Democracia, reglas de juego y crisis de poder (Nota 2)

Establecimos en la anterior nota que los cambios en las relaciones de poder institucional producían cambios en las normas “formales” que regían dichas relaciones de poder y que actualmente existe una crisis de representatividad o resuelta que cuestiona tanto las normas actuales como su reforma.

Es entonces en las causas y consecuencias de la crisis de representatividad que surgió en 2001, desde donde se puede comenzar el análisis de los actuales cambios que alteran el equilibrio de las relaciones de poder institucional. Antes de iniciar dicho análisis debe establecerse que en un contexto internacional, la actual forma de expresión del orden  capitalista ha atravesado, y repite cíclicamente, varias etapas: creación (tecnológica o de demanda), apropiación (de la plusvalía de la creación), acumulación (prolongación en el tiempo de la apropiación), agotamiento (utilización de la tecnología y la demanda residual) y crisis (destrucción de la creación frente a la aparición de una nueva tecnología a el cambio de la demanda). Esta descripción Schumpeteriana puede condimentarse con la fabricación de “burbujas en la fase de agotamiento, cuya función el maximizar la ganancia de los capitalistas financieros (que actúan como carroñeros de la pitanza capitalista) y que agudizan las crisis posteriores (para quienes creen que las burbujas son un invento de Wall Street en la reciente crisis global, les recomiendo leer sobre la crisis europeas de 1890).

Una última consideración sobre estos ciclos económicos del capitalismo es la relación entre política y economía, ya que muchos suponen que la política determina el funcionamiento de la economía (lo cual sería cierto en un sistema no capitalista). Como postulado del marco teórico del análisis que propongo, la política actúa como catalizador o inhibidor de las fases del ciclo descripto (quizás de profundizarse esta consideración podrían hacerse coincidir los ciclos de Kondratiev y la teoría de Schumpeter).

Volviendo al análisis de la crisis argentina, los golpes militares que se instalaron desde la caída de Perón hasta 1983 crearon condiciones de creación, apropiación y acumulación (la creación de una actividad económica no necesariamente responde a procesos productivos que generan riqueza distribuible, sino al inicio de actividades económicas que beneficien a algunos grupos de poder económico). En particular el último gobierno militar puso en crisis a vastos sectores del sistema productivo nacional y creó las condiciones de un sistema importador-financiero, cuya crisis se intentó disimular con la guerra de Malvinas, siendo esta crisis la causa fundamental de la salida de la dictadura militar.

Quedaron establecidos varios actores que participaban de la puja por una cuota de poder: los sectores económicos nacionales, los sectores económicos trasnacionales, la representación política de la sociedad, los sectores sociales (donde debe incluirse al sindicalismo, sectores religiosos y organizaciones de distinto tipo: ecologistas, humanitarias, etc.) y los sectores culturales (estos de mínima representación pero de gran visibilidad pública que debe incluir a la educación pública y privada). Aquí los medios de comunicación hacen visible la lucha de cada sector por sus cuotas de poder.         

El inicio del mayor período con vigencia del sistema democrático se inicia en 1983, donde el retorno a la vida democrática establece un tácito acuerdo sobre las nuevas relaciones de poder, la debilidad de la representación política frente a sectores sociales y económicos va planteando un nuevo desequilibrio dentro de un ciclo de baja creación que se proyecta sobre los ciclos siguientes y la crisis desatada por la falta de incentivos a la creación de actividades económicas provoca la salida anticipada de Alfonsín, sin que se quiebre el orden institucional.

El inicio del gobierno de Menem fue errático, hasta la instauración de la convertibilidad y el privatización de las empresas del estado, lo que generó una fuerte fase de creación, apropiación y acumulación sin el ciclo de agotamiento en el horizonte cercano. Esto le permite a Menem consolidar su proyecto de reelección, reforma de la Constitución mediante. Aquí el desequilibrio de poder a favor de la representación política con el apoyo de los sectores económicos trasnacionales, permite consagrar constitucionalmente, una nueva relación de poder entre los sectores institucionales.

El deterioro de las condiciones de acumulación, por efecto de los desajustes de las variables macroeconómicas en la etapa final del gobierno de Menem (altas tasas de interés, desajuste de la balanza de pagos, déficit fiscal y aumento del endeudamiento público), genera una crisis que explota en el gobierno de De la Rua, debido al mantenimiento de las condiciones macroeconómicas del gobierno de Menem.

Esta crisis provocada por la falta de capacidad de la representación política para superar los ciclos de crisis y el perjuicio que sobre vastos sectores sociales se provocó en los ciclos de apropiación y acumulación, explota en diciembre de 2001. En esta crisis, los sectores sociales plantean una nueva distribución de poder mediante el recambio de quienes detentan la representación política y una nueva recomposición institucional que otorgue mayor participación directa de los sectores sociales (las asambleas barriales y populares, fueron la expresión más representativa de este reclamo).

