Seguridad ¿Qué seguridad?

Parecería que hay algo que nunca cambia en las políticas de seguridad: que siempre cambian. El cambio en sí mismo no está mal, cuando responde a un cambio en las condiciones económicas, sociales, tecnológicas o culturales; pero cuando el cambio se debe a que no se sabe qué hacer se parece más a un descontrol que a una acción de respuesta.

En el caso de las medidas tomadas en la provincia de Buenos Aires, la alternancia entre políticas de seguridad garantistas y políticas represivas muestra descarnadamente la incapacidad de la dirigencia política para solucionar un problema que la misma clase política creó. Las condiciones económicas, sociales y culturales no se crearon espontáneamente fue el resultado de políticas mal formuladas y de políticas correctamente formuladas pero mal implementadas.

El principal problemas es creer que seguridad y prevención del delito es la misma cosa, cuando una es solo una parte de la otra, si existen políticas de seguridad bien formuladas e implementadas la prevención del delito se daría naturalmente, sin necesidad de personajes providenciales ni de recurrir al auxilio de instituciones cuyo fin no es la prevención del delito urbano.

La implementación de políticas de seguridad debe, necesariamente, incluir su dimensión o mejor dicho el ámbito de aplicación de la política formulada. Así si vemos que una formulación política de prevención del delito debe partir de un diagnóstico de la realidad, diagnóstico, que no puede realizarse sin considerar los siguientes factores: cantidad y características de la población de delincuentes, modalidades delictivas territoriales, recursos de prevención, recursos de represión, tecnologías disponibles, situación de las instituciones involucradas (policía, ministerio público, administración de justicia, sistema penitenciario, sistema de asistencia social y medios de difusión pública), la caracterización cultural de la población en los distintos territorios, situación social del territorio involucrado y situación ambiental.

Para muestra basten algunos botones, el primero es la información sobre cuantos delincuentes hay y en que modalidades se estructuran, la segunda es que tipo de vinculaciones establecen las distintas modalidades delictivas con el resto de la sociedad. Esto requiere una estructura de información que debe ser alimentada por servicios de información de prevención del delito y que no debe estar vinculada a las instituciones policiacas.

Otra característica que no se incluye comúnmente en el análisis es la dimensión territorial, la conformación urbana, las vías de comunicación, la circulación de la gente, la distribución de la población. Todo esto debe correlacionarse con el accionar delictivo, para analizar las modalidades territoriales del delito, a saber: inteligencia previa, acceso de los medios para cometer delito, acceso a lugar del hecho,  desarrollo del delito, escape del lugar del hecho, distribución y comercialización del botín. Este es el verdadero mapa del  delito y no una representación mapeada y superpuesta de delitos cometidos.

El diseño de una estrategia de prevención supone acciones que interrumpan el desarrollo de las actividades delictivas, detectar las fuentes de inteligencia de los delincuentes, impedirles obtener información, identificar a quienes pueden realizar inteligencia criminal y actuar en consecuencia, impedir el acceso a los medios necesarios para realizar el delito, vigilar y controlar las vías de acceso y escape de los delitos, dificultar la consumación de delitos con escaso riesgo para los delincuentes y disponer recurso para una detección rápida de cualquier delito que se cometa.  

De todos los que hablan de seguridad es muy probable que pocos incursionen en estos temas, prefieren culpar a quien gobierna, o a quienes critican, ya sea oficialismo u oposición el eje del discurso sobre la seguridad  es encontrar culpas, principalmente en el otro. Así se toman acciones reactivas, olvidándose que el delito es un fenómeno dinámico y  complejo, cuyos actores se encuentran inmersos en distintos estratos sociales, que han desarrollado una red de vínculos de tipo personal, económico, político y social; dando como resultado una “Hidra de mil cabezas”, que solo puede terminársela si se cortan de una vez todas ellas.

Mientras tanto cuando hablan de seguridad, o como debiera decirse, de prevención del delito me sigo preguntando ¿Qué seguridad?

