Seguridad: No se obtienen resultados distintos aplicando el mismo método

Ya lo dije en mi artículo anterior, las políticas de seguridad no están funcionando, no por errores de gestión sino por la política que se aplica en este área. Un listado de mis diferencias con las políticas que veo, se están aplicando son:

• La utilización de un concepto de seguridad restringido a la prevención y represión del delito.
• La utilización de las instituciones policíacas y de seguridad existentes, como instrumentos de aplicación de las políticas de seguridad.
• La pretensión de re encausar instituciones con altos índices de corrupción y la complicidad con el delito, utilizando a las mismas personas.
• La consideración de los hechos que afectan la seguridad como fenómenos estáticos y aislados, cuando la evidencia empírica los muestra como dinámicos y con muchas vinculaciones.
• La no utilización de tecnología como parte del proceso de re estructuración institucional de las fuerzas de seguridad, y si para para cubrir las falencias operativas.

Paso a detallar el porque de mis diferencias, la primera surge sobre la consideración misma del concepto de seguridad, algo que se ve restringido solo al tema de delito, lo cual si bien es un gran problema, no puede aislarse de otros aspectos de la seguridad tomada en un sentido mas amplio. Ya he propuesto una definición del concepto de seguridad en mi libro “La seguridad desde la óptica de las instituciones” (http://www.amazon.ca/Seguridad-Desde-Optica-Las-Instituciones/dp/3847358634), como: “toda acción tomada para preservar la vida, la integridad y los bienes de las personas”. De ello surge que el delito se incluye, pero no exclusivamente en la definición de seguridad. Me permito dar un ejemplo, el transito ocasiona mas muertes, lesiones y posiblemente mas daño de bienes que los delitos violentos. Si bien podría desvincularse al tránsito de las políticas de prevención del delito, el control de vehículos y personas en la rutas, permitiría controlar si circulan a una velocidad excesiva y también que el vehículo no tiene orden de secuestro o se lo vincula a algún presunto delito, lo mismo que las personas que viajan en él.

Las instituciones que ejercen el poder de policía del estado están atravesadas por corrupción, complicidad con el delito, abuso de autoridad e incompetencia; también es cierto que no pude prescindirse de dichas instituciones para formular una política de seguridad. Por ello es necesario una reforma profunda de las instituciones y no solo medidas de orden organizacional o administrativo, es necesario reformular los roles de las personas en las instituciones, definir procedimientos que garanticen al personal su accionar en el marco del estado de derecho. Por ejemplo el uso de fuerza letal, un efectivo policial que en uso de sus facultades se enfrenta a un delincuente y lo mata, sufre un proceso de investigación largo e incierto; de contar con un procedimiento al cual se ciña al usar fuerza letal, el proceso de investigación podría ser sumario, sin afectar al efectivo y no generar en la fuerza la idea que es preferible no enfrentar a un delincuente antes que ser sumariado e investigado por un largo período de tiempo con perdida de salario y beneficios. Del mismo modo cualquier efectivo al que se le pruebe complicidad con cualquier delito debería enfrentar una condena de al menos el tres veces la prevista por el delito del cual fue cómplice.

También debe incluirse en las instituciones involucradas con la seguridad a los organismos judiciales donde pareciera que el solo hecho de tener un título de abogado habilita una persona para investigar cualquier delito. Así como se pretende que un policía tenga un muy buen nivel de instrucción, se debería exigir que el cuerpo de fiscales tenga una especialización de grado o postgrado en investigación de delitos, hasta incluso requerir especialización en las categorías de delitos donde actuará (penal, económico, etc.).

La consideración del delito como algo estático, lleva muchas veces a que las instituciones que deben actuar previniendo el delito, en realidad lo “corran de atrás”. Hay instrumentos que sirven para el diagnóstico de lo que ocurrido, pero no para realizar medidas que prevengan el accionar de los delincuentes (entre estos se debe señalar a los mapas del delito, que puede mostrar relaciones entre las características geográficas del delito, su evolución y utilizarlo para analizar la efectividad de las medidas de prevención tomadas anteriormente, las responsabilidades o posibles complicidades). Este concepto del delito como una foto, aísla las responsabilidades legislativas, judiciales y sociales. Si no se cuenta con un cuerpo normativo adecuado, donde la responsabilidad de un acto delictivo no recaiga solo sobre el delincuente que lo cometió, sino que debe incluirse a quienes aportaron información, logística, colaboración, encubrimiento y comercialización de los bienes mal habidos, como partícipes de una asociación ilícita con igual o mayor pena. Si no se cuenta con una administración de justicia, previsible, imparcial, rápida y eficaz, el castigo del delito y la reparación para la víctimas, mantendrá la sensación de inseguridad y no tendrá el efecto disuasorio para quienes pretendan transitar la senda del crimen. Por último, si la sociedad no entiende que el que vende algo robado es tan delincuente como el que lo robó, y quién compra algo robado también es un partícipe necesario del delito, será imposible eliminar el delito. Nuestra sociedad tiende a simpatizar con los delincuentes, y ver a las instituciones de seguridad como repulsivas, esto muchas veces producto de una mala actitud de las fuerzas policíacas, pero también de un avance de la desculturización de los sectores populares (la cultura también incluye la difusión de tradiciones de honestidad, laboriosidad, compromiso por los mas débiles, etc.).

Mi última discrepancia de esta breve lista (un análisis mas extenso excede la extensión de estos artículos) es la tecnología. Es impensable una política de seguridad no soportada en tecnología (la tecnología extiende los límites, limitaciones y capacidades de las fuerzas policíacas, pero no solo se debe limitar a ello), estas tecnologías deben estar integradas verticalmente y horizontalmente. Por ejemplo tomemos el sistema de comunicación policial este sistema debe permitir la comunicación entre todos los agentes en un área operativa (comunicación horizontal) y también con los distintos estratos superiores (comunicación vertical). Además todo sistema tecnológico debe dejar un registro auditable, para el ejemplo anterior, las comunicaciones deben estar grabadas de modo que pueda auditarse el accionar de los efectivos y las ordenes recibidas. De igual modo no puede pensarse en incorporar tecnología sin una adecuada logística de soporte (de nada sirve comprar el mejor sistema tecnológico, si no se dispone de los adecuados niveles de mantenimiento y de los stocks de repuestos necesarios para que la tecnología agote su vida útil funcionando correctamente). Por último, y más como una política mas general, debería utilizarse tecnologías abiertas (open source) no propietarias, dado el riesgo que ellas implican al utilizarse en áreas sensibles de la seguridad pública.

En síntesis las políticas aplicadas por el gobierno de Macri, en esencia hacen los mismo que han hecho los gobiernos anteriores (mas o menos prolijo) y no puede esperarse resultados distintos.