El nuevo ciclo iniciado en los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner volvió a generar un ciclo de creación mediante el mecanismo de sustitución de importaciones forzado mediante el tipo de cambio. Este nuevo período sostuvo el ciclo de acumulación mediante el estímulo de una demanda sostenida, pero las condiciones de comercialización internacional de los commodities argentinos, el aumento del déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza energética, sumado a las obligaciones de pago de la deuda externa, comenzaron a afectar los recursos destinados a sostener la demanda. La presión de los sectores sociales y de ciertos sectores económicos provocan el inicio del ciclo de  agotamiento previo a la crisis, lo que obliga al poder ejecutivo a acumular poder institucional para enfrentar el inminente ciclo de crisis, para ello su estratega es la acumulación de poder institucional y el control de la visibilidad de otros sectores mediante la injerencia en los medios de comunicación.

El planteo de un reordenamiento de las relaciones de poder institucional, la inminencia de un ciclo de crisis económico, el reclamo insatisfecho de los sectores sociales y las tensiones por el control de los medios de comunicación, establecen el contexto bajo el cual deben inscribirse los planteos de nuevas relaciones de poder institucional y las crisis que dan origen a este reordenamiento. 

Democracia, reglas de juego y crisis de poder (Nota 1)

Los proyectos de ley presentados por el FPV en el congreso ¿Qué representan? Las opiniones se dividen entre considerarlas una democratización del poder judicial, y un avance de un poder sobre otro; pero en esencia ¿las relaciones de poder institucionales son la expresión de del contexto histórico, social, económico y político o un marco desde donde se regula en funcionamiento de una sociedad?

Esta última pregunta me parece más interesante de responder en la marco de una construcción ideológica de la política, pues la primer pregunta solo tiene carácter coyuntural, cualquiera sea su trascendencia. Los recientes proyectos de ley representan un intento de cambio de las relaciones de los poderes institucionales, que puede establecerse, cambiarse o anularse ahora, o en años futuros; pero los principios a que estos obedecen son la raíz de una dinámica histórica que imperó en nuestro país desde la organización nacional.

No cabe duda que el marco de referencia fundacional de las relaciones de poder institucional fundamentales (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es la Constitución, la cual admite que puede ser cambiada y de este modo reformular la relaciones de poder existentes en cualquier momento. La condición es el acuerdo mayoritario de las representaciones políticas de la ciudadanía, por lo tanto la Constitución no impide que se alteren las relaciones de poder, sino que fija como se debe proceder para cambiarlas.

Partiendo de la premisa que la ley fundacional fija las relaciones de poder y como deben cambiarse, tenemos que analizar el rol que cumplen las instituciones en el proceso histórico y que actores son necesarios para ello. En este análisis de actores necesarios, surgen los partidos políticos, como representantes de las ideas e intereses de la sociedad, los cuales son los intermediarios imprescindibles, ya que según la propia Constitución, “el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”. Estas facultades delegadas a los partidos políticos se refieren al poder ejecutivo (gobierna) y al poder legislativo (delibera), pero nada dice del poder judicial. Por lo tanto la independencia del poder judicial no incluye ni excluye a los partidos políticos, dejando una zona gris por donde el proceso de designación y destitución por parte del consejo de la magistratura, de miembros del poder judicial permite la participación de los partidos políticos.

Estos elementos formales no aclaran la evolución histórica de las relaciones de poder institucional. El poder ejecutivo lo ejerce en forma temporal un partido político que desarrolla su acción de gobierno bajo dos controles: el control del interés general representado por el poder legislativo y el control de los acuerdos de poder preexistentes expresados por el poder judicial. Así el poder judicial representa una tendencia  conservadora frente a la tendencia progresista que debería tener el poder ejecutivo, siendo el rol del poder legislativo la regulación de estas tendencias.

Estos supuestos configuran lo que llamamos “la vida republicana”, que en esencia es el desarrollo sin alteraciones de las relaciones de poder institucional. Por lo tanto, las alteraciones suponen desequilibrios en las relaciones de poder existentes, esto sucede cuando el devenir del proceso histórico requiere avanzar sobre el “status quo” que obstaculiza un cambio hacia una nueva relación de poderes equilibrada, si este nuevo equilibrio genera mediante una adecuación consensuada, los cambios se llevan mediante los mecanismos previstos por la propia constitución. Si en cambio, la alteración de las relaciones de poder surge por una facción que no cuenta con el consenso necesario, forzosamente debe romperse el orden constitucional.