"I have a nightmare"

Martin Luther King dijo que tenía un sueño, “I have a dream”. No le dieron ningún premio Novel, lo mataron por luchar por ese sueño, pero ese sueño hiso posible cambiar la historia de los derechos civiles en EEUU. Ahora Barak Obama,  al que si le dieron un premio Novel de la Paz, quiere embarcar a los EEUU en otra guerra bajo el eufemismo de represalia por actos contrarios a los acuerdos internacionales sobre el uso de armas químicas. Las muertes que causará su acción, lejos de terminar una guerra civil que ya causó 100.000 víctimas fatales, creará condiciones para el aumento de las acciones bélicas en la región.

Tengo que decir que me equivoqué con Obama, creí que un representante de la principal minoría de EEUU representando al partido demócrata podría romper la larga tradición de los presidentes americanos, de embarcar su país en acciones bélicas. De sus promesas electorales no cumplió ninguna, Las tropas americanas siguen en Irak y Afganistán, y la prisión de Guantánamo continúa con un régimen vergonzoso de torturas a prisioneros. Podemos agregar la vigencia de la ley Patriota que suprime los derechos de los ciudadanos americanos (y de cualquier otra parte del mundo) con la sola mención de la lucha contra el terrorismo y el espionaje de correos y uso Internet en su propio territorio y en otros países.

La última suposición que me hacía sobre Obama se refería a su capacidad, pero el análisis de sus acciones en este caso muestra que también me equivoqué. El anuncio de una represalia armada contra Siria por el supuesto ataque del gobierno a un territorio hostil empleando armas químicas, sin la debida verificación de los hechos por parte organismos internacionales, el arrogarse el derecho a actuar unilateralmente contra otros país sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU (organismo internacional que puede autorizar acciones de represalia contra  algún país que viole acuerdos internacionales sobre uso de armas no convencionales). La necesidad de consultar al propio congreso de EEUU al no contar con el apoyo de la ONU, la negación del parlamento inglés a apoyar a EEUU en una acción bélica. La tensión que provoca con Rusia y China, aliados del gobierno de Siria. Las presiones de organismos internacionales e incluso de la Iglesia católica y otros credos para buscar soluciones pacíficas. Frente a ese panorama Obama insiste en el uso de acciones bélicas que inevitablemente causaran víctimas inocentes como las que dice defender, ignora que los intereses que propugnan por una acción bélica son los mismos que decían que había armas químicas en Irak, terroristas islámicos en Afganistán y que generaron un festín de contratos militares y civiles que terminaron pagando los pueblos masacrados, invadidos y reducidos a la miseria.

Quiero pensar que es por la incapacidad de Obama de manejar una crisis intensificada  por el mismo, lo que lo llevó a la actual situación, donde si actúa con una acción bélica puede generar un conflicto que puede escalar a niveles insospechados y si no actúa, se tomaría esto como un gesto de debilidad. Su accionar ya generó una división en las posiciones de distintos países, debilitó la capacidad de la ONU de mediar en el conflicto, suprimió las presiones diplomáticas como primera alternativa diplomática de negociación y condicioné la posibilidad de estabilizar los conflictos en la región de Medio Oriente.

Si Obama creó esta pesadilla (por eso “I have a nightmare”) por responder a otros intereses que no fueran la idiotez de sus asesores y su propia incapacidad, debería ser repudiado por toda la humanidad.

Nunca es triste la verdad…

Así dice el poeta catalán y agrega “lo que no tiene es remedio”, estas últimas elecciones han mostrado que el FPV perdió poder territorial, y eso en el peronismo real (el de las fieras políticas no lo animales políticos) es el principio del fin, la pérdida de poder frente a quienes detentan esa representación. Pero yo discrepo con las opiniones que señalan que el gobierno enfrenta una crisis terminal (un gobierno peronista sin el poder del respaldo popular es cartón pintado, incluso se podría generalizar a cualquier gobierno pensando en los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa). En realidad pienso que el FPV tiene 2 meses, no para hacer campaña, sino para producir hechos políticos desde el gobierno que reviertan la base del voto ciudadano en las PASO.

