Seguridad: Sin imaginación en el poder

A pesar de mis esfuerzos para no cerrarme en mi postura, desde el área de seguridad del gobierno me empujan a ponerme nuevamente en contra de sus medidas. Sin dejar de reconocer que los cortes de calles, avenidas, autopistas y cualquier otra forma de protesta que lesione los derechos de circulación, de propiedad pública o privada (muchas protestas no están exentas de actos de vandalismo, hurto y robo) y integridad física de las personas (se suele ejercer violencia contra quienes se quejan de la forma de protesta); el protocolo propuesta carece de una total falta de imaginación, en el sentido propuesto por este gobierno de ser innovador.

El protocolo propuesto puede ajustarse a las leyes vigentes, pero la legalidad de una medida no implica que sea justa o buena. Por ejemplo, ejecutar una garantía crediticia dejando a una familia sin su casa es legal, pero no es una medida ni justa ni buena. Por eso sostengo que este protocolo no es bueno, ni tampoco justo.

No es justo porque permite visibilizar la protesta de quienes tienen una estructura que les permite organizar actos que resulten tengan repercusión en una plaza y no a un grupo de vecinos que llevan días sin energía eléctrica y se juntan cuando vuelven del trabajo y cortan una calle para visibilizar su queja, ya que no existen otros canales efectivos para hacerlo, y cuando existen no suelen dar respuesta en tiempo y forma a los reclamos.

No es una buena medida, porque una protesta es el resultado de la ausencia de mecanismos de reclamo que tengan el suficiente grado de eficacia para que el reclamo no sea necesario y por ende al no tener justificación, su regulación tendría significado.

Tampoco la medida tiene sustento en el tiempo, ya que regula aspectos del artículo 194 del Código Penal, el cual puede ser derogado por el congreso, donde la Alianza Cambiemos no tiene el número de legisladores necesarios para impedir su derogación. Sin el artículo 194 el protocolo de actuación carece de legalidad y no podrá ponerse en práctica.

En resumen, estamos en presencia de una medida que no es justa, ni buena e incluso que podría quedar sin efecto, sin que el gobierno pudiera evitarlo. Algo mas que se debería señalar es la inoportunidad política de la medida, en un momento que el gobierno busca aunar consensos (con mas desaciertos que éxitos, en los últimos días), por ello buscar una solución al problema de las protestas y los cortes de calles, debería haber sido mas creativa.

Podemos proponer algunas alternativas con un poco mas de talento que el que fuera empleado por los autores del protocolo (un protocolo que emana cierto “tufillo autoritario”, mas propio del pensamiento policial represivo, que de una conducción política respetuosa de los derechos ciudadanos). Una primera medida sería obligar a presentar una demanda que fundamente la protesta, la cual debería de trámite sumario y obligara al estado a dar una solución a la demanda. Si la demanda no es satisfecha (48 horas) se habilita de oficio el reclamo público y la protesta. Este procedimiento debería ser público (por ejemplo estar disponible en un sitio Web) de modo que pueda ser consultado y difundido por los medios de comunicación. Las organizaciones o personas que iniciaron la demanda inscriben la protesta en un registro indicando lugar, fecha y duración; el estado designa a un funcionario mediador que negocie los términos de la protesta de forma tal que se garanticen los derechos de los manifestantes y del resto de los ciudadanos. La previsión del acto, permite la reorganización de la circulación vehicular para minimizar el impacto sobre los transeúntes, coordinar que carriles se cortan, definir un carril que permita la circulación y el mantenimiento de un carril de emergencia para ambulancias, bomberos u otras emergencias (caso de traslado de embarazadas, enfermos o accidentados en vehículos particulares, vehículos de servicios públicos que atiendan a una emergencia como caída de cables, fugas de gas, etc.). Recordemos que mientras exista un carril de circulación, no hay cercenamiento del derecho de circulación, mas si se garantiza que no se impide el paso de cualquier vehículo en situación de emergencia. La organización de la protesta debería garantizar que los participantes no concurran encapuchados y con palos u otro tipo de armas, en caso que esto ocurriera, las organización de la protesta debe denunciarlos, como así también la presencia de personas no deseadas por la organización de la protesta; así el personal policial interviniente queda habilitado para retirar e incluso detener a estas personas (por ejemplo por promoción de disturbios e iniciación a la violencia). En caso que los organizadores no los denuncien podrán ser pasibles de ser ellos mismos imputados como responsables de los delitos que estas personas cometan. En el caso de la prensa, la misma debería tomar conocimiento de los lugares seguros desde donde cubrir el hecho y en caso de ubicarse en otro lugar saber que riesgos puede correr. Todo esto deber ser registrado en vídeo, que sería prueba suficiente del accionar del personal del estado que intervenga. Cualquier otro uso de este material de video (presiones laborales, inclusión en listas de despido, etc.) que cause perjuicio a los manifestantes deberá sancionarse, tanto a quienes tengan responsabilidad de su guarda, como a quienes lo usen y no sean parte del estado (ejemplo, después de una protesta laboral se despiden a participantes identificados en estos vídeos, se deberá sancionar tanto a quienes registraron, almacenaron y son guarda del vídeo, como la empresa que produjo el despido).

