Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, la intransigencia como resultado de la falta de sentido común sería su consecuencia. Los distintos ámbitos de la vida pública nos ofrecen varias confirmaciones empíricas a este postulado.
Empecemos por el ámbito internacional que afecta a nuestro país, el cual estuvo centrado en el fallo de la corte de internacional sobre la instalación de las papeleras en la costa uruguaya del río Uruguay. El fallo reconoce que el gobierno uruguayo incumplió el tratado al no consultar a su par argentino, lo cual no constituye ningún triunfo de la posición argentina, ya que el propio gobierno uruguayo había admitido esto al considerar que no debía consultar a su par argentino, o sea que se ponía a consideración del tribunal si la conducta uruguaya se ajustaba o no al texto del tratado. Analizado así, la labor de los funcionarios de la cancillería argentina solo debía limitarse a efectuar la denuncia y presentar los hechos. La segunda parte del fallo y la que realmente interese a quienes conviven con el problema, indica que no ha podido acreditarse que la empresa produzca contaminación y o que esta contaminación se haya producido. Aquí, está el verdadero núcleo del problema: los funcionarios de la cancillería no pudieron probar que pueda existir o que exista contaminación , y allí comienza la falta de sentido común, cualquier profesional que trabaje en medio ambiente puede probar mas allá de cualquier duda razonable que la tecnología que emplea la empresa Botnia es contaminante, no por sus emisiones de ruido y afectación al paisaje, sino por los insumos que utiliza y los residuos que produce en función de la tecnología que emplea. Aquí, vale una aclaración sobre el fallo del tribunal, ya que no dice que no exista o pueda existir contaminación, dice que argentina no pudo probar la posible existencia o la existencia de contaminación. Esto marca la incapacidad de los funcionarios de la cancillería para llevar adelante la defensa de los intereses del pueblo argentino en este tema. Queda claro entonces, que los funcionarios argentinos no pudieron probar que existe o podría existir contaminación y no porque no pueda probarse, sino porque no supieron o no pudieron hacerlo, el sentido común obligaría que estos funcionarios, incluido el ministro de relaciones exteriores, presenten se renuncia. La fata de este elemental sentido común está desatando la intransigencia de los vecinos de Gualeguaychú, que conviven y comprueban la contaminación día a día. El gobierno al no reconocer su error se verá obligado a reprimir la protesta y pagará el precio político de su incoherencia entre discurso y práctica.
En el ámbito nacional el oficialismo y la oposición, parecen llevar a delante un diálogo de sordos, donde el autoritarismo y la intransigencia a ultranza son moneda común en ambos. El oficialismo no ha reconocido que se ha producido una recomposición de la participación de las expresiones políticas en el parlamento y que por lo tanto su estrategia de trabajo legislativo debe adaptarse a esta realidad; y la oposición se ha olvidado que ella ni gobierna no cogobierna, solo legisla y controla el funcionamiento de los otros poderes. La falta de sentido común al definir acuerdos que permitan llevar a delante la función parlamentaria en forma normal, desató la intransigencia de quienes, desde uno u otro lado tratan de imponer sus ideas sin generar mecanismos de consenso. El análisis de los hechos ocurridos en el parlamento, creo que son tan lamentables que producen vergüenza ajena el tratarlos en detalle.
La inseguridad tanbien atraviesa nuestra sociedad en forma transversal, no solo la inseguridad generada por los hechos delictivos, la inseguridad en el tránsito cobra mas vidas que una guerra, la falta de respuesta del estado a enfermedades que han surgido recientemente como el dengue y la gripe A, la falta de capacidad de atención sanitaria a bastos sectores de la población, la ausencia de controles efectivos de los servicios públicos, y tantos otros casos, constituyen el mejor ejemplo de la falta de seguridad, ante lo cual el gobierno responde con un cerrada intransigencia que se manifiesta en acciones represivas, que lejos de lograr solucionar el problema, crea nuevos problemas y demanda nuevos recursos. Por ejemplo, al aumentar la cantidad de accidentes, una de las medidas tomadas ha sido aumentar los controles viales, lo que requiere personal a bocado a la tarea de control de rutas, se produce un aumento de sanciones a infractores de algunas normas de tránsito, pero los accidentes no disminuyen, el buen sentido común indicaría que la congestión de las rutas y la falta de infraestructura vial que tiene rutas pensadas hace 50 años, para vehículos de menos de 10 años, son las causas de los accidentes. No existen regulaciones sobre circulación en fechas de alto tránsito turístico, la regulación sobre circulación de camiones está mal hecha (sino pregúntenle a cualquier camionero), las velocidades que pueden desarrollar los vehículos en forma segura son muy superiores a la velocidad con que fueron pensadas la mayoría de las rutas, y montones de observaciones que se podrían hacer. Podríamos citar otros casos de seguridad, mas reflejados en los noticieros sensacionalistas, pero responden a la misma lógica de ser tratados con falta de sentido común y medidas de tipo represivo, sus consecuencias están a la vista.
Podríamos abundar en mas detalle como ya he hecho y seguramente seguiré haciendo, pero la secuencia falta de sentido común, intransigencia, es algo que debemos tener en cuenta en el análisis de la realidad, ya que cuando se actuó desde el sentido común hubo acuerdos consensos y soluciones a los problemas que se plantearon.
