A raíz de la publicación de varios estudios sobre la adjudicación de concesiones y obras públicas, me encontré con la evidencia del avance de la mentalidad liberal en las decisiones del Estado, aún entre funcionarios políticos que dicen profesar una ideología nacional, popular y progresista.
La mentalidad liberal, como ya lo he señalado muchas veces parte de una premisa esencial, la supresión de los derechos generales en beneficio de los derechos individuales, para lograr esto, pone en condiciones de igualdad el derecho de una persona frente al derecho de muchos. Para esto el liberalismo ha desarrollado distintas formas de personalizar en una sola entidad el derecho de muchos, de este modo pareciera que se enfrentan dos personas que luchan por sus derechos. La discusión entre lo público y lo privado es un ejemplo de la trampa en que hemos caído, por ello se suele terminar discutiendo si derecho al beneficio de una persona (o empresa) puede mas que el derecho de muchos, a los que se agrupa como una entidad pública, general o social. Cuando se acepta entrar en estas discusiones, se acepta poner en pie igualdad al derecho de una persona con el derecho de muchos.
Actualmente, nadie se plantea estas cuestiones, se acepta abiertamente el debate, sin ningún miramiento, así decimos que debemos aceptar el ingreso de capital extranjero para que se realicen inversiones que de otro modo no se harían. Así pareciera que el planteo del enajenamiento de fuentes de producción, es una cuestión de existencia de capital (aunque sea extranjero) o ausencia de inversión (el estado según la regla liberal no interviene), la conveniencia del país se enmascara en la entidad inversión ausente y esto se reduce a una cuestión de dos opciones capital extranjero productivo o inversión nacional ausente. La mentira se desnuda cuando vemos que el capital extranjero genera concentración en los sectores que interviene, ya que por la magnitud de las empresas asociadas a la inversión extranjera se desarrollan economías de escala, eso lleva al cierre de empresas del sector que no pueden competir con estos grupos concentrados, generando reducción de la demanda de mano de obra especializada, desempleo y aumentos del número de marginados. El derecho de las empresas existentes en el sector, el nivel de empleo y el control de la marginalidad social se engloba en el término ausencia de inversión nacional. Este proceso dominó la mentalidad de los funcionarios de los años 90, que curiosamente, son los mismos que están hoy en día.
A partir de esta penetración de la ideología liberal, se replantea el funcionamiento del estado como garante del interés general o público, pero no de una manera orgánica sino a partir del cumplimiento de sus tareas habituales, que en un estado fraccionado vertical y horizontalmente implica una suerte de feudalismo administrativo, donde cada sector de la administración pública funciona en forma autónoma para el manejo cotidiano de la “cosa pública”.
Los ejemplos de cómo se ha alterado la función del estado abundan, pero algunos de ellos son pruebas más que elocuentes de las hipótesis planteadas. El caso de Aerolíneas Argentinas (AA) ha sido uno de los más emblemáticos, se privatizó por ser una empresa “ineficiente” y “deficitaria”. La privatización produjo un vaciamiento de la empresa y con ello el abandono de rutas, la baja de frecuencias de viajes, la obsolescencia del parque de aviones y la perdida de rentabilidad. Esa empresa descapitalizada y endeudada fue nuevamente comprada por el estado (no puede decirse que fue nacionalizada) con deuda incluida. Esa empresa fue subsidiada durante los años en que era una “empresa privada”, así que si sumamos el quebranto asumido por el estado al comprar la empresa, los subsidios entregados y la inversión necesaria para que recupere el nivel de operación que tenía al momento de “privatizarla”, posiblemente se haya realizado uno de los peores negocios de la historia del país. Veamos como se planteó el problema: el interés de una empresa que quería hacerse cargo de una empresa deficitaria (interés privado y derecho a su beneficio con la empresa “privatizada”) y el interés público que debía sostener una empresa pública deficitaria. A pontificar sobre las ventajas de la empresa privada han contribuido los medios, que suelen ser los difusores interesados del derecho privado, generalmente en nombre de la defensa de la libertad de empresa, ignorando intencionalmente o no, el derecho público vulnerado. En realidad el interés público involucraba un parque de aviones que permitía cubrir frecuencias y rutas, que se perdieron o permanecieron con frecuencias tan bajas que permitieron el surgimiento de otras empresas que la desplazaron de esas rutas, AA era la aerolínea de bandera en rutas internacionales, AA mantenía frecuencias que permitían un fluido transporte de personas y cargas entre distintos puntos del país, esas eran algunos de los intereses que incluía el derecho público de una empresa deficitaria.
