Ya pasó casi un año

Hace un año que escribí en este blog el artículo: “Que podemos esperar de la crisis” (http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com/2009/01/que-podemos-esperar-de-la-crisis.html), donde analizaba las posibles consecuencias de la crisis económica. Este domingo leo una nota de página 12 donde se criticaba los pronósticos agoreros de quienes analizaron la crisis a comienzos de 2009, como reconozco que estaba y estoy desilusionado de este gobierno y no esperaba mucho de él, me pregunté si mi análisis estuvo equivocado y cuanto se cumplió de lo pronosticado y cuantos errores hubo en mi análisis.

Decía en el artículo “…las exportaciones sufrirán la reducción de precios internacionales que ocasione la menor demanda, los desajustes de la balanza de exportaciones provocará déficit fiscal, el sector financiero verá reducido su volumen de operaciones ..”. En 2009 la recaudación creció alrededor del 10 al12%, lo que significa una caída del 43% en relación 2008. Con una tasa de inflación cercana al 20%, puede hablarse de una caída real de la recaudación pública. El gasto público creció un 30% en comparación con el año anterior. El excedente presupuestario del 3,27% del PBI que pronosticaba la Ley Presupuestaria 2009 está lejos de ese valor ya que estimaciones independientes parten de un valor de alrededor del 1,6% del PBI antes del pago de la deuda y sin contemplar las deudas con los acreedores privados quienes declinaron el canje en 2005). Lo que implica que en el 2009 el Gobierno aún está en condiciones de cubrir sus gastos, situación que no será fácil para 2010. El superávit comercial del primer semestre de 2009 fue de 9,86 mil millones USD, un 85% superior al primer semestre de 2008, con 5,33 mil millones USD. Esto debido a que, en este período, las importaciones cayeron en un 38,3% mas que las exportaciones, lo hicieron en un 18,7%. El retroceso de las importaciones en Argentina casi duplica el de países comparables en la región.

Decía que : ”..El sector de producción primario está gravemente comprometido por la situación climática, la baja de los precios de sus productos y el posible aumento de sus insumos, esto afectará a los pequeños y medianos productores..”. La evidencia nos muestra una drástica caída desde 2008 con una última cosecha, de aprox. 95 millones de toneladas, a alrededor de 62 millones de toneladas en 2009. Las exportaciones de carne continuaron su baja de 0.77 miles de toneladas respecto de 2008, que a su vez se redujo en 0,57 respecto de 2007 y este en 0,54 respecto de 2006.


Decía que: “..El sector PYME será el más perjudicado” y también que: “.. no generará niveles constantes de actividad que evite los ajustes de estructuras productivas mediante la reducción de personal. Las líneas de crédito no generarán nuevas empresas, ni se aplicarán al crecimiento de empresas existentes, por lo que esta política no tendrá efecto sobre la economía real”. Las inversiones privadas y estatales se redujeron en un 14,2% en el primer trimestre de 2009 y en un 10,7% para el segundo trimestre. Existe un retroceso del 2,6 % del PBI en la tasa de inversiones del segundo semestre.

Decía que: “.. el desempleo aumentará y aumentará el número de personas en los sectores excluidos” y tambien que: “..La principal fuente de ajuste de las empresas productivas será el “downzising”, o sea la reducción de personal, en estos casos la reducción siempre es mayor cuanto menor sea el grado de automatización de la empresa..”. Los números oficiales muestran para el período enero-julio de 2009 indican una caída menor del 1,5%, mientras que para la Unión Industrial Argentina (UIA) el decrecimiento se ubica en el 9%. El índice de desempleo en 2008 era de 7,3%, creció en el primer trimestre de 2009 a 8,4% y en el segundo semestre a 8,8% (según cálculos privados estiman un desempleo real entre el 10% y el 12%). La subocupación es del 10,6%, mientras que en el 2008 era del 9,1%. Debe tenerse en cuenta que las cifras no incluyen a beneficiarios de planes sociales. También que muy probablemente los números reales en relación a los despidos en el sector informal exceden las cifras oficiales.

