En 1999del carguero Sea Paraná, embistió al buque petrolero Estrella Pampeana que transportaba 5.400 toneladas de crudo pertenecientes a Shell, a unos 30 kilómetros de la costa de Magdalena y provocó el mayor derrame de petróleo en aguas dulces de la historia. La mancha de 10 kilómetros de largo por 50 metros de ancho tiñó el río y llegó a las costas del pueblo, ubicado al sur de La Plata.
En 2002, a pesar de las críticas que recibe el poder judicial, un juez: el Dr. Miralles, condenó a la compañía a remediar el medio ambiente dañado, según dice en su fallo: “Shell CAPSA no ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones legales a su cargo que se demandan. Esa omisión ha sido fruto de una decisión voluntaria de Shell no imputable a tercero alguno, por lo que no cabe exonerarla de las responsabilidades que son su consecuencia”. Este histórico y valiente fallo, uno de tantos en que un juez imparcial y valiente condena a una poderosa empresa multinacional, fue apelado por la empresas señalando que “no estaban claras las responsabilidades del accidente”. Aquí también la respuesta del juez fue ejemplar “Los responsables son los dueños o guardianes del hidrocarburo. El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero”. Hoy en día el proceso de apelación por parte de la empresa sigue en otras instancias judiciales, pero se avizora un fallo condenatorio.
Ahora, la petrolera ofrece pagar 9,5 millones de dólares por los daños provocados, monto que muchos vecinos consideran insuficiente pues el monto pedido como indemnización era de 360 millones. La empresa propone el pago de este monto previa firma de un acta acuerdo, donde la indemnización “no implica por parte de los demandados el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos que dieron origen al proceso” y que el monto ofrecido “se considerará total y definitivo de los reclamos iniciados”.
Esta propuesta (cuando no) es promovida por el actual intendente de Magdalena, quien ha llamado a un plebiscito no vinculante para aceptar la propuesta, donde según dichos del intendente: “El proyecto de ordenanza para convalidar el convenio dice que si la mitad más uno de los votantes se expresa por el sí, se aprueba el convenio; pero si la mitad más uno dice que no, se rechaza”. Varias organizaciones de vecinos y ambientalistas aseguran que el resultado estaría arreglado para convalidar la propuesta. Además, la empresa ha ofrecido colaborar en forma “desinteresada y no vinculante” con el municipio para asesorar en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación de las tareas de descontaminación. Las organizaciones que se oponen al acuerdo puntualizan que el acta acuerdo no dice nada respecto al daño ambiental que provocó el derrame.
A pesar de un informe elaborado la Red de Ecología Social donde señala que hubo “una transformación de las condiciones ambientales en la zona litoral del partido de Magdalena demostrando que la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que aún hoy persisten”, el intendente Carballo se muestra partidario de aceptar la propuesta ya que dice que el monto ofrecido “razonable” porque “es más o menos lo que un perito determinó que costaba reparar el medio ambiente” y que la propuesta incluía un diseño turístico en las costas donde se ocasionó el derrame, la elaboración del diseño de una planta industrial y una planta de tratamiento de residuos. También argumenta que en algún momento puede surgir un fallo que no favorezca la actual demanda
Estos son los hechos, donde una empresa multinacional, ocasiona un enorme perjuicio ambiental, que niega y desconoce, donde un juez probo la condena en primera instancia, donde hay una gran conciencia de la población sobre la magnitud de la catástrofe, donde está en juego, no solo una gran cantidad de dinero sino el prestigio de la empresa multinacional, donde debe haber grandes aseguradoras que intervienen (según la legislación de la provincia, los operadores de residuos peligrosos deben contar con seguros o garantías que cubran este tipo catástrofes), donde se dañado seriamente el ecosistema y la salud de la población (cuantas enfermedades o muertes pueden haber ocurrido como consecuencia de las emanaciones del derrame de hidrocarburos), donde se demuestra que la justicia es una telaraña que pueden romper los grandes y donde el poder político demuestra ser funcional a los intereses de los grandes intereses y no a su pueblo.