Sin hacer un exhaustivo análisis de los resultados del 11A como ha dado en llamarse, puede resumirse que hay una desaprobación de la gestión de gobierno, basado en dos causas principales: económicas y de falta de seguridad. Sobre estas causas hay varios hechos que exacerban la bronca de la gente: no asumir públicamente los problemas, los hechos de corrupción (que pueden no ser todos los denunciados, pero que los hay, los hay) que son negados y hasta protegidos los culpables, la falta de funcionarios realmente comprometidos con la ideología expresada (nadie cree que Boudou y otros sean peronistas de izquierda, dejando de lado muchos que son peronistas, pero más bien de derecha), la inoperancia e incompetencia de muchos funcionarios, la negación del aumento del delito como fuente de preocupación por la inseguridad y sobre todo el discurso autista sobre los problemas existentes y la reivindicación de cualquier medida acertada o errada.

Creo, que sin mayor profundidad en el análisis puede darse una receta que revertiría la actitud del electorado en octubre próximo. La primera medida es suprimir todo discurso oficial y “oficioso” sobre la situación del país y sobre la oposición al gobierno (esto incluye a los discursos presidenciales, los cuales deberían ser breves y específicos, tres minutos máximos y sin referencias adicionales al tema objeto del discurso). La segunda medida es la remoción de funcionarios conflictivos, sospechados de corrupción o inoperantes (los resultados reales cantan la inoperancia de la mayoría), no sería necesario todos pero con un 50% a elección por peor imagen sería suficiente. La tercer medida el promulgar las leyes que se reclaman en forma mayoritaria y que incluso la oposición utiliza como argumento, entre las que se pueden citar: universalización de las asignaciones familiares, eliminación de ganancias para la cuarta categoría y sustitución por un impuesto al ingreso extraordinario (salarios superiores a 3 o 4 salarios mínimos), creación de un impuesto a las rentas financieras, impulso de leyes ambientales como la de glaciares y bosques, recuperación de una ley federal de educación que involucre al gobierno nacional en la educación pública y el impulso a la educación técnica, la sanción de una ley de seguridad pública nacional (ver http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/08/la-propuesta-que-falta.html), la promoción de juicios de residencia a todos los funcionarios políticos del poder ejecutivo nacional, provincial y municipales, lo mismo que a funcionarios   judiciales y miembros del poder legislativo (algo propuesto en parte en http://opinionpoliticaargentina.blogspot.com.ar/2013/07/propuesta-1.html), podría avanzarse sobre la reforma del código civil, en lo referente a algunos temas no controversiales y varios más, la imaginación es el límite y la incapacidad de quienes tengan que formularlos el principal obstáculo.

De cumplirse estas tres medidas, creo que le FPV recuperaría la credibilidad pública en su capacidad de gestión y le renovaría la confianza con su voto. No creo que con campañas políticas clásicas (recorridas, chori paneadas, publicidad, etc.) pueda revertirse la tendencia de las PASO. La vieja política, la de los popes de conurbano o la superestructura del PJ, recomendaría más publicidad, mas ataque a los rivales, guerra territorial sobre la miseria de la gente más necesitada y promesas de todo tipo, la historia nos muestra que no sirve, pero su discurso suele convencer al poder de turno que evitará su inevitable declinación.

Una última consideración la reservo a mi aparente contradicción, entre esta forma de apoyo al FPV y mis críticas hacia el gobierno. Creo haber dejado siempre en claro que en lo único que coincido con este gobierno es en su discurso, su formulación de la política (aunque vaga e incoherente) y no en su forma de implementación, su estrategia y su criterio ético. También me he manifestado en contra de la superestructura del PJ bonaerense, el cual encontró en el candidato Masa a un “gerente político”, útil para la recuperación de un poder perdido en las elecciones del 2005. Mis diferencias con el FPV son de tipo estratégico y ético, no ideológicas y mis diferencias con los candidatos del viejo “pejotismo”, reciclados en el Frente Renovador, son ideológicas. Por ello, aspiro a que el FPV culmine su ciclo histórico con una renovación que permita superar sus contradicciones y que esto de de en el marco y los plazos constitucionales, porque no veo en la vieja estructura del PJ bonaerense la intención de esperar a 2015.