Decía que :“.. El juego de los intereses de los grupos concentrados hará que la baja internacional de precios no se traslade al consumidor medio e incluso haya subas de precios…”. El precio promedio del kg una de una pulpa de carne vacuna en el mercado interno varió de $ 9 a $ 18. El pan pasó de costar $ 2,5 el kg a $ 4 el kg. El kg de fruta de estación de $ 3 a $ 4. El litro de leche pasteurizada en sachet de $ 2,8 a $ 4,2. El kg de pollo de $ 5 a $ 8. (Los precios son del supermercado de la esquina de mi casa, ya que no conseguí que Mandrake que interpretara el cálculo del INDEC).

Reconozco, como decía Keynes, que la economía nos permite desarrollar un conjunto de recursos teóricos, sin ninguna aplicación práctica. Pero mas allá de cualquier análisis que quiera hacerse, se impone la realidad, que como decía Serrat “lo que no tiene es remedio”.

¡¡ Feliz Año Nuevo!!

Como todos los años uno desea paz, prosperidad y felicidad, pero sabe que para la mayoría de la gente será otro año de esfuerzo, que tendrá inevitablemente problemas, que vivimos en un país dependiente, que nuestra economía la manejan por control remoto (a pesar de lo que diga el gobierno), que los problemas sociales serán cada vez mayores y las crisis mas agudas, entonces: ¿Por qué festejamos?
Porque renovamos las esperanzas de que algo cambie, de que algo mejore, porque cargamos las pilas para otro año de lucha y de trabajo, por que a pesar de todo creemos en la utopía, creemos que algo podemos hacer y renovamos la esperanza, por eso ¡ Feliz Año Nuevo!

La seguridad no son vaguedades

Critica Digital en su edición del domingo 27-12-2009 presenta la opinión de un grupo de expertos en seguridad, que presentan distintas propuestas, que más que propuestas son un montón de vaguedades, basadas en criterios sectorizados o tan poco específicos que se vuelven inútiles, ya que terminan en lugares comunes sin especificar acciones concretas que cambien la actual situación.

Un resumen de las distintas propuestas empieza por la de un sociólogo, investigador del Conicet que apunta a las políticas de uso de armas, señalando que “En América Latina se produce el 40% de los homicidios mundiales cometidos con armas de fuego” apunta que cuanto más armas circulen en una sociedad, más probabilidad existe que se cometan hechos violentos. Pone como ejemplo a los países europeos donde existe un férreo control de armas. Concluye en que: “La erradicación de armas debería ser una prioridad”. Creo que echarle la culpa a las armas de los delitos violentos es como culpar a los autos por los accidentes automovilísticos, por otro lado le recomendaría al sociólogo que vea el documental “Bowling for Columbine”, que deja en claro algunas cosas sobre el uso de armas.

Otro especialista era el director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (Ceprede), quién enumeró tres modelos: uno de autoridad que cuente con hombres y mujeres capacitados y comprometidos en la tarea de entender y llevar adelante las políticas que ya han demostrado su eficacia en otras latitudes y que no centren su actuación en el sistema penal (es el mejor eufemismo que he escuchado en los últimos tiempos para nombrar a la mano dura); un segundo modelo de coordinación funcional, que intervenga interdisciplinariamente en todas las áreas involucradas, tales como educación, salud, acción social, vivienda, trabajo, urbanismo, entre otras (o sea todo a seguridad, lo demás no importa); el tercer modelo propuesto fue de participación comunitaria: donde la sociedad intervenga en el diseño de las políticas, como forma de democracia social. Calculo que con tantas propuestas se puede escribir un libro que le dé dividendos a largo plazo, pero difícilmente reduzca en el corto plazo la tasa de delitos, ya que cae en las misma generalidades que en el caso anterior, agravado por la velada inclusión de policías “bien preparados” sin control judicial.

