Seguridad: Sin imaginación en el poder

A pesar de mis esfuerzos para no cerrarme en mi postura, desde el área de seguridad del gobierno me empujan a ponerme nuevamente en contra de sus medidas. Sin dejar de reconocer que los cortes de calles, avenidas, autopistas y cualquier otra forma de protesta que lesione los derechos de circulación, de propiedad pública o privada (muchas protestas no están exentas de actos de vandalismo, hurto y robo) y integridad física de las personas (se suele ejercer violencia contra quienes se quejan de la forma de protesta); el protocolo propuesta carece de una total falta de imaginación, en el sentido propuesto por este gobierno de ser innovador.

El protocolo propuesto puede ajustarse a las leyes vigentes, pero la legalidad de una medida no implica que sea justa o buena. Por ejemplo, ejecutar una garantía crediticia dejando a una familia sin su casa es legal, pero no es una medida ni justa ni buena. Por eso sostengo que este protocolo no es bueno, ni tampoco justo.

No es justo porque permite visibilizar la protesta de quienes tienen una estructura que les permite organizar actos que resulten tengan repercusión en una plaza y no a un grupo de vecinos que llevan días sin energía eléctrica y se juntan cuando vuelven del trabajo y cortan una calle para visibilizar su queja, ya que no existen otros canales efectivos para hacerlo, y cuando existen no suelen dar respuesta en tiempo y forma a los reclamos.

No es una buena medida, porque una protesta es el resultado de la ausencia de mecanismos de reclamo que tengan el suficiente grado de eficacia para que el reclamo no sea necesario y por ende al no tener justificación, su regulación tendría significado.

Tampoco la medida tiene sustento en el tiempo, ya que regula aspectos del artículo 194 del Código Penal, el cual puede ser derogado por el congreso, donde la Alianza Cambiemos no tiene el número de legisladores necesarios para impedir su derogación. Sin el artículo 194 el protocolo de actuación carece de legalidad y no podrá ponerse en práctica.

En resumen, estamos en presencia de una medida que no es justa, ni buena e incluso que podría quedar sin efecto, sin que el gobierno pudiera evitarlo. Algo mas que se debería señalar es la inoportunidad política de la medida, en un momento que el gobierno busca aunar consensos (con mas desaciertos que éxitos, en los últimos días), por ello buscar una solución al problema de las protestas y los cortes de calles, debería haber sido mas creativa.

Podemos proponer algunas alternativas con un poco mas de talento que el que fuera empleado por los autores del protocolo (un protocolo que emana cierto “tufillo autoritario”, mas propio del pensamiento policial represivo, que de una conducción política respetuosa de los derechos ciudadanos). Una primera medida sería obligar a presentar una demanda que fundamente la protesta, la cual debería de trámite sumario y obligara al estado a dar una solución a la demanda. Si la demanda no es satisfecha (48 horas) se habilita de oficio el reclamo público y la protesta. Este procedimiento debería ser público (por ejemplo estar disponible en un sitio Web) de modo que pueda ser consultado y difundido por los medios de comunicación. Las organizaciones o personas que iniciaron la demanda inscriben la protesta en un registro indicando lugar, fecha y duración; el estado designa a un funcionario mediador que negocie los términos de la protesta de forma tal que se garanticen los derechos de los manifestantes y del resto de los ciudadanos. La previsión del acto, permite la reorganización de la circulación vehicular para minimizar el impacto sobre los transeúntes, coordinar que carriles se cortan, definir un carril que permita la circulación y el mantenimiento de un carril de emergencia para ambulancias, bomberos u otras emergencias (caso de traslado de embarazadas, enfermos o accidentados en vehículos particulares, vehículos de servicios públicos que atiendan a una emergencia como caída de cables, fugas de gas, etc.). Recordemos que mientras exista un carril de circulación, no hay cercenamiento del derecho de circulación, mas si se garantiza que no se impide el paso de cualquier vehículo en situación de emergencia. La organización de la protesta debería garantizar que los participantes no concurran encapuchados y con palos u otro tipo de armas, en caso que esto ocurriera, las organización de la protesta debe denunciarlos, como así también la presencia de personas no deseadas por la organización de la protesta; así el personal policial interviniente queda habilitado para retirar e incluso detener a estas personas (por ejemplo por promoción de disturbios e iniciación a la violencia). En caso que los organizadores no los denuncien podrán ser pasibles de ser ellos mismos imputados como responsables de los delitos que estas personas cometan. En el caso de la prensa, la misma debería tomar conocimiento de los lugares seguros desde donde cubrir el hecho y en caso de ubicarse en otro lugar saber que riesgos puede correr. Todo esto deber ser registrado en vídeo, que sería prueba suficiente del accionar del personal del estado que intervenga. Cualquier otro uso de este material de video (presiones laborales, inclusión en listas de despido, etc.) que cause perjuicio a los manifestantes deberá sancionarse, tanto a quienes tengan responsabilidad de su guarda, como a quienes lo usen y no sean parte del estado (ejemplo, después de una protesta laboral se despiden a participantes identificados en estos vídeos, se deberá sancionar tanto a quienes registraron, almacenaron y son guarda del vídeo, como la empresa que produjo el despido).

En el caso de protestas espontánea se debería contar con una guardia de negociadores que informen a los manifestantes, sobre que requisitos deben cumplir. Se debería dar intervención a autoridades judiciales que supervisen el caso (los jueces deben cubrir una guardia y contar con un servicio vídeo conferencia). El no acuerdo con el negociador (que debería ser un funcionario judicial y no un policía) habilitaría el uso de la fuerza para restablecer la circulación y salvaguardar el orden público.

Esto, lejos de ser una propuesta, es un ejemplo de como se podría hacer algo distinto, e inclusive no me cabe dudas que abriendo un espacio de diálogo se obtendría una mejor medida. Pero también el protocolo tiene muchas fallas, por ejemplo no prevé cortes relámpagos de 10 a 15 minutos, cambiando de lugar (cuando lleguen las fuerzas policiales, la protesta cesó y se esta desconcentrando); también se puede solicitar permiso para una protesta por cualquier vía a la menor velocidad que permita las disposiciones de tránsito, como los vehículos concurren a una manifestación pueden exponer carteles o pancartas, y la vía de acceso a la manifestación puede extenderse por un gran tramo. También se podría manifestar en forma de petitorio público, transitando las aceras y manteniendo una distancia de un metro entre manifestante y manifestante, mientras se reparten volantes y folletos que expliquen el motivo de la protesta, de esta manera se puede lograr cubrir un gran área y generar un mayor impacto de difusión. Se puede usar la pausa de los semáforos en cascada para exhibir carteles y pancartas, caminado entre los autos detenidos, la extensión de la protesta, que no infringe ninguna ley podría extenderse a lo largo de la Avenida Libertador o 9 de julio. De este modo creo que queda claro que el protocolo, solo actúa frente a una forma de protesta estructurada y sin imaginación, siendo inútil frente a formas creativas de protesta.

Para terminar, quiero dejar constancia que esta crítica no esta dirigida hacia el gobierno, sino hacia medidas que lejos de ser efectivas traen un gran costo político al propio gobierno. Estas medidas y otras, no solo son ineficaces sino que conllevan un costo político innecesario en las actuales circunstancias donde se debería buscar “aire político” hasta que las medidas de fondo que proponen (aumento de la actividad económica, inversiones, etc.) muestren los resultados que dicen van a tener, y sobre esto habría mucho que decir, pero esa es otra historia.