Otro ejemplo mas pueblerino, lo podemos encontrar en la reformulación del sistema de transporte público de pasajeros realizado en Bahía Blanca, donde los estudios se basaban en la optimización de los recorridos anteriores de las empresas utilizando como indicador el valor de pasajero por kilómetro recorrido, lo que permitía ajustar el valor del pasaje para garantizar la rentabilidad de la empresa, pero no se utilizaron parámetros como recorrido promedio de los pasajeros, cantidad de pasajeros por franjas horarias, duración de los recorridos promedio de los pasajeros y otros que apuntaran a medir como mejorar el servicio desde el punto de vista del usuario. No hubo necesidad de plantear un antagonismo, se planteó una reforma del sistema, donde se utilizaron supuestos “estudios técnicos” que mejorarían el servicio, se transfirió a grandes empresas el servicio, se postergaron a empresas locales, pero solo se discutió sobre “aspectos técnicos” donde el interés público no figuró. El resultado es un servicio que debió modificar sus recorridos por demandas de importantes sectores sociales, permanentes quejas por insuficientes unidades para todos los pasajeros, demoras que sufren los pasajeros en la realización de sus viajes habituales y en general, un peor servicio que el anterior.
Estos y una infinidad de casos semejantes, nos demuestran la penetración de la ideología liberal en un estado que cada ves mas abandona la defensa del interés público, sobre todo al ponerlo en pié de igualdad con el interés individual o privado, que es lo mismo que poner el carro delante del caballo.
La mentalidad liberal, como ya lo he señalado muchas veces parte de una premisa esencial, la supresión de los derechos generales en beneficio de los derechos individuales, para lograr esto, pone en condiciones de igualdad el derecho de una persona frente al derecho de muchos. Para esto el liberalismo ha desarrollado distintas formas de personalizar en una sola entidad el derecho de muchos, de este modo pareciera que se enfrentan dos personas que luchan por sus derechos. La discusión entre lo público y lo privado es un ejemplo de la trampa en que hemos caído, por ello se suele terminar discutiendo si derecho al beneficio de una persona (o empresa) puede mas que el derecho de muchos, a los que se agrupa como una entidad pública, general o social. Cuando se acepta entrar en estas discusiones, se acepta poner en pie igualdad al derecho de una persona con el derecho de muchos.
Actualmente, nadie se plantea estas cuestiones, se acepta abiertamente el debate, sin ningún miramiento, así decimos que debemos aceptar el ingreso de capital extranjero para que se realicen inversiones que de otro modo no se harían. Así pareciera que el planteo del enajenamiento de fuentes de producción, es una cuestión de existencia de capital (aunque sea extranjero) o ausencia de inversión (el estado según la regla liberal no interviene), la conveniencia del país se enmascara en la entidad inversión ausente y esto se reduce a una cuestión de dos opciones capital extranjero productivo o inversión nacional ausente. La mentira se desnuda cuando vemos que el capital extranjero genera concentración en los sectores que interviene, ya que por la magnitud de las empresas asociadas a la inversión extranjera se desarrollan economías de escala, eso lleva al cierre de empresas del sector que no pueden competir con estos grupos concentrados, generando reducción de la demanda de mano de obra especializada, desempleo y aumentos del número de marginados. El derecho de las empresas existentes en el sector, el nivel de empleo y el control de la marginalidad social se engloba en el término ausencia de inversión nacional. Este proceso dominó la mentalidad de los funcionarios de los años 90, que curiosamente, son los mismos que están hoy en día.