El tercer especialista, profesor de Derecho Penal de la UBA y asesor de Unicef Argentina, está convencido de que debe hacerse un diagnóstico sobre la base de las estadísticas, propuesta coincidente con el director del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), básicamente estos “expertos” desconocen que el delincuente no sigue un patrón estadístico, el delincuente hace la estadística. Seguir un patrón estadístico es poner a la policía dos pasos atrás del delincuente. El director del ILSED, agrega que también organizar a los vecinos para que tomen medidas preventivas advirtiendo horarios de mayor riesgo y tipologías delictivas frecuentes y cada municipio debe garantizar la iluminación de las calles y su transitabilidad. Creo que este experto leyó a pié juntillas el informe de UNICEF sobre seguridad, pero no advirtió que las ciudades que se incluían en el informe diferían bastante de las nuestro país, aunque esto es algo demasiado frecuente en los intelectuales argentinos que quieren imponer lo que se usa en el resto del mundo, sin pararse a pensar si en nuestro país es posible o no.

Otro experto, quien fuera director del Programa de Prevención del Delito y la Violencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cree que es imprescindible promover programas de educación y contención para chicos vulnerables y en materia policial, acercarse al modelo de policía comunitaria, que requiere de recursos sociales articulada con el sistema educativo y el sistema de protección social para prevenir las causas de la delincuencia. Lo cual, no deja de ser una vaguedad obvia, que tampoco indica como implementar, y menos indica que hacer con los actuales cuerpos de policía.

En síntesis, si estos son los expertos que pueden asesorar al actual o a los futuros gobernantes sobre políticas de seguridad, seguiremos con índices delictivos en aumento, con aumentos de la cantidad de delincuentes y con medidas más o menos represivas pero igualmente inútiles.

¿Puede la Universidad Publica hacer tamaño papelón?

Días atrás escribí una nota sobre el “PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS” (http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com/2009/12/mala-seguridad-publica-buenos-negocios.html ), elaborado por la Secretaría Técnica de la Universidad Nacional del Sur, donde se demostraba fehacientemente a quien quisiera leerlo la falta de conocimiento sobre seguridad pública y privada que tenían quienes lo elaboraron. Hoy acaba de enviarme un mail, un amigo que me comenta sobre un artículo escrito en el diario Eco Días por Diego J. Kenis, titulado “Poco para Sonreír”, donde indica que: “el consejero departamental de Humanidades Sandro Abate reveló que dicho texto era en realidad en su mayor parte un plagio de un trabajo elaborado por el español Leonardo Lafuente Valentín, director de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla – La Mancha y publicado en el sitio de internet Monografías.com, que en los pasillos académicos se conoce como “el rincón del vago”, por ser fuente de información lista para el copipegue del estudiante sin ganas de estudiar” , para quienes quieran corroborarlo, el enlace es: http://www.monografias.com/trabajos71/teconolgias-proteccion-edificios-publicos/teconolgias-proteccion-edificios-publicos.shtml .

Que un alumno universitario, con pocas ganas de trabajar utilice este recurso, no es extraño, que sea posible merced a que la mayoría de los profesores no controlan con alguna herramienta contextual los trabajos de sus alumnos con los contenidos de Internet, tampoco es extraño, pero que autoridades de la UNS presenten un documento que se supone que avala una erogación de mas de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) a consideración de la comunidad universitaria, con un estudio que habíamos calificado de poco serio, técnicamente hablando; y que resulta ser una copia de contenidos de un sitio de Internet, es ya inaudito.