La propuesta que falta

En tiempo de elecciones, los actuales candidatos han tratado de demostrar capacidad de gestión, lo que en realidad, más que hablar bien de ellos, habla de la poca capacidad de hacer política. Si alguien tiene una responsabilidad de gobierno, lo que se debe hacer es política, no gestión, la gestión es algo subordinado a la política. La política decide que se debe hacer de forma realista, eficaz y con los recursos necesarios, la gestión lleva a adelante las decisiones  políticas. Quien se propone como administrador, como gestor dice que solo puede llevar adelante políticas de otros, es un mero subalterno de quien detenta el verdadero poder, el poder de decir que se hace.

Así, para gestionar o administrar, solo se necesita poseer conocimientos técnicos y algo de experiencia, pero para hacer política, o sea, para decidir qué hacer se necesita una ideología que permita la confluencia de las distintas medidas políticas para la construcción del modelo político deseado. Si tomamos este criterio para analizar las propuestas de los candidatos a estas próximas elecciones, no debemos tomar cada propuesta en forma individual, sino en su conjunto y ver si configuran un modelo político, o un conjunto de slogans “marketineros”  propuestos por asesores de imagen, sociólogos y publicistas.

El segundo paso para analizar las propuestas es ver como se propone implementar las decisiones políticas, así puede verse si se dispone de una estrategia que permita llevar a la práctica las políticas propuestas. Esto es lo que se llama estrategia y debe indicar tres cosas: como se utilizan los recursos, quien debe llevar adelante las medidas y cuáles son los resultados esperados en forma objetiva. Las propuestas “marquetineras” tiene dos formas de presentar su estrategia: en forma vaga (total nadie analiza y lo importante es el slogan o la foto) o en forma de propuesta detallada (los grupos técnicos tiene por objeto llevar muchas hojas con datos, estadísticas, propuestas similares o pero aún un “corte y pegue”; de forma que se cumpla con el viejo dicho de que la mejor manera de esconder un elefante es en una manada de elefantes y la mejor manera de presentar algo que no dice nada es hacer un “estudio detallado”).

Podemos hacer un contraejemplo, tomemos un tema caliente, la seguridad. Parece que recién ahora muchos políticos descubrieron que la seguridad tiene una dimensión mucho mayor que la prevención del delito, y su influencia es notable. Así que para plantear como sería una política de seguridad plantearemos una.

La política de seguridad debe incluir seis aspectos específicos y tres aspectos vinculares. Los aspectos específicos son: la seguridad de las personas y sus bienes, la seguridad vial, la seguridad sanitaria, la seguridad social y la seguridad ambiental. Los aspectos vinculares son: el marco normativo, el marco institucional y el marco instrumental.

La primera propuesta es definir a la seguridad como de competencia nacional, no puede haber distintos marcos normativos, ya que las víctimas y los victimarios de las mismas trasgresiones son independientes del contexto geográfico donde se cometa (en criollo, un robo debe ser prevenido, investigado, enjuiciado, condenado, cumplida la condena, asistida las víctimas y resguardados los derechos constitucionales del ladrón y la víctima, del mimo modo independientemente del territorio en donde se cometió el robo). Debe establecerse una separación entre violación a la seguridad pública y contravención. Por ejemplo, pude argumentarse que el robo es una violación a la seguridad pública, ya que implica violencia contra una persona o sus bienes; mientas que el hurto solo es una violación del derecho de propiedad sin ejercer violencia contra las personas o sus bienes. Estas categorías definirían el ámbito de la competencia nacional.    

En el marco instituciones tendríamos para cada aspecto de la seguridad tres instituciones intervinientes (o policías si se quiere) una de prevención, una de investigación y una de ejecución. La primera dependiente de autoridades territoriales, la segunda dependiente del ministerio público y la tercera dependiente del poder judicial. Un aspecto estratégico sobre estas instituciones es que su organización no debe ser jerárquica sino funcional y dependiente de órganos colegiados en varias instancias de su estructura vertical, estos órganos colegiados deben ser integrados por representantes de las fuerzas políticas con representación territorial y coordinados por miembros de las instituciones. La dependencia directa solo se reserva para aspectos operacionales. Estas tres instituciones en los seis aspectos de la seguridad llevan a dieciocho organizaciones de jurisdicción nacional y a distintas competencias para cada organización.  

