedimentales, el primero prohibir la circulación de motos o forzar una identificación de quienes conducen genera mas problemas a quienes no cometen delitos, ya que el delincuente copiará el número de algún cadete, poniendo en serios problemas al trabajador y dándole un nivel de impunidad adicional (para quienes argumenten que se puede perseguir mejor al delincuente por el chaleco y su número, basta que el delincuente use una chaleco arriba de otro, se saque el chaleco con el que cometió el ilícito y se quede con el que lleva abajo, que hasta puede ser legal). Tampoco que circule un solo conductor por moto evitaría cierto tipo de delitos que requiere huir los mas rápido posible, dos delincuentes puestos en combinación actuarían uno cometiendo el ilícito y el otro como apoyo, dejándole el vehículo a su disposición para que huya (incluso puede pretender que se lo robó y dar detalles que confundan a la policía). Por último, evitar que se cometan cierto tipo de delitos en un determinado sector (micro centro , o áreas urbanas) no evita que se cometan en otros sectores (áreas peri urbanas). Se podrían detallar mas errores sobre esta propuesta, pero volvamos a la contradicción, el uso de motos para cometer ciertos ilícitos se basa en que no hay control real sobre las motos que circulan, ya que si hubiera un control efectivo nadie cometería un delito con su moto o una moto registrada a su nombre y circular con una moto robada o adulterada, no sería posible. Es la falta de control sobre las motos lo que genera que se la use con fines delictivos, pretendiendo solucionar ese problema con nuevo control, que no resulta útil como preventivo y que no garantiza que no se sigan usando con el mismo propósito. La evidente contradicción surge al proponer un control por parte de las autoridades, que han fallado previamente en los controles que hubieran evitado el problema.

Citemos por último otros ejemplos, como son: el uso de radares para el control de la velocidad en áreas urbanas o peri urbanas donde deben ser los semáforos quienes deben regular la velocidad, el uso de cámaras de seguridad para detectar delitos y no tener un mecanismo de intervención policial rápido que permita evitar la consumación del delito, la saturación de un territorio con presencia policial que por aptitud del personal (falta de capacitación, sobre exigencia horaria, medios técnicos, etc.) y procedimientos que estimulen su intervención (suspensiones ante lesiones o muerte del delincuente, falta de estímulos por intervención, riesgos personales y familiares por intervenir ante ciertos criminales, pobre cobertura en caso de lesiones permanentes o muerte, etc.), medios de apoyo como armas, elementos de protección (cascos, chalecos) y vehículos que no cuentan con soporte (muchos de estos elementos deben ser adquiridos por los policías) y el mantenimiento de los mismos (faltan armeros, mecánicos, etc.).

Creo que podríamos hacer una gran lista de ejemplos, pero lo esencial que surge es la permanente contradicción entre la política formulada y su implementación, esto no reconoce ideología, la incapacidad de articular política con estrategia y táctica es transversal a izquierdas y derechas, a niveles nacionales, provinciales o municipales; parafraseando a Discépolo “los inútiles nos han alcanzado”