Surge así un nuevo actor, la facción, o grupo de poder que ejerce alguna representación de los poderes políticos, económicos o sociales (el religioso, si bien no debiera ser considerado, interviene por razones históricas, como parte de la expresión social), tengan estos representación institucional o no. La facción para poder provocar una alteración en las relaciones de poder institucional debe asumir unilateralmente, mediante la ruptura de del orden constitucional, el rol de decisor de la nueva relación de poder. Así, los golpes militares asumieron los roles de poder ejecutivo, legislativo e incluso judicial (el forma no directa, pero si indirecta) mediante el uso de la fuerza en representación de facciones económicas y sociales (como fueron en 1956 los grupos agroexportadores,  los representantes de corporaciones extranjeras, una burguesía medio alta y sectores religiosos). El quiebre institucional de 1989 (entrega anticipada de la representación del poder ejecutivo) mediante una crisis generada por una facción económica y otra política.

En 2001 se planteó la falta de representación de quienes integraban los partidos políticos, esa crisis, fue expresada por amplios sectores sociales frente a la falta de solución a distintos problemas económico y de administración del estado, los gobiernos surgidos a partir de esa crisis solucionaron en parte los problemas, pero no se solucionó la causa que los generaba, principalmente porque los representantes de los partidos políticos siguen siendo los mismos que generaron la crisis de 2001. La raíz de la crisis económica y social de 2001, sigue presente y la actual crisis institucional que algunos plantean por el intento de cambiar las relaciones de poder existentes, es solo la manifestación de la necesidad de una facción de contar con más poder para responder a los requerimientos de la evolución histórica de una crisis económica y social.              

La verdadera seguridad es “ex ante”

Cuando se habla de la seguridad en su amplio sentido, la dimensión de la prevención de catástrofes es un área de bajo impacto inmediato, a la que suele asignarse poca prioridad, y que, por sobre todo no da rédito político. El problema es cuando la catástrofe ocurre y la gente sufre las consecuencias de la faltad e previsión para mitigar los efectos de la catástrofe.

Algo debe dejarse bien establecido TODA CATÁSTROFE ES PREVISIBLE en cuanto a su dimensión y efecto, lo que varía es su probabilidad de ocurrencia y el momento en que esta ocurrirá. Los responsables de la seguridad pública dedican su tiempo a solucionar problemas de coyuntura y no dedican tiempo a prever las posibles contingencias y su dimensión. Solo esto explica la falta de una respuesta adecuada de las autoridades ante las recientes catástrofes ambientales ocurridas.

Se podría escribir muchísimas páginas sobre la evidencia de esta conducta, pero basta una lectura atenta a la crónica periodística para probar la falta de previsión y de planificación de una respuesta adecuada ante la ocurrencia de una catástrofe. En ese sentido se podría investigar que catástrofes están previstas en las distintas instancias de los organismos de Seguridad Pública, que dimensión se le asigna y que respuestas se prevén en cada caso.

Aunque sería muy fácil exponer y criticar las conductas actuales, creo que una contribución a la toma de conciencia es hacer una breve exposición de cómo se debería actuar en esta área de gobierno.

El primer paso es crear un órgano de emergencia ante catástrofes que nuclee a los principales actores que deben opinar e intervenir: representantes de las fuerzas políticas; de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están involucradas en la prevención,  atención y consecuencias de una catástrofe;  expertos en las distintas áreas y redes de voluntarios.

El segundo paso es establecer las posibles catástrofes, su probabilidad de ocurrencia y las distintas dimensiones de los problemas que surjan en cada caso. Por ejemplo, en caso de un accidente de aviación, estimar la cantidad de afectados los tipos de lesiones que pueden presentar, los afectos concurrentes como afectación de instalaciones, transito, posible afectación de servicios públicos (en caso que el avión caiga sobre una sub estación de energía).

El tercer paso, a partir del mapa de posibilidades y sus consecuencias, se debe dimensionar la magnitud y características de los recursos que deben intervenir. En este caso lo que seguramente ocurra es que quede en evidencia la falta de recursos con que cuentan las instituciones públicas que deben intervenir en esos casos, por ello se debe coordinar con instituciones no gubernamentales, otras instancias de las instituciones públicas y redes de voluntarios.

El cuarto paso es establecer el plan de alistamiento y convocatoria ante la emergencia, realizar simulacros periódicos, comunicar adecuadamente y educar al resto de la población para que sepa cómo actuar.                

Creo que esta breve síntesis para recordarles a los responsables de la seguridad pública que debe hacerse es mejor que reprocharle aquello que no han hecho y que ha costado vidas, daños materiales excesivos y la desconfianza de la población. La seguridad no comienza cuando ocurre un hecho, comienza antes cuando se planifica como evitarlo o como minimizar daños y atender de la mejor forma posible a las víctimas.