Dejemos de lado cualquier consideración que vincule a la erogación que se realizará basada en este informe y pensemos en el ejemplo que se da a los alumnos de la universidad y a la comunidad toda. Hace tiempo se descubrió que una jueza, también fundamentaba sus sentencias tomando contenidos de similares sitios de Internet y tuvo que renunciar, ya que la naturaleza de su investidura y los asuntos sometidos a su consideración no admitían tal falta de seriedad. En el caso de la UNS, la gravedad del caso es mayor aún, ya que institucionalmente una universidad forma profesionales, formación que no solo se realiza mediante la transmisión de conocimiento, sino mediante la observación de ciertas conductas que llevan consigo valores que se desean estén presentes en la vida de los futuros egresados. La transmisión de conocimiento implica por parte del docente un compromiso de estudio de las distintas fuentes, como son libros, publicaciones y también contenidos de Internet, pero siempre tamizados por el análisis y la posterior síntesis del docente, la transmisión directa desde una fuente de conocimiento, supone un mero acto informativo y no formativo, es la esencia misma de la función que debe realizar una universidad. No puede una universidad presentar a la comunidad un estudio con contenidos copiados de un sitio de Internet. No solo es vergonzoso, sino un tremendo papelón, pero como sabemos que los responsables no serán castigados, porque la falta de seriedad, responsabilidad e idoneidad no se castigó ni se castigará, espero que el ridículo cometido no sea olvidado, ya que como dice el refrán popular: del ridículo nunca se vuelve.

Valenzuela: Go Home

Así había titulado el borrador de un artículo sobre la visita de esta personaje a América Latina, pero el domingo 20, al leer Página 12, me encontré con el artículo: El revés de la trama, escrito por quien fuera mi profesor del curso de postgrado sobre Historia de la Relaciones Internacionales, Mario Rapoport, quién prácticamente dijo todo lo que yo pensaba escribir, así que como nada podría agregar o complementar (cosa que es lógico tratándose de este Maestro), les transcribo el artículo