En el caso de protestas espontánea se debería contar con una guardia de negociadores que informen a los manifestantes, sobre que requisitos deben cumplir. Se debería dar intervención a autoridades judiciales que supervisen el caso (los jueces deben cubrir una guardia y contar con un servicio vídeo conferencia). El no acuerdo con el negociador (que debería ser un funcionario judicial y no un policía) habilitaría el uso de la fuerza para restablecer la circulación y salvaguardar el orden público.

Esto, lejos de ser una propuesta, es un ejemplo de como se podría hacer algo distinto, e inclusive no me cabe dudas que abriendo un espacio de diálogo se obtendría una mejor medida. Pero también el protocolo tiene muchas fallas, por ejemplo no prevé cortes relámpagos de 10 a 15 minutos, cambiando de lugar (cuando lleguen las fuerzas policiales, la protesta cesó y se esta desconcentrando); también se puede solicitar permiso para una protesta por cualquier vía a la menor velocidad que permita las disposiciones de tránsito, como los vehículos concurren a una manifestación pueden exponer carteles o pancartas, y la vía de acceso a la manifestación puede extenderse por un gran tramo. También se podría manifestar en forma de petitorio público, transitando las aceras y manteniendo una distancia de un metro entre manifestante y manifestante, mientras se reparten volantes y folletos que expliquen el motivo de la protesta, de esta manera se puede lograr cubrir un gran área y generar un mayor impacto de difusión. Se puede usar la pausa de los semáforos en cascada para exhibir carteles y pancartas, caminado entre los autos detenidos, la extensión de la protesta, que no infringe ninguna ley podría extenderse a lo largo de la Avenida Libertador o 9 de julio. De este modo creo que queda claro que el protocolo, solo actúa frente a una forma de protesta estructurada y sin imaginación, siendo inútil frente a formas creativas de protesta.

Para terminar, quiero dejar constancia que esta crítica no esta dirigida hacia el gobierno, sino hacia medidas que lejos de ser efectivas traen un gran costo político al propio gobierno. Estas medidas y otras, no solo son ineficaces sino que conllevan un costo político innecesario en las actuales circunstancias donde se debería buscar “aire político” hasta que las medidas de fondo que proponen (aumento de la actividad económica, inversiones, etc.) muestren los resultados que dicen van a tener, y sobre esto habría mucho que decir, pero esa es otra historia.

Seguridad: No se obtienen resultados distintos aplicando el mismo método

Ya lo dije en mi artículo anterior, las políticas de seguridad no están funcionando, no por errores de gestión sino por la política que se aplica en este área. Un listado de mis diferencias con las políticas que veo, se están aplicando son:

• La utilización de un concepto de seguridad restringido a la prevención y represión del delito.
• La utilización de las instituciones policíacas y de seguridad existentes, como instrumentos de aplicación de las políticas de seguridad.
• La pretensión de re encausar instituciones con altos índices de corrupción y la complicidad con el delito, utilizando a las mismas personas.
• La consideración de los hechos que afectan la seguridad como fenómenos estáticos y aislados, cuando la evidencia empírica los muestra como dinámicos y con muchas vinculaciones.
• La no utilización de tecnología como parte del proceso de re estructuración institucional de las fuerzas de seguridad, y si para para cubrir las falencias operativas.

Paso a detallar el porque de mis diferencias, la primera surge sobre la consideración misma del concepto de seguridad, algo que se ve restringido solo al tema de delito, lo cual si bien es un gran problema, no puede aislarse de otros aspectos de la seguridad tomada en un sentido mas amplio. Ya he propuesto una definición del concepto de seguridad en mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” (http://www.amazon.ca/Seguridad-Desde-Optica-Las-Instituciones/dp/3847358634), como: “toda acción tomada para preservar la vida, la integridad y los bienes de las personas”. De ello surge que el delito se incluye, pero no exclusivamente en la definición de seguridad. Me permito dar un ejemplo, el transito ocasiona mas muertes, lesiones y posiblemente mas daño de bienes que los delitos violentos. Si bien podría desvincularse al tránsito de las políticas de prevención del delito, el control de vehículos y personas en la rutas, permitiría controlar si circulan a una velocidad excesiva y también que el vehículo no tiene orden de secuestro o se lo vincula a algún presunto delito, lo mismo que las personas que viajan en él.