El marco instrumental debe definir los ámbitos específicos de cada institución de seguridad, la formación de recurso humanos, la definición de sus organigramas ajustados a los principios estratégicos enunciados, sus mecanismos de control, los recursos de infraestructura necesarios y los cambios de infraestructura requeridos en función de la evolución de la tecnología y las necesidades de la sociedad.

Este es un esbozo de una política de seguridad, quizás un poco aburrida, no muy espectacular, pero dudo que pueda llevarse a cabo otra política eficaz, detalles habría muchísimos, pero hablaríamos de detalles de la implementación de la política y no de formulación de una política de seguridad.

Propuesta 1

Hace tiempo que analizo diversos temas políticos, creo que para compensar tanta pálida se debería proponer algo, algo concreto que apunte a mejorar la situación existente en nuestro país, no espero cobrar derechos de autor, ni obtener reconocimiento público pues las ideas que compartimos ya no nos pertenecen y pueden ser usadas por quien las recoja. Lo éticamente deshonesto es atribuirse la autoría, y peor aún, es desvirtuar su sentido o cambiar su forma para afirmar la supuesta autoría, afectando a los resultados que podría obtenerse con la idea original.

Esta primera propuesta tiene que ver con la justicia, o más bien, con quienes desempeñan cargos en el poder judicial. Debo repetir lo que ya he expresado en varios artículos, la policía y la administración de justicia no hacen a la seguridad, ya que intervienen cuando el hecho que causa inseguridad (cualquier delito) ya fue cometido y solo pueden hallar al culpable y aplicarle la condena que las leyes establecen par ale delito cometido.

Mi propuesta se basa en la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que no deberían gozar de libertad en virtud de estar procesadas, gozando de privilegios de excarcelación o libertad condicional. El hecho que personas en esa situación cometan delitos no debiera afectar a los institutos establecidos para que una persona que cometió un delito se reintegre a la sociedad, pero sí, debe establecerse que responsabilidad tienen los magistrados, fiscales, auxiliares o peritos intervinientes en procesos judiciales de tipo penal. La propuesta no es crear una caza de brujas sobre funcionarios que aplican en la forma más benigna las potestades que le permite la ley. Pero que se sujete a la ley no implica que pueda cometer una mala praxis, y no en el sentido de incumplimiento de deberes de funcionario público, sino en el ejercicio de un acto profesional. Así como a un médico  a quien se le muere un paciente, no pude ser imputado de homicidio por el ejercicio de su profesión de médico, si puede ser imputado de mal praxis, cosa que ocurre en la mayoría de las profesiones. Así, si una persona liberada del cumplimiento de una condena que comete un delito, pude suponerse que quienes lo liberaron cometieron un error, que pude no ser punible legalmente, si podría haber cometido una mala praxis.

Hasta donde he investigado, no existe la mala praxis en el sistema de administración de justicia, la cual permitiría deslindar responsabilidades, ya que un juez que otorga una excarcelación lo hace en función de informes de auxiliares y peritos en los que debe confiar. Si quienes auxilian al juez incurren en una mala praxis (sin suponer la existencia de dolo), el juez debe responder por el liberado y es a él a quienes apunta la opinión pública. Esto otorga impunidad a quienes cometen la mala praxis, ya que el cumplimiento de los pasos procesales otorga legalidad al hecho, pero no garantiza el adecuado desempeño profesional de quienes intervienen.                 

Si, por ejemplo, la Corte Suprema podría habilitar una dependencia que inicie una investigación sobre el desempeño profesional de los magistrados auxiliares o peritos, en cada caso de delito cometido por un liberado. Así no solo se delimitarían responsabilidades profesionales, sino que existiría un historial de casos que podrían definir conductas de los participantes en el otorgamiento de beneficios para quienes cumplen una condena.