Retrocediendo raudamente en el pasado, como al visionar al revés alguna película del cine mudo, la visita del enviado del presidente Obama y encargado de asuntos latinoamericanos de Estados Unidos al sur del continente, Arturo Valenzuela, dejó una sensación de déjà vu en la política de Washington sobre nuestro país (desde Cordell Hull y Braden, de recordada actuación en épocas de “relaciones tumultuosas”, hasta Terence Todman, denominado el “virrey”, en los más apacibles tiempos de las “relaciones carnales”). Sus dichos y acciones levantaron una ola de suspicacias sobre la forma de entender los vínculos mutuos. Valenzuela no fue recibido por los presidentes en Argentina y Brasil, donde se reunió con funcionarios subalternos, pero en Buenos Aires (no en la nación vecina) tuvo también entrevistas con políticos opositores que respaldaron sus conceptos.
En conversaciones con éstos y con empresarios locales Valenzuela señaló la “falta de seguridad jurídica” en Argentina y comparó este momento con la “mejor” situación que se vivía en la época del menemismo, esa que llevó directamente –es bueno recordarlo para tanto repentino desmemoriado– a la crisis de 2001-2002. Claro está que la seguridad jurídica a la que se refería era exclusivamente la de los inversionistas y no las de las personas o ciudadanos. Se trata lisa y llanamente de una seguridad jurídica corporativa y vista con los ojos de la potencia del Norte. Pero Valenzuela no mencionó el revés de la trama. El país con mayor inseguridad jurídica del mundo actualmente, a raíz de la crisis económica y financiera, con un fuerte componente especulativo, que se originó en él y se extendió como un reguero de pólvora sobre todo el planeta, es justamente los EE.UU.
¿Qué tipo de seguridad jurídica tuvieron los depositantes o inversores que han visto a cientos de bancos donde tenían colocados sus ahorros derrumbarse de la noche a la mañana? En el 2009 quebraron poco más de 130 bancos de los 8500 existentes y aunque el gobierno de Washington rescató varias entidades financieras, una gran cantidad, sobre todo medianas y pequeñas, se fueron a pique sin su ayuda. En cuanto a los depósitos, la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) sólo cubre hasta un cierto límite los de aquellos bancos asegurados en ella, no la de todos los bancos ni toda clase de acreencias.
¿Qué seguridad jurídica existió para los miles de propietarios de inmuebles que se encontraron sin poder seguir pagando sus hipotecas y fueron desalojados de sus hogares? ¿Cuál fue la seguridad jurídica de los futuros jubilados cuyos fondos de pensión cayeron en el pozo interminable creado por las pérdidas de valor de los activos financieros a los que estaban ligados y se quedaron sin ingresos futuros después de años de aportes y de trabajo? ¿De qué seguridad jurídica se habla para los que perdieron sus empleos en numerosas empresas que achicaron masivamente su personal o cerraron directamente sus puertas? En fin, ¿cómo se aprecia la seguridad jurídica de grandes industrias que se encontraron financieramente arruinadas hasta llegar a ser nacionalizadas, como General Motors, en un país que pregona que ése es el principal peligro para sus compañías fuera de sus fronteras? Puede decirse que muchos de estos casos tienen que ver con la mecánica misma de la crisis, pero es imposible no mencionarlos por la retórica existente.
Yendo a interrogantes referidos directamente a políticas públicas: ¿cuál fue el marco de seguridad jurídica que brindó la revocación, en 1999, de la Glass-Steagall Act, que establecía una separación entre la banca comercial y la de inversión? Desde ese momento se extendió la posibilidad, en un mercado totalmente desregulado, de que cualquier entidad del rubro pudiera crear sus propios medios e instrumentos financieros con una falta de límites claramente establecidos en sus operatorias y un estímulo a actividades especulativas. Esto constituyó una de las causas de la crisis que se desató en 2007. En verdad, la seguridad jurídica está muy lejos de existir en un país que hizo temblar a los inversionistas de todo el mundo y provocar la quiebra de entidades de otros países con intereses en EE.UU. O que permitió fraudes empresarios como los de Enron o WorldCom, compañías que estafaron hasta a sus mismos empleados. Para no hablar de la seguridad que deviene del respeto de la libertad personal, una de las bases mismas de la Constitución del país del Norte, vulnerada en el pasado por el tristemente célebre macartismo o por la aprobación de la patriotic act, que redujo el derecho de privacidad y estableció la detención sin tiempo y sin intervención judicial de extranjeros y hasta de ciudadanos. O la que sostiene el principio de soberanía, transgredido por razones falsas en la invasión a Irak.
La cuestión no queda allí. Como se señala en un artículo publicado en 2007 por el Instituto de Estudios Legales Alternativos de Colombia (ILSA, org. com), el fin último de la seguridad jurídica que preconizan los Estados Unidos para proteger a sus inversionistas en América latina –abandonada la etapa del “big stick” que subsistió en gran parte del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, con algunos “revivals” posteriores– es la adopción de “normas homogéneas, durables, con poder de coerción y que aseguran transparencia” en los acuerdos comerciales o de inversión que realice el país del norte. Pero su desarrollo ha ido en una sola dirección: “La supremacía de la legislación estadounidense” por sobre la local para sus capitales invertidos en el exterior (la obligada intervención del Ciadi –una institución del Banco Mundial con sede en Washington–, apañada por dirigencias nativas, constituye un ejemplo en el caso argentino). Asimismo, esas normas favorecen sistemáticamente a los inversionistas por sobre los demás ciudadanos desconociendo otros derechos como los humanos, ambientales o laborales. Se establece así “la paradoja de que la seguridad de un tipo de leyes somete a la inseguridad a los otros tipos de legislación”. La no aceptación por Washington del Protocolo de Kioto sobre el calentamiento global, defendiendo la depredación de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente por parte de empresas de su país, es una demostración de la poca importancia en la seguridad de una vida prolongada para millones de habitantes del mundo, posición no alterada en demasía en la Cumbre de Copenhague, donde se llegó a un acuerdo poco satisfactorio al respecto.
A todo esto debemos agregar la cuestión de la seguridad social en los mismos EE.UU. En una entrevista dada en 2008 a una revista europea, Paul Krugman decía que “la realidad no había estado jamás a la altura del sueño americano”, y esto se reflejaba en la distribución de los ingresos. Los Estados Unidos –concluía– ante la pregunta de si seguía siendo la primera potencia económica del mundo “son todavía un lugar privilegiado para aquellos que están entre el cinco por ciento de los más ricos”. Los esfuerzos de Obama por establecer un seguro de salud universal, boicoteado por gran parte de la clase política, medios y entidades civiles, dan cuenta de que sobre la seguridad social el presidente norteamericano debe enfrentar a intereses poderosos. Inseguridad jurídica, social, ambiental, EE.UU., con toda su potencia y riqueza (en muchos casos más pasada que presente), no es un ejemplo en este sentido. Pero, sobre todo, no puede dar lecciones a otros y menos imponer sus leyes. Eso sí, debe preocuparse por recuperar la salud de su economía, hoy la más endeudada del planeta, cuya suerte representa una incógnita para el futuro económico de la humanidad.

