Días pasados en la sala de espera de mi médica leí un artículo donde la presidenta decía que el país y el estado tenían pocos ingenieros y muchos abogados. Ya que suponemos que la presidenta es abogada, me sorprendió esa frase, pensé si no había sido un acto fallido o alguna indirecta al vicepresidente, pero una búsqueda posterior en Internet me confirmó los dichos de la señora presidenta. A partir de allí se me presentó una duda, ya que se dicen los nutricionistas que somos lo que comemos, ¿no seremos, también, aquello en lo que trabajamos?
En cierta medida, nuestra vocación marca inclinaciones y disposiciones que traemos en nuestra naturaleza, y el ejercicio de nuestra profesión condiciona nuestra manera de actuar. Por lo tanto un ingeniero y un abogado tendrán inclinaciones y conductas diferentes.
Establecido entonces estas diferencias, ¿cuales serán las conductas de ingenieros y abogados en la función pública?
En primer lugar, desde el establecimiento de la democracia, hace ya 25 años, hemos tenido solamente abogados como presidentes. En segundo lugar si tomamos las profesiones de los presidentes con mayor aceptación de la gente, como: Irigoyen, Perón e Ilia, veremos que eran: administrador rural, militar y médico, ninguno de ellos era abogado.
Las inclinaciones y conductas de los abogados, se caracterizan por una tendencia al normativismo positivo (lo que está escrito en una norma es lo que debe ser, o lo que es) y una conducta orientada hacia una praxis de confrontación (la práctica de la abogacía consiste en defender una visión contra otra visión y someterla al arbitro de un juez, por ello se dice que media biblioteca de un abogado dice una cosa y la otra medio lo contrario).
La influencia de esas tendencias y conductas, en el desempeño de un cargo en la administración del estado, ocasiona, a mí entender, dos grandes falencias: la primera es considerar que el cumplimiento de un objetivo político culmina en la sanción de una ley, un decreto o una resolución y la segunda es considerar que la propia visión es la acertada y las visiones contrapuestas, se deben confrontar y a lo sumo someter la discrepancia a un proceso judicial o a un proceso resolutivo que zanje la diferencia.
Examinando, las conductas de los últimos presidentes podemos ver como estas tendencias profesionales, han generado hechos políticos. La tendencia normativista de Alfonsín lo llevó a decir que con la democracia se comía, se educaba y se curaba. Como si el solo hecho de estar escrito en una ley pudiera evitar el hambre, el analfabetismo y las enfermedades. La controversia sobre los hielos continentales llevó a someter la decisión a plebiscito, en lugar de generar un acuerdo político, para que los temas de defensa de la soberanía se convirtieran en cuestiones de estado.
En la caso de Menem el normativismo se manifestó en infinidad de decretos de necesidad y urgencia y en la reforma constitucional de 1994. La visión económica, que Menem impuso, siguiendo el dictado del Consenso de Washington, no admitió correcciones e incluso se buscó plebiscitarlas en las elecciones 1995.
A la gestión de De la Rua, por lo lamentable, y a la de Duhalde por lo transitorio de la suya, las dejaremos de lado en este análisis. Kirchner basó su gestión en la búsqueda de apoyo político y mediático para el dictado de leyes. Obtenida la mayoría parlamentaria su visión se volvió única y confrontativa. El mismo camino parece seguir el gobierno de su esposa Cristina.
En síntesis, la visión normativista impide la consideración de las consecuencias de una determinada norma, como así mismo la necesidad de verificar el cumplimiento de las normas existentes. Esto provoca que se crea cumplidos los objetivos de las políticas propuestas por el mero hecho de sancionar una ley, decreto o resolución, sin esperar el efectivo cumplimiento de las mismas o sin evaluar las consecuencias de la aplicación de estas. Casos emblemáticos, y recientes, han sido: la resolución 125 sobre las retenciones a las exportaciones de granos, la privatización de aerolíneas, la estatización de las AFJP, el veto a la ley de glaciares e infinidad de hechos cotidianos.
La praxis de confrontación se confirma con cada hecho controversial, donde se prioriza la visión propia frente a los acuerdos, la sanción de leyes sin modificación, apelando a transitorias mayorías parlamentarias, la búsqueda de apoyo político sin medir las consecuencias ideológicas.
Otras profesiones, enseñan a pensar que mas que una norma, se necesita una serie de hechos, que conduzcan al logro de una medida, o que la aplicación de cualquier norma genera controversias, y para minimizarlas, se deben generar consensos previos. Consensuar una norma, algo distinta de la que se pensó, para que todos la cumplan, es mejor que poner en vigencia una norma que casi nadie esté dispuesto a cumplir. Quizás, por eso Perón, que no era abogado, decía: “mejor de decir es hacer y mejor prometer es realizar”. Con estas reflexiones tendríamos que comenzar a pensar que la política es generación de consensos y realismo practico en la realización de las medidas de gobierno, ya que una gestión tiene éxito cuando las medidas que se desean implementar se realizan y no cuando se escriben.
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