Como moraleja, podemos decir que siempre habrá poderosos que hagan lo que quieran con el medioambiente, con la justicia y con el poder de turno, siempre habrá funcionarios dóciles a sus pretensiones, pero también habrá pueblos que peleen por sus derechos, algún juez probo que respalde los derechos de los que no son poderosos y una mayoría silenciosa (entre los que me cuento) que los apoya.
En 2002, a pesar de las críticas que recibe el poder judicial, un juez: el Dr. Miralles, condenó a la compañía a remediar el medio ambiente dañado, según dice en su fallo: “Shell CAPSA no ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones legales a su cargo que se demandan. Esa omisión ha sido fruto de una decisión voluntaria de Shell no imputable a tercero alguno, por lo que no cabe exonerarla de las responsabilidades que son su consecuencia”. Este histórico y valiente fallo, uno de tantos en que un juez imparcial y valiente condena a una poderosa empresa multinacional, fue apelado por la empresas señalando que “no estaban claras las responsabilidades del accidente”. Aquí también la respuesta del juez fue ejemplar “Los responsables son los dueños o guardianes del hidrocarburo. El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero”. Hoy en día el proceso de apelación por parte de la empresa sigue en otras instancias judiciales, pero se avizora un fallo condenatorio.
Ahora, la petrolera ofrece pagar 9,5 millones de dólares por los daños provocados, monto que muchos vecinos consideran insuficiente pues el monto pedido como indemnización era de 360 millones. La empresa propone el pago de este monto previa firma de un acta acuerdo, donde la indemnización “no implica por parte de los demandados el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos que dieron origen al proceso” y que el monto ofrecido “se considerará total y definitivo de los reclamos iniciados”.
Esta propuesta (cuando no) es promovida por el actual intendente de Magdalena, quien ha llamado a un plebiscito no vinculante para aceptar la propuesta, donde según dichos del intendente: “El proyecto de ordenanza para convalidar el convenio dice que si la mitad más uno de los votantes se expresa por el sí, se aprueba el convenio; pero si la mitad más uno dice que no, se rechaza”. Varias organizaciones de vecinos y ambientalistas aseguran que el resultado estaría arreglado para convalidar la propuesta. Además, la empresa ha ofrecido colaborar en forma “desinteresada y no vinculante” con el municipio para asesorar en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación de las tareas de descontaminación. Las organizaciones que se oponen al acuerdo puntualizan que el acta acuerdo no dice nada respecto al daño ambiental que provocó el derrame.
A pesar de un informe elaborado la Red de Ecología Social donde señala que hubo “una transformación de las condiciones ambientales en la zona litoral del partido de Magdalena demostrando que la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que aún hoy persisten”, el intendente Carballo se muestra partidario de aceptar la propuesta ya que dice que el monto ofrecido “razonable” porque “es más o menos lo que un perito determinó que costaba reparar el medio ambiente” y que la propuesta incluía un diseño turístico en las costas donde se ocasionó el derrame, la elaboración del diseño de una planta industrial y una planta de tratamiento de residuos. También argumenta que en algún momento puede surgir un fallo que no favorezca la actual demanda
Estos son los hechos, donde una empresa multinacional, ocasiona un enorme perjuicio ambiental, que niega y desconoce, donde un juez probo la condena en primera instancia, donde hay una gran conciencia de la población sobre la magnitud de la catástrofe, donde está en juego, no solo una gran cantidad de dinero sino el prestigio de la empresa multinacional, donde debe haber grandes aseguradoras que intervienen (según la legislación de la provincia, los operadores de residuos peligrosos deben contar con seguros o garantías que cubran este tipo catástrofes), donde se dañado seriamente el ecosistema y la salud de la población (cuantas enfermedades o muertes pueden haber ocurrido como consecuencia de las emanaciones del derrame de hidrocarburos), donde se demuestra que la justicia es una telaraña que pueden romper los grandes y donde el poder político demuestra ser funcional a los intereses de los grandes intereses y no a su pueblo.
Como moraleja, podemos decir que siempre habrá poderosos que hagan lo que quieran con el medioambiente, con la justicia y con el poder de turno, siempre habrá funcionarios dóciles a sus pretensiones, pero también habrá pueblos que peleen por sus derechos, algún juez probo que respalde los derechos de los que no son poderosos y una mayoría silenciosa (entre los que me cuento) que los apoya.
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