Al fin y al cabo sería un mecanismo similar al que ocurre en un hospital cada vez que fallece un paciente durante un procedimiento médico. Si los médicos, a quienes se les confía la vida y la salud de las personas se someten a examen de  su proceder profesional, por qué no deberían hacerlo los magistrados, funcionarios y peritos a quienes se les confía la libertad y guarda de personas que purgan condenas por delitos cometidos.

La educación perdida

De todas las batallas que di en mi vida y perdí (que no fueron pocas), la que todavía me causa dolor haber perdido es la que se dio en el Congreso Pedagógico Nacional que se desarrolló entre 1984 y 1988, donde se presentaron y discutieron muchas cosas, la mayoría coyunturales, pero la fundamental, y que originó la constante pérdida de calidad educativa que hoy notamos, fue la definición sobre la importancia del contenido y el método  de la enseñanza. Quienes creíamos que el contenido decía ser más importante que el método perdimos, y cualquiera podría decir que es algo intrascendente y hasta que no teníamos razón. Las pruebas de que teníamos razón es la calidad actual del conocimiento de los alumnos que terminan el ciclo de educación obligatoria y su relación con lo anterior podemos analizarlo.

Quienes hemos transitado más de 30 años de trayectoria docente (cuesta arriba o cuesta abajo) podemos hacer algunas conclusiones, que con distintos matices, son más o menos las siguientes: el conocimiento no se trasmite, se adquiere; nadie puede enseñar más de lo que sabe; el ejercicio de la función docente esta inexorablemente ligado a la ejemplaridad; no puede haber una buena relación docente-alumno sin coherencia; las condiciones afectivas, ambientales, sociales y económicas son condicionantes del desempeño del alumno; el entorno de la comunidad educativa no puede reemplazar al aprendizaje familiar en todo aquello que no sea instrucción (el alumno no se educa en la escuela, se instruye o se forma, ya que el proceso educativo se lleva en una dimensión que supera a la escolaridad) y por último, que le proceso institucional educativo requiere de una articulación entre docentes, autoridades escolares, recursos, planificación y políticas educativas (admito que se podría agregar mucho más, pero estos elementos creo que son los menos controversiales y sobre los que cualquier docente más o menos coincidiría). A esta síntesis le puse el nombre de “el principio Petrona”, la recordada cocinera decía que de una olla no salía nada mejor que lo que se le ponía, curiosamente este principio es totalmente aplicable a la educación.

Analizando cada elemento de la síntesis propuesta veamos como influyó la política trazada en el congreso pedagógico de 1884-1888 en el aspecto conocimiento método. Si admitimos que el conocimiento se adquiere, el rol del docente es el de guía y no el de “implantador” del conocimiento, por lo tanto el método no puede ser más importante que el conocimiento pues lo fundamental es saber a dónde se lo debe conducir (conocimiento) y después como conducirlo (método). En el mismo sentido, el límite del conocimiento al que se puede guiar a un alumno es función del conocimiento del docente y no del método que emplee. La ejemplaridad consolida el proceso de enseñanza, ya que quien tenga faltas de ortografía o gramaticales, no puede enseñar escribir correctamente; quien no sepa realizar correctamente cálculos matemáticos no puede enseñar matemática. Este proceso de ejemplaridad se liga con el grado de conocimiento adquirido por el docente y que se refleja en el nivel educativo que este obtuvo. Esta ejemplaridad se relaciona también con la conducta del docente: corrección, aspecto puntualidad, asistencia, etc.

La coherencia del docente puede tener varias aristas, pero centrándonos en la transmisión de saberes, el grado de conocimiento que demuestre el docente frente a sus alumnos le permite tener autoridad para evaluar el grado de conocimiento que adquirió el alumno, el método es en este caso instrumental y no esencial.

La relación docente y entorno del alumno, está directamente vinculado a como la sociedad percibe el rol del docente, y el  “prestigio social” del docente. En ese plano en una sociedad donde el cambio tecnológico y el aumento del nivel general de conocimientos requeridos por la demanda de trabajo hacen que el título básico de la mayoría de los docentes de nivel inicial y medio (maestro o profesor) no tenga reconocimiento social.

