Acabo de leer una nota publicada en el diario La Nueva Provincia con el título “El mito de la deuda y la falta de crédito” escrita por el académico Luis García Martínez, quien argumenta sobre la legitimidad de la deuda externa argentina y la necesidad del crédito para el desarrollo económico. Siempre que leo este tipo de opiniones me surge la necesidad de expresarme en contrario, así que esta sería mi respuesta, ya que, sobre la legitimidad de la deuda, caben varios argumentos de distinto tipo: de derecho, económicos y morales; y sobre la necesidad del crédito para el desarrollo económico, se debe hilar muy fino para justificarlo, y desde ya no aplica para el caso de la Argentina.
El primer argumento sobre la ilegitimidad de la deuda surge sobre su origen, una deuda para ser legítima debe corresponderse con una contraprestación de igual monto. En el caso de nuestro país los bono de la deuda no fueron adquiridos a la par (o sea que no pagaron el valor nominal del bono), sino a su valor de mercado, que en determinados períodos tuvieron valores irrisorios. Ahora bien, el reclamo de deuda se origina por el valor nominal, como así también sus intereses y refinanciaciones. Esto justificaría dos cosas: primero que quienes reclaman el pago de obligaciones del estado argentino podrían ser justamente pagados si se les reconociese el valor de adquisición de los títulos públicos y el interés sobre dicho valor; y segundo que las ganancias obtenidas por el sobreprecio deberían ser objeto del pago de impuestos a las ganancias. Es obvio que determinar los valores reales de la deuda en función de estos criterios requeriría de un cuantioso esfuerzo de cálculo económico, ya que las sucesivas renegociaciones de la deuda dificultan su cálculo. Esta dificultad no quita validez a los anteriores argumentos, sino que dificulta su implementación práctica. Un hecho que convalida este argumento lo constituye la revisión de la deuda externa que planteó recientemente Ecuador y que otros países latinoamericanos están estudiando, caso Brasil.
Un segundo argumento, lo constituye los pagos ya efectuados. La UNAM, ha calculado que el monto de la deuda externa nominal latinoamericana a valores actuales, ha sido pagado ya tres veces en los últimos 20 años, manteniéndose los montos nominales de la misma, sin nuevas contraprestaciones de crédito legítimas (o sea que no se le ha prestado mas capital, sino que esto ocurre debido a las sucesivas refinanciaciones, renegociaciones y defaults). En síntesis se reclama el pago de capitales que ya fueron pagados y amortizados mas que suficientemente.
Un tercer argumento sobre legitimidad, surge sobre la deuda contraída durante la dictadura. Si los actos de un gobierno de facto son deslegitimados por el derecho público internacional ¿por que no se incluye también, las deudas que este contraiga mientras usurpa el gobierno? Si estados extranjeros pretenden juzgar a miembros de la última dictadura aplicando la ley penal internacional sobre crímenes de lesa humanidad ¿Por qué le reconocen derechos a quienes reclaman el pago de deudas que contrajo ese mismo gobierno que proclamen ilegítimo? Este argumento, tiene también consecuencias sobre las refinanciaciones de la deuda hechas por distintos funcionarios de distintos gobiernos constitucionales y no, como ser: Cavallo en la estatización de la deuda privada en la dictadura y la renegociación de deuda en el gobierno de De la Rua y el canje de deuda hecho por Kirchner.
Las razones morales quizás fueron mejor expuestas por la papa Juan Pablo II, quien condenó las deudas que impiden el desarrollo de los pueblos. No solo en opinión de este papa, sino de otros anteriores, como lo demuestran las encíclicas Populorun Progresio y la Humane Vitae. Pero en síntesis, el cuestionamiento, se basa en exigir dinero a quien lo necesita para atender necesidades que impiden no solo el desarrollo de los pueblos, sino necesidades urgentes como son: agua, comida, salud y educación, aún suponiendo que la deuda fuera legítima, aspecto que no se cuestionan los documentos papales.
Una consideración adicional lo brinda el análisis histórico de las deudas contraídas por nuestro país, los pagos que se hicieron sobre ellas y lo que realmente se recibió de los montos minimales de ellas, el caso emblemático es el empréstito de la Baring Bros que se contrajo durante el gobierno de Rivadavia y se termino de pagar en a mediados del siglo XX, habiéndose pagado mas de 8 veces la suma nominal entregada (la cual en realidad no superó el 15% del valor nominal del empréstito , siendo por lo tanto el pago total de casi 25 veces el monto real recibido). Ante cualquier duda, los remito a los trabajos realizados por Raúl Scalabrini Ortiz en su libro La Dominación británica en el Río de la Plata. La historia de nuestro país oscila entre gobiernos que endeudaron el país, gobiernos que tuvieron que pagar una deuda que no contrajeron y gobiernos que legitimaron deudas que no contrajeron y sobre las que tampoco verificaron su legitimidad.
