Propuesta 1

Hace tiempo que analizo diversos temas políticos, creo que para compensar tanta pálida se debería proponer algo, algo concreto que apunte a mejorar la situación existente en nuestro país, no espero cobrar derechos de autor, ni obtener reconocimiento público pues las ideas que compartimos ya no nos pertenecen y pueden ser usadas por quien las recoja. Lo éticamente deshonesto es atribuirse la autoría, y peor aún, es desvirtuar su sentido o cambiar su forma para afirmar la supuesta autoría, afectando a los resultados que podría obtenerse con la idea original.

Esta primera propuesta tiene que ver con la justicia, o más bien, con quienes desempeñan cargos en el poder judicial. Debo repetir lo que ya he expresado en varios artículos, la policía y la administración de justicia no hacen a la seguridad, ya que intervienen cuando el hecho que causa inseguridad (cualquier delito) ya fue cometido y solo pueden hallar al culpable y aplicarle la condena que las leyes establecen par ale delito cometido.

Mi propuesta se basa en la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que no deberían gozar de libertad en virtud de estar procesadas, gozando de privilegios de excarcelación o libertad condicional. El hecho que personas en esa situación cometan delitos no debiera afectar a los institutos establecidos para que una persona que cometió un delito se reintegre a la sociedad, pero sí, debe establecerse que responsabilidad tienen los magistrados, fiscales, auxiliares o peritos intervinientes en procesos judiciales de tipo penal. La propuesta no es crear una caza de brujas sobre funcionarios que aplican en la forma más benigna las potestades que le permite la ley. Pero que se sujete a la ley no implica que pueda cometer una mala praxis, y no en el sentido de incumplimiento de deberes de funcionario público, sino en el ejercicio de un acto profesional. Así como a un médico  a quien se le muere un paciente, no pude ser imputado de homicidio por el ejercicio de su profesión de médico, si puede ser imputado de mal praxis, cosa que ocurre en la mayoría de las profesiones. Así, si una persona liberada del cumplimiento de una condena que comete un delito, pude suponerse que quienes lo liberaron cometieron un error, que pude no ser punible legalmente, si podría haber cometido una mala praxis.

Hasta donde he investigado, no existe la mala praxis en el sistema de administración de justicia, la cual permitiría deslindar responsabilidades, ya que un juez que otorga una excarcelación lo hace en función de informes de auxiliares y peritos en los que debe confiar. Si quienes auxilian al juez incurren en una mala praxis (sin suponer la existencia de dolo), el juez debe responder por el liberado y es a él a quienes apunta la opinión pública. Esto otorga impunidad a quienes cometen la mala praxis, ya que el cumplimiento de los pasos procesales otorga legalidad al hecho, pero no garantiza el adecuado desempeño profesional de quienes intervienen.                 

Si, por ejemplo, la Corte Suprema podría habilitar una dependencia que inicie una investigación sobre el desempeño profesional de los magistrados auxiliares o peritos, en cada caso de delito cometido por un liberado. Así no solo se delimitarían responsabilidades profesionales, sino que existiría un historial de casos que podrían definir conductas de los participantes en el otorgamiento de beneficios para quienes cumplen una condena.

Al fin y al cabo sería un mecanismo similar al que ocurre en un hospital cada vez que fallece un paciente durante un procedimiento médico. Si los médicos, a quienes se les confía la vida y la salud de las personas se someten a examen de  su proceder profesional, por qué no deberían hacerlo los magistrados, funcionarios y peritos a quienes se les confía la libertad y guarda de personas que purgan condenas por delitos cometidos.