Las instituciones que ejercen el poder de policía del estado están atravesadas por corrupción, complicidad con el delito, abuso de autoridad e incompetencia; también es cierto que no pude prescindirse de dichas instituciones para formular una política de seguridad. Por ello es necesario una reforma profunda de las instituciones y no solo medidas de orden organizacional o administrativo, es necesario reformular los roles de las personas en las instituciones, definir procedimientos que garanticen al personal su accionar en el marco del estado de derecho. Por ejemplo el uso de fuerza letal, un efectivo policial que en uso de sus facultades se enfrenta a un delincuente y lo mata, sufre un proceso de investigación largo e incierto; de contar con un procedimiento al cual se ciña al usar fuerza letal, el proceso de investigación podría ser sumario, sin afectar al efectivo y no generar en la fuerza la idea que es preferible no enfrentar a un delincuente antes que ser sumariado e investigado por un largo período de tiempo con perdida de salario y beneficios. Del mismo modo cualquier efectivo al que se le pruebe complicidad con cualquier delito debería enfrentar una condena de al menos el tres veces la prevista por el delito del cual fue cómplice.

También debe incluirse en las instituciones involucradas con la seguridad a los organismos judiciales donde pareciera que el solo hecho de tener un título de abogado habilita una persona para investigar cualquier delito. Así como se pretende que un policía tenga un muy buen nivel de instrucción, se debería exigir que el cuerpo de fiscales tenga una especialización de grado o postgrado en investigación de delitos, hasta incluso requerir especialización en las categorías de delitos donde actuará (penal, económico, etc.).

La consideración del delito como algo estático, lleva muchas veces a que las instituciones que deben actuar previniendo el delito, en realidad lo “corran de atrás”. Hay instrumentos que sirven para el diagnóstico de lo que ocurrido, pero no para realizar medidas que prevengan el accionar de los delincuentes (entre estos se debe señalar a los mapas del delito, que puede mostrar relaciones entre las características geográficas del delito, su evolución y utilizarlo para analizar la efectividad de las medidas de prevención tomadas anteriormente, las responsabilidades o posibles complicidades). Este concepto del delito como una foto, aísla las responsabilidades legislativas, judiciales y sociales. Si no se cuenta con un cuerpo normativo adecuado, donde la responsabilidad de un acto delictivo no recaiga solo sobre el delincuente que lo cometió, sino que debe incluirse a quienes aportaron información, logística, colaboración, encubrimiento y comercialización de los bienes mal habidos, como partícipes de una asociación ilícita con igual o mayor pena. Si no se cuenta con una administración de justicia, previsible, imparcial, rápida y eficaz, el castigo del delito y la reparación para la víctimas, mantendrá la sensación de inseguridad y no tendrá el efecto disuasorio para quienes pretendan transitar la senda del crimen. Por último, si la sociedad no entiende que el que vende algo robado es tan delincuente como el que lo robó, y quién compra algo robado también es un partícipe necesario del delito, será imposible eliminar el delito. Nuestra sociedad tiende a simpatizar con los delincuentes, y ver a las instituciones de seguridad como repulsivas, esto muchas veces producto de una mala actitud de las fuerzas policíacas, pero también de un avance de la desculturización de los sectores populares (la cultura también incluye la difusión de tradiciones de honestidad, laboriosidad, compromiso por los mas débiles, etc.).

Mi última discrepancia de esta breve lista (un análisis mas extenso excede la extensión de estos artículos) es la tecnología. Es impensable una política de seguridad no soportada en tecnología (la tecnología extiende los límites, limitaciones y capacidades de las fuerzas policíacas, pero no solo se debe limitar a ello), estas tecnologías deben estar integradas verticalmente y horizontalmente. Por ejemplo tomemos el sistema de comunicación policial este sistema debe permitir la comunicación entre todos los agentes en un área operativa (comunicación horizontal) y también con los distintos estratos superiores (comunicación vertical). Además todo sistema tecnológico debe dejar un registro auditable, para el ejemplo anterior, las comunicaciones deben estar grabadas de modo que pueda auditarse el accionar de los efectivos y las ordenes recibidas. De igual modo no puede pensarse en incorporar tecnología sin una adecuada logística de soporte (de nada sirve comprar el mejor sistema tecnológico, si no se dispone de los adecuados niveles de mantenimiento y de los stocks de repuestos necesarios para que la tecnología agote su vida útil funcionando correctamente). Por último, y más como una política mas general, debería utilizarse tecnologías abiertas (open source) no propietarias, dado el riesgo que ellas implican al utilizarse en áreas sensibles de la seguridad pública.

