El gobierno se equivocó con su política hacia el campo, se equivocó al desatar un conflicto innecesario y se volvió a equivocar al no terminar el conflicto. Las razones de su equivocación radican en una mala lectura de la realidad, una incapacidad crónica de generar acciones de gobierno coherente con un su discurso ideológico y su clásico autismo político. El campo no es un sector homogéneo, pero se lo trató como un solo sector y se lo estigmatizó a partir de la imagen de la vieja oligarquía agro-ganadera que acompañó a los intereses británicos que colonizaron nuestro país. Quedan entre los sectores agrarios grupos que pertenecieron a esa vieja oligarquía, pero la fragmentación de los sectores agrarios en conjunto con la aparición del capital trasnacional que recreó una nueva concentración a partir de las terminales de carga, acopios y pooles de siembra, ha cambiado a los actores y sus relaciones de poder. En este escenario, la mesa de enlace reúne a grupos de la vieja oligarquía agro-ganadera, la burguesía agraria promovida a partir del Grito de Alcorta y sectores regionales agrario-dependientes. Este rejunte no posee una identidad ideológica, ni fuertes intereses comunes, son grupos acorralados por la concentración de capitales trasnacionales del sector, que buscan recuperar los anteriores niveles de rentabilidad que les fueron arrebatados por parte de grupos concentrados.
En síntesis, los grupos nucleados en la mesa de enlace solo representan intereses económicos sectoriales y su discurso varía según sea el grupo que se convierta en vocero. Ante la variedad de ideologías que se expresan, surge de ellas que se pretende recuperar rentabilidad, que para ciertos sectores agrarios representa la supervivencia del emprendimiento, sin alterar la estructura económica de concentración, y en esto radica el principal error de la propuesta del campo. No se puede recuperar los niveles de rentabilidad que se perdieron por los niveles de concentración del sector, sin alterar la acumulación de estos grupos concentrados.
Ciertos historiadores plantean que las contradicciones del sistema terminan generando conflictos, por ello podemos plantear que las contradicciones generadas desde el gobierno y desde los sectores de la mesa de enlace, terminaron en un conflicto aún no resuelto y que lamentablemente nos perjudica a todos.
El primer error del gobierno es percibir el reclamo como una amenaza y el error de la mesa de enlace es creer que los errores del gobierno (incluyendo algunas medidas y forma de tratar el conflicto), les otorga la razón a ellos. También el apoyo que recibieron los sectores agropecuarios no refleja el reconocimiento a sus reclamos (salvo los originados en sectores donde la economía regional se vio muy perjudicada por el esquema de concentración y la baja de la rentabilidad de distintos sectores agrarios), sino una reacción ante los malos resultados que exhibe la actual gestión de gobierno.
La primer medida que debería encara el gobierno, es analizar como se distribuye la renta agropecuaria y que participación tiene los grupos internacionales en la concentración económica del sector. Ese análisis no puede dejar de incorporar elementos que hacen a la idiosincrasia del trabajo agropecuario, en particular que la valorización de la tierra se considere como ganancia, y que sí debe tenerse en cuenta la relación capital invertido-ganancia en comparación con los valores de arriendo. Si se hiciera eso aparecerían los diferenciales de acumulación de los grupos concentrados, que al operar a economías de escala, pueden arrendar tierras a valores similares a la ganancia que le produciría al agricultor explotar su tierra. Los antecedentes de de esta situación no son muy distintos a los que planteara Scalabrini Ortiz en su análisis de la influencia británica en Argentina, solo que los actores son ahora los grupos económicos concentrados en lugar de las empresas británicas, y los medios que utilizan se relacionan con la tecnología, la información y la ausencia de políticas de fomento.
La segunda medida debería ser el establecimiento de políticas de fomento de las economías regionales para que los emprendimientos productivos generen valor agregado a la producción primaria de modo de generar cadenas regionales insumo-producto que independice las regiones de la colocación de la mayoría de su producción a través de mercados distantes y concentrados. Estas medidas se debería dar en conjunto con promoción de tarifas de transporte par alo cual es esencial la recuperación de los ferrocarriles.
En ese contexto también se podría volver a crear una Junta Nacional de Granos que regule el mercado interno y externo, una nueva flota mercante que coloque la producción nacional en el exterior permitiendo el desarrollo de la industria naval, la creación de un Seguro Nacional Agrario, que permita la cobertura integral de los riesgos de la actividad, un Centro Nacional de Información Agropecuaria, que provea al sector una información sobre mercados, tendencias, tecnología, climatología, etc., estas entre otras mas, como la promoción de cooperativas agrarias bajo regimenes de promoción que permitan a asociaciones de productores alcanzar economías de escala mediante asociaciones de productores (ya que se permiten pooles de inversionistas con beneficios impositivos).