A nivel institucional, la educación funcionó estos últimos años como campo de experimentación de diversos proyectos pedagógicos (se cambió la forma y contenidos de la educación inicial y media, varias veces), la descentralización educativa originó una disparidad geográfica en la conformación de los formatos y contenidos educativos, la eliminación de la educación técnica nacional y su reemplazo por orientaciones técnicas provinciales cambiaron sus perfiles educativos, la utilización de la escuela primaria como ámbito de contención social (como los comedores escolares) desvirtuaron la percepción social del rol de la escuela como generadora de conocimiento e igualadora de oportunidades, y la falta de mayor profesionalización de la carrera docente alteraron las relaciones jerárquicas en las instituciones educativas (muchas veces el personal directivo posee niveles de formación inferiores que muchos docentes).

Si se analiza el funcionamiento institucional de la educación inicial y media, podemos ver a través de sus normas de funcionamiento como se internalizó el resultado de priorizar el método sobre el contenido. En primer, existe una priorización de la formación pedagógico sobre la especialización del docente que hace que en la provincia de Buenos Aires, un docente con 3 años de formación terciaria con orientación sea preferido a un docente con formación universitaria de post grado sin formación pedagógica; tampoco se equipara la antigüedad docente en otros ámbitos con la formación pedagógica (un docente universitario con el máximo título de postgrado y antigüedad docente universitaria no califica para desempeñar cargos dentro del personal directivo de una institución educativa provincial). Para acreditación de formación docente no se discrimina entre un antecedente de un instituto privado no oficial y el realizado en el área de postgrado de una universidad. Esto conduce a algunos sinsentidos como el caso en el que una profesora de ciencias naturales tendría prioridad ante un medico sanitarista para enseñar higiene, o una profesora de matemáticas tendría prioridad frente a un doctor en matemáticas. Un hecho adicional es que los docentes de nivel inicial y medio, durante su carrera frente a alumnos no tienen ningún escalafón que distinga entre un docente en formación, un docente formado y un docente con antigüedad, lo que refleja que se le otorga la misma responsabilidad y funciones a un docente sin experiencia que otro con sobrada antigüedad. Podría seguirse argumentando sobre estos aspectos, pero un artículo debe resumir o presentar algunos aspectos significativos que ejemplifiquen y resuman el análisis.                      

Por último los, resultados de la pérdida de nivel educativo se pueden verificar con los resultados de las evaluaciones en los exámenes de ingreso a las universidades, en las dificultades que tienen muchas empresas en encontrar mano de obra calificada y en  pruebas internacionales de evaluación de la calidad educativa como son las evaluaciones PISA. Las dos primeras aportan información general del nivel de conocimientos con que se egresa de la educación media, pero la evaluación PISA es un indicador del nivel de quienes cursan el nivel medio y analiza tres áreas básicas del conocimiento: lectura, matemáticas y ciencias.  PISA se orienta a la evaluación del sistema educativo y no a medir el rendimiento de procesos educativos particulares, es decir, no apunta a proporcionar información individualizada sobre alumnos o centros educativos. De más esta decir que Argentina calificó en la evaluación 2012 en el lugar 58  de los 65 participantes. En un país progresista esto sería motivo más que suficiente para que todos los responsables del sistema educativo pusieran la renuncia a disposición de las autoridades y no intentaran disimular el fracaso de políticas basadas en el principio que se generó en el congreso pedagógico de 1884-1888.

La solución es simple y surge naturalmente de este análisis, jerarquizar la función docente priorizando el acceso de aquellos docente mejor formados, restringir el acceso a puestos directivos de quienes no cuenten con antecedentes y títulos mínimos (por ejemplo 15 años de docencia y un postgrado universitario). Asignar a la parte pedagógica el rol de instrumento en la implementación de estrategias docentes y no es de formador de políticas educativas. Esto quizás no sea suficiente, pero sin lugar a dudas es absolutamente necesario.

