Que artista se perdió el cine, lástima que se dedicó a la política y en lugar de hacernos llorar en la pantalla nos hace llorar de bronca en los noticieros, me refiero al gobernador de la provincia de Buenos Aires el Sr. Scioli, al que vimos mostrarse apenado en el funeral de un policía que había sido asesinado, lo vimos prometer que pondría mano dura contra el delito después de robos y asesinatos, que pondría presos a los menores que delincan después de hechos de agresiones y asesinatos cometidos por menores, etc. etc. etc.
El gobernador prefiere la actuación ante los medios, antes que dar respuesta a los problemas que aquejan a la sociedad, marcada por una exclusión sin precedentes y origen de todos los males; y por la incompetencia de gobernantes que solo pueden ofrecer gestos mediáticos en lugar de soluciones.
Como no hay mejor verdad que la realidad, basta mirar algunas cosas de ella. Según un informe parlamentario, que detalla cómo el gobierno bonaerense subejecutó partidas presupuestarias de programas destinados a los menores en conflicto con la ley penal y a la compra de equipos de seguridad. Según este informe del diputado provincial Ramiro Tagliaferro, el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense gastó sólo el 3% del presupuesto destinado a los 18 centros ambulatorios, que reciben a menores en conflicto con la ley penal y el 9% de lo asignado a 25 centros que alojan chicos, además, sólo destina el 2% de su presupuesto de 47 millones de pesos, para financiar el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que controla a esos centros.Del 8% del presupuesto total de la provincia ($2.246 millones), que se asigna el Ministerio de Desarrollo Social Para programas específicos de Niñez y Adolescencia se destina sólo el 12% al presupuesto de esta cartera (275 millones de pesos). La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil recibe el 2% del presupuesto ministerial. Al 31 de agosto, el ítem “Centros de Referencia” muestra una inversión de sólo el 3%, mientras que los centros de Recepción y Derivación evidencian un ejecutado menor al 10 por ciento. En los programas de los Centros de Contención se destina el 19% de los recursos correspondientes a la Dirección Provincial. Tal es la situación de precariedad, que Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires dijo: “En la provincia se habla irónicamente del plan canje, porque se libera a un chico para que ingrese otro que cometió un delito más grave”.
En otra área, el ministerio encabezado por Carlos Stornelli ejecutó, al 31 de agosto sólo el 13,72% del ítem “equipos de seguridad”, que incluye los chalecos y el armamento de los uniformados. La cartera de seguridad cuenta con una asignación presupuestaria equivalentes al 6% del presupuesto total de la provincia. De esta cifra, el 81% se destina a sueldos del personal y el 8% a la compra de bienes de uso. Se afectó, a la fecha del informe, el 70% del presupuesto, del cual, sólo el 5% correspondió a Obras. En Planificación y Operación de la Seguridad Provincial, se gastaron 19 mil pesos, de los $27 millones presupuestados. En Investigaciones e Inteligencia Criminal no se ejecutó ni un solo peso; y en Comunicaciones, sólo el 0,29% de un total de $2,8 millones de pesos.
En resumen solo el 14% del presupuesto de Seguridad se ha ejecutado, un presupuesto, que a valores comparativos con presupuestos anteriores es un 2% menor que en el año 2005 (donde alcanzó un 10% del presupuesto total). En ese contexto hay dos hechos que son representativos de la incapacidad de la gestión gubernamental: para 112 menores institucionalizados hay una sola psicóloga y desde distintas ONG que alojan a los chicos, se denuncia la falta pago por parte del ministerio.
En este contexto el gobernador habla con la policía diciéndoles que son héroes, pero esos policías suelen trabajar mas de 14 horas por día, para alcanzar un salario justo (las que le impone su función mas las horas extraordinarias en distintas formas y modalidades), carece de equipamiento (y no porque no haya presupuesto, sino por que no se lo ejecuta), carece de entrenamiento (si se le agrega mas carga horaria la mayoría del personal caerá victima de agotamiento) y debe cumplir funciones que no son las que debe cumplir un policía (carcelero de detenidos en comisarías, custodia de funcionarios, represor de protestas sociales, entre otras).
Ese mismo gobernador que se muestra compungido ante los deudos de un policía caído en cumplimiento del deber, no arbitró los medios para que ese policía estuviera en las condiciones físicas adecuadas (descansado y entrenado), anímicas (con buena retribución y con la satisfacción de cumplir el rol que aspiró al ingresar a la policía) y con los medios adecuados (equipamiento y logística). Ese gobernador que propone cárcel para los menores y no atiende las necesidades de quienes ya están institucionalizados, negándoles toda posibilidad de recuperación y reinserción social; y cuyo destino final será una cárcel, en donde se convertirán en consumados delincuentes.