Podríamos plantearnos en función de esto, quién tiene potestad para endeudar a un país y disponer de sus reservas actuales o futuras (en realidad un crédito es el acceso a una disponibilidad de recursos monetarios presentes a cuenta de un ahorro futuro, que es lo mismo que reservas futuras). Esta discusión tan actual en función del proyecto sobre la creación del fondo Bicentenario, resulta incongruente ya que quienes dicen representar ideas liberales se oponen al uso de las reservas existentes, mientras que abogan por un país con acceso a créditos internacionales, que significa comprometer reservas futuras o al menos la creación de reservas futuras. Por otro lado, quienes dicen defender intereses nacionales comprometen reservas existentes para el pago de obligaciones sobre las cuales no cuestionan su legitimidad (quizás porque prevén tener que pedir dinero a los mismos acreedores para garantizar la gobernabilidad, o al menos, intentar mantener cierto poder político hasta el fin de su mandato) y tampoco reconocen la inmensa deuda interna no saldada que se paga con mortalidad infantil, desnutrición, falta de viviendas dignas, falta de trabajo, falta de condiciones ambientales mínimas, falta de salud y sobre todo falta de educación.
El último tema sería la falacia de la necesidad de crédito para el desarrollo del país, condición que hasta los mismos economistas neoliberales están examinado a la luz de la evidencia empírica de mayor crecimiento en países donde se da la menos inversión extranjera, como es el caso de Brasil. Dándose en nuestro país, el absurdo que un industrial que invierta en una fábrica, debe al cabo de un tiempo pagar por las ganancias que obtuvo, mientras que un prestamista que colocó un monto similar en el sistema financiero no debe pagar nada por el interés que obtuvo de su colocación, que no generó trabajo, ni mayor producción de bienes (a quienes les interese un análisis de tallado del capital productivo y de la función del dinero, les recomiendo leer la obra de Schumpeter sobre desenvolvimiento económico).
Por último, lo que siempre se debe tener presente es el interés del país en su conjunto, ya que sin crédito externo se puede trabajar, crecer, educar, dar vivienda y salud, quizás sin lujos y con muchas falencias como sería el caso extremo de Cuba, o regulando las relaciones entre desarrollo, endeudamiento y crecimiento como lo hicieron Brasil y Chile.
El primer argumento sobre la ilegitimidad de la deuda surge sobre su origen, una deuda para ser legítima debe corresponderse con una contraprestación de igual monto. En el caso de nuestro país los bono de la deuda no fueron adquiridos a la par (o sea que no pagaron el valor nominal del bono), sino a su valor de mercado, que en determinados períodos tuvieron valores irrisorios. Ahora bien, el reclamo de deuda se origina por el valor nominal, como así también sus intereses y refinanciaciones. Esto justificaría dos cosas: primero que quienes reclaman el pago de obligaciones del estado argentino podrían ser justamente pagados si se les reconociese el valor de adquisición de los títulos públicos y el interés sobre dicho valor; y segundo que las ganancias obtenidas por el sobreprecio deberían ser objeto del pago de impuestos a las ganancias. Es obvio que determinar los valores reales de la deuda en función de estos criterios requeriría de un cuantioso esfuerzo de cálculo económico, ya que las sucesivas renegociaciones de la deuda dificultan su cálculo. Esta dificultad no quita validez a los anteriores argumentos, sino que dificulta su implementación práctica. Un hecho que convalida este argumento lo constituye la revisión de la deuda externa que planteó recientemente Ecuador y que otros países latinoamericanos están estudiando, caso Brasil.
Un segundo argumento, lo constituye los pagos ya efectuados. La UNAM, ha calculado que el monto de la deuda externa nominal latinoamericana a valores actuales, ha sido pagado ya tres veces en los últimos 20 años, manteniéndose los montos nominales de la misma, sin nuevas contraprestaciones de crédito legítimas (o sea que no se le ha prestado mas capital, sino que esto ocurre debido a las sucesivas refinanciaciones, renegociaciones y defaults). En síntesis se reclama el pago de capitales que ya fueron pagados y amortizados mas que suficientemente.