En síntesis las políticas aplicadas por el gobierno de Macri, en esencia hacen los mismo que han hecho los gobiernos anteriores (mas o menos prolijo) y no puede esperarse resultados distintos.

Carta abierta al Ingeniero Macri

Sin faltarle el respeto a su investidura presidencial, prefiero dirigirme a Ud. como ingeniero, ya que desde este lugar es donde tenemos mas cosas en común. Debe saber Ud. que si bien no lo voté en las pasadas elecciones si lo hice en el ballotage, pero no por convicciones ideológicas. Me defino ideológicamente como peronista, lo que me diferencia políticamente de su partido, pero lo voté porque su rival (aunque decía ser peronista) no daba la talla para el cargo al que se postulaba, y creí que Ud si. También existieron otros motivos, entre los que le podría nombrar lo agresivo de la campaña del FPV, que pretendía decirme que iba a pasar y qué tenía que hacer (algo que difícilmente un ingeniero, acostumbrado a pensar y analizar por si mismo, acepte) y en forma menos seria, le diría que difícilmente un ingeniero elija a un Licenciado antes que a otro Ingeniero. Dejado esto en claro veo que sus medidas, en estos primeros días de gobierno, difieren mucho de los que yo pensaba que haría, y por eso es que le escribo esta carta.

Como Ud. sabe la ingeniería nos acostumbra a un paradigma de trabajo: especificar, analizar, diseñar, construir y probar. También, por formación los ingenieros solemos ser positivistas (y en realidad no estamos muy equivocados, ya que la mayoría de las cosas que hoy en día definen nuestra forma de vida fueron construidas por ingenieros) y cartesianos (el mismo Descartes era un ingeniero militar). Es por eso que difiero en muchas de sus decisiones, y no por las diferencia ideológica que tenemos, sino por el no uso del criterio y la metodología de trabajo que tenemos los ingenieros.

La primer discrepancia que tengo, es con la metodología de comunicación de una medida que puede ser necesaria o no, pero que Ud, decidió tomar en todo su derecho: el despido de personal contratado en el estado. Tomada esa decisión, la metodología a emplear debería haber sido la misma, ampliamente comunicada y aplicada al pie de la letra. Por ejemplo, anular los contratos de personas que no habían cumplido funciones anteriormente y que se realizaron dentro del período previo a las elecciones, la anulación de contratos de personas que no hubieran cumplido funciones en los últimos 2 años (los famosos ñoquis), la anulación del pase a plante permanente de las personas comprendidas en los anteriores casos, entre otras formas de especificar quienes no podían permanecer en la plantilla estatal. El análisis de los casos que se encuadraban en las medidas, comunicando personalmente y en forma fehaciente su situación. La apertura de un registro de personas que a pesar de estar “prima facie”, comprendidas en las causas de despido, tengan motivos fundados para solicitar la re consideración de su caso (alguien que se contrató dentro del período señalado, pero cuyo trabajo era necesario por alguna causa atendible por ejemplo suplencia, insuficiencia de personal de planta permanente, etc.). Lo ejemplificado no pretende agotar todos los casos que puedan aplicarse, pero si dejar en claro que la metodología a emplear no fue la misma en las distintas dependencias del gobierno, no hubo una comunicación clara y no se dejó una vía de reclamo en caso de haber algún error en la aplicación de las medidas.

La segunda discrepancia la tengo en el planteo de la política de seguridad, donde retomo el criterio cartesiano y veo que se quiere obtener distintos resultados utilizando los mismos métodos, quizás mejor implementados, con mayor aporte tecnológico, pero el método que se aplica es el mismo con que fracasaron las anteriores gestiones. El criterio actual que se aplica en políticas de seguridad está restringida a prevención del delito, o mas bien a la represión del delito, esto sumado basarse en el accionar policial solamente puede llevar al fracaso de estas políticas. Tal ves sea un atrevimiento de mi parte, pero le sugeriría que lea mi libro “La Seguridad desde la óptica de las Instituciones”, en él desarrollo el concepto amplio de seguridad pública y un modelo funcional de los hechos que afectan la seguridad pública; también formulo un modelo de gestión y un ejemplo de como aplicarlo a un caso real.