Cumbre de Copenhague: El príncipe negro se convirtió en un sapo blanco

La presidencia de la conferencia anunció que había "tomado nota del acuerdo de Copenhague del 18 de diciembre de 2009", que incluirá en su encabezamiento una lista de los países contrarios al texto. La ONU recurrió a esta fórmula para hacer operativo el acuerdo, que fue duramente criticado como ilegítimo por países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Sudán. Para que pudiera convertirse en un acuerdo de Naciones Unidas, debía ser adoptado por unanimidad por los 192 países presentes en la conferencia. El texto estaba siendo negociado desde el jueves y fue cerrado el viernes por el presidente de EEUU, Barack Obama, en una reunión con varios jefes de Estado y finalmente con China, India y Sudáfrica bajo mediación de Brasil (Agencia EFE).

En coincidencia con mi otra nota sobre la desilusión Michael Moore, ya plantee que quien haya creído que Obama era una alternativa a George Bush se equivocaba pues terminó oponiéndose a todo compromiso para contrarrestar las exageradas emisiones de CO2 producidas por EEUU. La maniobra a la recurrió Obama y Cia fue señalada por varios representantes que acusaron al presidente Barack Obama y a los líderes de las llamadas "potencias emergentes" de haber llegado a un acuerdo que no respetó los procedimientos de la Organización de Naciones Unidas, porque el texto no fue dado a conocer para consultas antes de convocar a la votación, casi igualito que cuando Bush logró en la ONU la aprobación de la invasión a Irak.

El Documento suscrito no resulta vinculante, solamente se toma conocimiento del la situación y aplaza cualquier decisión para las futuras cumbres. Esto es una prueba evidente de que los principales Estados solo respondieron a sus intereses nacionales y sus políticas de desarrollo, para evitar firmar un acuerdo donde reduzcan sus emisiones, modificando una producción industrial basada en el consumo de combustibles fósiles. Si no, no tendría sentido la ocupación de Afganistán desde donde se controla el tránsito de los oleoductos al Mediterráneo y la ocupación de Irak, con sus cuantiosos posos de petróleo.

A pesar del fracaso del tratado sobre la regulación de las emisiones de CO2 , se establece un total de 10.000 millones de dólares entre 2010 y 2012 para que los países más vulnerables afronten los efectos del cambio climático, y 100.000 millones anuales a partir de 2020 para mitigación y adaptación. Suena a esas viejas películas, donde un villano poderoso abusa de una mujer y después le da dinero. Copenhague demostró una vez más, que los países que no están en el grupo de los 20, son doncellas abusadas.