Empecemos por el ámbito internacional que afecta a nuestro país, el cual estuvo centrado en el fallo de la corte de internacional sobre la instalación de las papeleras en la costa uruguaya del río Uruguay. El fallo reconoce que el gobierno uruguayo incumplió el tratado al no consultar a su par argentino, lo cual no constituye ningún triunfo de la posición argentina, ya que el propio gobierno uruguayo había admitido esto al considerar que no debía consultar a su par argentino, o sea que se ponía a consideración del tribunal si la conducta uruguaya se ajustaba o no al texto del tratado. Analizado así, la labor de los funcionarios de la cancillería argentina solo debía limitarse a efectuar la denuncia y presentar los hechos. La segunda parte del fallo y la que realmente interese a quienes conviven con el problema, indica que no ha podido acreditarse que la empresa produzca contaminación y o que esta contaminación se haya producido. Aquí, está el verdadero núcleo del problema: los funcionarios de la cancillería no pudieron probar que pueda existir o que exista contaminación , y allí comienza la falta de sentido común, cualquier profesional que trabaje en medio ambiente puede probar mas allá de cualquier duda razonable que la tecnología que emplea la empresa Botnia es contaminante, no por sus emisiones de ruido y afectación al paisaje, sino por los insumos que utiliza y los residuos que produce en función de la tecnología que emplea. Aquí, vale una aclaración sobre el fallo del tribunal, ya que no dice que no exista o pueda existir contaminación, dice que argentina no pudo probar la posible existencia o la existencia de contaminación. Esto marca la incapacidad de los funcionarios de la cancillería para llevar adelante la defensa de los intereses del pueblo argentino en este tema. Queda claro entonces, que los funcionarios argentinos no pudieron probar que existe o podría existir contaminación y no porque no pueda probarse, sino porque no supieron o no pudieron hacerlo, el sentido común obligaría que estos funcionarios, incluido el ministro de relaciones exteriores, presenten se renuncia. La fata de este elemental sentido común está desatando la intransigencia de los vecinos de Gualeguaychú, que conviven y comprueban la contaminación día a día. El gobierno al no reconocer su error se verá obligado a reprimir la protesta y pagará el precio político de su incoherencia entre discurso y práctica.
En el ámbito nacional el oficialismo y la oposición, parecen llevar a delante un diálogo de sordos, donde el autoritarismo y la intransigencia a ultranza son moneda común en ambos. El oficialismo no ha reconocido que se ha producido una recomposición de la participación de las expresiones políticas en el parlamento y que por lo tanto su estrategia de trabajo legislativo debe adaptarse a esta realidad; y la oposición se ha olvidado que ella ni gobierna no cogobierna, solo legisla y controla el funcionamiento de los otros poderes. La falta de sentido común al definir acuerdos que permitan llevar a delante la función parlamentaria en forma normal, desató la intransigencia de quienes, desde uno u otro lado tratan de imponer sus ideas sin generar mecanismos de consenso. El análisis de los hechos ocurridos en el parlamento, creo que son tan lamentables que producen vergüenza ajena el tratarlos en detalle.
La inseguridad tanbien atraviesa nuestra sociedad en forma transversal, no solo la inseguridad generada por los hechos delictivos, la inseguridad en el tránsito cobra mas vidas que una guerra, la falta de respuesta del estado a enfermedades que han surgido recientemente como el dengue y la gripe A, la falta de capacidad de atención sanitaria a bastos sectores de la población, la ausencia de controles efectivos de los servicios públicos, y tantos otros casos, constituyen el mejor ejemplo de la falta de seguridad, ante lo cual el gobierno responde con un cerrada intransigencia que se manifiesta en acciones represivas, que lejos de lograr solucionar el problema, crea nuevos problemas y demanda nuevos recursos. Por ejemplo, al aumentar la cantidad de accidentes, una de las medidas tomadas ha sido aumentar los controles viales, lo que requiere personal a bocado a la tarea de control de rutas, se produce un aumento de sanciones a infractores de algunas normas de tránsito, pero los accidentes no disminuyen, el buen sentido común indicaría que la congestión de las rutas y la falta de infraestructura vial que tiene rutas pensadas hace 50 años, para vehículos de menos de 10 años, son las causas de los accidentes. No existen regulaciones sobre circulación en fechas de alto tránsito turístico, la regulación sobre circulación de camiones está mal hecha (sino pregúntenle a cualquier camionero), las velocidades que pueden desarrollar los vehículos en forma segura son muy superiores a la velocidad con que fueron pensadas la mayoría de las rutas, y montones de observaciones que se podrían hacer. Podríamos citar otros casos de seguridad, mas reflejados en los noticieros sensacionalistas, pero responden a la misma lógica de ser tratados con falta de sentido común y medidas de tipo represivo, sus consecuencias están a la vista.
Podríamos abundar en mas detalle como ya he hecho y seguramente seguiré haciendo, pero la secuencia falta de sentido común, intransigencia, es algo que debemos tener en cuenta en el análisis de la realidad, ya que cuando se actuó desde el sentido común hubo acuerdos consensos y soluciones a los problemas que se plantearon.
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