¡No tienen vergüenza!

Ayer ocurrió una nueva tragedia que costó la vida de 8 personas, esto muestra hasta donde las causas de la inseguridad se centran en una la falta de presencia del estado, algo declamado hasta el hartazgo pero nunca concretado en la realidad. El hecho podrá ser doloso o culposo, pero los hechos previos a la tragedia, exponen la ausencia de la asistencia que el estado debería haber brindado.

Como primer aspecto, había una mujer a cargo de 5 hijos que no estaba cubierta por la asignación universal por hijo, la falta de asistencia no era ignorada por quienes asistían a los niños, la mayor de las criaturas tenía 13 años y la menor 3 años, concurrían a una escuela y había algunos no documentados. Durante ese tiempo, la interacción con personas que podían y/o debían llevar una asistencia por parte de distintos organismos del estado no se realizó.  Maestros, profesores, asistentes sociales, policías, fiscalías, etc. no vieron, o mejor dicho ignoraron, lo que pasaba en esa familia, y lo peor es que no hay mecanismos instrumentales para que esto vuelva a pasar.

Hubo antecedentes de violencia familiar que no fue debidamente atendida, e incluso fue ignorada, según manifestaron algunos vecinos, incluso hubo denuncias al 911, queda en evidencia la falta de protocolos de control en el sistema de emergencias (que en realidad funciona mas como “call center” que como auxilio, control y auditoría de emergencias de seguridad) y la inutilidad de los protocolos de intervención policial para problemas complejos. También se evidenció la inutilidad de los procedimientos jurídicos para contener un problema de violencia de género, ya que varios testimonios señalan que la mujer habría presentado denuncias tanto en sede policial como judicial. La demora de los procedimientos jurídicos, que solo operan como registros burocráticos y no como articulador de procedimientos sociales y policiales que operen sobre el problema.

La escuela donde asistían los niños no efectuó las denuncias pertinentes por los problemas que evidenciaban los menores, a pesar que deberían contar con asistentes sociales que articulasen con los programas municipales, provinciales y nacionales cuando detecten casos de esta naturaleza. La función de las escuelas quedó reducida, en este caso, a brindar una alimentación insuficiente (a lo sumo 2 de las 4 comidas diarias), una instrucción deficiente (no por este caso en particular sino por los resultados de las evaluaciones que se realizan) y una contención nula, ya que los menores o no tuvieron la confianza en los educadores para contarles el problema que atravesaban o estos los ignoraron.

El sistema de salud no registró los nacimientos de varios de ellos, uno de los niños era discapacitado y nadie efectuó los trámites para otorgarle una pensión y la asistencia que por ley le hubiera correspondido. Es impensable imaginar que la mujer o sus hijos no haya concurrido a algún centro de salud o sala médica, donde no se registró su situación y no se dio intervención a los  sistemas de asistencia social.                         

El municipio no tenía registrado el asentamiento donde vivía la mujer con sus hijos en condiciones mas que precarias, no había un control de condiciones de habitabilidad que vinculara las condiciones precarias de la vivienda con planes de asistencia social, no había vinculación entre los centros de ayuda social donde concurría la familia para buscar comida y asistentes sociales que analizaran los distintos casos y buscaran soluciones a cada problema.

Pero una vez ocurrida la tragedia, todos los políticos responsables de la ausencia del estado se sintieron muy preocupados, se sacaron fotos con cara compungida y prometieron que esto no quedaría impune, suponiendo sin ninguna investigación, que estaban en presencia de un hecho doloso. Esta suposición políticamente les conviene mas, ya que se desvía la atención hacia el presunto culpable, ocultando la culpa que es exclusivamente de ellos ¡No tienen vergüenza!