Me repito y repito, el problema de la seguridad obedece a reintentar soluciones usando modelos obsoletos y fracasados. La seguridad se construye con medidas innovadoras basadas en funcionarios capaces y sin vinculación con las estructuras institucionales existentes. En ese sentido la medida tomada por la presidenta de designar a la Dra. Garré al frente del ministerio de seguridad ha constituido un doble acierto (convengamos que últimamente he coincidido poco con las medias tomadas por la presidenta para que no se me tilde de oficialista).
Es positivo que se asigne al tema seguridad una entidad institucional relevante y no una facultad delegada en otro funcionario y también es positivo que la máxima responsabilidad institucional sea ejercida por alguien que no tenga vinculación con las estructuras institucionales de seguridad ya establecidas. La única observación que puede hacerse es la inevitable asociación entre la anterior función de la ministra Garré frente al ministerio de defensa, que la vincula al manejo del máximo nivel de la fuerza que puede ejercer el estado (aunque también podría haberse hecho a propósito para conformar a algunos “derechosos” que reclama mandar los militares a la calle).
Hasta ahí mis coincidencias, pero a partir de estas veo que se cae en los mismos errores que han hecho fracasar anteriores políticas de seguridad. Para que no queden dudas de mi posición técnica, no política, hablaré de aquí en más como ingeniero y no como analista político. Parte de mis discrepancias se basan un trabajo presentado en el congreso mundial de ingeniería: “Ingeniería 2010”.
La primera discrepancia surge de la falta de definición política sobre el alcance de la seguridad pública, ya que si esta se restringe solamente al control del delito y la violencia social, caemos en la trampa ideológica de la derecha, pues la única solución posible cae en aspectos represivos o disuasivos por el uso o exhibición de fuerza. La posibilidad de combinar redes sociales con fuerzas de seguridad e instituciones de asistencia ante carencias extremas que puedan desembocar en conductas delictivas, impide actuar en profundidad sobre las causas del delito. La no coordinación de instituciones bajo una misma autoridad institucional provoca una actuación no coordinada de agentes públicos que deban concurrir ante emergencias de seguridad. Un ejemplo de ello podría ser la caída de un avión sobre un área poblada, un incidente meteorológico extremo (tornados, huracanes, incendios masivos, etc.), la toma de un penal (recordemos lo que pasó en Chile) y no necesariamente el accionar de okupas movilizados por agitadores sociales o delincuentes.
La segunda discrepancia, también política, es restringir el ámbito geográfico y jurisdiccional de las acciones de seguridad, las cuales deben ser de alcance nacional, subordinar a todos los agentes provinciales y municipales. Esto implica un gran riesgo político, pero sin peligro no hay gloria. Las políticas de descentralización permiten solo diluir la responsabilidad política, pero no son eficaces.
Mis otras discrepancias son estratégicas. La primera se refiere a la estructuración del modelo de acción de las medidas de seguridad, este modelo debe ser un modelo preventivo implementado a nivel táctico con la utilización de toda la tecnología disponible y la integración de la mayor cantidad de agentes públicos organizados en redes supervisadas por las instituciones del estado. La segunda discrepancia, es el mantenimiento de la estructura jerárquica de las fuerzas de seguridad, a nivel operativo, modelo que facilita la comisión de actos de corrupción o de convivencia con delincuentes. La tercera discrepancia es la no utilización del potencial tecnológico existente. el cual pareciera que solo se restringe a la utilización de cámaras de seguridad (lo cual es bueno para los vendedores de cámaras de seguridad).
Existen otras diferencias menores, pero creo que debe dar tiempo a las actuales autoridades para definir su rumbo de acción, el cual puede obtener algunos resultados, pero creo que difícilmente pueda obtener un éxito contundente en materia de seguridad pública.
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