A partir de esta penetración de la ideología liberal, se replantea el funcionamiento del estado como garante del interés general o público, pero no de una manera orgánica sino a partir del cumplimiento de sus tareas habituales, que en un estado fraccionado vertical y horizontalmente implica una suerte de feudalismo administrativo, donde cada sector de la administración pública funciona en forma autónoma para el manejo cotidiano de la “cosa pública”.
Los ejemplos de cómo se ha alterado la función del estado abundan, pero algunos de ellos son pruebas más que elocuentes de las hipótesis planteadas. El caso de Aerolíneas Argentinas (AA) ha sido uno de los más emblemáticos, se privatizó por ser una empresa “ineficiente” y “deficitaria”. La privatización produjo un vaciamiento de la empresa y con ello el abandono de rutas, la baja de frecuencias de viajes, la obsolescencia del parque de aviones y la perdida de rentabilidad. Esa empresa descapitalizada y endeudada fue nuevamente comprada por el estado (no puede decirse que fue nacionalizada) con deuda incluida. Esa empresa fue subsidiada durante los años en que era una “empresa privada”, así que si sumamos el quebranto asumido por el estado al comprar la empresa, los subsidios entregados y la inversión necesaria para que recupere el nivel de operación que tenía al momento de “privatizarla”, posiblemente se haya realizado uno de los peores negocios de la historia del país. Veamos como se planteó el problema: el interés de una empresa que quería hacerse cargo de una empresa deficitaria (interés privado y derecho a su beneficio con la empresa “privatizada”) y el interés público que debía sostener una empresa pública deficitaria. A pontificar sobre las ventajas de la empresa privada han contribuido los medios, que suelen ser los difusores interesados del derecho privado, generalmente en nombre de la defensa de la libertad de empresa, ignorando intencionalmente o no, el derecho público vulnerado. En realidad el interés público involucraba un parque de aviones que permitía cubrir frecuencias y rutas, que se perdieron o permanecieron con frecuencias tan bajas que permitieron el surgimiento de otras empresas que la desplazaron de esas rutas, AA era la aerolínea de bandera en rutas internacionales, AA mantenía frecuencias que permitían un fluido transporte de personas y cargas entre distintos puntos del país, esas eran algunos de los intereses que incluía el derecho público de una empresa deficitaria.
Otro ejemplo mas pueblerino, lo podemos encontrar en la reformulación del sistema de transporte público de pasajeros realizado en Bahía Blanca, donde los estudios se basaban en la optimización de los recorridos anteriores de las empresas utilizando como indicador el valor de pasajero por kilómetro recorrido, lo que permitía ajustar el valor del pasaje para garantizar la rentabilidad de la empresa, pero no se utilizaron parámetros como recorrido promedio de los pasajeros, cantidad de pasajeros por franjas horarias, duración de los recorridos promedio de los pasajeros y otros que apuntaran a medir como mejorar el servicio desde el punto de vista del usuario. No hubo necesidad de plantear un antagonismo, se planteó una reforma del sistema, donde se utilizaron supuestos “estudios técnicos” que mejorarían el servicio, se transfirió a grandes empresas el servicio, se postergaron a empresas locales, pero solo se discutió sobre “aspectos técnicos” donde el interés público no figuró. El resultado es un servicio que debió modificar sus recorridos por demandas de importantes sectores sociales, permanentes quejas por insuficientes unidades para todos los pasajeros, demoras que sufren los pasajeros en la realización de sus viajes habituales y en general, un peor servicio que el anterior.
Estos y una infinidad de casos semejantes, nos demuestran la penetración de la ideología liberal en un estado que cada ves mas abandona la defensa del interés público, sobre todo al ponerlo en pié de igualdad con el interés individual o privado, que es lo mismo que poner el carro delante del caballo.
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