Mala seguridad pública, buenos negocios

Hace más de 12 años que vengo estudiando, presentando proyectos y trabajos en congresos y formulando propuestas para la seguridad pública, la poca acogida que han tenido la mayoría de mis propuestas entre funcionarios políticos es proporcional al acogimiento de las mismas por parte de la gente. La razón de la poca aceptación de mis propuestas es necesariamente ideológica, fundamentalmente porque: considero la seguridad como algo más amplio que el ámbito del delito, porque asigno mas importancia al rol de la dirigencia política que al de las instituciones (policía incluida) y porque hacer algo implica tomar riesgos que afectan el “status quo” que pretenden los funcionarios políticos para sus gestiones, ya sea por una inherente incapacidad o por cobardía política. Lamentablemente, la falta de propuestas nuevas y originales perjudica a la gente que es víctima de delitos y a quienes se encuentran en situaciones de exclusión donde el delito se presenta como puerta de salida a sus problemas. Nada más que por esto continúo perseverando en mi estudio, mi análisis, la elaboración de trabajos y de propuestas.
Una causa de la falta de voluntad para lograr cambios en la situación de seguridad de la población es la vinculada con las ganancias que producen los negocios surgidos como consecuencia de la falta de seguridad pública. Por lo tanto la mayoría de los “expertos” que opinan sobre seguridad pública, están vinculados a empresas de seguridad privada y sus aseveraciones apuntan a acentuar la sensación de falta de respuesta de la policía, de las autoridades, el aumento del delito, de la violencia de los mismos y todo cuando contribuya a que el ciudadano común se sienta desprotegido, creándose la “demanda de seguridad”, que como el estado no la satisface, se canaliza en montones de opciones ofrecidas por empresas de ramo: desde puertas y vehículos blindados, alarmas, sistemas de monitoreo, vigilancia privada, custodias y una gran variedad de otros productos y servicios que hagan que la gente se sienta mas segura. Estas empresas, en conjunto, facturan más que el presupuesto público asignado a seguridad, por lo que podríamos hablar de un “impuesto a la seguridad”, que engrosa los bolsillos de empresas, cuyos titulares son mayoritariamente ex miembros de las fuerzas de seguridad. Se me plantea una doble duda, primero: si como integrantes de las fuerzas públicas de seguridad no pudieron impedir el crecimiento del delito, que me garantiza que lo harán desde el ámbito privado; y segundo: si como empresario privados pueden garantizar la seguridad de las personas, porque no lo hicieron cuando eran funcionarios públicos.
Independientemente de consideraciones sobre la conformación y la eficacia de los productos y servicios de la seguridad privada, la realidad de los números se impone sobre cualquier otro análisis. La facturación de las empresas privadas ronda los 10 mil millones de pesos anuales, según informa la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), mientras que el presupuesto nacional para todo el sistema penal, de seguridad interior y de inteligencia prevé para 2010, un total de 9.892 millones de pesos. Además el negocio crece a una tasa promedio del 4% anual. Ese negocio invierte en publicidad, y la mejor publicidad en la indirecta, la que generan los periodistas que presentan visiones apocalípticas y amarillistas de los delitos que se cometen y de las victimas, lo que contribuye a generar la “sensación de inseguridad” que aumenta la recaudación de las empresas privadas. Esto se suma a la falta de medidas eficaces por parte de las autoridades, la indolencia de algunos funcionarios, el aumento del tráfico de estupefacientes, el aumento de la exclusión social y un deficiente funcionamiento del sistema judicial y penitenciario. El cóctel de ineficacia oficial e interés privado producen la sensación de inseguridad que ve como alternativa la seguridad privada y peor aún, se construye un imaginario colectivo que descree del estado como garante de la seguridad pública.
Este fenómeno de sensación de inseguridad y búsqueda de formas de garantizarla, ha llegado hasta esferas donde nunca pensé que se plegarían al imaginario colectivo antes mencionado. Un caso paradigmático es el “PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS”, elaborado por la Secretaría Técnica de la Universidad nacional del Sur. En este plan se comenten errores de todo tipo, los errores técnicos son excusables dado la falta de competencia y experiencia de la mayoría de los funcionarios académicos en esta área, pero lo inexcusable es la falta de un análisis lógico de las causas y de las estrategias a utilizar al proponer medidas para garantizar la seguridad, cayendo en lugares comunes que favorecen la sensación de inseguridad que lleva a la contratación de servicios privados de seguridad.