Un tercer argumento sobre legitimidad, surge sobre la deuda contraída durante la dictadura. Si los actos de un gobierno de facto son deslegitimados por el derecho público internacional ¿por que no se incluye también, las deudas que este contraiga mientras usurpa el gobierno? Si estados extranjeros pretenden juzgar a miembros de la última dictadura aplicando la ley penal internacional sobre crímenes de lesa humanidad ¿Por qué le reconocen derechos a quienes reclaman el pago de deudas que contrajo ese mismo gobierno que proclamen ilegítimo? Este argumento, tiene también consecuencias sobre las refinanciaciones de la deuda hechas por distintos funcionarios de distintos gobiernos constitucionales y no, como ser: Cavallo en la estatización de la deuda privada en la dictadura y la renegociación de deuda en el gobierno de De la Rua y el canje de deuda hecho por Kirchner.
Las razones morales quizás fueron mejor expuestas por la papa Juan Pablo II, quien condenó las deudas que impiden el desarrollo de los pueblos. No solo en opinión de este papa, sino de otros anteriores, como lo demuestran las encíclicas Populorun Progresio y la Humane Vitae. Pero en síntesis, el cuestionamiento, se basa en exigir dinero a quien lo necesita para atender necesidades que impiden no solo el desarrollo de los pueblos, sino necesidades urgentes como son: agua, comida, salud y educación, aún suponiendo que la deuda fuera legítima, aspecto que no se cuestionan los documentos papales.
Una consideración adicional lo brinda el análisis histórico de las deudas contraídas por nuestro país, los pagos que se hicieron sobre ellas y lo que realmente se recibió de los montos minimales de ellas, el caso emblemático es el empréstito de la Baring Bros que se contrajo durante el gobierno de Rivadavia y se termino de pagar en a mediados del siglo XX, habiéndose pagado mas de 8 veces la suma nominal entregada (la cual en realidad no superó el 15% del valor nominal del empréstito , siendo por lo tanto el pago total de casi 25 veces el monto real recibido). Ante cualquier duda, los remito a los trabajos realizados por Raúl Scalabrini Ortiz en su libro La Dominación británica en el Río de la Plata. La historia de nuestro país oscila entre gobiernos que endeudaron el país, gobiernos que tuvieron que pagar una deuda que no contrajeron y gobiernos que legitimaron deudas que no contrajeron y sobre las que tampoco verificaron su legitimidad.
Podríamos plantearnos en función de esto, quién tiene potestad para endeudar a un país y disponer de sus reservas actuales o futuras (en realidad un crédito es el acceso a una disponibilidad de recursos monetarios presentes a cuenta de un ahorro futuro, que es lo mismo que reservas futuras). Esta discusión tan actual en función del proyecto sobre la creación del fondo Bicentenario, resulta incongruente ya que quienes dicen representar ideas liberales se oponen al uso de las reservas existentes, mientras que abogan por un país con acceso a créditos internacionales, que significa comprometer reservas futuras o al menos la creación de reservas futuras. Por otro lado, quienes dicen defender intereses nacionales comprometen reservas existentes para el pago de obligaciones sobre las cuales no cuestionan su legitimidad (quizás porque prevén tener que pedir dinero a los mismos acreedores para garantizar la gobernabilidad, o al menos, intentar mantener cierto poder político hasta el fin de su mandato) y tampoco reconocen la inmensa deuda interna no saldada que se paga con mortalidad infantil, desnutrición, falta de viviendas dignas, falta de trabajo, falta de condiciones ambientales mínimas, falta de salud y sobre todo falta de educación.
El último tema sería la falacia de la necesidad de crédito para el desarrollo del país, condición que hasta los mismos economistas neoliberales están examinado a la luz de la evidencia empírica de mayor crecimiento en países donde se da la menos inversión extranjera, como es el caso de Brasil. Dándose en nuestro país, el absurdo que un industrial que invierta en una fábrica, debe al cabo de un tiempo pagar por las ganancias que obtuvo, mientras que un prestamista que colocó un monto similar en el sistema financiero no debe pagar nada por el interés que obtuvo de su colocación, que no generó trabajo, ni mayor producción de bienes (a quienes les interese un análisis de tallado del capital productivo y de la función del dinero, les recomiendo leer la obra de Schumpeter sobre desenvolvimiento económico).
Por último, lo que siempre se debe tener presente es el interés del país en su conjunto, ya que sin crédito externo se puede trabajar, crecer, educar, dar vivienda y salud, quizás sin lujos y con muchas falencias como sería el caso extremo de Cuba, o regulando las relaciones entre desarrollo, endeudamiento y crecimiento como lo hicieron Brasil y Chile.
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