Que el caballo tire del carro

Poner las ideas en su justo orden requiere un ordenamiento jerárquico de las ideas, cuales son las más importantes y a partir de ellas subordinar unas a otras, de modo que exista algo que llamamos coherencia y que pretendemos tener. Algunas ideas tienen más trascendencia cuando de ellas se derivan acciones, que no solo nos afectan a nosotros sino a otras personas. Las ideas políticas son, por ello, las que más trascendencia tienen.

En la política converge como como guía rectora de su pensamiento la ideología. Sin esto la formulación de una idea política carece de contenido, es una propuesta vacía. Por ejemplo, proponer el autoabastecimiento de alguna materia prima esencial para el desarrollo industrial sin una ideología que lo sustente  puede significar tanto el desarrollo de una actividad extractiva por parte del estado, como el subsidio a una empresa privada o la concesión de dicha área económica a una empresa extranjera. Esta disparidad instrumental sobre la misma formulación política, nos obliga a replantearnos la forma de pensar las ideas políticas. La regla de ordenamiento sería: ideología, política, estrategia e instrumentación, a partir de allí, desde el origen hasta su realización se podría decir que existe coherencia.              

La existencia de una coherencia de inherente a la instauración de una política en el gobierno de un país,  nos lleva a proponer usarla como un instrumento para medir el tiempo del proceso histórico de esa idea política. Recordemos a Hegel, quien planteaba un ciclo donde la idea dominante (tesis) era contrastada por una idea antagónica (antítesis) y cuando las contradicciones agotan la idea dominante surge una nueva idea dominante producto de las anteriores (síntesis). La coherencia, o la falta de ella es la medida en que se ponen de manifiesto las contradicciones que aceleran en fin de un proceso histórico (la idea dominante). El tiempo cronológico establecido institucionalmente para medir la duración de los gobiernos (expresión de una idea política dominante), no expresa este proceso, a lo sumo lo limita o condiciona (por ello la interrupción de estos ciclos condujo tarde o temprano a la vuelta de los mismos, pero ya desdibujados por la alteración cronológica de estos procesos). Si pensamos en nuestra propia historia la interrupción de los gobiernos de Irigoyen en el 30 y de Perón en el 55, son prueba de ello.

Es importante señalar que el criterio de ordenamiento establece una división entre un dominio metafísico u otro físico. La ideología supone una síntesis subjetiva de un conjunto de valores morales o éticos aplicados al devenir de la sociedad y de las personas, estos valores son esencialmente metafísicos; mientras que su formulación a aspectos específicos de la organización social institucional pertenece al dominio físico. Esta formulación lleva al planteamiento estratégico que viabilice su implementación en medidas concretas, esto supone aplicar ciertas restricciones que alineen la estrategia y la política. Por último, la instrumentación de la estrategia de una formulación política vincula las restricciones previas con las que plantea la realidad, esto obliga a una doble restricción: la planteada por la necesidad de coherencia ideología, política y estratégica; y la impuesta por la realidad de donde se aplicarán las medidas propuestas. Dado que lo expuesto, no es de cumplimiento obligatorio podemos tener una serie de combinaciones que es interesante analizar.    

En primer lugar podríamos tener una formulación política sin ideología que la sustente, en cuyo caso la falta de articulación acortará la duración cronológica del ciclo histórico, también la articulación estratégico e instrumental generarían una dispersión de la efectividad de una política general (en las empresas privadas esto se llama  falta de “empowerment” y por ello se desarrollan estrategias de comunicación y alineamiento con la política de la empresa).

En segundo lugar podríamos tener una política alineada con la ideología, pero no articulada con la estrategia e implementación, en cuyo caso la dispersión en los resultados que se pueden obtener, llegándose a producir resultados contrarios a los deseados. Un caso particular es la ausencia de contenido ideológico y político, muy común en propuestas basadas en el concepto de “buena administración” o “aspectos técnicos”, como conceptos que reemplazan la política, los resultados son los mismos.

Quedaría como ejercicio que se clasifiquen las actuales propuestas en este tiempo electoral y juzguemos que resultados pueden esperarse de ellos.