Casi todos los medios, hablan, opinan o discuten sobre la iniciativa de la nueva ley de medios audiovisuales que propone el gobierno. Si bien se puede reconocer que este proyecto de ley obedece a una disputa de poder entre el gobierno y algunos grupos empresariales que manejan los medios de comunicación, no se puede dejar de reconocer que el marco regulatorio de los medios de comunicación está regido por un decreto de la dictadura militar de los años setenta.
El actual marco regulatorio resulta entonces inadecuado por las siguientes razones: respondió a las necesidades de un gobierno de facto, no incorpora en su articulado la participación de las instituciones de la democracia, es tecnológicamente obsoleta y no incorpora como actores a las organizaciones de la sociedad. Si bien podemos estar de acuerdo o no con el proyecto presentado y las razones que lo motivaron, no podemos dejar de reconocer que es imposible carecer de un marco regulatorio que no incorpore a las nuevas tecnologías, ya que ello crea un vacío legal, tampoco que actores de la vida social e institucional no tengan participación.
Quizás no sea el momento mas oportuno para dar un debate sobre esta ley, pero una demora de casi 30 años en dar un nuevo marco normativo, habilita la creación de un espacio de debate. Es preferible una ley actual y obtenida en un marco institucional democrático, que un decreto obsoleto y fruto de los intereses de una dictadura. En última instancia, la vigencia de la vida democrática permite corregir, modificar o crear una nueva norma, si se está de acuerdo con la ley que se apruebe o si esta no cumple los objetivos propuestos.
El actual marco regulatorio resulta entonces inadecuado por las siguientes razones: respondió a las necesidades de un gobierno de facto, no incorpora en su articulado la participación de las instituciones de la democracia, es tecnológicamente obsoleta y no incorpora como actores a las organizaciones de la sociedad. Si bien podemos estar de acuerdo o no con el proyecto presentado y las razones que lo motivaron, no podemos dejar de reconocer que es imposible carecer de un marco regulatorio que no incorpore a las nuevas tecnologías, ya que ello crea un vacío legal, tampoco que actores de la vida social e institucional no tengan participación.
Quizás no sea el momento mas oportuno para dar un debate sobre esta ley, pero una demora de casi 30 años en dar un nuevo marco normativo, habilita la creación de un espacio de debate. Es preferible una ley actual y obtenida en un marco institucional democrático, que un decreto obsoleto y fruto de los intereses de una dictadura. En última instancia, la vigencia de la vida democrática permite corregir, modificar o crear una nueva norma, si se está de acuerdo con la ley que se apruebe o si esta no cumple los objetivos propuestos.
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