Un viejo profesor mío, sacerdote salesiano, decía: “el camino del infierno esta empedrado de buenas intenciones”, el gobernador habla de buenas intenciones, pero nos arrastra al infierno a todos los bonaerenses.
El gobernador prefiere la actuación ante los medios, antes que dar respuesta a los problemas que aquejan a la sociedad, marcada por una exclusión sin precedentes y origen de todos los males; y por la incompetencia de gobernantes que solo pueden ofrecer gestos mediáticos en lugar de soluciones.
Como no hay mejor verdad que la realidad, basta mirar algunas cosas de ella. Según un informe parlamentario, que detalla cómo el gobierno bonaerense subejecutó partidas presupuestarias de programas destinados a los menores en conflicto con la ley penal y a la compra de equipos de seguridad. Según este informe del diputado provincial Ramiro Tagliaferro, el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense gastó sólo el 3% del presupuesto destinado a los 18 centros ambulatorios, que reciben a menores en conflicto con la ley penal y el 9% de lo asignado a 25 centros que alojan chicos, además, sólo destina el 2% de su presupuesto de 47 millones de pesos, para financiar el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que controla a esos centros.Del 8% del presupuesto total de la provincia ($2.246 millones), que se asigna el Ministerio de Desarrollo Social Para programas específicos de Niñez y Adolescencia se destina sólo el 12% al presupuesto de esta cartera (275 millones de pesos). La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil recibe el 2% del presupuesto ministerial. Al 31 de agosto, el ítem “Centros de Referencia” muestra una inversión de sólo el 3%, mientras que los centros de Recepción y Derivación evidencian un ejecutado menor al 10 por ciento. En los programas de los Centros de Contención se destina el 19% de los recursos correspondientes a la Dirección Provincial. Tal es la situación de precariedad, que Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires dijo: “En la provincia se habla irónicamente del plan canje, porque se libera a un chico para que ingrese otro que cometió un delito más grave”.
En otra área, el ministerio encabezado por Carlos Stornelli ejecutó, al 31 de agosto sólo el 13,72% del ítem “equipos de seguridad”, que incluye los chalecos y el armamento de los uniformados. La cartera de seguridad cuenta con una asignación presupuestaria equivalentes al 6% del presupuesto total de la provincia. De esta cifra, el 81% se destina a sueldos del personal y el 8% a la compra de bienes de uso. Se afectó, a la fecha del informe, el 70% del presupuesto, del cual, sólo el 5% correspondió a Obras. En Planificación y Operación de la Seguridad Provincial, se gastaron 19 mil pesos, de los $27 millones presupuestados. En Investigaciones e Inteligencia Criminal no se ejecutó ni un solo peso; y en Comunicaciones, sólo el 0,29% de un total de $2,8 millones de pesos.
En resumen solo el 14% del presupuesto de Seguridad se ha ejecutado, un presupuesto, que a valores comparativos con presupuestos anteriores es un 2% menor que en el año 2005 (donde alcanzó un 10% del presupuesto total). En ese contexto hay dos hechos que son representativos de la incapacidad de la gestión gubernamental: para 112 menores institucionalizados hay una sola psicóloga y desde distintas ONG que alojan a los chicos, se denuncia la falta pago por parte del ministerio.
En este contexto el gobernador habla con la policía diciéndoles que son héroes, pero esos policías suelen trabajar mas de 14 horas por día, para alcanzar un salario justo (las que le impone su función mas las horas extraordinarias en distintas formas y modalidades), carece de equipamiento (y no porque no haya presupuesto, sino por que no se lo ejecuta), carece de entrenamiento (si se le agrega mas carga horaria la mayoría del personal caerá victima de agotamiento) y debe cumplir funciones que no son las que debe cumplir un policía (carcelero de detenidos en comisarías, custodia de funcionarios, represor de protestas sociales, entre otras).
Ese mismo gobernador que se muestra compungido ante los deudos de un policía caído en cumplimiento del deber, no arbitró los medios para que ese policía estuviera en las condiciones físicas adecuadas (descansado y entrenado), anímicas (con buena retribución y con la satisfacción de cumplir el rol que aspiró al ingresar a la policía) y con los medios adecuados (equipamiento y logística). Ese gobernador que propone cárcel para los menores y no atiende las necesidades de quienes ya están institucionalizados, negándoles toda posibilidad de recuperación y reinserción social; y cuyo destino final será una cárcel, en donde se convertirán en consumados delincuentes.
Un viejo profesor mío, sacerdote salesiano, decía: “el camino del infierno esta empedrado de buenas intenciones”, el gobernador habla de buenas intenciones, pero nos arrastra al infierno a todos los bonaerenses.
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