Que linda era la democracia cuando teníamos una dictadura

Esta frase parafrasea a la famosa “Que linda era la república cuando gobernaba el emperador”, pronunciada en Francia a finales del siglo XIX en oportunidad de la crisis económica que sufrió el capitalismo europeo en esa época (la actual es una de otras tantas que produjo el capitalismo).

Tanto se aplica a nuestro país que Alfonsín gana las elecciones de 1983 enarbolando la consigna “con democracia se come, se educa….”, lo que pasó después no desmerece el sentido de la democracia, ni justifica a la mentalidad retrógrada de quienes decían: “con los milicos estábamos mejor”, solo establece que se esperaba otra cosa de los gobiernos  democráticos. Lo mismo nos pasó a algunos peronistas con los gobiernos de Menem y de los Kirchner.

La democracia, para algunos peronistas como yo, supone una construcción de naturaleza vertical pero en sentido de abajo hacia arriba. No es que se niegue la historia propia del movimiento, sino que en las circunstancias históricas de su surgimiento y por la formación militar del propio Perón, la estructuración vertical de arriba hacia abajo era lógica en la conformación inicial de la organización política. Pero el golpe militar del 56 primero y la muerte de Perón después, dejo trunca la evolución hacia una organización vertical de abajo hacia arriba.       

       Este sentido de la organización supone que son las bases quienes eligen sus representantes sobre una base territorial, al contrario de la actual superestructura de nivel nacional que interviene en la elección (o produce la designación directa) de los representantes territoriales de base. Esta deformación de la democracia representativa de los partidos políticos (que no solo afecta al partido justicialista), se reproduce a niveles de organización territorial, así la superestructura nacional genera una superestructura provincial y esta una superestructura municipal, donde la designación de los dirigentes se realiza por designación o apoyo del “aparato” político vigente. Al producirse una dirigencia política no sustentada en la representación legítima de sus bases e impedir el surgimiento de nuevos representantes políticos se impide una renovación que permita la renovación de dicha dirigencia.

Hoy la clase dirigente parece cada vez más una caja de botones, con cada movimiento (las elecciones generales) se cambian de lugar los que están arriba o abajo, pero los botones son siempre los mismos. Así, quienes adhieren ideológicamente a un partido político, pero no coinciden con la línea interna imperante de la superestructura, se ven impedidos de llevar a delante su propuesta dentro de la estructura partidaria. El resultado es la fuga de militantes hacia otras fuerzas políticas o la creación de nuevas. En el peronismo, el caso de Chacho Álvarez con el FEPASO, durante el menemismo fue uno de los emblemáticos, la actual división del peronismo bonaerense que concurrió y piensa concurrir en varias listas. Este fenómeno también se dio en el radicalismo con Carrió y Stolbizer, que dieron origen al ARI y al GEN respectivamente.

Esta diáspora no solo diluyó una representación ideológicamente más amplia de los partidos políticos tradicionales, sino que frenó la construcción de alternativas en el seno de estos partidos contribuyendo al sustento de la superestructura imperante. Adicionalmente la carencia de una estructura de base lleva, o más bien justifica, la poca participación de los jóvenes en la política y la designación de funcionarios entre amigos y conocidos de los actuales dirigentes, quienes se convierten en sustento político y relevo político de quienes los designaron. En esta dinámica la renovación es vía parentesco y amiguismo, lo que refuerza la desilusión del resto de la población respecto de la “clase política” dirigiendo los intereses de quienes quieren participar hacia organizaciones no gubernamentales donde canalizan sus inquietudes de participar en la “cosa pública”.

El riesgo actual es que la superestructura política tiene una capacidad limitada de lograr el apoyo, tanto por parte de la mayoría de la población como de instituciones no gubernamentales,  que compiten con las instituciones del estado (cooptadas por la superestructura oficial). Así se busca movilizar una “militancia rentada” mediante puestos de trabajo dentro del propio estado, mediante de subsidios sociales (planes, cooperativas de trabajo, etc.) o mediante puestos en empresas administradas por el estado. Aun así, se necesita mayor presencia institucional, lo que lleva a la cooptación o la lisa y llana apropiación de instituciones no gubernamentales, sindicales, periodísticas o intelectuales.

Así, tenemos un estado que funciona en base a una militancia rentada, instituciones que responden a los intereses de una superestructura política, decepción de quienes tienen un interés en participar y falta de renovación de una clase política que se mantiene incólume desde aquel “que se vayan todos”. Esta democracia no es la que deseábamos en la época del gobierno militar, quizás pensábamos en una democracia utópica donde podíamos comer, estudiar, trabajar, curarnos y tantas otras cosas que hoy añoramos.