Esto debe sobre todo estar enmarcado en una definición de un sistema impositivo general en donde los impuestos y retenciones tengan un tratamiento universal y que no presente las asimetrías que tiene actualmente el sector agropecuario, el minero, el petrolero y el industrial, ya que la necesidad de políticas universales no se da solo en el ámbito social, sino en el económico, y deben tener una fuerte sinergia entre ellas.
En síntesis, los grupos nucleados en la mesa de enlace solo representan intereses económicos sectoriales y su discurso varía según sea el grupo que se convierta en vocero. Ante la variedad de ideologías que se expresan, surge de ellas que se pretende recuperar rentabilidad, que para ciertos sectores agrarios representa la supervivencia del emprendimiento, sin alterar la estructura económica de concentración, y en esto radica el principal error de la propuesta del campo. No se puede recuperar los niveles de rentabilidad que se perdieron por los niveles de concentración del sector, sin alterar la acumulación de estos grupos concentrados.
Ciertos historiadores plantean que las contradicciones del sistema terminan generando conflictos, por ello podemos plantear que las contradicciones generadas desde el gobierno y desde los sectores de la mesa de enlace, terminaron en un conflicto aún no resuelto y que lamentablemente nos perjudica a todos.
El primer error del gobierno es percibir el reclamo como una amenaza y el error de la mesa de enlace es creer que los errores del gobierno (incluyendo algunas medidas y forma de tratar el conflicto), les otorga la razón a ellos. También el apoyo que recibieron los sectores agropecuarios no refleja el reconocimiento a sus reclamos (salvo los originados en sectores donde la economía regional se vio muy perjudicada por el esquema de concentración y la baja de la rentabilidad de distintos sectores agrarios), sino una reacción ante los malos resultados que exhibe la actual gestión de gobierno.
La primer medida que debería encara el gobierno, es analizar como se distribuye la renta agropecuaria y que participación tiene los grupos internacionales en la concentración económica del sector. Ese análisis no puede dejar de incorporar elementos que hacen a la idiosincrasia del trabajo agropecuario, en particular que la valorización de la tierra se considere como ganancia, y que sí debe tenerse en cuenta la relación capital invertido-ganancia en comparación con los valores de arriendo. Si se hiciera eso aparecerían los diferenciales de acumulación de los grupos concentrados, que al operar a economías de escala, pueden arrendar tierras a valores similares a la ganancia que le produciría al agricultor explotar su tierra. Los antecedentes de de esta situación no son muy distintos a los que planteara Scalabrini Ortiz en su análisis de la influencia británica en Argentina, solo que los actores son ahora los grupos económicos concentrados en lugar de las empresas británicas, y los medios que utilizan se relacionan con la tecnología, la información y la ausencia de políticas de fomento.
La segunda medida debería ser el establecimiento de políticas de fomento de las economías regionales para que los emprendimientos productivos generen valor agregado a la producción primaria de modo de generar cadenas regionales insumo-producto que independice las regiones de la colocación de la mayoría de su producción a través de mercados distantes y concentrados. Estas medidas se debería dar en conjunto con promoción de tarifas de transporte par alo cual es esencial la recuperación de los ferrocarriles.
En ese contexto también se podría volver a crear una Junta Nacional de Granos que regule el mercado interno y externo, una nueva flota mercante que coloque la producción nacional en el exterior permitiendo el desarrollo de la industria naval, la creación de un Seguro Nacional Agrario, que permita la cobertura integral de los riesgos de la actividad, un Centro Nacional de Información Agropecuaria, que provea al sector una información sobre mercados, tendencias, tecnología, climatología, etc., estas entre otras mas, como la promoción de cooperativas agrarias bajo regimenes de promoción que permitan a asociaciones de productores alcanzar economías de escala mediante asociaciones de productores (ya que se permiten pooles de inversionistas con beneficios impositivos).
Esto debe sobre todo estar enmarcado en una definición de un sistema impositivo general en donde los impuestos y retenciones tengan un tratamiento universal y que no presente las asimetrías que tiene actualmente el sector agropecuario, el minero, el petrolero y el industrial, ya que la necesidad de políticas universales no se da solo en el ámbito social, sino en el económico, y deben tener una fuerte sinergia entre ellas.
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