Costos políticos

Este primer período del gobierno de Mauricio Macri, si por algo se ha caracterizado es por los costos políticos. Dicho esto se supondría que un costo político es algo que se paga cuando se debe tomar una medida de gobierno que es necesaria pero impopular o que daña determinados intereses que una administración dice defender, pero no es este el caso.

Veamos cronológicamente, se empezó con un grupo de DNU que buscaban solucionar algunos problemas heredados de la gestión anterior, lamentablemente también se pretendió utilizar este mecanismo para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Las necesidades eran en algunos casos reales, en algunos casos el mecanismo de los DNU eran apropiados, en otros evidentemente no. La falta de criterio para discernir el uso de este mecanismo originó el primer costo político de la gestión Macri, sobre todo por confundir lo legal, lo ético y lo políticamente oportuno.

Sobre llovido mojado cuando salieron los ajustes tarifarios, necesarios pero que dieron en la línea de flotación de la gente de ingresos medios, y sin anestesia. Nadie cuestionó la necesidad de los ajustes, pero se aplicaron solo respetando una tarifa social, que demás hay que solicitarla cuando se supone que se creó en el gobierno una oficina de modernización que bien podría cruzar la información del ANSES y los titulares de las facturas para aplicar automáticamente el subsidio. El impacto de un ajuste aplicado sin ningún gradualismo provocó otro costo político innecesario, sobre todo porque coincidió con los subsidios otorgados a sectores agropecuarios y mineros.

Las medidas que se tomaron para evitar la pérdida de reservas no incluyo solo la unificación del mercado cambiario provocando una devaluación sobre ciertas áreas del 40% (aclaremos que el valor de las mercaderías importadas, con insumos a valor dólar o que tienen mercados donde se venden en dólares ya habían producido su ajuste a fines de 2015, solo algunos pocos sectores no tomaron las previsiones del caso; de todos modos la excusa de la devaluación la utilizaron las mayoría de los sectores empresarios para volver a ajustar precios y obtener nuevas ganancias); sino que elevó la tasa de interés del Banco Central a mas del 30%, con la consiguiente elevación de los costos del capital de trabajo de las mayoría de las empresas que se endeudan en la plaza local. El costo de estas medidas fue el ajuste empresario vía reducción de personal (algo que también influyó fue la caida de la demanda en cerca del 10% expresado en bienes) y la falta de inversión de los pequeños empresarios (solo aquellos que puedan esperan una rentabilidad superior al 40% se arriegarán y lo mas probable es que tampoco lo hagan frente a una inconsistencia política que esta manifestando el gobierno). Un costo que debería haberse evitado utilizando manteniendo un cierto déficit fiscal para aplicarlo a proyectos de obra pública que implicasen uso de mano de obra intensivo y creando lineas promocionales de crédito de fácil y rápido acceso a Pymes y Micros.

El tema del impuesto a las ganancias fue otra medida mal tomada que generó un innecesario costo político, ya que no se elevó el monto mínimo aplicable para el pago del impuesto, sino que se agregaron ítems deducibles para algunos, pero que incluyeron a otros, de modo que no varió significativamente la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto, lo mismo que el mentado “costo” de esta medida, que se compensó con el aporte de quienes quedaron incluidos en el pago del impuesto. Además, los valores de la supuesta rebaja en la alícuota no se actualizan hasta el año próximo, lo que si harán los salarios, paritarias mediante, e ingresarán muchos de los hasta ahora eximidos del pago. Esto podría haberse hecho mucho mejor si se hubiera creado un cronograma de reducciones en las alícuotas del impuesto y en los montos mínimos para quedar incluidos en el pago de ganancias, hasta eliminar este impuesto y reemplazarlo por un impuesto a los altos ingresos, ya que el salario no es ganancia.

En el área de seguridad, la fuga de los hermanos Lanatta dejo al descubierto la falta del control del manejo operativo que tienen las actuales autoridades designadas en ese ministerio. También el desconocimiento sobre las “internas” que imperan en las distintas fuerzas bajo el control del área de seguridad. Los sucesivos intentos de mostrar control sobre las fuerzas de seguridad, operativos exitosos contra el narcotráfico y el crimen organizado, no superan la media de otros gobiernos. Sobre todo, si se hace los mismo que se venía haciendo y que no dio resultado, no puede esperarse tener éxito.

Entre los papelones del ministro Aguad sorprendiéndose por una tecnología que debería conocer, del rabino devenido en Ambientalista por voluntad presidencial y no por su conocimiento del tema, la titular de la oficina anti-corrupción cuestionando una decisión de la Corte para mostrar el contrato entre YPF y Chevrón, y varios casos similares que no me vienen a la memoria, este gobierno ha opacado algunos éxitos de su gestión por las malas decisiones de muchos de sus funcionarios. Pero el costo político de estos errores no solo se debe a la mala gestión de algunos funcionarios, sino a dos factores muy importantes, El primero es priorizar la gestión por sobre la política, algo muy común en una empresa (vean mi artículo anterior sobre “El estado empresario”), pero demasiado riesgoso en la administración pública. El segundo es considerar que los aspectos legales son condición necesaria y suficiente para cumplir con una necesaria ética política, la legalidad es necesaria pero no suficiente, “La mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino parecerlo”, una frase de Séneca sobre la que Macri debería reflexionar.