La respuesta espasmódica

La política desarrollada desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se caracteriza por no prever, esta es una cualidad que separa al estadista del oportunista político y en las filas del gobierno bonaerense esta secases es norma. La negociación de la paritaria docente a días del comienzo de clases basta y sobra como ejemplo de imprevisión. Así veo que la urgencia no deviene de una genuina preocupación por la escalada real y mediática de los problemas que ocasiona el aumento de la delincuencia, sino de la necesidad de un mejor posicionamiento político de caras a la candidatura presidencial en 2015. Esta urgencia lleva a la búsqueda de resultados a corto plazo y acciones que logren mas impacto mediático que efectivo.

Establecido este marco inicial podríamos analizar las medidas tomadas. El primer aspecto a señalar es la falta de diagnóstico explicito del problema y la definición de objetivos a cumplir, con lo cual no se ha definido una política, que requeriría diagnóstico, formulación, objetivos y recursos. Emerge del discurso solo un reconocimiento del problema donde el diagnostico parecería reducirse a falta de presencia policial, falta de recursos y falta de mas castigo a los que delinquen. Por lo tanto la formulación de la pollita a llevar a acabo se centra en esos aspectos, mas presencia policial con mas recursos y mas castigo a los delincuentes. Este diagnóstico se centra en considerar que el delito se inicia, se centra y se agota en el delincuente y que la seguridad se logra deteniendo y encarcelando a los delincuentes, lo cual reduce el problema (y las responsabilidades) al ámbito policial.

Mientras no se piense en que lleva a una persona a delinquir, como se recupera a una persona de ha delinquido y quiera re insertarse en la sociedad, la solución será palos y castigo, pero peor aún no se logrará una definitiva erradicación del problema de seguridad.

Coyunturalmente las medidas tomadas no darán solución al problema. La emergencia lejos de apuntar a coordinar recursos de otras áreas de gobierno y actuar en forma conjunta con otras fuerzas de seguridad, incluso cediendo jurisdicción, apunta a disponer de instrumentos administrativos no controlados respecto de partidas de dinero y asignaciones de personal. Pero si el estado provincial hubiera previsto medidas para evitar los problemas de seguridad, el presupuesto enviado no hace mas de 6 meses contendría las partidas necesarias y se habrían ejecutado con prioridad desde el comienzo del año.

La convocatoria a efectivos retirados de ser necesaria como se dice, debería haberse hecho entes ya que debió convocarse a fuerzas de seguridad nacionales ante la falta de efectivos provinciales, si desde el año pasado era evidente esa carencia de efectivos, porque no se tomo antes esa medida que no requería medias extraordinarias. La formación de nuevos agentes piensa realizársela en un año, pero ¿hay suficiente cantidad de personas interesadas y en condiciones psico-físicas? ¿Cómo formar 5000 agentes para fin de año si estamos en abril y todavía no comenzó la incorporación de los futuros agentes? ¿Puede en 7 u 8 meses capacitarse a un agente de policía en dependencias que no fueron pensadas para esa cantidad, ya que el año pasado se utilizaron para formar a 2000 agentes? Cuanto menos es cuestionable el grado de preparación de los futuros agentes para desempeñar la tarea compleja y riesgosa que les espera.

Los medios a utilizar como mas vehículos de patrullaje, elementos de protección personal y comunicaciones no garantizan la efectividad del sistema de cuadrículas que lleva mas de 5 años en vigencia y no ha mostrado resultados eficaces. En resumen, el uso de mas y nuevos medios de apoyo no garantiza su funcionamiento eficaz, a menos que se enmarque en un procedimiento integral de control operacional y de gestión. El cual debería ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los constantes requerimientos de la prevención del delito, cuyo comportamiento es esencialmente dinámico.

Los llamados a no excarcelar presos, aumentar los lugares detención y aumentar penas, son expresiones voluntaristas sobre el comportamiento de un poder judicial que es independiente del poder político. Un juez de ejecución penal no debe regirse por la urgencia electoral de un gobernante sino por un procedimiento establecido en los códigos de la materia, y creo que cualquier sugerencia a un magistrado constituye una injerencia de un poder sobre otro. También en este caso llama la atención que no se aluda al funcionamiento de la procuración (que si depende del poder ejecutivo) para lograr mayor efectividad en la condenas de hechos delictivos (en promedio las condenas no superan el 5% de los delitos denunciados, siendo que la tasa de esclarecimiento policial es mayor al 40%).

Otra “perlita” es la obligación que se establece respecto de los agentes de seguridad privados de utilizar botones anti pánico para avisar de delitos en la proximidad de sus puestos de vigilancia, esto obligaría a descuidar su tarea principal que es cuidar las instalaciones a las que debe garantizar seguridad. Por otra parte, la competencia de la seguridad privada se refiere al resguardo de instalaciones y bienes de particulares y no a la seguridad pública, con lo cual se debería primero legislar o cambiar algunas reglamentaciones, que cambiarían el funcionamiento de las empresas de seguridad privadas.

Un ultimo análisis para no extenderme, es el caso de las policías locales, lo cual era en principio una iniciativa potencialmente útil, ya que permitía a los intendentes a definir una política de seguridad local, tener un funcionamiento independiente que se adaptara a las características de su región y poder crear nuevas soluciones que pudieran utilizarse en otras regiones. La iniciativa oficial, restringe esta posibilidad, impone como funcionario a cargo de las políticas de seguridad a un comisario, quien por competencias ejecuta las políticas de seguridad y no las formula. Estimo que esto reforzaría el imaginario de los funcionarios provinciales que la seguridad se soluciona con presencia y represeión policial, lo cual garantiza el fracaso de una iniciativa interesante y prometedora como lo es la policía municipal.

También se podría hablar de medidas no propuestas y causas no consideradas en esta emergencia de seguridad que lanzó el gobernador, pero la lista sería demasiado extensa y no aportaría mas elementos que probaran la naturaleza espasmódica de la reacción gubernamental respecto de un problema cuya causa radica en la ausencia del estado en vastos sectores de la sociedad, una ausencia que entre otros síntomas provoca un aumento de la delincuencia estimulada por problemas socio económicos, culturales y políticos. Este accionar delictivo supera la capacidad de respuesta del aparato represivo por capacidad operativa y eficacia para prevenir nuevos hechos. Para los que quieran ver la justificación de por que no funciona esta metodología los remito a mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” (http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/05/mis-libros-1.html).

En síntesis lo anunciado por el gobernador no constituye una política, o un cambio en una política de seguridad, sino un conjunto de medidas de corte efectista, pero no efectivas y veremos como en los próximos meses la situación de inseguridad no cambia, lo que hará que se propongan nuevas medidas, pero no soluciones.