También discrepo con la diferencia entre lo propuesto y lo realizado, en teoría política se habla de coherencia entre lo propuesto y lo que se realiza; es su caso debería recordar que nada perjudica mas a un equipo que las contradicciones de su director. En esta categoría pondría los DNU que se contradicen con las propuestas de respeto al orden constitucional (y no necesariamente el jurídico), el otorgamiento de beneficios al sector agrario considerando por igual a todos los sectores (el mismo error que cometió el kirchnerismo con las retenciones), o la mala comunicación sobre el resultado de las auditorías sobre el estado de cosas dejada por el anterior gobierno (se difundió en forma parcial sin coherencia, sin detallar, sin indicar las presentaciones judiciales que de realizaron o se realizarían). Sobre este tema en particular planificar un cronograma de dichas auditorías y la comunicación y las consecuencias judiciales que pudieran conllevar, hubiera permitido no saturar a la opinión pública con noticias parciales que solo generan la saturación de la gente.

Mis otras discrepancias no puedo fundarlas sobre la acción de un ingeniero, ya que son de naturaleza política y tienen mas que ver con mi ideología. Así que me disculpo por distraer su atención, y le deseo éxito en el logro de sus propuestas, que redundarían en beneficios para todo los argentinos.

Atentamente, Alejandro Molina.

Ingeniero Electricista

Magister en Políticas y Estrategias

Doctor en Ingeniería

Vagabundos de la playa

Algunos fueron juguetes abandonados o perdidos, otros el fruto de vagabundos igual que ellos, son parte de una paisaje invisible para la gran mayoría. Es imposible veranear sin verlos, en el verano duermen en la frontera de la playa y la ciudad, bajan a la arena con los primeros caminantes o con los jóvenes que terminan su noche amaneciendo frente el mar. La gran mayoría los acaricia, les juega y comparte un rato con ellos, los alimentan con partes de sándwiches o galletas, pero los abandonan al dejar la playa para volver a sus hoteles o casas. A esos perros todos les ofrecen caricias y comida, pero nadie le ofrece un hogar.

Alguien me preguntará que tiene que ver esto con política. Aparentemente nada, pero estos perros ponen en evidencia como somos, cuando nos relacionamos con ellos; y saber como somos es comenzar a comprender la política, ya que la política se hace por y para la gente. Muchos políticos hablan de las instituciones, pero las instituciones solo tienen sentido con gente real dentro de ellas, la institución policía tiene su dimensión real por la gente que viste el uniforme, no por los patrulleros, las comisarías o el conjunto de leyes y reglamentos que ordenan su funcionamiento. Así que sin meterme en un análisis hegeliano creo que esta clara mi posición.

Volviendo a las conductas, podríamos clasificarlas en indiferentes, simpáticas, impulsivas y los que no ven nada. La primera abarca a todos los que ven a los animales, tienen idea de como viven y cual es su futuro, pero no les interesa, son indiferentes y no se vinculan los los animales. Es una conducta típica de quienes comprenden la realidad pero no les interesa cambiar nada ni siquiera intervenir, se mantienen distantes de todos, su frase sería “no es mi problema”.

Los simpáticos no establecen contacto directo, no se vinculan con el animal, les sonríen, hasta puede que les arrojen una galletita, pero no se acercan ni lo acarician. Es típico de muchas señoras con chicos u otros perros, que permiten que sus niños o mascotas interactúen un ratito y listo, nada mas. Esta conducta la tienen personas en las que su interés es superficial y circunstancial, no se vinculan ni les interesa realmente los problemas que ve. Su frase preferida es “pobrecito, que simpático”.

Las personas impulsivas tienen a vincularse intensamente, acarician a los animales, les suelen dar comida o agua (vi muy temprano en la playa, algunos jóvenes que compartían su cerveza con los perritos). En esta categoría están muchos jóvenes y personas solas que comparten un rato de su tiempo interactuando con los pichichos; el caso es que se van y los pobres perritos los siguen hasta que entienden que se terminó la relación y vuelven a la playa en busca de otra persona. Las frases que caracterizan a este grupo son “hola hermoso” y “chau, chauuu”.

Los que no ven nada, no ven a los perritos, ni siquiera el interesa. Llegan y se van de la playa sin notar nada de lo que pasa a su alrededor, discuten de mil naderías y su frase sería “Yo, Argentino!!!”.

Cualquier similitud o analogía con las conductas de las personas frente a la política que a exclusivo criterio del lector.