Al darle un vistazo a este proyecto podremos tener una idea de cómo se alteran conceptos elementales de sentido común y como se tiende a subestimar la contribución del estado (que aunque esté ausente no justifica el no hacer el reclamo correspondiente) en beneficio de la seguridad privada. El primer elemento que surge de la lectura del estudio es la magnificación y exageración de lo hechos delictivos ocurridos y el empleo del miedo como argumento de presión sobre los docentes con equipos a su cargo. Si analizamos estos dos conceptos, vemos primero: que se habla de hurto, robo y asalto, cuando solo hubo casos de hurto y robo, la mención del robo no corresponde o se realiza con el propósito de generar miedo; segundo: la cantidad de hechos señalados en relación al patrimonio existente es ínfima, y no superaría los estándares de cualquier compañía de seguros; y tercero: el personal docente no tiene porqué tener responsabilidad alguna sobre los bienes públicos, salvo aquellos que emerjan del uso de los mismos para las funciones específicas, pero la seguridad de los mismos debe estar a cargo de funcionarios académicos y no de docentes que en definitiva son empleados del estado que no tienen porque asumir responsabilidad alguna por posibles robos o hurtos de los elementos que usan (extraña la poca atención que los sindicatos docentes prestaron a este punto).
Otro elemento que llama la atención en el estudio, es la limitación que se propone al uso del espacio público, ya que la universidad es un organismo público al que se supone que todo el mundo tiene libre acceso, para restringir este acceso deberíamos aceptar que la universidad no es pública, la identificación de las personas que acceden a la universidad también supone una limitación de acceso no justificada por razones de trabajo o uso de instalaciones y delegar en una empresa de seguridad privada dicha tarea poner a la universidad en la misma condición de una empresa privada, que tienen el derecho de admisión a su propiedad, esta “privatización” del acceso supone violar el mismo derecho que se violaría con el arancelamiento de la educación, poniendo lo público a nivel de lo privado. Algunos otros interrogantes me surgen, si alguien intentara entrar y un guardia de seguridad lo retiene contra su voluntad en un espacio público, no estaría cometiendo el delito de privación ilegal de la libertad y no sería la universidad que le ordenó hacerlo cómplice de dicho delito. Descuento que el personal de maestranza no aceptaría realizar dichos controles ya que su función no es el control del personal docente y alumnos, sino el mantenimiento de las condiciones de uso de las instalaciones, y se arriesgaría a recibir agresiones o presiones laborales en represalia.
Algunas cuestiones técnicas, como las medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones, los medios que se utilicen para limitar el acceso (debe recordarse que no puede impedirse el acceso, salvo que se cierre por razones de horario o de feriados) y que los medios que se empleen para limitar el acceso no pueden producir daño a quien quiera atravesarlo (existe responsabilidad legal sobre los daños que se pudiera causar), la cantidad de CCT, el monitoreo, la intervención en caso de robo (si al intentar impedir la salida de las instalaciones o requisar algún elemento, un guardia o mayordomo es herido o muerto, quien se hace responsable), la capacidad de requisa, los sistemas de alarma ante intrusión, la iluminación y otros elementos mal considerados y expuestos sin un análisis que justifique su implementación. En síntesis no se aprecia que en dicho estudio haya un análisis detallado “in situ” para justificar las medidas que se proponen.
La última consideración sobre el informe más que algo en concreto es la suma medidas que justifican la contratación de la seguridad privada, como ser: los CCT, las alarmas, el personal de seguridad privada o los servicios de monitoreo y la falta de propuestas alternativas que surjan de instituciones del estado como la policía o el propio ministerio de educación, aunque creo que dicha omisión es parte de las “desculturización en seguridad” que evidentemente favorece el negocio privado.