Luego haber obtenido un título de grado, una maestría y un doctorado en la universidad pública; después de 44 años de ejercer la docencia universitaria como auxiliar, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor asociado y profesor de postgrado, creo tener algún derecho a opinar sobre la actual discusión que se ha generado respecto de la situación presupuestaria de la universidades nacionales. Lo primero que tengo que decir es que muchos de los que opinan no lo hacen por un real interés en defender la universidad pública y gratuita, tanto los que la critican como los que dicen defenderla.
Vayamos a los que la critican, ya que básicamente muchos no pertenecen la cuerpo docente ordinario de las universidades y mezclan conceptos como presupuesto, salarios, calidad educativa, control de gastos y control de gestión; así que vayamos por partes. En primer lugar la universidad pública es autónoma respecto de la elección de sus autoridades, de como gestiona su oferta educativa y como se ordena administrativa y académicamente. Por lo tanto el destino de los fondos asignados a la universidad lo decide cada universidad según lo disponga sus reglamentos y autoridades, mientras que los salarios se fijan en la paritaria docente universitaria con los recursos asignados en el presupuesto nacional. Si el gobierno asigna una presupuesto menor al otorgado en períodos anteriores en términos del porcentaje del PBI, la única opción para que se disponga mas fondos en el presupuesto universitario es que el PBI crezca mas que la reducción del presupuesto, de otra manera quienes dicen que defienden la educación universitaria cuando les reducen los fondos para el funcionamiento y pago de salarios, mienten.
En segundo lugar, que haya directivos de las universidades que hacen un mal uso de los recursos que administran, es un cargo personal sobre estos dirigentes y no puede adjudicarse a la universidad la mala administración de sus fondos. Aquí es curioso que el discurso del gobierno no invoque a “una casta” de autoridades universitarias y ataque a la institución universidad, a diferencia de lo que ha hecho con la dirigencia de muchos partidos políticos. Esto da lugar a especular sobre el verdadero interés que se tiene respecto a la educación universitaria.
En tercer lugar, el debate sobre el control de gastos y los parámetros que se utilizaron sobre el rol de la universidad en la movilidad social ascendente demuestra la ignorancia supina de los funcionarios del gobierno y sus simpatizantes. La universidad tiene un órgano de gestión académica que es la CONEAU y organismos de control administrativos que no han intervenido, y leo que están tratando de habilitar un control que hasta hoy no existía, por lo tanto critican el funcionamiento y la gestión de universidades a las que no controlan y que deberían haberlo hecho desde hace 10 meses. También toman como parámetro el nivel socio-económico de los estudiantes, para asociar a las clases medias con el acceso a las universidades y negar el rol de la universidad como promotora de la movilidad social ascendente. Esto es desconocer que las clases mas bajas se ven impedidas de acceder a la universidad por la necesidad de acceder al mercado laboral a edad temprana cuando tienen mas posibilidades de obtener un empleo. También las clases bajas no acceden a una educación media de calidad que les permita transitar una carrera de grado sin realizar un gran esfuerzo, impidiendo trabajar y estudiar.
Ahora veamos la hipocresía de quienes dicen defender la universidad pública, pero han estudiado en colegios y universidades privadas, muchos de ellos han participado como dirigentes políticos en la sanción de presupuestos insuficientes, en la creación de nuevas universidades por imperio de negociaciones políticas, en la aprobación de paritarias donde se quitaba poder adquisitivo al salario docente, en el direccionamiento de fondos a proyectos que financiaban a “grupos amigos”, en la creación de carreras con escasa o mula salida laboral, en la conformación de organismos de control y promoción con militantes políticos en lugar de expertos y en el fomento de institutos y universidades privadas. En esta categoría caen los representantes sindicales que consintieron la perdida del poder adquisitivo del salario del personal docente y no-docente, pero ahora no se les cae la cara de vergüenza cuando dicen que los docentes y no-docentes tenemos salarios de pobreza.
También están muchas administraciones universitarias donde las autoridades tienen una participación académica casi nula, pero tienen salarios varias veces mayores que los docentes de mayores ingresos, donde se crean cargos de naturaleza política que impide que sea ocupado por personal no-docente, donde se distribuyen cargos a “docentes amigos”, donde se crean carreras para crear vínculos políticos o institucionales que proyecten a las autoridades universitarias al escenario político.
También están los que pretendiendo defender la universidad niegan sus problemas para justificar su militancia política, porque hacer política universitaria es un derecho que tienen todos los miembros de la comunidad universitaria tengan la ideología que tengan, pero usarla para hacer política partidaria es subordinar el destino de la universidad a un interés espurio. Estas personas también utilizan argumentos falaces de la misma naturaleza que el gobierno, por ejemplo el número de personas que son primera generación que accede a la universidad, o la cantidad de alumnos que ingresa; pero no dicen que alrededor del 50% que ingresa abandona durante el primer año de estudios, o que la graduación es del 30% de ingresantes. No dicen que las becas son insuficientes para que un alumno pueda prescindir de trabajar para dedicarse en forma exclusiva al estudio. Tampoco dicen que las becas de fomento de estudio muchas veces se asignan para cubrir vacantes que deberían ser cubiertas por personal no-docente, o se asignan en función de pertenencia a grupos políticos afines.
Lo que el gobierno y muchas autoridades universitarias (aparentemente enfrentadas) no dicen es que en la universidad son pocas universidades donde la mayoría de sus docentes poseen postgrados y participación en proyectos de investigación de cierta relevancia, tampoco dicen que no existen incentivos (salvo los vocacionales) para que los graduados continúen vinculados a la universidad y realicen estudios de postgrado, excepto los vinculados al CONICET, donde el investigador es obligado a repartir su trabajo entre docencia e investigación cumpliendo la doble función de docente e investigador con un solo salario que abonan entre la universidad y el CONICET, pero ambas instituciones promocionan que tienen investigadores y docentes de alto nivel.
Creo que este primer análisis sobre la situación actual de la universidad solo tiene en mi caso un efecto catártico, pero los problemas siguen allí y los protagonistas no muestran ni interés, ni vocación ni capacidad para solucionar los problemas que tienen las universidades del país.
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